Algunos artículos relacionados con el caso de corrupción,
impunidad, y la marcha para el
22-1-17
Trampas
en el caso Odebrecht
José Luis
Taveras -
17 de enero de 2017 - 12:10 am -
http://acento.com.do/2017/opinion/8419835-trampas-caso-odebrecht/
La investigación
del caso Odebrecht luce minada. Sobre ella se asientan sombras siniestras que
amenazan con diluir su sana gestión judicial. En el desarrollo del proceso se
han ido revelando los bordes de una trama que proyecta sabotear sus deseados
resultados. Basta acomodar algunos trazos para descubrir la línea que orienta
su rumbo. A pesar de eso, la investigación tiene una ventaja: su simpleza; esa
condición hace fácilmente notorias las trampas que la pueden trastornar.
Desde que
Odebrecht decidió declarar su responsabilidad ante las autoridades judiciales
de Brasil y Estados Unidos, admitió que operaba bajo un patrón estandarizado
para ganar licitaciones: el soborno. No solo reconoció los montos involucrados
ni los periodos de los desembolsos en cada uno de los países donde tenía
contratos, sino, además, que la gestión y trámites de esos pagos estaban
centralizados en una unidad corporativa. En ningún país Odebrecht obró de forma
distinta.
La
primera trampa de la oscura inteligencia que subyace en este proceso es crear
una distinción artificiosa que nunca existió. Así, el principal ejecutivo de
Odebrecht en la República Dominicana declaró ante el procurador haberle
entregado el monto total de los sobornos al cabildero Ángel Rondón. De esta
forma Odebrecht sale virtualmente del juego acusatorio y se libera de dar los
nombres de los sobornados, quedando a la voluntad del señor Rondón
decidir, a la carte, a quiénes acusa y a quiénes no.
En vez de
negociar un acuerdo con el Ministerio Público, Rondón apela a un argumento
inverosímil de defensa: sugiere que esos valores le fueron entregados a título
de retribución por servicios profesionales como presunto consultor o
“representante comercial” de la empresa. Descarta así que en la República
Dominicana, como la Suecia de América, Odebrecht haya pagado coimas, a
diferencia de los demás países donde tenía negocios.
El señor
Rondón rechaza la confesión de la propia firma constructora de que pagó
sobornos y no prestaciones por servicios. La sustentación probatoria de esta
posición es bastante escabrosa, ya que obliga al investigado a aportar los
contratos de servicios, los registros, los asientos y los documentos que
establecen los conceptos y montos de tales pagos, así como las retenciones y
declaraciones fiscales; igualmente deberá demostrar que esos desembolsos
estaban sustentados en facturas regularmente aceptadas, acusadas y procesadas y
que los periodos en los cuales se hicieron no fueron cercanos ni concurrentes
con las fechas de las licitaciones “ganadas”. Eso solo sería posible si, como
parte de la componenda, hubiera un entramado contable, financiero y operativo
concertado entre Odebrecht y el señor Rondón desde el 2001 hasta el 2014 para
simular o disfrazar las transacciones, las partidas y los giros implicados y,
aun en ese caso, sería remoto para Odebrecht revertir los efectos de su propia
confesión. De manera que sacar a Odebrecht del cuadro y dejar las inculpaciones
a la discreción de un amigo personal del presidente, además de retorcido, puede
resultar frustratorio.
El
Ministerio Público tiene medios, poderes y oportunidades para hacer vencer la
inercia de Odebrecht a revelar el destino final de los 92 millones de dólares.
Es ingenuo pensar que esos pagos no estaban asociados a gestiones particulares
sobre las cuales la propia firma estuviera ajena. Odebrecht admitió que fue
para soborno y en tal condición no podía ignorar a favor de quiénes y para
cuáles obras se desembolsaron. El Ministerio Público debe conminar a Odebrecht
con medidas cautelares, suspensión de pagos y contratos, incautaciones,
decomisos y demandas indemnizatorias. Si no hace esas diligencias con rigor,
sabremos la confiabilidad de su determinación.
La otra
trampa de este caso es el manejo sesgado que le ha dado el Gobierno. Al tiempo
de iniciar la investigación judicial, el presidente paralelamente designó una
comisión para auditar la “licitación y adjudicación” de la central
termoeléctrica de Punta Catalina. Esta comisión la nombra el Ejecutivo a su
libre discreción. Obvio, el problema crítico aquí no son las formalidades
legales y técnicas del proceso per se de “licitación y
adjudicación” sino las tratativas, los manejos y las condiciones fácticas que
se dieron en las sombras para la selección de Odebrecht y sobre todo en la
ejecución contractual y presupuestaria de la obra, circunstancias que nunca
podrá revelar el proceso de licitación y adjudicación ni de cuyo examen tiene
mandato la aludida comisión.
Inteligentemente,
los poderes de la comisión de “notables” fueron limitados por el decreto de su nombramiento
únicamente al proceso de licitación y adjudicación. Lo que se busca es obvio:
contar con el aval del aparente prestigio moral de ciudadanos “independientes”
para el Gobierno quedar redimido de sospecha. Sin embargo, tal pretensión no
será tan pasadera por varias razones: a) como lo adelantó uno de los
comisionados, Servio Tulio Castaños, el Poder Ejecutivo no tiene calidad ética
para nombrar una comisión que califique la regularidad de sus propios actos;
esta atribución corresponde más propiamente al control del Congreso como lo ha
hecho el parlamento del Perú (ya veremos al cuerpo de constitucionalistas del
Gobierno cobrando jugosas consultas para convertir este asunto en un issue técnico);
b) la legitimidad de la comisión resulta cuestionable porque su designación fue
inconsulta. Era obvio que si el Ejecutivo preguntaba o confirmaba antes pocos
aceptarían; quedaron así comprometidos públicamente (por otro lado, la mayoría
de los comisionados tiene intereses de distintas facturas en el sector,
circunstancia que los invalida para opinar con independencia); c) esta
comisión, lejos de ser facilitadora de la investigación del Ministerio Público,
puede convertirse en una traba, ya que a pesar de que su dictamen no es
vinculante (por ser oficiosa) condiciona sensiblemente la libertad valorativa y
la independencia instructiva del Ministerio Público, sobre todo cuando tenga
que controvertir la iluminada opinión de este foro de nobles.
Cualquier
miembro con sentido de prudencia y decencia hubiera declinado o renunciado,
dadas las tormentosas condiciones e intereses que cargan el caso. Ya, de hecho,
su presidente, el señor Agripino Núnez Collado, quedó al descubierto cuando
pretendiendo rescatar su ilusa imparcialidad renunció como miembro del consejo de
directores de una empresa asociada a Odebrecht en la construcción de la misma
obra sujeta a auditoria y optó por mantener la presidencia de la comisión. Ese
acto, lejos de abonar confianza, evidenció un ejercicio pasmoso de imprudencia
ética. ¿Cómo pretende el clérigo sugerir que el conflicto de intereses solo se
mantiene mientras él permanezca como miembro del consejo de directores del
Grupo Estrella? Esos intereses son preexistentes y seguirán siéndolo aún
después de su cantinflesca renuncia. De hecho es una realidad notoria y pública
los negocios que vinculan al señor Núñez con el señor Estrella. Lo aconsejable
y ético hubiera sido reconocer la situación de conflicto, sin esperar el
reclamo público, y luego renunciar a la comisión o a las dos posiciones. Los
principios del buen gobierno corporativo recomiendan que cuando existe una
concurrencia conflictiva de intereses la inhabilitación se mantiene aún después
de cierto tiempo de haber cesado en el cargo o la actividad generadora del
conflicto. Pero, conociendo al personaje, era predecible que el empresario
religioso, aferrado a un decadente, carcomido y rancio protagonismo mediador,
mantuviera su lealtad al Gobierno.
Lo cierto es que a la postre el
informe de esa comisión resultará absolutamente irrelevante e indiferente, ya
que no añadirá valor probatorio al proceso, pero sobre todo porque concierne a
un aspecto periférico del caso pues su objeto y mandato están referidos a un
examen formal y extrínseco de un proceso legal y técnico como la licitación y
adjudicación. El interés quimérico del Gobierno es tratar de que el lodo de
Odebrecht no salpique su obra icónica, olvidando que esa pretensión es un
ejercicio masturbatorio si contamos los batracios, reptiles y arácnidos que
desde el principio se anidan en Punta Catalina.
En los pasillos
Las vistas panorámicas suelen ser engañosas. En ellas se mezclan los
elementos y matices de lo observado; en los detalles, en cambio, se descubren
las texturas y contornos puros de la realidad.
Un artista gráfico me dijo en una ocasión que lo único confiable de las
perspectivas amplias eran las dimensiones porque las demás propiedades de lo
visto no se revelan notoriamente. Para apoyar su juicio me habló de las
fotografías aéreas que suelen ser estéticamente generosas con los paisajes.
Desde entonces, esa enseñanza ha animado mi juicio crítico: estimo con mucho
celo los detalles antes de dar una apreciación de conjunto sobre las cosas.
Bajo esa premisa observo y escucho las declaraciones cotidianas de
nuestros líderes políticos y empresariales. Noto, como detalle generalmente
inadvertido, que la mayoría de sus pronunciamientos se producen en pasillos.
Esa costumbre no discrimina el rigor, la trascendencia ni la pertinencia de los
temas. Generalmente son reacciones a abordamientos apretujados y repentistas de
la prensa. Las respuestas suelen ser destempladas, vagas y mecánicas. Parece
que la idea es declarar por declarar o ganar mención pública.
Con una copa de vino en una recepción, en medio del bullicio de una
feria, en el recio ambiente de una inauguración se ven los hombres que dirigen
el Estado y la economía improvisando soluciones a problemas serios. Y no es que
deban ser inaccesibles a la prensa; es que cada tema tiene su momento,
escenario y discurso. Los tópicos de relieve e interés públicos se tratan en
ruedas de prensa convocadas para anunciar posiciones y decisiones
institucionales derivadas de deliberaciones, estudios o conclusiones y no como
pareceres sueltos de funcionarios ávidos muchas veces de nombradías.
En los pasillos, el liderazgo público y privado ha hablado de todo:
salarios, endeudamiento externo, presupuesto, gasto público, política fiscal,
corrupción, seguridad ciudadana y fronteriza; sin embargo, para citar algunos
casos, apenas se conocen las sombras de sus intenciones en las ya caducas
reforma fiscal y alza salarial. No dudo de que si el país fuera una potencia
nuclear el presidente anunciara la guerra de Armagedón desde la tarima navideña
de Telemicro.
Hace poco el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón
Peralta, al ser inquirido en uno de los pasillos del Palacio sobre el caso
Odebrecht, dio una declaración insolente que reveló un desprecio mordaz por un
tema de agenda pública en varios países del hemisferio. Al decir que la gente
“estaba en comida” el funcionario le dio voz a la visión política de su
gobierno: esa que asume que los dominicanos, como manada de borregos, nos
conformamos con atenciones de subsistencia y que pone en el justo lugar el
interés del presidente Medina por la corrupción: detrás de un lechón asado.
Los
pasillos, como corredores de paso, proponen prisa e irreflexión. En nuestro
medio, son, sin embargo, tribunas de la improvisación de funcionarios
fantoches, esos que además de hacer del cargo su propia hacienda, convierten la
gestión pública en una ocupación frívola y deportiva. Recuerdo al periodista
francés Paul Masson cuando dijo: “los funcionarios son como los libros de una
biblioteca: los situados en los lugares más altos suelen ser los más inútiles”.
Odebrecht, Hipólito, Leonel y Danilo
http://acento.com.do/2016/opinion/8414346-odebrecht-hipolito-leonel-danilo/
Hay más de
un elocuente indicador para dudar de que en la República Dominicana haya alguna
voluntad política, de desmontar el nivel de robo y corrupción en que viven
enfangadas las autoridades.
El primer inconveniente es que sin el soporte de la corrupción, la impunidad y el robo, muchas autoridades estarían encarceladas, y no solo las autoridades gubernamentales, sino una parte del “liderazgo” empresarial…por no mencionar a algunos jerarcas religiosos, que cobijados bajo toda la basura estructural, y por razones de edad, están fuera del alcance de la justicia… al menos de la terrenal.
La complacencia del poder político ante los estruendos del robo público y de la corrupción, llega a tales extremos, que Leonel Fernández sigue recibiendo a la vista de todos, con total desfachatez, unas festivas congratulaciones de cumpleaños (apoltronado dentro de la que bien puede considerarse como una de las pruebas de los delitos) por parte de sus cómplices y beneficiarios (que ni siquiera tienen el pudor de cubrirse el rostro, con los antifaces que usan los asaltantes comunes) en vez de estar dando todas las explicaciones que le debe al país, sobre los Tucanos, concesiones mineras completamente inexplicables y contrarias al interés público; megaconstrucciones sobrevaluadas y sujetas a cuestionamientos en torno su condición integral, con cualquier clase de desarrollo urbano; hoyos fiscales, desembolsos sin respaldos y/o sin apego a reglamento alguno, políticas formales de exterminio y criminalización de sectores miserables de la población, condescendencia y padrinazgo de mafias policíaco-militares y relaciones y sociedades con narcotraficantes y sistemas de lavado.
Alguien vendió Los Tres brazos, una ciudad o poblado extra, completo, sin el conocimiento de los habitantes -y con ellos incluidos- y la respuesta es que van a abrir una investigación. O sea, que si Yo agarro ahora mismo y vendo a Tamboril, o a Santiago Rodríguez, o Imbert, no se trataría de un fraude Ipso facto, ni de un hecho que implique una respuesta prioritaria, sino de algo que hay que “investigar” para determinar (con árbitros de dudosa imparcialidad) si Yo tengo derecho a hacer esas ventas, mientras los habitantes, desamparados, esperan en el Limbo, por los acuerdos a que arriben subrepticiamente investigados e investigadores.
El proyecto de Punta Catalina, que compromete todo el gasto público nacional, aparte de los inconvenientes medioambientales (y de los problemas de salud pública, que se avecinan) tiene una densa, ominosa y enorme sombra con relación a sus costos.
Nada más y nada menos que sobre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, pesa una acusación de estar al tanto de la existencia de una mafia, integrada por abogados y jueces allegados a él, dedicada a la venta de sentencias a favor de sicarios y otros delincuentes. Ni el imputado, ni el sistema de justicia, han mostrado diligencia alguna ante el alarmante tema y ni siquiera para explicar cómo diablos, se va resarcir la comprometedora acción de Germán, de excluir a los otros testigos, de los interrogatorios sobre las acusaciones que lo involucran a él.
Sin embargo, el que no haya voluntad oficial, no significa que también se carezca de aspiración ciudadana, ni de algún gesto de consternación y de demandas ante colmazos, como los de recibir, traídos por la marea, las pruebas, las declaraciones y los expedientes de sobornos y quedarse como que aquí no ha pasado nada.
El que el Ministerio Público de la República Dominicana sea incapaz de desarrollar sus propias investigaciones exitosas, veraces e independientes sobre los robos en la administración pública es bochornoso y expresa toda la carencia de derecho e institucionalidad que padece la sociedad dominicana. Pero aún dentro de esa anomalía y para los estándares propios de esa situación, ignorar lo que ha traído Odebrecht es inexcusable.
El caso Odebrecht tiene que ser esclarecido y Leonel y Danilo deben explicar su participación en el mismo y/o la participación de quienes actuaran en su nombre.
Lo mismo aplica para Hipólito, aunque en su administración lo distribuido por Odebrecht no alcanzara las dimensiones con las que se agració a quienes fueran -y sean- los agraciados con Leonel y Danilo. ¿No es Hipólito un líder de “oposición” caracterizado por su espontaneidad y su reiterada defensa de su honestidad personal? Sería una gran cosa, si empleara su incontinencia expresiva haciéndole un favor al país y desembuchándolo todo. ¿Recuerdan que de cada diez dominicanos de los que él conocía, ocho eran deshonestos? No estaría de más, si desenmascara a algunos.
Leonel, que andaba para arriba y para abajo con los principales ejecutivos de la empresa sobornadora, puede aportar su versión, sobre si él solo se relacionaba tan directamente con esas personalidades (tan prestigiosas como él) en las actividades recreativas y usaba intermediarios para los negocios o si la familiaridad era tan amplia, que no se necesitaron intermediarios y asistentes para cargar el botín.
Danilo, cuyas interacciones con la Odebrecht son las más importantes, ya que por lo frescas que están, ameritan menos esfuerzos para la memoria, tal vez pueda hacer las mayores revelaciones y describir el modus operandi vigente en la actualidad.
Al Ministerio Público que deje de hacer el ridículo y ponga manos a la obra.
El primer inconveniente es que sin el soporte de la corrupción, la impunidad y el robo, muchas autoridades estarían encarceladas, y no solo las autoridades gubernamentales, sino una parte del “liderazgo” empresarial…por no mencionar a algunos jerarcas religiosos, que cobijados bajo toda la basura estructural, y por razones de edad, están fuera del alcance de la justicia… al menos de la terrenal.
La complacencia del poder político ante los estruendos del robo público y de la corrupción, llega a tales extremos, que Leonel Fernández sigue recibiendo a la vista de todos, con total desfachatez, unas festivas congratulaciones de cumpleaños (apoltronado dentro de la que bien puede considerarse como una de las pruebas de los delitos) por parte de sus cómplices y beneficiarios (que ni siquiera tienen el pudor de cubrirse el rostro, con los antifaces que usan los asaltantes comunes) en vez de estar dando todas las explicaciones que le debe al país, sobre los Tucanos, concesiones mineras completamente inexplicables y contrarias al interés público; megaconstrucciones sobrevaluadas y sujetas a cuestionamientos en torno su condición integral, con cualquier clase de desarrollo urbano; hoyos fiscales, desembolsos sin respaldos y/o sin apego a reglamento alguno, políticas formales de exterminio y criminalización de sectores miserables de la población, condescendencia y padrinazgo de mafias policíaco-militares y relaciones y sociedades con narcotraficantes y sistemas de lavado.
