Partido cartel, corrupción y
lucha contra la impunidad
Franklin Pimentel Torres,
13-1-2017
La investigadora, socióloga y
politóloga Jacqueline Jiménez Polanco ha escrito en esta semana, en el
periódico hoy, una serie de artículos que ha titulado, “Corrupción política en
la República Dominicana y la entronización del partido cartel”, en la que hace
un análisis socio-económico-político pormenorizado sustentando la tesis de que
el actual partido gobernante, en alianzas con otros partidos otrora mayoritarios
como el PRSC y el PRD, y otros partidos minoritarios, así con los grupos del
poder económico, funciona como un cartel cuya práctica está fundamentada en la
corrupción, en el desfalco de los bienes públicos y en la impunidad.
Los escritos de J. Jiménez
Polanco han provocado diversas reacciones en la sociedad dominicana; unas voces
valoran el análisis hecho; otros, incluidos los líderes partidarios Lidio Cadet
y Reinaldo Pared Pérez, negaron la
veracidad de las declaraciones de la investigadora y politóloga.
En primer lugar es bueno señalar
que la expresión “partido cartel” no es nueva. Ya hace unos años que R. Katz y P. Mair (1995)[1]
publicaron un texto titulado precisamente: “El partido Cartel”. En el mismo
estos autores hacen una clasificación de los partidos, que según sus criterios
se pueden clasificar en cuatro tipos: el partido de élites, el partido de
masas, el partido atrápalo todo, escoba (catch all), y el partido cartel.
El significado que J. Jiménez
Polanco da en sus artículos al partido cartel tenemos que buscarlo más allá de
lo planteado por Katz y Mair o por otros autores que asumen la clasificación
propuestas por éstos y la desarrollan desde el contexto regional
latinoamericano, como es el caso de J. Rodríguez (2010)[2].
El planteamiento de la politóloga parece coincidir con uno de los significados
que el diccionario de la Real Academia de la Lengua le da a la palabra
“cartel”, como una “Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”.
De hecho, la investigadora define al partido gobernante como una organización
que se ha entronizado en el poder en base al clientelismo y a la corrupción
política con los fondos públicos, además de la vinculación y complicidad con el
tráfico de drogas, de armas, de influencia y la apropiación sin límites de los
fondos públicos.
En el tercer artículo
publicado en el periódico hoy (11-1-2017), J. Jiménez Polanco hace un recuento
de los principales casos de corrupción e impunidad que han estado ligados al
“partido cartel”[3].
Entre éstos señala: La liquidación del