Alguien vendió Los Tres brazos, una ciudad o poblado extra, completo, sin el conocimiento de los habitantes -y con ellos incluidos- y la respuesta es que van a abrir una investigación. O sea, que si Yo agarro ahora mismo y vendo a Tamboril, o a Santiago Rodríguez, o Imbert, no se trataría de un fraude Ipso facto, ni de un hecho que implique una respuesta prioritaria, sino de algo que hay que “investigar” para determinar (con árbitros de dudosa imparcialidad) si Yo tengo derecho a hacer esas ventas, mientras los habitantes, desamparados, esperan en el Limbo, por los acuerdos a que arriben subrepticiamente investigados e investigadores.
El proyecto de Punta Catalina, que compromete todo el gasto público nacional, aparte de los inconvenientes medioambientales (y de los problemas de salud pública, que se avecinan) tiene una densa, ominosa y enorme sombra con relación a sus costos.
Nada más y nada menos que sobre el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, pesa una acusación de estar al tanto de la existencia de una mafia, integrada por abogados y jueces allegados a él, dedicada a la venta de sentencias a favor de sicarios y otros delincuentes. Ni el imputado, ni el sistema de justicia, han mostrado diligencia alguna ante el alarmante tema y ni siquiera para explicar cómo diablos, se va resarcir la comprometedora acción de Germán, de excluir a los otros testigos, de los interrogatorios sobre las acusaciones que lo involucran a él.
Sin embargo, el que no haya voluntad oficial, no significa que también se carezca de aspiración ciudadana, ni de algún gesto de consternación y de demandas ante colmazos, como los de recibir, traídos por la marea, las pruebas, las declaraciones y los expedientes de sobornos y quedarse como que aquí no ha pasado nada.
El que el Ministerio Público de la República Dominicana sea incapaz de desarrollar sus propias investigaciones exitosas, veraces e independientes sobre los robos en la administración pública es bochornoso y expresa toda la carencia de derecho e institucionalidad que padece la sociedad dominicana. Pero aún dentro de esa anomalía y para los estándares propios de esa situación, ignorar lo que ha traído Odebrecht es inexcusable.
El caso Odebrecht tiene que ser esclarecido y Leonel y Danilo deben explicar su participación en el mismo y/o la participación de quienes actuaran en su nombre.
Lo mismo aplica para Hipólito, aunque en su administración lo distribuido por Odebrecht no alcanzara las dimensiones con las que se agració a quienes fueran -y sean- los agraciados con Leonel y Danilo. ¿No es Hipólito un líder de “oposición” caracterizado por su espontaneidad y su reiterada defensa de su honestidad personal? Sería una gran cosa, si empleara su incontinencia expresiva haciéndole un favor al país y desembuchándolo todo. ¿Recuerdan que de cada diez dominicanos de los que él conocía, ocho eran deshonestos? No estaría de más, si desenmascara a algunos.
Leonel, que andaba para arriba y para abajo con los principales ejecutivos de la empresa sobornadora, puede aportar su versión, sobre si él solo se relacionaba tan directamente con esas personalidades (tan prestigiosas como él) en las actividades recreativas y usaba intermediarios para los negocios o si la familiaridad era tan amplia, que no se necesitaron intermediarios y asistentes para cargar el botín.
Danilo, cuyas interacciones con la Odebrecht son las más importantes, ya que por lo frescas que están, ameritan menos esfuerzos para la memoria, tal vez pueda hacer las mayores revelaciones y describir el modus operandi vigente en la actualidad.
Al Ministerio Público que deje de hacer el ridículo y ponga manos a la obra.
El
caso Odebrecht y la justicia norteamericana
http://acento.com.do/2017/opinion/8417786-caso-odebrecht-la-justicia-norteamericana/
Los
sobornos de ODEBRECHT en la República Dominicana se sucedieron desde 2001 en
los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina y tal vez no
hubiese ocurrido absolutamente nada si no es por la intervención de la justicia
norteamericana que investigó las actividades de la empresa brasileña por su
participación en la Bolsa de New York y el uso de los bancos norteamericanos
para realizar parte de las operaciones fraudulentas.
Las investigaciones
norteamericanas sirvieron para producir en el 2016 una instancia acusatoria al
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, de New York, marcado con el No.
16-643 (RJD), firmado por Robert Capers, Procurador de los Estados Unidos,
Distrito Este de New York, y Andrew Weissmann, Jefe, Sección de Fraude de la
División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la cual
se imputaba a ODEBRECHT de prácticas corruptas, lo que permitió posteriormente
un acuerdo entre esta empresa y el Departamento de Justicia, a través del cual
ODEBRECHT reconoció todos los hechos contenidos en la acusación y se
comprometía a pagar a Estados Unidos una multa de 2,600 millones de dólares.
Esta
instancia de los fiscales norteamericanos ha venido a ser el catalizador del
inicio de investigaciones en aquellos países en los cuales la propia ODEBRECHT
ha admitido haber incurrido en sobornos de funcionarios públicos para obtener
contratos de obras y por eso sería importante un breve resumen de dicho
documento.
ODEBRECHT
creó una división interna denominada División de Operaciones Estructuradas
“para permitir que ODEBRECHT hiciera pagos no registrados, muchos como sobornos
a funcionarios gubernamentales en Brasil y en el extranjero”. Dentro
de la estructura, se constituyeron tres compañías “off shores” (S&N,
ARCADEX y GOLAC), administradas por la referida División, que se utilizaron
para “proseguir con el esquema de soborno, y ocultar y disfrazar pagos
indebidos realizados a o en beneficio de partidos políticos extranjeros y
candidatos políticos extranjeros en diversos países”, así como también “a, y en
beneficio de, funcionarios y partidos políticos extranjeros en diversos
países”, a través de cuentas bancarias abiertas por esas compañías
para manejar los fondos destinados para el soborno.
Por lo
menos seis ejecutivos de ODEBRECHT tenían a su cargo el manejo de la División
de Operaciones Estructuradas y utilizaban para tales fines una plataforma
tecnológica (MyWebDay) que les permitía registrar en las “sombras” todo el
proceso de pago de los sobornos, desde la solicitud de pago, procesamiento de
los pagos, presupuesto para estos pagos, etc. Claro, las informaciones
registradas en esta plataforma no se encontraban en los libros de ODEBRECHT.
Eran, como en el caso Baninter, operaciones paralelas, fuera de la vista de
reguladores y auditores.
El
esquema era tan sofisticado, que la División utilizaban otra plataforma
informática oculta, denominada Drousys, que “permitía comunicación entre los
miembros de la División… los usuarios del sistema Drousys utilizaban
una serie de nombres clave para ocultar sus identidades, y se referían a los
destinatarios de los sobornos y a los intermediarios mediante más códigos y
contraseñas”.
Los
fondos que nutrieron las cuentas a través de las cuales se pagaban los
sobornos, venían de “(i) gastos fijos cobrados a filiales; (ii) cargos y
honorarios, atribuidos a proveedores y subcontratistas como legítimos, pero no
incluidos en presupuestos de los proyectos, (iii) anticipos y honorarios por
resultados, no declarados, por compras de activos de la empresa, y (iv)
transacciones de auto-seguros y auto-garantías.”
Los pagos
se realizaban “en efectivo vía paquetes o maletas dejados en lugares
predeterminados por el beneficiario de los fondos, tanto dentro como fuera de
Brasil; o realizaban pagos por transferencia bancaria a través de una o más de
las entidades offshores”.
Para
asegurar la confidencialidad de los pagos por soborno “ODEBRECHT y sus
co-conspiradores también utilizaban bancos con características especificas, que
ayudarían con el esquema: concretamente, bancos pequeños situados en países con
leyes estrictas sobre la protección del secreto bancario y sobre el intercambio
de información con fuerzas policiales internacionales. Para asegurar la
cooperación de estos bancos, ODEBRECHT y sus co-conspiradores frecuentemente
pagaban remuneración en honorarios y tasas más altas a las instituciones
bancarias, y a los ejecutivos cómplices del banco un porcentaje de cada
transacción ilícita.” Algunos de los funcionarios de ODEBRECHT
“visitaban a países donde se encontraban los beneficiarios finales, y los
llevaban a estos bancos predilectos para abrir cuentas y facilitar la
transferencia de pagos ilícitos.”Se llegó al extremo de comprar la sucursal de
un banco austríaco en Antigua, para facilitar la apertura de cuentas y los
pagos y de ofrecer sobornos de hasta 4 millones de dólares a las autoridades
regulatorias de Antigua para tratar de evitar que ésta pasara información a los
investigadores norteamericanos.
ODEBRECHT
pagó “788 millones de dólares en sobornos sobre más de 100 proyectos
en doce países, entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.”
Sobre el
caso dominicano el informe tiene dos párrafos que dicen:
D. La
República Dominicana
54. En o
alrededor de y entre el 2001 y el 2014, ODEBRECHT realizó y causó que se
realizarán pagos corruptos por más de 92 millones de dólares a funcionarios del
gobierno, y a sus intermediaros que trabajaban en su nombre, en la República
Dominicana. ODEBRECHT percibió más de 163 millones de dólares en beneficios
como resultado de estos pagos corruptos.
55. Por
ejemplo, con el fin de obtener determinados contratos de obras públicas en
República Dominicana, ODEBRECHT pagó sobornos a un intermediario encargado de
interactuar con el gobierno, bajo el entendido de que el intermediario pasaría
los fondos, en parte, a funcionarios del gobierno. La mayoría de los pagos se
hicieron con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas,
con autorización del Empleado Odebrecht 6. Por medio de este acuerdo, ODEBRECHT
pudo ejercer influencia sobre aprobaciones de presupuesto y financiación
gubernamental de determinados proyectos en la República Dominicana.”
Lo que
hace este caso diferente no proviene de la credibilidad o no que pueda tener la
acusación norteamericana, sino el hecho ya comprobado de que la propia
ODEBRECHT ha aceptado como cierta toda la información contenida en la instancia
acusatoria norteamericana.
Esto nos lleva a que por lo menos
92 millones de dólares, alrededor de 4,300 millones de pesos, fueron a parar a
los bolsillos de los funcionarios públicos sobornados y su intermediario, y por
lo menos esos valores fueron obviamente agregados a los presupuestos de las
obras (sobrevaloración), por lo que han salido de los impuestos que pagamos.
El
Ministro Peralta o cuando lo que le importa es comer
Sara Pérez - 4 de enero de 2017 –
El Ministro
Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, respondió las
interpelaciones realizadas por unos periodistas sobre los sobornos
de la Odebrecht, restándole importancia al tema y afirmando que a los
dominicanos lo que les importa es comer.
Es
rigurosamente cierto que hay una parte bastante amplia (alrededor de un 42 por
ciento) de la población dominicana, que no puede distraerse mucho en temas
ajenos a las incertidumbres de su comida. Incluso hay casi un tercio de la
población dominicana para el que abastecerse de algún alimento, no es sólo su
primera, sino casi su única inquietud diaria, habida cuenta de que su vida
transcurre en un estado de precariedad, que no le permite mirar en ninguna otra
dirección que no sea la del esquivo rumbo de un pedazo de plátano, o peor,
cualquier cosa menos suculenta y menos nutritiva.
Esa
lamentable realidad justamente explica lo fácil que les resulta a ciertos
ladrones, especialmente a los empoderados dentro del gobierno, la adquisición
de masas de menesterosos que alquilan sus aplausos, presencias y votos, a
cambio de los pica pollos con los que son recompensados.
Es seguro
que desde su posición en el gobierno, el señor Peralta -y sus superiores-
conocen de cerca a esas hordas hambrientas de indigentes, que se entretienen
con cajitas navideñas, tarjetas de sobornitos de la caridad anestésica, el pote
de ron y los 500 pesos para meterse en las caravanas o vender la cédula.
También
tendrá noticias de los lúmpenes de baja estopa, cuya docilidad política se paga
con la aquiescencia para sus puntos de venta de drogas y de sobra estará al
tanto de la gente a la que no basta con darle el pica pollo ni el punto de
droga, sino que hay que nombrarla en cargos y carguitos de parásitos sin
funciones, o con funciones por las que no debían tener más remuneración que una
estadía en una cárcel.
Pero sobre
todo, el Ministro habrá olfateado la existencia de esos testaferros, secuaces y
alcancías de codiciosos gobernantes corruptos, que desde las sombras, y sin que
importen los conflictos de intereses, ni la irregularidad de ser juez y parte,
manejando reglamentos de Aduanas o cobros de impuestos, compiten deslealmente
con los sectores productivos del país al que gobiernan y sabotean a
esos sectores, para enriquecerse con permisos privilegiados e irregulares de
importación o exportación, con contratas de obras sobrevaluadas, concedidas
mediante sobornos y con creación o ampliación de empresas privadas clandestina
e ilegalmente financiadas, favorecidas y privilegiadas desde el Palacio
presidencial.
Estos
últimos no pueden decir que el hambre biológica desencadena sus afanes de
atiborrarse, tragándoselo todo, no solo la comida propia y ajena, sino el
bienestar colectivo, el progreso institucional, la calidad de vida, la
seguridad, los servicios públicos, el sentido de justicia, la equitativa
distribución de los ingresos, las perspectivas de vivir en sociedad, sin que un
grupo de hampones depredadores de los bienes públicos, se imponga con la mayor
insolencia y desfachatez.
Son estos
los más temibles. Ante ellos no importa, incluso, que el mismo Peralta, sus
familiares y allegados sean de esos dominicanos a los que solo les importa
“comer” y, por ende, no les importa si las autoridades son una banda de
asaltantes y no les importan la violación de las leyes, la impunidad,
la corrupción, la injusticia, ni la ripiosidad de un gobierno bochornoso,
encabezado por maleantes que han recibido sobornos como los de la Odebrecht y
no quieren referirse a ello.
Lo que debía
importar más es que el Ministro -y sus superiores- no coincidan, ni formen
parte, de esos que necesitan tanto de la mampara del hambre de un país
completo, para prolongar sus jarturas de sobornos, depredaciones e
impunidades.
Ojalá el señor Ministro tenga eso en
cuenta, para las declaraciones que de en su próxima rueda de prensa.
Fidelio
Despradel propone país cancele contratos con Odebrecht
Servicios de Acento.com.do - 23 de diciembre de 2016
SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Fidelio Despradel propuso que el
gobierno del presidente Danilo Medina cancele de inmediato todos los
contratos vigentes con la multinacional brasileña Odebrecht, cuyos
directivos han reconocido el pago de más de US$ 92 millones en sobornos a
funcionarios dominicanos.
El
legislador por Alianza País dijo que las declaraciones de los ejecutivos de
Odebrecht a la justicia de Estados Unidos deben dar origen a la cancelación del
contrato de las plantas de Punta Catalina y revisar cualquier otra
participación de la empresa en proyectos nacionales.
“El
Estado dominicano no puede pagarle un solo peso más a esta multinacional. Todo
lo contrario, debemos exigir una indemnización por el robo y el engaño del que
hemos sido víctimas”, destacó el diputado aliancista en un documento enviado a
los medios de comunicación.
Fidelio
Despradel hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga activa en el
reclamo de que las investigaciones de este caso de corrupción llegue hasta las
últimas consecuencias, sin excluir a los altos funcionarios y dirigentes
políticos que han estado al frente de las relaciones con Odebrecht.
“Sin la
presión y la movilización de la ciudadanía este país lleno de gente pobre
perderá los cientos de millones de dólares que implican las sobrevaluaciones y
favores que se garantizó Odebrecht a través de sobornos”, destacó.
El
legislador se colocó a la disposición de todas las fuerzas ciudadanas, sociales
y políticas interesadas en impedir que el control que el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) ejerce sobre la justicia impida que en el país se
conozcan y sancionen los casos de soborno.
El pasado 8 de noviembre el
diputado de Alianza País propuso la cancelación del contrato de construcción de
Punta Catalina que ejecuta Odebrecht, por lo que con las nuevas informaciones
sobre su práctica fraudulenta este reclamo adquirió mayor justificación.
Guillermo
Moreno exige investigación caso Odebrecht incluya a Medina, Fernández y Mejía
http://acento.com.do/2016/politica/8413002-guillermo-exige-se-investigue-medina-fernandez-mejia-caso-odebrecht/
Servicios de
Acento.com.do - 23 de diciembre de 2016 –
SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo
Moreno, exigió una investigación del Ministerio Público sobre los sobornos por
más de US$ 92 millones que la multinacional Odebrecht reconoció haber entregado
a funcionarios dominicanos, que incluya al presidente Danilo Medina y a los
exmandatarios Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
Según el dirigente político, la
concesión a Odebrecht de los más importantes y costosos proyectos de
construcción del Estado dominicano en los últimos 15 años sólo podría
investigarse con seriedad si se incluye a los mandatarios junto a sus más
cercanos funcionarios.
“El mismo presidente Danilo Medina
debe dar una explicación especial porque sus dos últimas campañas fueron
diseñadas y dirigidas por Joao Santana, sometido a la justicia brasileña por
coordinar parte del entramado corrupto de Odebrecht en diferentes países”,
destacó Moreno en un comunicado enviado a los medios de comunicación.
Moreno recordó que el gobierno de
Medina tiene pendiente darle al país una explicación sobre la sobrevaluación
por más de US$ 1000 millones de las plantas a carbón de Punta Catalina, así
como de las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a concesionar una obra de
tal magnitud a una empresa sin experiencia en este tipo de proyecto.
El dirigente político reiteró su
advertencia de que en República Dominicana recientemente han coincidido todos
los componentes de la trama perseguida por la Policía Federal de Brasil que
componen a la empresa constructora, como un partido oficialista cuyo gobierno
ha beneficiado considerablemente a la empresa constructora y un especialista en
mercadeo político que podría ser el mecanismo de intermediación para la
triangulación de los activos.
El presidente de Alianza País hizo
un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los medios de
comunicación a mantener viva la exigencia de justicia en este histórico caso de
corrupción para que el partido-Estado que constituye el PLD no vuelva a imponer
la impunidad.
La
Informalidad institucional (1-2)
http://acento.com.do/2017/opinion/8419251-la-informalidad-institucional-1-2/
“No es la política la que provoca los
conflictos malos o buenos, estimulantes o letales, los conflictos son
síntomas que acompañan necesariamente la vida en sociedad… ! y que
paradójicamente confirman lo desesperadamente sociales que somos!.
Entonces la política (recuerda que se trata del
conjunto de las razones para obedecer y para
desobedecer) se ocupa de atajar ciertos conflictos, de
canalizarlos y ritualizados, de impedir que crezcan hasta destruir
como un cáncer el grupo social…”
(Fernando
Savater: Política para Amador).
La
informalidad institucional significa un peso gravitante en la Trasparencia y
propicia la opacidad en el ejercicio de la gestión pública.
Polilat,
una firma encuestadora con Sede en Argentina, realizó un informe sobre los
alcances democráticos en la Región. República Dominicana se encuentra entre los
tres países con más déficits democráticos, conjuntamente con Venezuela y
Guatemala. Es ese déficit democrático que anula toda posibilidad de
consecuencia de las acciones desviadas, de la judicialización de los casos de
corrupción que suceden en la vida pública dominicana.
La
Impunidad y la Inmunidad siguen prevaleciendo en el cuerpo social dominicano,
sobre todo, cuando se trata de funcionarios de las más altas instancias del
funcionariado o de aquellos que “gozan” de la generosidad supra institucional.
El Foro
Económico Global en sus más reciente Informe de Competitividad nos situó en una
escala promedio de 95/138 países. Sin embargo, cuando se ven los indicadores
del Pilar Institucional obtuvimos 123/138, esto es, una desviación negativa de
28 puntos.
¿Qué abarca
el Pilar Institucional?
1.-
Confianza del público en los políticos (130/138);
2.-
Favoritismo en las decisiones gubernamentales (128/138);
3.-Malgasto
de los fondos públicos (111/138);
4.-Comportamiento
ético de las firmas (130/138);
5.-
Confianza en servicios policiales (133/138);
6.-Crimen
organizado (111/138);
7.-Manipulación
de fondos públicos (133/138);
8.-Independencia
del Poder Judicial (127/138);
9.-Costo
del negocio por el crimen y la violencia (122/138).
En ese
mismo Informe del Foro Económico Global, nuestro país quedó en el octavo lugar
en el mundo con relación a la corrupción y el quinto en la Región.
Esto
significa que la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la
corrupción desde el gobierno, ha sido una batalla que no se ha realizado con la
suficiente voluntad política para cercenar esa hiedra de mil cabezas como es
esa degradación, depravación.
En el Eje
III del Programa de Gobierno 2016–2020 reza “Consolidación de una
Institucionalidad Pública cada vez más eficiente, transparente y
participativa”. Señala el referido Programa que “Vamos por más transparencia,
eficacia e institucionalidad en la Administración Pública”.
El
ejercicio de la mera retórica se sobredimensiona a la realidad que la sociedad
dominicana vive en la actualidad. Veamos:
1. En el mes de octubre del 2015 la
Dirección de Compras y Contrataciones evaluó la ejecución y el campo de la
licitación del Hospital Darío Contreras. La Resolución 91/15, emanada de la
referida Dirección, establecía las anormalidades ocurridas allí, tanto en
materia civil como penal. La Resolución fue enviada a la Procuraduría y al
actual Director de la OISOE, arquitecto Francisco Pagán.
Participación
Ciudadana ha enviado dos comunicaciones a la Procuraduría, para que nos indique
que se está haciendo al respecto. La Procuradora Adjunta de la Procuraduría,
Laura Guerrero Pelletier, Directora del PEPCA, señalaba que esperaría la
auditoria de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas emitió su veredicto
donde presenta las debilidades que encierra el Hospital Darío Contreras. Una
licitación de RD$880 millones de pesos terminó en RD$1,7000 millones de pesos,
esto es, 92% más; violando así la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del
Estado.
Lo del
suicidio del arquitecto José Rodríguez García, quien decidió inmolarse frente a
la terrible extorsión que sufría, no llega a juicio de fondo a pesar de que ya
se cumplió más de un año de aquel fatídico acontecimiento que vino a
visibilizar la mafia que se daba allí con los ingenieros constructores de obras
sorteadas. Solo tres están encausados.
Las
debilidades institucionales se ponen más en evidencia cuando recientemente, el
Periódico Hoy del lunes 7 de noviembre reseñó: “814 obras, con un monto de
RD$96,381,017 millones de pesos, evaluadas por la Cámara de Cuentas desde el
2010–2013, construidas por la OISOE. La mayoría acusaban serias distorsiones
que conllevaban un ilícito penal”. Dice Loyda Peña, periodista que calza la
noticia “La mayoría de las 814 obras contratadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores
del Estado (OISOE) a nivel Nacional durante el periodo 2010-2013, y cuyo monto
total asciende a $96,381,017, carece de estudios de impacto ambiental, pólizas
de garantía de avance, aprobación de planos, de fiel cumplimiento de contrato;
y de supervisión. Muchas tienen enmiendas que exceden el 25% del monto
establecido”.
2. Lo del ingeniero Alberto Holguín,
Director del INAPA 2012-2015, Miembro del Comité Central del PLD, a quien se le
acusa de asignarse obras por un monto de RD$1,000 millones de pesos y de violar
el Decreto de emergencia en los lugares específicos de realización de las obras.
El caso todavía no llega a juicio de fondo.
3. El caso de Los Tucano es la
muestra más vehemente de la ausencia de voluntad para impulsar las
investigaciones y con ello, las sanciones correspondientes, relativo al soborno
por U$3.5 millones de dólares. Lo que la sociedad dominicana sabe al respecto
es producto de las investigaciones de los Estados Unidos y Brasil. Fruto de las
mismas, en nuestro país solo han encausados a cuatro personas: El empresario
Aquino Hernández y su hijo, el ExGeneral, Ministro de las Fuerzas Armadas,
Pedro Rafael Peña Antonio y el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez. Este último
es el único que está preso.
El lunes
28 de noviembre en el Periódico Hoy, página 7–A, se reseña “MP habría propuesto
acuerdo a Piccini Núñez por el caso de aviones Tucano”. La firma de la noticia
de Loyda Peña dice: “Imputado habría condicionado el trato a una condena de 5
años. Se establece que Piccini había dicho «La PEPCA sabe dónde tiene que ir y
la tecla que debe tocar; ellos le están imputando hechos solo a una parte de un
gran escenario»”.
Si bien
el caso Tucano fue en el 2008, la forma como el Ministerio Público se está
manejando en la actualidad resalta la falta de compromiso contra la corrupción
y por la transparencia para que vayan a la cárcel todos los
involucrados. Cabe destacar, objetivamente, que hablamos del soborno sin
caracterizar las sobrevaluaciones de los aviones que a todas luces nos indican
los mismos. El estamento político no ha sido tocado por el Ministerio Público a
través de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción
Administrativa (PEPCA).
Esto a
pesar de que el Presidente en su discurso de toma de posesión del 16 de agosto
había dicho “Hemos luchado por extender la transparencia y el imperio de la Ley
en el conjunto de las instituciones públicas y conduciremos un fomento de la
transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción”. Se
comprometió a “mejorar la eficiencia en el gasto público y a seguir
garantizando la racionalidad”.
Lo de
ODEBRECHT es el punto culminante del flagelo de la corrupción en República
Dominicana. La misma empresa ha reconocido que ha sobornado a varios
países. República Dominicana no ha sido la excepción. Al contrario, somos desde
el punto de vista del tamaño de nuestro territorio y de la población, el más
corrupto en la recepción de los sobornos: US$92 millones recibieron los
funcionarios, partidos políticos e intermediarios de la mencionada empresa.
ODEBRECHT
reconoció haber sobornado a doce países por US$788 millones de dólares. Si
hacemos una media entre los doce países, esto sería US$65.6 millones por país;
lo que significa que República Dominicana recibió 1.4 veces más de la media; pero,
si sacamos a Brasil, que es donde se encuentra la empresa y recibió US$349
millones, nos quedaría US$439 millones que dividido en once países nos daría
una media de US$39.9 millones. Resalta entonces, que República Dominicana con
respecto al promedio obtuvo US$52 millones por encima del promedio, esto es,
2.3 veces más. Todo esto implica que somos los más corruptibles de los doce
países que recibieron los sobornos.
Es la sociedad que tendrá que
luchar por un país más decente donde la corrupción y la impunidad no se
pavoneen en el escenario social como fuente de grandeza y de virtud. Es una
afrenta, una vergüenza ser exhibidos en el mundo como un país caracterizado por
la corrupción y el narcotráfico.Una nación que genera riquezas y sin embargo
tiene una pobreza estructural muy significativa, y ello es posible por la mala
distribución de la riqueza, por la ineficiencia de políticas públicas y por ese
enorme cáncer de la corrupción que ahoga y profundiza la desigualdad social.
Si, la
del 22 es una marcha política
http://acento.com.do/2017/opinion/8417915-la-del-22-una-marcha-politica/
Para
crear cizañas y azuzar la bestia del sectarismo entre los convocantes a la
marcha contra la corrupción del próximo 22 de enero, algunas bocinas y
escribidores de artículos y notas de opinión a sueldo, han comenzado a decir
que esa marcha es política porque algunos dirigentes políticos han expresado su
disposición de participar en ella. La respuesta a esos y a otros sembradores de
discordias es: sí, como ya han respondido algunos de sus organizadores, que
manifestarse en las calles contra la estructura de corrupción creada por el PLD
es una acción de clara e inocultable carácter político; que no es excluyente,
sino abierta a la participación de una pluralidad de actores sociales,
políticos y productivos.
Cualquier
manifestación en las calles contra los actos de corrupción de este o cualquier
gobierno es potencialmente política, no importa quien la convoque; eso lo saben
los cizañeros, tanto los que actúan a la luz del día, como los que operan bajo
la sombra. Pero, para justificar los sueldos que de este gobierno reciben
tratan de confundir a los organizadores de la referida marcha, tendiéndoles
trampas para que se opongan a que determinados actores políticos y sus
organizaciones se sumen a la manifestación contra el rosario de actos de
corrupción en que han discurrido los gobiernos del PLD, algunos de dimensiones
extra nacionales que involucran al Secretario de Organización de ese partido,
Félix Bautista, y al presidente Medina por sus relaciones con Joao Santana,
jefe de la Operación Sobornos de la Odebrecht en este y otros países.
Los
profesionales de la desinformación son conscientes de la gravedad y dimensión
de las acciones delictivas de la Odebrecht en varios países; saben que aquí uno
de los jefes de operación de esa empresa tuvo unas relaciones privilegiadas con
el presidente de la Republica y que, por lo tanto, este debió estar al tanto de
las relaciones contractuales de la referida empresa con el Estado, lo cual lo
obliga a ser testigo clave en cualquier juicio a la Odebrecht por sus acciones
delictivas en el país. Medina fue cliente de Joao Santana, al ser este su
principal asesor de campaña y esas relaciones contractuales situaban a la
Odebrecht en condición privilegiada frente a otras empresas al hacerse
contrataciones para realizar obras del Estado. Eso obliga al Presidente a
explicar los alcances de la asesoría que recibiera de Santana.
En tal
sentido, la marcha del próximo 22 de enero se efectuará en una coyuntura
política sumamente delicada para el gobierno y potencialmente favorable para
una oposición social y política con inocultables dificultades para articularse
y ser efectiva contra un grupo de poder voraz y excluyente. Pero, la eficacia
de la marcha dependerá de la proyección política que sus convocantes sepan
imprimirle, de su capacidad de articular fuerzas de todo el espectro opositor,
en la posibilidad de sobrepasar los engañosos límites de las redes sociales
como único medio de convocatoria e ir al barrio, a las sedes de la pluralidad de
actores susceptibles de participar, además de saber calibrar las experiencias
de otras jornadas de luchas con excelentes perspectivas, pero de limitados
resultados.
En este
país es muy recurrente la queja, casi un mantra, de que existe una extrema dificultad
para que determinadas acciones de protestas de carácter político, social o
gremial acumulen el necesario grado de sostenibilidad y amplitud que puedan
llegar a convertirse en movimiento con posibilidades de lograr la continuidad y
crecimiento que lo convierta realmente en movimiento. En otras ocasiones,
varias acciones se han iniciado con la idea de lograr ese objetivo, pero los
resultados han sido decepcionantes. Ello obliga a crear formas de lucha y de
articulación de actores, tomando en cuenta la particularidad de esta sociedad,
de su estado de fragmentación, la fuerza real de los diversos sectores de la
sociedad civil y sobre el daño que han causado los prejuicios y la anti
política de muchos.
Las
experiencias de lucha de otros países son útiles en tanto referencias, pero
mortales si de ellas se pretende hacer copia. Aquí no hay margen para las
exclusiones, persistir en ellas es persistir en el error, persistir en esa
tendencia que Francesco Piccolo llama pensamiento confirmativo, que conduce a un
relacionamiento limitado al nosotros, a interactuar solamente con quienes
piensan exactamente como nosotros, con los que confirman lo pensamos porque
leen lo mismo que leemos nosotros (generalmente en las redes sociales). De ese
modo no nos confrontamos otros, no sabemos cómo piensan y hasta miedo les
tenemos. Esos vicios son los que estimulan los cizañeros a sueldo, sin que
falten algunos (conscientes e inconscientes) de la acera de enfrente…
Marchemos el 22, pero seamos
conscientes de cómo y porque lo haremos: con criterio verdaderamente político.
Odebrecht
pagó los sobornos más caros en Dominicana, Guatemala y Panamá
http://acento.com.do/2017/actualidad/8415985-odebrecht-pago-los-sobornos-mas-caros-dominicana-guatemala-panama/
Por cada US$
100 que el Estado pagó a Odebrecht por obras públicas, US$ 34 fueron desviados
para sobornos a funcionarios que permitieron que la compañía se quedase con
esos contratos, según una publicación realizada por la Televisora Nacional de
Panamá (TVN Noticias).
El reportaje
realizado por Nicanor Alvarado, resalta que la propia delación de
ejecutivos de Odebrecht en Estados Unidos revela que Panamá es el tercer de 12
países con la coima más cara. Lo supera República Dominicana, en donde por
cien dólares licitados funcionarios se embolsillaron US$ 56, y Guatemala, con
US$ 53.
En
Dominicana la Fiscalía General ha citado para enero al director de Odebrecht
Marcelo Hofke, y en Guatemala, el Gobierno dice que podría rescindirle un
contrato de US$ 240 millones a la compañía, pero no por los sobornos, sino
porque dejó la obra varada y reclama más dinero.
Ecuador, que
pidió la semana pasada asistencia judicial a Estados Unidos, es el cuarto país
con la coima más cara: $29 por cada cien dólares. Le sigue México con $27 por
cada cien, Colombia con $22 y Perú con $20.
En Angola,
donde no hay investigación alguna andando, el soborno era de US$ 19 por cada
cien dólares, Brasil con US$ 18, y Argentina con US$ 12.
Hay casos
extremos, sin embargo, en los que no hay pistas de cuánto representó la coima:
Venezuela y Mozambique.
Pero es
todavía más dramático: las fiscalías de ninguno de esos países ha decidido aún
abrir una investigación para determinar quién se llevó la plata que Odebrecht
reconoció que pagó bajo la mesa. En Mozambique los medios de comunicación
siquiera tienen registros sobre esa compañía.
Caso contrario es Perú, donde se
anunció que Odebrecht no volverá a ser contratada.
Odebrecht
Bernardo Vega - 17 de enero de 2017 -
12:10 am -
http://acento.com.do/2017/opinion/8419716-odebrecht/
Con
relación al escándalo de corrupción vinculado a la Odebrecht, el gobierno
dominicano ha adoptado una actitud que podríamos catalogar como ligera, si
consideramos los montos envueltos y las muy diferentes posiciones tomadas por
otros gobiernos también afectados por el delito.
Lo
primero que hay que advertir es que el robo no es por US$92 millones, sino por
US$257 millones. La primera cifra es el dinero que le tocó a los funcionarios
públicos e intermediarios, pero US$165 millones es el monto sobrevaluado que le
tocó a Odebrecht gracias a esos sobornos. En ambos casos cobró demás y las dos
partidas las pagó el Estado dominicano.
Lo
segundo es que, al igual como han hecho otros países afectados, Ecuador, Perú y
Panamá, la empresa brasileña debe ser colocada en una lista de compañías que no
pueden licitar en el país, mientras no haya resarcido al Estado.
Lo
tercero es que, de inmediato, se deben revisar los dos contratos bajo los
cuales todavía opera en el país: el de Punta Catalina y el de la carretera
Miches-Sabana de la Mar. En estos dos casos habría tiempo para indagar si hubo
sobrevaluación y/o pago de comisiones y dejar de pagarlas. El decreto del
Presidente Medina del martes pasado está bien intencionado, pero esa comisión
requiere de un equipo técnico, incluyendo firmas extranjeras, para poder
realizar una auditoría forense.
Lo cuarto
es que, al igual que en Argentina, nuestro gobierno debe pedir al Departamento
de Justicia de Estados Unidos detalles sobre los pagos. También al gobierno de
Brasil. Ya una cubano-americana, miembro de la Cámara de Diputados de Estados
Unidos, pidió al Departamento de Justicia de su país los nombres de los que
recibieron sobornos en el caso de Perú. Bien podría el novato Adriano
Espaillat, nuevo miembro de la Cámara de Representantes y de origen dominicano,
solicitar lo mismo para el caso de nuestro país.
Lo quinto
es tomar nota que ya la fiscalía peruana llegó a un acuerdo extrajudicial con
Odebrecht de carácter preliminar, bajo el cual esa empresa se compromete a
entregar toda la información y, además, a pagar cerca de US$9 millones como
adelanto por la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente. La
Procuraduría dominicana está lejos de llegar a un acuerdo parecido.
Lo sexto
es que dado el monto del fraude, unos US$257 millones, que debe de compararse
con nuestros presupuestos de salud y educación, el Presidente Medina debe de
pronunciarse, tal y como ya lo hicieron los presidentes de Panamá y de Perú.
Kuczyinski estableció la muerte civil para los corruptos, tal y como lo hizo
Juan Bosch en su Constitución de 1963. El
Procurador General peruano dijo: “Las ganancias ilegales que obtuvo la empresa
deben de ser retornados al Estado peruano”, refiriéndose tanto a los
sobornos, como a las sobrevaluaciones, US$29 millones y US$143 millones,
respectivamente. El Presidente Valera de Panamá dijo algo parecido y la
Vicepresidenta y Canciller de ese país declaró que Odebrecht tiene que devolver
los sobornos, aunque sea en 10 ó 20 años. Odebrecht Panamá expresó su “entera
disposición” de cooperar en un país donde, al igual que la República
Dominicana, construye obras mayores, como el metro y la ampliación del
aeropuerto.
Odebrecht,
según se reporta desde Brasil, “se convierte ahora en una amenaza real para los
representantes del poder en América Latina y abre la caja de pandora de la
corrupción de la región”.
¿Permitirá
el PLD que en nuestro país sepamos quiénes fueron los corruptos y lograremos la
devolución de la plata? El PLD actúa como una corporación (PLD, C. por A.) y es
común que los fondos de la corrupción sean entregados al partido, en vez de
quedar en manos de intermediarios. No es casualidad que en más de una ocasión
el Tesorero del Partido haya sido también Ministro de Obras Públicas y tampoco
es casualidad que nuestro gobierno solo investiga los casos que “explotan” en
el extranjero al no existir voluntad política para delatar los otros.
Como en el partido hay una lucha
por la candidatura del 2020, bien pudiera ser que el desenlace del escándalo
Odebrecht sea selectivo, concentrándose en las obras financiadas durante la
gestión de Leonel Fernández y sin llegar este a los profundos niveles de Perú,
Panamá y Ecuador. Ojalá equivocarnos.
Acción
Cristiana apoya marcha contra la corrupción y la impunidad
El Grupo Acción Cristiana RD manifestó total apoyo a la marcha contra la
corrupción e impunidad, convocada por varias organizaciones civiles para el
próximo 22 de enero.
http://acento.com.do/2017/actualidad/8420571-accion-cristiana-apoya-marcha-la-corrupcion-la-impunidad/
SANTO
DOMINGO, República Dominicana.-El Grupo Acción Cristiana RD manifestó total
apoyo a la marcha contra la corrupción e impunidad, convocada por varias
organizaciones civiles para el próximo 22 de enero, a las 10 de la mañana,
partiendo de la esquina de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez.
José
Antonio Flaquer López, presidente de Acción Cristiana expresó que “esta es una
excelente oportunidad” para que la ciudadanía muestre pacífica y legalmente que
requiere que se produzcan cambios en la voluntad política respecto a la
administración de la justicia, dentro del orden democrático.
Al apoyar
la marcha contra la corrupción y la impunidad, programada para este domingo, dijo
que esta protesta representa un ejercicio democrático que además en este
momento se hace oportuno y conveniente.
Flaquer
declaró que desde hace muchos años y variados gobiernos, el pueblo dominicano
ha visto la impunidad y la negación de justicia crecer en la nación,
debilitando la institucionalidad, de tal modo que el crimen y la corrupción se
han ido enquistando en nuestras estructuras nacionales como algo propio y
natural de la vida política y social dominicana.
Considera
que en los recientes procesamientos por actos de corrupción, a pesar de las
evidencias contundentes que el propio ministerio público declaró tener,
fueron finalmente descargados. Esto ha concitado una gran
indignación colectiva, y ha evidenciado cómo el andamiaje político-partidista-mercantilista
de los principales partidos gobernantes, ha afectado severamente el progreso
democrático e institucional de esta nación.
“En el
nuevo escándalo público que se ha desatado en torno al caso Odebretch, el
pueblo espera respuestas claras y satisfactorias de parte de nuestras
autoridades.”
El Grupo
Acción Cristiana realiza un llamado a las autoridades a que aprovechen la
oportunidad para producir acciones que restablezcan cierto nivel de
credibilidad y confianza en nuestras instituciones y líderes, y se marque una
inflexión hacia un esperado adecentamiento de la justicia y de la
administración pública.
Acerca de
Acción Cristiana
Es una organización cívica
que presenta defensa a los valores, y la cosmovisión cristiana en nuestra
sociedad, para preservar mantener y proteger la vida, la familia, la moral y la
libertad.
Bla
bla bla mortal
Ramón Colombo - 18 de enero de 2017 -
12:07 am -
http://acento.com.do/2017/opinion/8420031-bla-bla-bla-mortal/
Investigaremos…bla bla bla bla
bla bla bla…caiga quien caiga… bla bla bla bla bla bla… investigaremos…bla bla
bla…sea quien sea…bla bla bla bla bla bla…hasta ahora este ha sido el discurso
evasivo, distractivo, embullante, insustancial y elusivo…bla bla bla bla bla
bla…apostando nuevamente al olvido…bla bla bla bla…a pesar de la masiva presión
social que demanda hechos; es decir, castigo para los corruptos… bla bla bla
bla bla bla…¿Cómo es posible que no se den cuenta de que con este discurso están
ahogándose en su bla bla bla bla bla, con un desprestigio extremo para
siempre?…(Todos, sin excepción).
El
contexto de una significativa marcha
http://acento.com.do/2017/opinion/8420102-contexto-una-significativa-marcha/
En este
país, pocas veces la convocatoria a una marcha de protesta política ha
concitado tanto interés como la convocada para el próximo domingo 22. Esta ha
generado muchas expectativas y, como siempre, el gobierno a través de sus
voceros y bocinas ha bajado al ruedo para tratar de minimizar o mitigar sus
efectos. Es natural, ante todo llamado a marcha los gobiernos se ponen
nerviosos, y más cuando esta se realiza en un particular contexto internacional
de denuncia de corrupción, en la que están envueltos ex presidentes,
presidentes en ejercicio y figuras relevantes de todos los poderes. En ese
sentido, reflexionar sobre el contexto político en que se realizará la próxima
marcha resulta clave para calibrar su significado de cara al futuro del país.
En
efecto, el dinero del soborno que dice la empresa Odebrecht pagó para lograr la
asignación de varias obras del Estado sirvió para comprar a varios legisladores
para que aprobasen la modificación de la Constitución y posibilitara la
reelección del presidente Medina; también, como parte del dinero para financiar
su campaña y para enriquecer a diversos sectores del empresariado dominicano y
de profesionales mercenarios. Ese hecho, que forma parte de una trama
internacional de sobornos y fraudes de la referida empresa agrava la
credibilidad nacional e internacional del gobierno y de su presidente, y
produce indignación en diversos sectores de la vida nacional. Pero, a pesar de
la gravedad del caso, no se puede subestimar el margen de maniobra del gobierno
para enfrentar su situación.
La
estructura clientelar creada por esta administración, el mercado cautivo de
aprobación que tiene, fruto de las dadivas a los sectores populares, el hecho
de que por el momento su partido no evidencias fisuras de gran calado, de que
tenga comprada gran parte de la cúpula empresarial e inhabilitada una
significativa parte de las colectividades políticas que le adversan, determina
que como sociedad no estemos en una situación de ruptura o cambio social, como
dicen algunas figuras relevantes de la teoría del cambio social, como Etzioni y
ztopampka, por ejemplo. Sin embargo, hoy día los procesos de cambios
se producen de la manera más inesperada e insólita, de hechos aparentemente de
poca potencialidad.
En ese
tenor, es difícil sostener categóricamente y de manera derrotista, que la
marcha y las protestas no cambiaran nada, que todo seguirá igual, como afirman
o insinúan algunos, o juzgar y sobrestimar los resultados de la marcha a partir
de la cantidad de personas que esta convoque. La cantidad de participantes es
importante, pero lo es más la calidad y cantidad de sectores que en ella
participen. También que, aunque su objetivo se relaciona con el proceso
judicial seguido a los implicados en los sobornos de Odebrecht, la marcha no se
limita a la condena de ese hecho, ni a las acciones del gobierno para viciar la
acción de la Justicia, mediante la creación de una llamada comisión de la
verdad carente de toda legitimidad y de legalidad.
La marcha
es una acción política organizada por una pluralidad de organizaciones de la
sociedad civil no partidistas, pero no necesariamente apolíticas, que buscan
crear un movimiento ascendente contra el sistema de impunidad que ha montado
esa estructura política/económica/ mafiosa que desfalca, desguaza y desgobierna
este país. Su carácter plural de la marcha quiere expresar el sentí
miento de la diversidad de actores sociales y políticos que desde diversas
perspectivas se baten contra la referida estructura, además constituye una
legitima expresión de condena a una forma de dominio político que discurre al
margen y contra la ley.
En este momento de organización
de la marcha, es necesario que se tengan presente los alcances de la misma y el
contexto político que le sirve de marco. Ser conscientes que este esta es una
de las tantas acciones que se deben hacer contra el manto de la impunidad con
se han protegido diversos miembros de la clase política del presente y de los
anteriores gobiernos y a sectores empresariales que han medrado a la sombra de
esos gobiernos. Tener presente estas cuestiones es fundamental para que la
marcha exprese sus potencialidades y sea mucho más que un evento.
En
apoyo a la marcha
http://acento.com.do/2017/opinion/8420104-apoyo-la-marcha/
Para este
domingo, 22 de enero, se ha convocado a las 10 de la mañana, en
la 27 de Febrero con Máximo Gómez, en Santo Domingo (y en Broadway
con 170 en Nueva York) una marcha contra la impunidad y la corrupción, que debe
ser apoyada por todos los que creemos que tenemos la obligación de elevar,
aunque sea un poco, nuestras expectativas con relación al desempeño del
gobierno y de exigir de éste una administración con un mínimo de pulcritud y
competencia.
Lo cierto
es que las autoridades gubernamentales se han desbocado de tal forma, robando a
dos manos, que es de temer que tengan varios records mundiales de
sobrevaluaciones, desfalcos y estafas a cielo abierto, salarios exhorbitantes,
hoyos fiscales, gastos irracionales, injustificados y sin respaldo, privilegios
inauditos, depredaciones en las recaudaciones fiscales y negligencias
estruendosas.
El
gobierno dominicano simplemente tocó fondo en cuanto a lo flagrante de su
corrupción, cuando la Odebrecht confesó haber pagado sobornos a cambio de la
concesión de obras y el asunto no tiene, hasta el momento, ni una investigación
fidedigna, ni un simulacro de auténtico interés, ni siquiera a los niveles más
primarios.
La
desmomificación de Agripino Nuñez, la cúspide del macuterismo nacional, para
insuflarle vida, poniéndolo al frente en una nueva cruzada para solapar el
latrocinio, puede servir para cualquier cosa (después de que le paguen
espléndidamente por sus ajetreos) menos para darle credibilidad al enfangado
gobierno.
Y es que
se les ha ido la mano. Lo de las sobrevaluaciones de las obras realmente es
para competir en Olimpíadas. Un kilometro de carretera en Alemania cuesta 116
mil dólares y ese es el precio promedio para todos los países europeos, con
administraciones públicas más o menos saneadas. En lugares como España, donde
la administración pública deja mucho qué desear, la construcción de una
carretera en la que el kilómetro costó el doble de los que cuesta en Alemania,
generó escándalo y disgusto. En América Latina, donde la corrupción en la
administración pública es el pan nuestro de cada día, y se vive distribuyendo
coimas y falseando precios, las carreteras suelen costar siete veces lo que
cuestan en Europa.
En
República Dominicana, cada kilometro de la carretera del Coral costó
más de 5 millones de dólares, con lo que los dominicanos pagamos por esa obra
más de 40 veces lo que realmente costó.
Aparte de
la cuestionable licitación y de la imprudencia y de los inconvenientes
medioambientales, desechados con exceso de prisa, las Plantas de Carbón de
Punta Catalina, se desarrollan dentro del mismo molde y la sobrevaluación
denunciada asciende a la exhorbitante suma 1,040 millones de dólares.
El costo del
Metro daba para construir varias docenas de pirámides egipcias. Y de hecho, de
ahí sacaron -de ñapa- una pirámide privada a la que llaman “El Metrico”. En la
compra de los inútiles Tucanos se robaron 87 millones de dólares con la
sobrevaluación del precio.
El por
ciento de la educación, por el que tanto luchó la parte pensante de la
población dominicana, se lo han tragado las propias autoridades son las
sobrevaluaciones de los terrenos y de las construcciones.
Y es
absolutamente todo que lo hacen así, mientras el país chapotea en sus miserias,
en su inseguridad, en su falta de perspectivas por la precariedad educativa, el
desmantelamiento institucional, la falta de un desarrollo potable y el
retroceso político, con la elefantiasis ficticia y clientelar de un partido
único al frente del gobierno.
Tolerarlo todo, con docilidad e
indiferencia no es una opción. Anhelo un país distinto, donde se pueda vivir
con algún margen razonable de seguridad, bienestar y justicia, así es que yo sí
voy a la marcha, en contra de la corrupción y en repudio a la impunidad.
Estado
corrupto, clientelar y asistencial
Desde
siempre, el Estado dominicano ha sido corrupto; un grupo ha usurpado de manera
burda recursos públicos. En las dictaduras, un pequeñísimo grupo tenía el
monopolio del robo público, y después de la apertura política que se inició en
1978, la corrupción se amplió. A más políticos, más corrupción. A más
empresarios híper-explotadores, más corrupción. A mayor deseo de movilidad
social, mayor corrupción.
Si usted
cuenta las torres, yipetas y centros comerciales en Santo Domingo, se dará
cuenta que en la República Dominicana no hay suficientes sueldos altos para
sustentar tanto lujo y consumo. Tampoco hay tanto dinero privado para sostener
tantas estaciones de radio y televisión. El Estado es el gran anunciador y el
gran empleador. Unos empleados públicos son necesarios, muchos otros no.
Un Estado
eficiente reduciría la corrupción, mejoraría los servicios sociales y gastaría
menos en publicidad. Pero todos los partidos que han gobernado han preferido
mantener la corrupción, el dispendio ineficaz y la publicidad excesiva para
tener medios de comunicación complacientes. Los comunicadores, a su vez, viven
del pluriempleo.
En el
abanico de financiamiento inapropiado, están las llamadas ONG de legisladores y
otros políticos, así como el vasto financiamiento público a los partidos
políticos; un financiamiento sin controles adecuados. Los partidos reciben
grandes sumas y los dirigentes se apropian de buena parte. Por eso hay
tantos partidos.
Los
partidos políticos son feudos clientelares que se nutren de recursos públicos,
y la lucha intra-partidaria e inter-partidaria refleja la competencia entre
clanes políticos por el control y manejo de recursos públicos. No hay
diferencia ideológica porque todos tienen como objetivo central gobernar para
apropiarse de recursos.
En el
Estado corrupto-clientelar, los programas sociales son muy limitados en
cobertura y calidad. Por eso hay una gran deuda social heredada, por eso los
servicios sociales son de baja calidad, y por eso aunque la República
Dominicana haya crecido mucho en las últimas décadas, no muestra buenos índices
de desarrollo social.
A
diferencia del pasado, cuando la corrupción y el clientelismo selectivo eran
suficientes para gobernar (así lo hizo Balaguer), ahora hay mayor demanda de
redistribución de recursos de diversos sectores. De ahí que el Estado
corrupto-clientelar haya devenido también en Estado asistencial.
El
gobierno ha ampliado la cobertura social a través de programas como las
tarjetas de solidaridad, SeNaSa, viviendas públicas y estancias infantiles,
entre otros. Muchos de estos programas son necesarios, pero para asegurar su
eficiencia y sostenibilidad, hay que desmontar el Estado corrupto-clientelar.
Si no, los gastos del gobierno generan tarde o temprano una crisis fiscal que
da al traste con muchos de esos programas sociales.
Más aún,
dada la complicidad de prácticamente toda la clase política dominicana en el
manejo y beneficio del Estado corrupto-clientelar, una gran crisis fiscal
podría generar un colapso de lo que queda del sistema partidario. Es ahí
entonces cuando se presentan los “outsiders” que cautivan la población.
Este
fenómeno es bien conocido en América Latina, donde figuras fuera del sistema
partidario se erigieron en líderes políticos ante la crisis del Estado
corrupto-clientelar en la década de 1990. Los casos paradigmáticos son
Venezuela con Hugo Chávez, Bolivia con Evo Morales, y Ecuador con Rafael
Correa. Son las típicas respuestas populistas-caudillistas que llenan los
espacios políticos cuando los partidos del sistema colapsan al agotar los
recursos públicos con un manejo corrupto-clientelar.
En el esquema fiscal actual, el
PLD no tiene mucha posibilidad de expandir el Estado asistencial sin comenzar a
desmontar el Estado corrupto-clientelar. Quizás el escandaloso caso Odebrecht y
la marcha anunciada del domingo 22 ayuden a iniciar esta tarea siempre
pendiente.
In fraganti
http://acento.com.do/2017/opinion/8419943-in-fraganti/
92
millones de dólares es mucho dinero. Sirve para todo tanto dinero. De a millón
por cabeza sigue siendo mucho dinero para mucha gente. Y no hay manera de que
el gobierno pueda negarlo. Tampoco saben, a ciencia cierta, como
enfrentarlo. ¿Se ha puesto alguien a pensar en algunas de las
consecuencias?
Por
ejemplo, esos 92 millones . . . ¿ de donde salió ese dinero que ODEBRECHT, bajo
juramento y en instancia judicial norteamericana, testimonia que entregó
para sobornar funcionarios? de nuestros bolsillos porque en cada peso que
pagamos de impuestos una parte irá a cubrir esa deuda.
¿Y
entonces? Con qué ánimo vamos a pagar impuestos si sabemos que una parte de los
mismos van a financiar la opulencia y el derroche de otros que no tenían
derecho a ese, nuestro dinero? Y eso no es todo .. . ¿Con que autoridad moral
va el gobierno a recaudar impuestos si ya la gente sabe que hacen con esas
recaudaciones?
El asunto
es medio complicado.
No se
puede negar, ni descartar, ni considerar esos 92 millones de otra manera que no
sea como corrupción inequívoca, pura, simple e in fraganti. Y se sabe que el
gobierno tendrá que reaccionar a esa realidad porque de nuevo, han sido
sorprendidos in fraganti. Pero ¿como lo harán? Bueno, se espera que jueguen al
cansancio y al ruido. Siempre les ha ido bien con esa combinación. Darle largas
al asunto, apostar al olvido y meter mucho ruido para que la gente, que de
hecho no piensa, ni siquiera se acuerde del caso sepultado en otros escándalos,
no pregunte, no se enoje ni se indigne.
Pero,
¿irá la gente a indignarse o seguirá en la misma chercha? Uno se pregunta
por toda la gente en el entorno de ese rondón que nada tiene de ángel si
estarán aplaudiendo sus hazañas o poniendo distancia para no dejarse arrastrar
al charco. Hay muchos que celebran estas proezas. Para ellos el rondón que
nunca ha sido ángel es un tipo listo, un hombre de éxito aunque no forme parte
de ninguna corte celestial. Ni falta que les hace calculan y concluyen.
Y de
aquellos que dicen, con sobrada razón, pero señores, 92 millones son peonías,
puro alpiste comparado con los miles de millones que han corrido la misma
suerte. Poniendo un solo ejemplo, se sabe que Punta Catalina, que podía haberse
construido con algo menos de mil millones, ya va por tres mil millones y nadie
sabe cuando terminará si es que termina porque bien parece esa planta el
mausoleo donde terminarán sepultados los sueños de grandeza de Danilo Medina y
donde marchitará el agradecimiento que a su insigne obra esperan tanto él como
sus acólitos. Pero, los dominicanos se olvidan de algo. Al Capone, con todo lo
rico y poderoso que era, fue sometido, enjuiciado y encarcelado no por los
muertos que se le computaban, ni por los abusos, ni por la extorsión sino por
evasión fiscal, así que no importa mucho que los 92 millones sean tan poca cosa
comparado con todo lo que esta gente ha cogido pero es que ahora, además de lo
cogido, el monto, los cogieron in fraganti, las circunstancias. Piense uno
solamente cuantos cientos de millones de dólares hemos pagado y pagaremos en
exceso a ODEBRECHT porque si ellos repartieron 92 millones en sobornos ¿cuantas
veces esa misma cantidad fue sumada a las obras como sobreprecio? Cuando usted
soborna un policía en la calle, generalmente paga un 10% del valor de la multa.
Por lo tanto y aplicando la misma regla, ODEBRECHT nos ha costado literalmente
el doble del valor de las obras y . . . me quedo corto.
Y la
gente. ¿Estamos suficientemente indignados? Mas que ayer si, pero no creo
que lo suficiente. ¿ Y la marcha? Muy bien, es una convocatoria a la que no
podría renunciarse sin admitir que nada importa. Claro, mientras mas acudan,
mas cerca de la indignación estamos. Pero si esa marcha contara con todos los
indignados tendríamos una muestra de la temperatura que marca el termómetro.
Justamente por eso, el gobierno hará todo lo posible para que fracase. El
gobierno no quiere marcha, ellos quieren Comisión, una donde quien la preside
debió inhibirse por puro, simple y claro conflicto de intereses. Pero esa es la
República Dominicana.
Los resultados de esa Comisión
como la Comisión misma no tienen ni pueden tener credibilidad, pero por
ahora, es el primer recurso del gobierno que no puede negar la acusación y
tampoco sabe que hacer con ella, ni contra ella. En 1962, si no me traiciona la
memoria, fueron juzgados y condenados los acusados de asesinar a las Hermanas
Mirabal. Fue el único juicio de fondo y televisado en blanco y negro
además. Allí se ventilaron y tapiaron para siempre todos los crímenes de
la Era de Trujillo. Los 92 millones pueden ser el equivalente, el caso donde se
enjuicie la corrupción pública y política en la República Dominicana. Aun
siendo tan poco, luce demasiado.
La
marcha contra la impunidad
http://acento.com.do/2017/opinion/8419469-la-marcha-la-impunidad-%E2%80%A8/
Miguel Sang Ben - 16 de enero de 2017 -
Para el
domingo 22 de enero, del año que recién comienza, se ha convocado una “Marcha
contra la Impunidad”. La convocatoria se ha hecho, sustancialmente, por las
redes sociales, lo que pone a prueba la tesis de Moisés Nain en su obra El
fin del poder de que la nueva política se basa en la movilización
ciudadana mediante la articulación de las redes sociales.
Veamos si
en el caso dominicano existe suficiente conciencia ciudadana como para seguir
el ejemplo brasileiro o de Corea del Sur. En el primero, las calles de todas
las ciudades se abarrotaron exigiendo la persecución de los políticos corruptos
que llevó a la defenestración de la Presidenta Rousseff y, en la
segunda, un millón de coreanos se lanzaron a las calles ante el abuso de
confianza de una consejera espiritual de la suspendida Presidenta Pak.
Los lodos
han salpicado a la República Dominicana por la confesión de que las coimas
repartidas por Oderbrecht alcanzaron la cifra de 92 millones de dólares sólo a
políticos dominicanos. Pero los dominicanos no tenemos una justicia
independiente y vemos cómo desde el Ministerio Público se ofrece “bajaderos” al
único implicado, el civil que dice que el dinero entregádole en su función de
“hombre del maletín” para que distribuya a los políticos recipiendarios de
tales coimas.
¿Existe
en la práctica forense dominicana el incentivo de la pena negociada si hay una
delación de tal calibre? Esta negociación es lo que ha llevado en Brasil a
lograr el destape de la investigación llamada “Lava Jato” (Lavadero de carros).
Aquí, sin más pena ni gloria, la maquinaria judicial pretende que el único
sospechoso roce la gloria al mantenerse incólume diciendo que ese dinero lo
recibió como sus beneficios al servicio del monstruo brasileiro. Por eso se
necesita la presión de la ciudadanía “común y silvestre”, como en Corea y
Brasil.
Aquí, por
más admirables servidores de la Justicia como la pléyade vigente de Jueces y
Procuradores, no se destaca un Juez Sergio Moro, que sigue adelante ante los ardides
que la clase política brasileira le antepone a sus diligencias. Me viene a la
memoria el Juicio a los asesinos de las Hermanas Mirabal, por años posteriores
al tiranicidio, donde apareció la tenacidad del Fiscal Rafael Valera Benítez,
quien “arriesgó la faja” por perseguir la condena de los acusados.
Lo que
debemos reclamar los dominicanos de a pie, quienes estamos convocados a la
Marcha contra la Impunidad, es por la independencia del Poder Judicial, su
adecentamiento, y que sirva de pivote para la renovación de la sociedad
política. Como se cuenta que se pudo luchar contra la mafia en la Italia de los
años de fin del siglo pasado. Allá se pagó el precio de Aldo Moro ajusticiado y
de los jueces volados por los aires, aunque la sociedad tarde su tiempo, el
proceso se inició.
Aquí, oportunidad se presenta y
como dice el refrán, “calva y hay que agarrarla por los cabellos” pues podemos
asestarle un golpe ejemplar a la corrupción y que inicie la renovación de la
clase política, como parece que pasará en Brasil y Corea del Sur. Además,
faltan los datos que produzca el caso de los Tucanos, también desarrollándose
en Brasil. ¡Dios oiga nuestro reclamo!
Los sobornos de Odebrecht
http://acento.com.do/2017/opinion/8419951-los-sobornos-odebrecht/
La
empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, envuelta en un escandalo
continental de sobornos para hacerse con la mayoría de las grandes obras de
ingeniería de los países de nuestra sufrida América, ha admitido su
culpabilidad y detallado a las autoridades de Brasil y de los Estados Unidos
los montos de los sobornos destinados a cada país y a las autoridades que los
tomaron.
A
Republica Dominicana destinaron 92 millones de dólares, la segunda suma mas
alta en su listado de sobornos y ni así las autoridades dominicanas iniciaban
las investigaciones de rigor. Solo la presión social hizo que el gobierno
reaccionara, pero a mi entender, lo ha hecho mas para tapar que para descubrir.
Me
explico, no seria mas fácil, ágil y rápido que el Procurador General de la
Republica se diera un viajecito a Brasil y otro a Estados Unidos para
solicitarle a las autoridades de esos países copia de sus investigaciones en
lugar de estar pidiendo documentos irrelevantes, porque en ningún contrato se
establece el monto del soborno, a los implicados locales del caso.
La
actuación del Procurador, a mi entender, es para darle largas al tema y
que con el tiempo se vaya diluyendo. Igual propósito tiene la designación de
una Comisión para investigar si la licitación y el contrato de las plantas a
carbón de Punta Catalina fueron transparentes o no.
Esa
Comisión tiene varios miembros con profundos conflictos de intereses que por
ética no debieran participar de la investigación supuesta a realizar, a menos
que sepan de antemano que su designación no es para que aclaren sino para que
enturbien.
Aparte de
darle largas al tema me luce que el Procurador también quiere buscar un chivo
expiatorio, el empresario Ángel Rondón, quien lamentablemente parece dispuesto
a hacer el sacrificio. A Ángel Rondón lo conozco desde hace unos 30 años,
cuando era un alto ejecutivo del Banco Dominico Hispano, por eso no voy a hacer
juicios de valor de sus actuaciones, creo que Ángel es un hombre astuto y que
en su momento deberá tomar decisiones que marcaran su vida para siempre, a el y
a su familia le deseo que salgan lo mejor posible de esta encrucijada.
Lo que entiendo también es que
este escandalo y el de los aviones Súper Tucanos, donde hay admisiones de
sobornos y se conocen algunos de los sobornados, debe ser un punto de inflexión
para el pueblo dominicano en cuanto a la corrupción, por eso el próximo domingo
voy para la marcha contra la impunidad y sugiero que todo aquel que este harto
de que le sigan robando su futuro acuda a la misma, la cual debe celebrarse de
forma pacifica pero firme y contundente en su exigencia y sin temor a los
resultados que puedan devenir de lo que puede ser el inicio de una Primavera
Dominicana.
Marcha
Contra la Impunidad: acumulación de indignación
Domingo Matías - 19 de enero de 2017 -
12:07 am –
La Marcha
Contra la Impunidad, que se realizará el próximo domingo 22
de enero,
puede convertirse en el acontecimiento de movilización social más amplio de la
última década, en República Dominicana. Es una marcha de la acumulación de
indignaciones.
La Marcha
Contra la Impunidad es parte de un continuum de luchas sociales impulsadas en
los últimos años por movimientos sociales. Es la continuidad del proceso de
lucha contra la instalación de la cementera en Gonzalo, Monte Plata, próximo al
parque nacional de los Haitises, por parte del Grupo Estrella. El mismo Grupo
que está vinculado con Odebrecht y la planta de Punta Catalina, en cuya
licitación intervino uno de sus socios y orientador, Rodolfo Cabello. La marcha
es la continuidad de procesos sociales impulsados contra el fraude fiscal, que
dejó el último periodo de Gobierno de Leonel Fernández, denunciado entre
septiembre-diciembre 2012. Es la continuidad de levantamientos sociales
pacíficos en defensa de Loma Miranda y de bahía de las Aguilas, y en contra de
la sustracción ilegítima de las riquezas mineras por parte de la Barrick Gold.
Ese continuum incorpora la demanda sistemática contra decenas de casos de
corrupción que no prosperaron en los tribunales dominicanos. La marcha contra
la impunidad del domingo 22 de enero 2016, es la ampliación de las Cadenas
Humanas contra la corrupción de la OISOE.
El
soborno de Odebrecht, es un soborno a la democracia por parte del sistema
político. Un soborno no sólo de políticos que actuaron de modo individual y en
formato de asociación de malhechores. Es un soborno donde hay un mapa
variopintos de actores: Congreso Nacional, Dirección General de Impuestos
Internos, la Cámara de Cuentas que no controló las declaraciones juradas de
patrimonio, el sistema bancario dominicano, las instituciones que adjudicaron
obras, los empresarios beneficiarios, buffet de abogados. Y a nivel de América
Latina el mapa integra a los lobbistas de E.E.U.U., que destaparon el escándalo
por beneficio para las empresas norteamericanas, al igual como lo hicieron con
el caso de los aviones Tucanos. Además, los gringos lograron torcer el pulso a
las pretensiones de continuidad de Roberto Rosario, expresidente de la JCE,
quien promovió licitaciones que fueron cuestionadas por la embajada Gringa y
por muchos dominicanos.
Lo anterior
y otras incidencias locales por derechos en los territorios, es el continuum de
procesos sociales que deberán articularse para la construcción de procesos
políticos con efectos en la correlación de fuerzas políticas. La generación de
contrapeso con identidad propia, con amalgamas de colores, y sin colores que
quieren reciclarse en las coyunturas políticas desfavorables a sus contrarios
similares. El movimiento social deberá apropiarse de una la visión estratégica
sostenible, adentrarse a un enfoque de construcción política, y que su
liderazgo adquiera posicionamiento en el imaginario social. El liderazgo, la
vanguardia, debe soportarse en masas o ciudadanos que le respalden de modo
consistente y coherente. Saltar las redes electrónicas y llegar a las redes
sociales territoriales.
La marcha es política, los
imputados son políticos y beneficiarios de políticos. El 22 a la marcha. El
23….?
Marchas
de protesta, alerta democrática
http://acento.com.do/2017/opinion/8419374-marchas-protesta-alerta-democratica/
Segundo Imbert
Brugal -
16 de enero de 2017 - 12:09 am -
Entumecido
el pueblo entre asistencialismo y limosnas, fraterno el comité
central, la militancia al socaire del clientelismo y el delito, y debilitados partidos
e instituciones, prevén un largo reinado del PLD. Realidad política bien
sabida. Por eso, los gobiernos de ese partido pueden colocarse al
margen de la ley sin temerle a las consecuencias.
Enraizada en
el poder y sin oposición cualquier organización eficaz, millonaria
y sin escrúpulos, se hace ajena al reclamo
popular. Estado y capital
concentran su quehacer en proyectos de conveniencia
inmediata. Mientras, la gente gesta sin fecha fija
el desbordamiento colectivo. Y, siempre es igual, nadie
lo ve venir.
Llegado
ese “punto de inflexión”- que recuerda acertadamente Andrés L Mateo-
dos cosas pueden suceder: un grito inequívoco de protesta que comienza una
conmoción cívica o, de no producirse la queja, quedarse asentado el silencio
a modo de rendición incondicional, una “carte blanche” al
desgobierno.
Noam
Chomsky, imprescindible cuando de sociología política se trata, no
titubea en recomendar la protesta legitima ante un Estado avasallador. Ilustra
su afirmación detallando tácticas utilizadas por la derecha
norteamericana durante el gobierno de Reagan, que
lograron desmantelar un sinnúmero de
movimientos sindicales economizándose el inconveniente de las huelgas. Demuestra
el prestigioso académico el papel crucial que jugaron las manifestaciones
callejeras en la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam.
“El
político es reactivo y no activo”. Tienden a no hacer
nada si no se ven obligados a ello; prefieren dejar todo tal cual y
seguir gozando del gobierno. Su estado favorito es la inercia. Parecen
manufactureros chinos, pagando y sirviendo arroz en cantidades mínimas, tan
solo para asegurarse la empleomanía y evitarse rebeliones.
Ni más ni menos.
Si
queremos cambiar lo que sucede en este país tenemos que asustar a
alguien. La pasividad no cambia nada. Manifestarse es un vehículo
democrático que permite darle sustos al poder. Aunque maltrecha, esto sigue
siendo una democracia y tenemos derecho a hacerlo.
Fueron
marchas de indignados las que consiguieron ese mal utilizado
4% para la educación, las que despertaron conciencia ambientalista
denunciando el desastre ecológico tolerado por las autoridades. ¿Y
acaso no fue la revolución de abril una
marcha levantada en armas? No importan
los sofismas que intentan demostrar lo contrario, basta ojear la
historia y se conocerá de inmediato la eficacia de las manifestaciones
públicas.
Ningún
grupo de poder, comercial, político o religioso ve con buenos ojos
cuando hay masas en las calles. Les temen, pues imaginan conmociones
incontenibles; les angustia imaginarse una revuelta que llegue a mermar sus
ganancias. Pero esta vez no se justifica el miedo, será un simple
desahogo. Esta marcha no es la llegada
del desbordamiento, todo lo contrario, es una simple alerta cívica,
nada más.
Es
necesario y saludable acojonar de vez en cuando al gobierno, obligarlo a
meditar sobre el deber olvidado de respetar al pueblo, y sus
leyes, ¡Que se inquieten! Amarguémosle un poco el disfrute del
botín.
Es imperativo finalizar
la indiferencia colectiva. Que termine el irrespeto que ha permitido
a un ministro decir: “aquí la gente está en comida”, faltándole poco
para añadir: “como los cerdos”.
Marchemos
por un cambio
http://acento.com.do/2017/opinion/8420616-marchemos-por-un-cambio/
Paradójicamente
el escándalo de corrupción más grande que ha ocurrido en los últimos tiempos en
Latinoamérica, por sus características de red de corrupción internacional, los
montos involucrados y las evidencias hechas públicas en distintos procesos
judiciales en Brasil y los Estados Unidos de América, podría significar la
oportunidad de un cambio en el modus operandi de la política y los negocios en
la región, que muchas veces son la misma cosa.
Aunque
era un secreto a voces que la predilección por ODEBRECHT de distintos
gobiernos, incluyendo el nuestro, no era mera casualidad, que esta empresa
manejaba cifras millonarias para conseguir sus contratos y que funcionarios que
habían ejecutado acuerdos de obras con la misma habían aumentado
significativamente sus patrimonios y celebraban impunemente sus fortunas; la
propaganda gubernamental, el miedo a ir en contra del poder político y
económico así como la apatía y la ignorancia, hacían que esto fuera
preocupación de unos cuantos.
El
resultado de la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia
sacudió los cimientes y de pronto los ciegos ven y los sordos escuchan en este
país, lo que ha forzado a nuestro débil poder judicial a abrir una
investigación que a la fecha luce timorata y pueril, y ha sacado de su confort
al gobierno, que intenta salir de la situación con la designación de una
Comisión cuya integración y legitimidad ha sido muy cuestionada y con una
estrategia de comunicaciones tendente a justificar la obra principal de Punta
Catalina y a desacreditar la marcha ciudadana por el fin de la impunidad,
lestrategia que luce tener poco impacto ante la gravedad de los hechos.
Con
sobradas razones la gente está indignada, asqueada, disgustada y dispuesta a
exigir sanciones y el fin de una impunidad que ha castigado el pasado y el
presente de este país, y que de no hacerse un cambio sustancial, castrará
también nuestro futuro. Y no es solo la gente que se expresa en las redes
sociales o la que decidirá sumarse a la convocatoria de una marcha, sino
también aquellos cuyas voces generalmente no se hacen sentir pero cuyo enojo es
elocuente.
Nunca es
más oscuro que cuando va a amanecer y por eso esta situación podría convertirse
en la ocasión para desmontar el sistema de corrupción, de tráfico de
influencias, de impunidad, de clientelismo y de manipulación de la opinión
pública que han construido algunos de nuestros políticos y gobernantes.
Pero esto
no ocurrirá solo, es necesaria la acción de la gente, del ciudadano común que
tiene que empoderarse y atreverse a exigir cumplimiento de la ley,
investigación imparcial y sanción para los culpables. Y poco importa si
oportunistas o políticos se suman a esta acción o simulan hacerlo, pues lo que
cuenta es el sentir popular de que se requiere un cambio y de que estamos dispuestos
a luchar por el mismo, a la vez que decididos a no seguir aceptando una
justicia complaciente, unas autoridades intocables y un partido de gobierno
todopoderoso.
Por eso
debemos exigir sin cansarnos, marchar juntos aunque nos duelan los pies y luchar
hasta provocar el rompimiento de un pernicioso, rentable y peligroso sistema
que ha hecho de la política el modo más rápido y seguro para enriquecerse, del
Estado la presa predilecta de la corrupción, de la ley una regla que se impone
solo a algunos, de la justicia una complaciente balanza que solo se
inclina ante los débiles.
Marchemos en nuestros hogares, en
nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestros clubes, y en todos
los espacios en que interactuamos, porque marchar es mucho más que caminar un
día por una causa, es hacerlo todos los días hasta lograr el objetivo.
Movilización
y espacios de resistencia
http://acento.com.do/2017/opinion/8420618-movilizacion-espacios-resistencia/
Un grupo
de organizaciones de la sociedad civil dominicana ha convocado a una caminata-protesta
contra la impunidad el domingo próximo 22 de enero. El reciente escándalo
Odebrecht, que implicó sobornos millonarios para obtener contratos de
obras públicas, ha generado una indignación a nivel internacional.
Una de
las características de nuestra sociedad –y de Latinoamerica- es la existencia
de una atmósfera de alienación donde las personas socialmente excluidas no se
sienten sujetos de derechos y deberes, sino desheredados de la fortuna. Como
las mismas no relacionan su situación de pobreza con el ejercicio corrupto del
poder y sienten que no se puede hacer nada como colectivo para solucionarlo,
aspiran a una solución personal de sus necesidades.
Entonces,
se inicia una dinámica donde la sociedad se llena de grupos apandillados que
defienden intereses particulares contrarios al bien común y se sospecha de todo
proyecto que sea proclamado como dirigido al bienestar colectivo
Por otro
lado, el Estado, creador de un modelo de desarrollo económico excluyente,
aprovecha la situación de exclusión para obtener lealtades a través de
programas clientelistas de asistencia social y empleos en las instituciones
públicas. De este modo el principal responsable de la problemática social es
visto como el solucionador de la necesidad personal, creando un círculo vicioso
que contribuye a sostener el estado general de injusticia
Por
tanto, es necesario romper este círculo con la creación de espacios de
resistencia. Las movilizaciones sociales pueden abrirlos, siempre y cuando se
organicen a partir de un programa y cuidándose de los sectores oportunistas que
intentan aprovecharse de la construcción de espacios de resistencia para llevar
a cabo su propia agenda partidaria.
Estamos ante un momento que puede
convertirse en una acción banal de ciertos segmentos de las clases medias o en
un punto de giro que, combinándose con otras formas creativas de resistencia
pueden contribuir con la democratización de una sociedad prisionera entre las
redes de familias oligárquicas y un “Estado-partido” cada vez más depredador.
Marchar
contra la corrupción
http://acento.com.do/2017/opinion/8420609-marchar-la-corrupcion/
El Estado
dominicano ha sido siempre la guarida de grupos que han buscado el
enriquecimiento rápido y la impunidad, desde el 1844. Asombra que la práctica
política reinventa palmo a palmo todo lo que desde el siglo XIX ha configurado
el accionar del liderazgo nacional. Y no es mala suerte, ni designio, ni
naturaleza. Es ideología, “ideología dominante”, o sea la idea cuando domina;
de la que no se han podido zafar la enorme mayoría de nuestros gobernantes. El
imaginario de los políticos dominicanos es la concepción patrimonial del
Estado. Ulises Francisco Espaillat se desengañó de la política porque el pobre
hombre soñó que era posible gobernar éste país con los artilugios del sentido
común, y cuando se topó con la dura realidad de los intereses, proclamó airado
que “somos un país que vive exiliado de la razón”. El pobre hombre quería
gobernar con un “ejército de maestros”, y los generales despanzurrados sobre la
dulce carga de la patria pedían su tajada, se regodeaban en la angurria que
hace natural, ante los ojos del partidario, el “derecho al botín de guerra”. La
Patria es un botín, la patria es la fisura entre lo que amamos y lo que
deseamos; y toda la historia de éste país ha ido de caída en caída porque
quienes nos han gobernado, en una inmensa mayoría, la golosean, la ven, y la
viven como un botín.
La
corrupción es una sombra tutelar omnipresente, un espigón clavado en el corazón
mismo de la historia dominicana. Somos nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes,
los que tenemos que reaccionar frente al despojo. La historia contemporánea es
una violenta lección de corrupción en acto que nos ha robado un cúmulo
inabarcable de felicidad ciudadana. ¿Qué es la corrupción, esencialmente? Una
negación de derechos, porque lo que el corrupto se roba afecta a
todos. El Estado tiene el compromiso de mejorar las condiciones de
existencia de sus ciudadanos, lo que el corrupto obtiene en confort individual
y riqueza, se lo sustrae al bienestar del pueblo. Es la negación de
derechos más plena y rotunda, porque la acumulación de capital del corrupto no
supone más que el aprovechamiento de la oportunidad de administrar el
Estado. La descontrucción de la corrupción como fenómeno social, deja al
desnudo todo el desamparo de una forma de organización de la convivencia social
que favorece el dolo, el cinismo, y la defraudación. Si ésta sociedad no
le pone un límite al gobierno corrupto y al Estado clientelar, las normas
civilizadas de la convivencia terminarán colapsando.
De Pedro
Santana a Rafael Leónidas Trujillo Molina. De Balaguer a Danilo Medina, la
corrupción se ha convertido en el prototipo inmóvil de nuestra existencia
dentro de la cual todos los límites son posibles. Y lo que ahora ocurre, en el
gobierno de Danilo Medina, es tan solo la hipérbole de un gesto despótico de un
grupo económico que ha convertido el Estado en su finca particular. Si la
corrupción es una constante histórica, ¿por qué hemos reaccionado frente al
caso ODEBRECHT, con tantos bríos y disposición ciudadana? Simplemente
porque en la actualidad la corrupción ha dado un salto cualitativo. No se trata
únicamente de que nos veamos en el centro de una red internacional de
corrupción, sino del hecho inocultable de que todo el Estado es una maquinaria
de negocios. Concursos fingidos, comisiones, compañías de carpetas,
organizaciones de extorsión a contratistas, asignación de exoneraciones para
importación, pago de nóminas a militantes del partido con los fondos públicos,
adulteración de precios para obtener altos dividendos; en fin, una
verdadera estructura política económica destinada a la exacción del Estado. Nos
hemos topado de golpe con la hipercorrupción, un hito sociológico de la
historia dominicana atribuible a los gobiernos del PLD, particularmente
al de Danilo Medina.
Es por ello que el contribuyente
dominicano debe salir a las calles cívicamente, y denunciar lo que ocurre. El
domingo 22 a las diez de la mañana los que pagan impuestos, los pobres de
solemnidad, los contribuyentes dominicanos estamos en la obligación de gritar:
¡Basta ya de corrupción e impunidad!
Caso
Odebrecht evidencia corrupción sistematizada e impune en Latinoamérica
http://www.7dias.com.do/portada/2017/01/16/i223485_caso-odebrecht-evidencia-corrupcion-sistematizada-impune-latinoamerica.html#.WHy_8vArLyQ
BOGOTÁ.-
Los sobornos admitidos por Odebrecht han
evidenciado que la corrupción con complicidades políticas es un mecanismo
sistémico en la mayoría de países latinoamericanos más allá de la escandalosa
implicación de la constructora brasileña.
Una vez que el emporio brasileño ha reconocido haber recurrido al soborno para ganar licitaciones públicas en varios países latinoamericanos corresponde a estos esclarecer el destino de esos fondos con los que se compraron voluntades políticas, si no quieren añadir a la corrupción el peor mal de la impunidad.
Hasta ahora, de los países implicados, además de Brasil únicamente Colombia ha actuado en esa dirección y ha revelado con nombres y apellidos a dos supuestos destinatarios de los sobornos de Odebrecht, al arrestar al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
En Brasil, origen de este escándalo internacional, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia a 19 años de cárcel.
Marcelo Odebrecht es uno de los muchos ejecutivos de su empresa y de otras, las principales constructoras del país, que han sido juzgados y condenados por pagar sobornos en Brasil, donde también se han depurado responsabilidades políticas al más alto nivel, que aún pueden alcanzar inciertas consecuencias.
En el resto de países latinoamericanos donde opera Odebrecht queda por dilucidar el destino de los sobornos de esta empresa, su alcance político y si ha sido la única empresa, nacional o extranjera, que ha incurrido en ese delito para ganar licitaciones u obtener cualquier tipo de ventajas y favores.
Resulta sintomática la reciente declaración de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, al afirmar que eran "un "secreto a voces" los sobornos de Odrebrecht en su país, donde la empresa brasileña es la primera constructora por cantidad de obras y volumen de inversión.
Las autoridades panameñas no abrieron una investigación formal sobre ese "secretos a voces" hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Durante los dos años y medio de la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela, Odebrecht ha ganado dos licitaciones en Panamá, la de la Línea 2 del metro, en asociación con la española FCC, y la de construir 5.000 viviendas y restaurar el centro histórico en la ciudad de Colón.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a "funcionarios e intermediarios del Gobierno" como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
En todos esos países se han abierto investigaciones, se han anunciado medidas sin concretar contra Odebrecht más allá de anunciar, en algunos casos, como en Perú, que la empresa ya no podrá participar en más licitaciones, pero la Justicia no ha imputado a nadie, salvo en el caso de Brasil y Colombia.
Por la forma aparentemente escrupulosa y con diversas instancias del Estado implicadas en la que se desarrollan las licitaciones en estos países, es difícil aceptar que sean una o dos personas en cada caso las destinatarias de los sobornos capaces de decidir la concesión de obras a una u otra empresa.
También se hace difícil aceptar que Odebrecht sea la única empresa que ha pagado sobornos, o las llamadas "coimas", para ganar licitaciones en los países en que actúa, o al menos hace válida la pregunta de en qué casos y en qué medida ofreció el soborno y cuándo se lo exigieron por adelantado como parte de un sistema imperante.
En EE.UU., donde a Odebrecht se le ha aplicado el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque opera en territorio estadounidense, el caso está aun abierto y su desarrollo podría acabar revelando el nombre de las supuestas personas e instituciones que recibieron los sobornos.
EE.UU. abrió este caso y reveló sus complejos y devastadores resultados con una sorprendente celeridad cuando Odebrecht firmó a finales del pasado año un acuerdo de delación con la Justicia de Brasil, consistente en aceptar su implicación en los sobornos en ese país y colaborar para conocer todo su alcance.
Uno de los propósitos de la multinacional brasileña al firmar ese acuerdo no puede dejar de suponerse que es conseguir a precio millonario la libertad en un juicio de segunda instancia de su propietario, Marcelo Odebrecht.
En estas circunstancias, no resulta baladí recordar que desde que en EE.UU. entró en vigencia la mencionada Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con las duras sanciones que establece, las empresas de ese país no ganan -ni apenas se presentan a concurso- casi ninguna licitación pública en América Latina, donde casi siempre las ganan otras empresas latinoamericanas o europeas.
Una vez que el emporio brasileño ha reconocido haber recurrido al soborno para ganar licitaciones públicas en varios países latinoamericanos corresponde a estos esclarecer el destino de esos fondos con los que se compraron voluntades políticas, si no quieren añadir a la corrupción el peor mal de la impunidad.
Hasta ahora, de los países implicados, además de Brasil únicamente Colombia ha actuado en esa dirección y ha revelado con nombres y apellidos a dos supuestos destinatarios de los sobornos de Odebrecht, al arrestar al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
En Brasil, origen de este escándalo internacional, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia a 19 años de cárcel.
Marcelo Odebrecht es uno de los muchos ejecutivos de su empresa y de otras, las principales constructoras del país, que han sido juzgados y condenados por pagar sobornos en Brasil, donde también se han depurado responsabilidades políticas al más alto nivel, que aún pueden alcanzar inciertas consecuencias.
En el resto de países latinoamericanos donde opera Odebrecht queda por dilucidar el destino de los sobornos de esta empresa, su alcance político y si ha sido la única empresa, nacional o extranjera, que ha incurrido en ese delito para ganar licitaciones u obtener cualquier tipo de ventajas y favores.
Resulta sintomática la reciente declaración de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, al afirmar que eran "un "secreto a voces" los sobornos de Odrebrecht en su país, donde la empresa brasileña es la primera constructora por cantidad de obras y volumen de inversión.
Las autoridades panameñas no abrieron una investigación formal sobre ese "secretos a voces" hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Durante los dos años y medio de la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela, Odebrecht ha ganado dos licitaciones en Panamá, la de la Línea 2 del metro, en asociación con la española FCC, y la de construir 5.000 viviendas y restaurar el centro histórico en la ciudad de Colón.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a "funcionarios e intermediarios del Gobierno" como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
En todos esos países se han abierto investigaciones, se han anunciado medidas sin concretar contra Odebrecht más allá de anunciar, en algunos casos, como en Perú, que la empresa ya no podrá participar en más licitaciones, pero la Justicia no ha imputado a nadie, salvo en el caso de Brasil y Colombia.
Por la forma aparentemente escrupulosa y con diversas instancias del Estado implicadas en la que se desarrollan las licitaciones en estos países, es difícil aceptar que sean una o dos personas en cada caso las destinatarias de los sobornos capaces de decidir la concesión de obras a una u otra empresa.
También se hace difícil aceptar que Odebrecht sea la única empresa que ha pagado sobornos, o las llamadas "coimas", para ganar licitaciones en los países en que actúa, o al menos hace válida la pregunta de en qué casos y en qué medida ofreció el soborno y cuándo se lo exigieron por adelantado como parte de un sistema imperante.
En EE.UU., donde a Odebrecht se le ha aplicado el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque opera en territorio estadounidense, el caso está aun abierto y su desarrollo podría acabar revelando el nombre de las supuestas personas e instituciones que recibieron los sobornos.
EE.UU. abrió este caso y reveló sus complejos y devastadores resultados con una sorprendente celeridad cuando Odebrecht firmó a finales del pasado año un acuerdo de delación con la Justicia de Brasil, consistente en aceptar su implicación en los sobornos en ese país y colaborar para conocer todo su alcance.
Uno de los propósitos de la multinacional brasileña al firmar ese acuerdo no puede dejar de suponerse que es conseguir a precio millonario la libertad en un juicio de segunda instancia de su propietario, Marcelo Odebrecht.
En estas circunstancias, no resulta baladí recordar que desde que en EE.UU. entró en vigencia la mencionada Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con las duras sanciones que establece, las empresas de ese país no ganan -ni apenas se presentan a concurso- casi ninguna licitación pública en América Latina, donde casi siempre las ganan otras empresas latinoamericanas o europeas.
Conozca
cómo operaba el esquema de sobornos de Odebrecht
http://www.7dias.com.do/destacada/2016/12/23/i222542_conozca-como-operaba-esquema-sobornos-odebrecht.html#.WF72kvkrLIU
La
movida carioca
El arte de gobernar generalmente
consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de
ciudadanos para transferirla a otra. Voltaire (François Marie Arouet) .
Cual si se tratase de una novela policíaca del
aclamado escritor norteamericano James Ellroy, el pasado miércoles fue develada
al público la parte final de una trama de corrupción e intrigas internacional
que involucra a presidentes, ministros, legisladores, empresarios, periodistas
y otros actores relevantes de la vida pública internacional.
Se trata del acuerdo de cooperación y admisión de
culpabilidad firmado por ejecutivos de las empresas brasileñas Odebrecht y
Braskem ante la fiscalía general del distrito este del estado de Nueva York,
Estados Unidos.
El acuerdo busca reducir las penalidades a las
cuales podrían ser sometidas dichas empresas y sus ejecutivos, quienes
cooperaran con las autoridades norteamericanas, suizas y brasileñas para
develar por completo la estructura corrupta que durante los últimos 20 años
fueron desarrollando dichas empresas y a través del cual habrían pagado más de
un billón de dólares en sobornos y pagos de facilitación.
Cómo funcionaba el esquema
"Todo hombre tiene su precio, lo
que hace falta es saber cual es" Joseph Fouché
Odebrecht es una de las empresas constructoras más
grandes del mundo, en el momento de la publicación de este artículo cuenta con
operaciones en 26 países ubicados en 4 de los 5 continentes donde desarrolla al
menos 12 líneas de negocios distintos con una nómina de 128 mil empleados de 70
nacionalidades distintas.
En cada uno de los países donde opera, la empresa
es representada por lo que se conoce cómo un "Country Manager". Esta
posición conllevaba la administración total de las operaciones en el país en
cuestión y quien la ocupaba hace las veces de "Procónsul" del imperio
Odebrecht.
Con una amplia capacidad de toma de decisiones, los
country managers son responsables de, conjuntamente con las autoridades
locales, determinar cuales obras serán prioritarias y cuales serían de mayor beneficio
económico para la empresa y sus contraparte gubernamentales.
Una vez desarrollado este "plan
estratégico" de infraestructura para el país entonces iniciaba la fiesta,
o cómo decimos en República Dominicana "Arrancaba Haina a moler". Se
procedía entonces a armar las licitaciones amañadas, los concursos arreglados y
las contrataciones directas en las cuales todos "guayaban del coco"
recibiendo los funcionarios sobornos millonarios y la empresa ejecutando las
obras.
Pero cómo ha quedado demostrado, si algo
caracteriza a los ejecutivos de la empresa brasileña es su capacidad de generar
negocios de grandes beneficios, y de lo que era un obstáculo para sus planes,
la falta de fondos públicos suficientes para la ejecución de grandes obras,
nace otro gran negocio: el financiamiento de las obras.
Esta parte del negocio resultaba igual de rentable
que la propia ejecución de las obras. Con la gestión del financiamiento venían
las comisiones por corretaje las cuales se pagaban tanto del lado de los
acreedores internacionales cómo del lado de los deudores locales, es decir los
gobiernos.
Con esto se cerraba el círculo perfecto de la
corrupción: Congresos que aprobaban la toma de empréstitos por parte del
gobierno, dinero con el cual se aseguraban las ejecuciones de las obras en
manos de Odebrecht, quien a su vez recanalizaba parte de los fondos a manos de
los mismos funcionarios y congresistas que les otorgaban la ejecución de las
obras.
En resumen, Ganaba Odebrecht, ganaban los
corredores, ganaban los bancos, ganaban los funcionarios, si, ganaban todos,
sólo había un gran perdedor: los contribuyentes con cuyo dinero se pagaban los
préstamos que financiaban las sobrevaluadas obras, es decir, usted y yo amigo
lector.
El santo grial
"El poder tiende a corromper y el
poder absoluto corrompe absolutamente". Lord John Acton
Este parece haber sido el mantra que en los últimos
doce años condujo las operaciones de las empresas procesadas, a las cuales ya
no les bastaba con tener en su nómina a cientos y cientos de funcionarios y
legisladores corruptos alrededor del mundo, sino que además emprendieron un
proyecto que constituiría la consumación de su poder y control en los países
donde operaba: Elegir a sus propios presidentes.
Que mejor manera de garantizar que todas las ejecuciones
de obras públicas se realizaran a través de su empresa que financiando y
coordinando las campañas políticas de candidatos presidenciales y congresuales
que una vez instalados en el poder estarían a la disposición de los intereses
del gigante brasileño.
Para esto la más alta plana ejecutiva de la empresa
contrato a uno de los más geniales pero oscuros personajes de la comunicación
política mundial: el ex-periodista brasileño Joao Santana. Una vez puesto en
marcha el plan en el año 2002, Odebrecht financia a Santana quien funda la
empresa "Polis Propaganda".
De acuerdo al propio sitio web de polis, los mismos
declaran tener operaciones en "Brasil, Venezuela, Angola, República
Dominicana, Argentina, El Salvador y Panamá", países donde aseguran
haber sido los responsables de elegir diputados, senadores, alcaldes,
gobernadores y, principalmente, presidentes, específicamente 7 presidentes
desde el año 2006 en lo que ellos mismos califican como "un récord
mundial".
Dentro de las campañas presidenciales dirigidas por
polis se encuentran las siguientes: 1- Brasil 2006 (Lula Da Silva); 2- El
Salvador 2009 (Mauricio Funes); 3- Brasil 2010 (Dilma Rousseff); 4-
República Dominicana 2012 (Danilo Medina); 5- Angola 2012 (José Eduardo Dos
Santos); 6- Venezuela 2012 (Hugo Chávez); 7- Brasil 2014 (Dilma Rousseff); 8-
República Dominicana 2015/2016 (Campaña para la re-elección de Danilo Medina.
Esta última fue interrumpida por el apresamiento de Joao Santana).
Llama la atención que, de acuerdo a las
declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, es precisamente en estos países
donde Polis eligió presidentes donde ellos realizaban la mayor cantidad de
sobornos:
Parecería que los ejecutivos brasileños se habían
inspirado en la novela política de Richard Condon "El candidato
Manchuriano", sólo que en este caso los presidentes títeres que lograron
elegir no eran victimas del lavado de cerebro sino más bien presa de su propia
gula de poder y dinero.
El principio del fin
"Todo tiene su final, nada dura
para siempre. Debemos de recordar que no existe eternidad" En la vida cada
final es sólo el principio de otra historia" William -Willie- Colón.
Todo comienzo tiene su final y en el caso de esta
trama el comienzo del fin le llegó cómo le llega el final a todos los gigantes
que tienen pies de barro: por los pequeños detalles.
En el caso que nos ocupa el principio del fin se
desató a través de un proceso de investigación iniciado por la policía federal
de Brasil el cual se denominó "Operação Lava Jato" (en español lava
auto"). Este nombre le fue dado a la operación ya que la misma se inició
para dar seguimiento a una red de lavanderías (oh la ironía) y estaciones de
servicio las cuales eran utilizadas para blanquear y movilizar valores de
origen ilícito.
La denuncia inicial partió del empresario Brasileño
Hermes Magnus, en 2008, y cuyo resultado final fue el develamiento de la
estructura de corrupción y el entramado de blanqueado de la petrolera estatal
Petrobras y la vinculación de Odebrecht en todo el esquema de otorgamiento de
obras de infraestructura y mantenimiento de la petrolera.
Al día de hoy el resultado de esta investigación ha
sido la destitución de una presidente (Dilma Rousseff), el encarcelamiento y
procesamiento de un ex presidente (Lula da Silva) así como el encarcelamiento y
enjuiciamiento de cientos de funcionarios públicos de todos los niveles,
empleados de la petrolera, la persecución de congresistas y la posible
destitución y encarcelamiento del actual presidente brasileño (Michel Temer).
El paraíso de la corrupción
"Es un país pequeño y agredido.
Sencillamente triste, triste y torvo, triste y acre. Ya lo dije: sencillamente
triste y oprimido. (...) Decid al viento los apellidos de los ladrones y las
cavernas y abrid los ojos donde un desastre los campesinos no tienen
tierra" (fragmento de Hay un país en el mundo) Pedro Mir.
El anecdotario popular dominicano le atribuye a un
conocido caudillo y ex presidente la frase "La República Dominicana es un
país rico pero pobremente administrado". La historia parece haberle dado
la razón.
Al igual que otros records infames (el país con
peores calificaciones educativas, el país con mas muertes por accidentes de
transito, el país con mayores índices de corrupción, el país con mayor tránsito
de trazas de droga), en este caso la República Dominicana tiene el record
de ser el tercer país que recibió mayor cantidad de sobornos por parte de
Odebrecht.
De acuerdo a los datos revelados por los ejecutivos
brasileños en virtud del acuerdo con las autoridades norteamericanas, en la
República Dominicana se habrían pagado al menos 92 millones de dólares en los
períodos comprendidos entre 2001 y 2014.
Si tomamos en cuenta indicadores cómo tamaño de la
población, índice de PIB, extensión geográfica y cantidad de obras realizadas,
podemos concluir que la República Dominicana fue el país líder en la recepción
de sobornos por parte de Odebrecht, es decir, nuestros funcionarios y
legisladores fueron los más caros a nivel mundial para la empresa (otro record
más digno de publicar).
Por otra parte, en los extractos de las
declaraciones de los ejecutivos de la empresa que hasta el momento han sido
publicadas, se establece que tanto Odebrecht como Braskem utilizaban un
departamento "soterrado" pero totalmente funcional que de manera
sistemática y prácticamente automática pagaba cientos de millones de dólares a
funcionarios gubernamentales corruptos en al menos tres continentes.
Los ejecutivos brasileños han declarado a las
autoridades norteamericanas que era precisamente desde República Dominicana
donde operaba la oficina de "propinas". En poca palabras, desde
territorio dominicano salían todas las operaciones fraudulentas y corruptas
hacia los países donde Odebrecht hacia negocios, es decir, que nos constituimos
en exportadores de corrupción, habría que confirmar si estas operaciones fueron
tomadas en cuenta por el Banco Central para determinar los índices de
exportación del país.
Sin deseos de entrar en el campo de la
especulación, pudiéramos colegir que la alta dirección de Odebrecht se sentía
segura y a gusto en nuestro país, tanto cómo para hacer de él su centro de
operaciones de corrupción.
Y como cereza en el pastel, era también desde
territorio dominicano desde donde Joao Santana dirigía los tentáculos del brazo
político de Odebrecht. De hecho, todos recordarán que es precisamente en
territorio dominicano donde se encontraba Santana al momento en el que la
justicia Brasileña empieza a requerirlo y perseguirlo. Recordarán también las
primeras declaraciones del presidente Danilo Medina quien al ser cuestionado
por la prensa sobre el paradero de Santana dijo no saber si se encontraba en
nuestro país, sólo para ser públicamente desmentido por el propio Santana quien
antes de 48 horas habría tomado un avión para entregarse en Brasil junto a su
esposa.
El desenlace final
Las acciones de estas empresas, pero sobre todo de
Odebrecth, han sido definidas por el fiscal general del distrito este del
estado de nueva York, Robert Capers cómo un esquema de corrupción altamente
complejo y duradero que resultó en el pago por parte de dichas empresas de al
menos un billón de dólares en sobornos a oficiales de gobierno en todos los
niveles en múltiples países.
Más aún, establece el fiscal que en el intento de
disfrazar y ocultar sus acciones corruptas e ilegales, las compañías procesadas
utilizaron el sistema financiero global incluyendo instituciones bancarias en
Estados Unidos, Suiza, Panamá, Islas Caimanes, entre otros paraísos fiscales y
bancarios.
Todas estas operaciones eran realizadas a través de
cientos de empresas de carpeta que servían como mecanismo para que los
funcionarios corruptos recibieran los pagos de soborno acordados.
Y aunque por el momento no se han identificado
públicamente los ejecutivos que estarían colaborando con la procuraduría
fiscal, lo que ha quedado claro es que al menos unos 700 actores políticos y
empresariales de no menos de 15 países estarían involucrados en lo que se ha
definido cómo el esquema internacional de corrupción más grande de la historia
moderna en los Estados Unidos.
Para darle cierre al caso y reducir las posibles
penalidades económicas la empresa ha sido obligada a tomar las siguientes
medidas:
A) Permanecer bajo observación del departamento
antifraudes de los estados unidos por un período no menor de 3 años,
extensible en el caso de que durante dicho período la empresa no cumpla con sus
obligaciones dentro del acuerdo.
B) El despido y puesta a disposición de la justicia
de al menos 51 empleados que estuvieron directamente involucrados en las
operaciones fraudulentas, así como el sometimiento a procesos disciplinarios de
al menos 26 empleados más involucrados de manera indirecta en el proceso.
C) El pago de al menos 30 billones de dólares en
multas en Estados Unidos, Brasil y Suiza, por violar leyes anti fraude, leyes
bancarias y otras regulaciones aplicables.
D) Pero sobre todo ha sido obligada a colaborar con
las autoridades norteamericanas para declarar todas y cada una de las personas
que habrían recibida los pagos de facilitación a fines de poder determinar
otros posibles responsables y procesados en los tribunales de los Estados
Unidos.
Quisiera cerrar éste artículo recordándole a los
lectores que al momento de la publicación del mismo, nuestro país tiene
contratada con Odebrecht la construcción y puesta en funcionamiento de la
central termoeléctrica Punta Catalina, una obra que hasta el momento esta
valorada en más de dos mil millones de dólares y cuya contratación y ejecución
presupuestaria está rodeada de fuertes cuestionamientos y falta de procesos
transparentes, pero además, una obra que se está ejecutando en un gobierno de
un presidente que Odebrecht ayudó a elegir y a re-elegir.
El autor es abogado y analista político con
participación en radio, televisión y prensa escrita.
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Odebrecht:
mafia y lobismo gubernamental
http://acento.com.do/2017/opinion/8419384-odebrecht-mafia-lobismo-gubernamental/
El
magnánimo lobista Ángel Rondón debería dar cátedra en alguna universidad del
país acompañado por Félix Bautista para enseñarnos a todos como ser
“comisionista”, lobista de “éxito”, repartir a borbotones millones de dólares y
quedarse impávido. Bárbaro!
El caso
Odebrecht explotó en el país por la inmensa repercusión
internacional que abarca 12 países y los respectivos nombres involucrados.
Además de la confesión de la misma constructora brasileña cuando se vio cercada
por las autoridades brasileñas, norteamericanas y suizas que
alertaron de la mafia existente de su presidente Marcelo Odebrecht y
ejecutivos, hoy encarcelados.
Varios
países donde se recibió los sobornos han exigido el pago de indemnizaciones a
la empresa brasileña y en algunas de esas naciones la justicia ya está
actuando. Nuestro país acusado de recibir US$92
millones en sobornos directamente al lobista Ángel
Rondón, confesado por él, (aunque lo califica como “servicios de éxito”) y
distribuida a troche y moche en los distintos trenes gubernamentales desde
2001, la justicia de momento solo a interrogado al
gerente de Odebrecht y al mismo Rondón por el
Procurador, quien por cierto, ha hecho lo que tenía que
hacer con todo y los intereses políticos que arrastra este caso.
Mientras esto
sucedía, el Presidente Medina que a veces cree que somos más
ignorantes de la cuenta, nombra una nueva
“comisión” para estudiar los contratos y licitaciones obtenidas por
Odebrecht, y como en repetidas ocasiones, la encabeza ese cura “mediador” y
eternamente agarrado al Estado, como tantos
otros, Agripino Nuñez Collado, quien a la sazón, se convirtió en el
chiste de la semana cuando supimos que el pasado día 11 de Enero puso su
renuncia del Consejo Administrativo de la empresa Acero Estrella , afiliada,
lea bien, a la mismísima Odebrecht. Entonces, aquí viene lo
que me pregunto siempre, ¿Qué hace un “cura” en un Consejo
Administrativo?, para investigar esta mafia ¿la Procuraduría no basta?. Quién
entiende esto !!!
Recientemente, por
un acuerdo de la justicia de Estados Unidos y Suiza la firma constructora
reconoció haber pagado un total de US$439 millones dólares en sobornos fuera de
Brasil desde el año 2001 hasta el 2016. Estos trapicheos
ayudaron a la constructora a conseguir contratos para la construcción de
distintas infraestructuras a lo largo y ancho de
latinoamérica. Gracias a estos sobornos la constructora obtuvo
beneficios de unos US1,400 millones de dólares en total. ¿Por
qué Suiza? porque el ministerio público de allí descubrió que
Odebrecht había utilizado US$211 millones depositados en cuentas
bancarias vinculadas a empresas fantasmas para pagar
estos sobornos tanto a ex directivos de Petrobras (Brasil) como a gobiernos
extranjeros.
Con
relación a los sobornos pagados a Ángel Rondón por Odebrecht en el país que
abarcan desde el año 2001 – 2014 la constructora
obtuvo beneficios de US$163 millones de dólares. En ese
sentido, al Ministerio Público le toca
ahora interrogar a los ex presidentes desde 2001 y sus
flamantes ex ministros de obras públicas hasta la fecha. El pueblo
exige que este caso sea resuelto con nombres, apellidos y ojalá con penas
carcelarias para que éstos “patriotas” no continúen riendo en la
cara de este pendejo pueblo. Ángel Rondón, es un lobista que mojó
muchos bolsillos con US$92 millones!!!
Con este
caso de Odebrecht , sumado al delincuente Percival (ultimado por sus
mismos cómplices), Punta Catalina, y demás casos de
corrupción sin solución, aflora lo peor de nosotros, de esta
sociedad, autoridades, de estos gobiernos inservibles y esa mafia
que tanto nos caracteriza.
¿Qué más podemos esperar de
Odebrecht? ………….sshhh shh…silencio
Odebrecht,
modelo para armar
http://acento.com.do/2017/opinion/8416155-odebrecht-modelo-armar/
No es
posible arrancar el 2017 sin dedicarle toda la atención al irritante,
escandaloso y vergonzante suceso que constituye el reconocimiento de la
constructora brasileña Odebrecht de que sobornaron a intermediarios,
funcionarios y políticos de diez países de América. Nos dijeron en nuestra cara
lo que piensan de nosotros y lo que costamos, debidamente asociados con algunos
políticos brasileños (“no con todos los políticos brasileños”). Ante este drama
continental lo menos que se puede tener de entrada es asco.
Quienes han
opinado (los peores se quedan callados) tienen razón y razones, y sus
respuestas completan una gama amplia y plural inevitable
para entender el fenómeno de la corrupción. En esa amplia gama,
importan los que piden investigaciones y mucho más los que las hacen y hay que
estar muy atentos a los que hacen solo bulto. Reconocer a los que llaman a
cazar bribones y a los que con una ingenuidad casi infantil creen que esto será
el fin de la injusticia y de la impunidad. Luego parece necesario hacer un poco
de conciencia acerca de los silencios de tantos ex gladiadores de la
transparencia que están acabando por comprobar que la transparencia no era el
problema y aprenden a disfrutar de la opacidad de la memoria.
Todo va
construyendo una realidad nueva en un marco también nuevo de cómo se gobierna,
de cómo se hace política, de cómo se financia la política, de por qué se hace
política.
Para espanto
nuestro, según el reporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ¡¡“Durante
o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y
deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de
millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de
funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de
partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar
una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos
políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y
retener negocios en varios países alrededor del mundo”!!
Todos esos
funcionarios, partidos y candidatos son bandidos que, de traje blanco o negro,
al asumir sus cargos juraron defender las constituciones y las leyes de
nuestros países.
Un alto
funcionario de uno los países de la lista, proveniente de la sociedad civil,
afirmó que el caso está cerrado y que si alguien no dice los nombres no se
podrá conocer a los culpables. La cita no es textual, pero interesa
destacar el hecho de que en sus declaraciones no manifiesta ninguna intención
de investigar, distinto a Panamá o Perú, por ejemplo. La estatura le alcanza
hasta los “Tres brazos”, nunca para 92 millones de dólares.
Y para
ponerle la tapa al pomo, el regalo que nos dejaron de fin de año los
sumos sacerdotes y sacerdotisas, popularmente conocidos como “analistas”, fue
despacharse sentencias patrióticas latinoamericanistas del calibre de “Conociendo
lo que siempre ha pasado, ahora tampoco no va a pasar nada”. Así confirman
que los conservadores, y hasta reaccionarios bien mandados y pagados, no son
solo aquellos que se oponen a la despenalización de la interrupción del
embarazo por las tres causales. Para facilitar el mantenimiento de la impunidad
estos y estas permanentes voceras del poder político se desatan con
generalidades que terminan protegiendo a los responsables. Metiendo
a todos en el mismo saco dispersan responsabilidad y culpan a indiscutibles
inocentes. Llevan años repitiendo el verso de que “todos
los partidos y todos los políticos son responsables”. Cualquier persona que
sepa leer y escribir, sin doctorado incluso, sabe que no son todos, ni en
América, ni en República Dominicana. A quienes deben tomarse en
serio el trabajo de higiene les haría muy bien olvidarse del “todos” pues,
además del engaño que lleva implícita tal generalización, el resultado buscado
por quienes promueven esa idea es que no se descubra a nadie.
La búsqueda
ya comenzó en algunos países y, naturalmente, va a demorar un poco más en otros
donde según el calendario de sobornos hecho público por Odebrecht (2001 –
2016), los sobornados están todavía en el gobierno. A la luz de este
escándalo deberíamos hacer el ejercicio de buscar explicaciones que conduzcan a
los cambios políticos que nuestros países necesitan.
La
imposición sin contrapeso de la ideología neoliberal instaló en América la idea
de que los políticos deben “acercarse” a los empresarios, ejemplo luctuoso de
los socialistas españoles y que terminó con los “servidores públicos” en los
directorios de empresas y con los directores de empresas como “servidores
públicos”. La “puerta giratoria” le llamaron y fue ejemplar la rapidez
con que estos pinganillas un día pagaban los sobornos y a la semana siguiente
eran quienes lo recibían. Se hizo común leer biografías donde el sujeto se
define como: “Político y empresario”, eso a lo único que conduce es a intuir un
aumento de la población de Miami.
Esta
desolación que se extiende por diez países de Latinoamérica, en donde ha
quedado evidenciado que quienes toman decisiones lo hacen motivados por el
dinero que les paga una empresa constructora, se mantendrá mientras permanezca
la idea de que el mercado debe remplazar a la política, haciendo del Estado una
organización precaria donde el crimen termina imponiéndose en diversas
versiones (sobornos, tráfico de drogas, estafas bancarias, ejecuciones,
inseguridad ciudadana, etc.). Y hablo de desolación porque se trata
de países en los que el amor a la patria, la solidaridad y la justicia social
se han convertido en mercancías devaluadas y en donde para empezar a recuperar
la esperanza habrá que empezar por un gran grito en la voz:
¡Dejen de robar!!
Perú le
pide a Odebrecht devolver todo el dinero pagado en sobornos
LIMA (Perú).- El
presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quiere que la brasileña Odebrecht retorne
al Estado la totalidad de los 29 millones de dólares pagados supuestamente en
sobornos para adjudicarse millonarios proyectos, y de los que ya se comprometió
a abonar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares).
Kuczynski afirmó en una entrevista a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que el dinero adelantado por Odebrecht como compensación por las ganancias ilícitas que obtuvo será destinado a la Fiscalía para que financie el proceso acusatorio contra la empresa, a la que además le solicitó enfrentar a la Justicia.
El mandatario peruano corroboró el compromiso anunciado recientemente por su primer ministro, Fernando Zavala, de que la empresa brasileña y sus compañías vinculadas no participen en más licitaciones de obras públicas en Perú.
El adelanto de los 30 millones de soles es parte del acuerdo alcanzado este jueves por Odebrecht y la Fiscalía de Perú para obtener información y una compensación por las coimas que entregó a funcionarios peruanos.
En virtud del convenio, Odebrecht entregará toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, y será corroborada y valorada en función de su utilidad y trascendencia para establecer las medidas que pudiesen corresponder en el acuerdo final.
En Perú, la empresa pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En relación con la misma empresa, Kuczynski manifestó su confianza en que logre antes del 17 de enero garantizar la financiación para terminar la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), adjudicado en junio de 2014 por 7.328 millones de dólares, y cuya construcción tiene un avance del alrededor del 30 %.
Odebrecht busca vender el 55 % de su participación en el proyecto, donde también están inmersas la energética española Enagás y la constructora peruana Graña y Montero, después de que la energética estadounidense Sempra Energy renunciara en noviembre a comprar las acciones.
"Ellos se están saliendo del proyecto y hay uno o dos fondos de inversión de Canadá y de Estados Unidos, que completarían el grupo", reveló Kuczynski.
Respecto de la financiación de la obra, Kuczynski consideró factible eliminar una tasa impuesta en los recibos de luz destinada a complementar el retorno de la inversión acometida por la concesionaria.
"Se está creando un fondo porque, al principio, los tubos estarán medio vacíos, como en cualquier proyecto de gas, pero eso se puede suprimir. Eso se sustituye con una garantía del Gobierno", agregó.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano consiste en el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte de gas natural a lo largo de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en el océano Pacífico, con una concesión privada de 34 años. EFE
Kuczynski afirmó en una entrevista a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que el dinero adelantado por Odebrecht como compensación por las ganancias ilícitas que obtuvo será destinado a la Fiscalía para que financie el proceso acusatorio contra la empresa, a la que además le solicitó enfrentar a la Justicia.
El mandatario peruano corroboró el compromiso anunciado recientemente por su primer ministro, Fernando Zavala, de que la empresa brasileña y sus compañías vinculadas no participen en más licitaciones de obras públicas en Perú.
El adelanto de los 30 millones de soles es parte del acuerdo alcanzado este jueves por Odebrecht y la Fiscalía de Perú para obtener información y una compensación por las coimas que entregó a funcionarios peruanos.
En virtud del convenio, Odebrecht entregará toda información o documentación que le sea requerida, incluso cuando esta se encuentre en otros países, y será corroborada y valorada en función de su utilidad y trascendencia para establecer las medidas que pudiesen corresponder en el acuerdo final.
En Perú, la empresa pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En relación con la misma empresa, Kuczynski manifestó su confianza en que logre antes del 17 de enero garantizar la financiación para terminar la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), adjudicado en junio de 2014 por 7.328 millones de dólares, y cuya construcción tiene un avance del alrededor del 30 %.
Odebrecht busca vender el 55 % de su participación en el proyecto, donde también están inmersas la energética española Enagás y la constructora peruana Graña y Montero, después de que la energética estadounidense Sempra Energy renunciara en noviembre a comprar las acciones.
"Ellos se están saliendo del proyecto y hay uno o dos fondos de inversión de Canadá y de Estados Unidos, que completarían el grupo", reveló Kuczynski.
Respecto de la financiación de la obra, Kuczynski consideró factible eliminar una tasa impuesta en los recibos de luz destinada a complementar el retorno de la inversión acometida por la concesionaria.
"Se está creando un fondo porque, al principio, los tubos estarán medio vacíos, como en cualquier proyecto de gas, pero eso se puede suprimir. Eso se sustituye con una garantía del Gobierno", agregó.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano consiste en el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de transporte de gas natural a lo largo de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en el océano Pacífico, con una concesión privada de 34 años. EFE
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Fidelio Despradel solicita comisión de Diputados investigue
sobrevaluaciones de Odebrecht
“Entendemos que esta Cámara no
puede quedar al margen de las indagatorias de los sobornos y las
sobrevaluaciones del escándalo Odebrecht, pues cada uno de los contratos en
cuestión ponen en entredicho la credibilidad y la integridad del Poder
Legislativo”.
http://acento.com.do/2017/actualidad/8420657-fidelio-despradel-solicita-comision-diputados-investigue-sobrevaluaciones-odebrecht/
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Fidelio Despradel
solicitó a la Cámara Baja la conformación de una comisión especial que se
encargue de investigar el caso de los sobornos y las denuncias de
sobrevaluaciones de la multinacional Odebrecht en el país.
Mediante una carta dirigida a la presidenta y el pleno de la Cámara,
Despradel planteó que dicha comisión tenga la facultad de viajar de inmediato a
Estados Unidos y Brasil para solicitar la cooperación de las autoridades
judiciales de estos dos países.
En la misiva de solicitud el diputado de Alianza País indicó que este
equipo de legisladores tendría que averiguar si en las 17 obras que Odebrecht
ha construido en el país desde el 2001 a la fecha, existen
sobrevaluaciones o prácticas que atenten contra la Constitución y las
leyes de República Dominicana.
De acuerdo a Despradel, la auditoría de todas las obras levantadas
por la constructora brasileña se justifica porque la misma ha recibido
contratos públicos en el territorio nacional por unos RD$200,000
millones, y en la mayoría de los casos los costos finales superan el 25%
de la variación permitida por nuestra legislación.
“Entendemos que esta Cámara no puede quedar al margen de
las indagatorias de los sobornos y las sobrevaluaciones del escándalo
Odebrecht, pues cada uno de los contratos en cuestión ponen en entredicho la
credibilidad y la integridad del Poder Legislativo”, argumentó el legislador
por el partido Alianza País.
Fidelio Despradel condenó el caso de los sobornos de Odebrecht desde el
primer día, y solicitó junto la investigación de todos los expresidentes que
han tenido relación con la empresa y del actual mandatario Danilo Medina.
Los
planteamientos de Despradel se encuentran en una carta depositada este
miércoles por ante el despacho de la presidenta del hemiciclo, Yomaira Medina.
Intelectuales, políticos y activistas sociales definen el #22E como un
“espejo luminoso”
Servicios de Acento.com.do - 19 de enero de 2017
http://acento.com.do/2017/politica/8420742-intelectuales-politicos-activistas-sociales-definen-22e-espejo-luminoso/
Ponen a circular manifiesto
político donde dicen que la ciudadanía se auto-organiza para derribar los muros
del poder peledeísta
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Reconocidos intelectuales y
activistas sociales del país y de la comunidad dominicana en el exterior
pusieron a circular este jueves 19 de enero un manifiesto político en el cual
llaman al pueblo dominicano a participar “con decisión y energía” en la marcha
ciudadana de este domingo 22 de enero para “ponerle fin al régimen de la
corporación mafiosa PLD-Odebrecht”.
El manifiesto, en el que el #22E se dibuja como “espejo luminoso” de una
ciudadanía que se va convirtiendo en sujeto político, plantea que el caso Odebrecht
solo podrá llegar hasta sus últimas consecuencias con la ciudadanía ejerciendo
la democracia de calle.
A continuación el texto íntegro del manifiesto político seguido de la
lista de ciudadanas y ciudadanos firmantes.
“El #22E
se encamina a romper los muros del poder peledeísta” -Manifiesto político
por el fin de la corporación mafiosa PLD-Odebrecht-
Danilo Medina jamás imaginó que el caso Odebrecht iba a explotar entre
sus propias manos casi apenas iniciarse su segundo mandato, arrastrando al
despeñadero a la cúpula del PLD junto a grupos económicos, poderes fácticos y
medios de comunicación.
El expediente de corrupción transnacional instrumentado de manera
conjunta por la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza contra la
constructora más poderosa de América Latina y el Caribe, ha puesto al
descubierto en el plano nacional una gran red de corrupción transversal a todo
el régimen político institucional de la República Dominicana.
El presidente del PLD, Leonel Fernández, y el presidente reelecto,
Danilo Medina, aparecen fuertemente embarrados en la operación Odebrecht por su
relación de negocios con el asesor brasileño Joao Santana, la visita del ex
presidente Lula al país, la visita de Danilo Medina a Brasil y la aparición de
un personaje como Ángel Rondón, de la intimidad del poder peledeísta, moviendo
grandes cantidades de recursos económicos y financieros en favor de la
maquinaria oficial.
Con la democracia de calle puede romperse el sello de la impunidad para
un presidente como Danilo Medina que parecía haberse reservado la gloria,
flotando entre las nubes con números estrafalarios en las encuestas, un dominio
casi absoluto de los medios de comunicación, un Congreso y una Justicia a sus
pies, un empresariado temeroso y pasivo, y una ciudadanía que se expresaba de
forma ocasional, con protestas episódicas como fueron los movimientos contra el
fraude fiscal, la lucha por el 4% para la educación y las manifestaciones
contra la OISOE.
La gran novedad del momento es que esta vez la ciudadanía no parece que
va a quedarse en actos testimoniales y efímeros, la marcha del 22 de enero de
2017 está marcando un corte en la realidad política dominicana y podría
desencadenar una importante transformación dentro de toda la estructura
institucional del Estado. El #22E se encamina a combatir un Estado y una forma
de gobernar desmedida y sin controles, que ha hecho de la corrupción y la
impunidad su forma natural de reproducirse y operar.
La gran manifestación política y ciudadana del #22E tiene dislocado al
gobierno de Danilo Medina. Hasta ahora su única respuesta ha sido nombrar una
comisión de “notables” paralela a un Ministerio Público disfuncional que nació predestinada
al fracaso, no solo por su estilo trasnochado, su rémora balaguerista y su
carácter inconstitucional, sino también porque puso en evidencia las puertas
giratorias entre el poder político, los grupos económicos y los poderes
fácticos.
La voz de la calle venció el recurso tradicional de apelar a “notables”
para desmovilizar la sociedad y sortear la crisis haciendo que las soluciones
caigan en el vacío.
Estamos asistiendo a un nuevo ciclo político con los significados
propios que está mostrando el #22E, donde se perciben formas no orgánicas
capaces de auto-organizarse, vistas con inquietud e incluso con mucha sospecha
por el Gobierno de Danilo Medina y el PLD, evidenciando gran temor a lo que no
puede controlar.
Están por romperse los muros del poder peledeísta, con un desbordante e
inesperado torrente de entusiasmo y comentarios en las redes sociales a favor
del protagonismo ciudadano, que ha dejado atrás la mordaza y el cerco
mediático oficial para desatar un frenesí de emociones aglutinantes de una gran
diversidad de actores sociales y políticos en lucha por erradicar la corrupción
y la impunidad, lo que no es cualquier cosa en nuestro país dado que ese
accionar parecía aceptado socialmente hasta incluso como sinónimo de éxito,
convirtiéndose en la fórmula sistémica con que ha operado la clase
política en nuestra sociedad.
Frente al secuestro y el descrédito de las instituciones la calle se ha
convertido en el espacio público más propicio para exigir con energía y
voluntad el restablecimiento del Estado de Derecho. El #22E puede ser un
luminoso espejo para reflejar un futuro posible, así como una oportunidad para
conquistar un nuevo devenir: una sociedad más participativa, más transparente y
menos desigual.
El #22E se ha tornado desde ya en un gran escrutinio crítico no solo
para el PLD y el gobierno de Danilo Medina, los medios de comunicación, los
grupos económicos y los poderes fácticos, también para toda la oposición
política. Una sociedad llega a ser democráticamente madura cuando deja de reverenciar
con culto y sumisión a sus representantes y esto es precisamente lo que está
aconteciendo en estos momentos en nuestro país.
Ante una situación social y política como la que vivimos, las ciudadanas
y los ciudadanos firmantes del presente documento queremos expresar nuestro más
decidido y rotundo apoyo a la marcha ciudadana del próximo domingo 22 de enero
y a la lucha política del pueblo dominicano por recuperar lo robado y por el
fin de la corrupción y la impunidad de la mafia PLD-Odebrecht.
19 de enero 2017. República Dominicana
Firmantes:
Lety Melgen,
economista
Anselmo Muñiz,
investigador social
Deivis Ventura,
activista glbti
Ana Feliz,
profesora de historia
Fernando Gil,
médico y político
Tirso Mejía
Ricart, intelectual y político
Mario Bergés, dirigente
sociedad civil
Juan Miguel
Pérez, sociólogo
Bartolomé
Pujals, abogado y dirigente sociedad civil
Roberto Álvarez,
experto en relaciones internacionales
Jesús Feris
Iglesias, médico y político
Héctor Díaz
Polanco, intelectual dominicano residente en México
Andrés L. mateo,
escritor
Alanna Lockward,
escritora
Quisqueya
Henríquez, artista
Melania Reyes,
dirigente comunitaria
Carolina
Santana, abogada dirigente social
Gabriela Reyes
Rosario, dirigente comunitaria
Clarisa Gil
Batlle, dirigente sociedad civil
Pedro Catrain,
abogado y político
Edwin Mazara,
activista EEUU
Miguel Luna,
activista EEUU
Randy
Custodio Brito, regidor Azua
Orlidy Inoa,
abogada experta en seguridad y armas
Olaya Dotel,
profesora Ciencias Políticas
Yoeliza Matos,
activista derechos humanos
Albania Camacho,
profesora y activista social
Benito Antonio
Marte, dirigente social
Miguel Ángel
Muñiz Arias, político
Joffre de la
Fontaine, intelectual dominicano residente en México
Ángel Alberto
Bogaert, activista EEUU
Rubén Rodríguez,
comunicador
Héctor Turbi,
economista y dirigente social
César Mieses,
antropólogo y político
Alexander
Mundaray, activista glbti
Alex Amaro,
activista EEUU
Alexis Álvarez,
arquitecto y dirigente social
Jorge Herrera,
sociólogo, activista EEUU
Josenia Rosario,
activista EEUU
Francisco
Lazala, activista glbti EEUU
Máximo Laureano,
periodista
Alfonso Torres,
periodista
Wilson Mayobanex
Reyes, comunicador y abogado
Alexandra
Ramírez, mercadotécnica, dirigente social
Filgian Fletes
Rojas, dirigente social
Mary Luz Gómez,
dirigente comunitaria
Amelia Muñiz,
medico
Diego Girón,
activista derechos humanos
Genaro Rincón,
abogado y activista derechos humanos
Darío García,
abogado y político
Fanny Santos
Carmona, dirigente social
José Díaz,
dirigente deportivo
Freddy García
Vicente, ingeniero y dirigente social
Yudelis
González, medico
Antonio Emil,
abogado y activista derechos humanos
Felipe Santos,
abogado
Domi Mandel
García, activista derechos humanos
Albertina
Vásquez, dirigente comunitaria
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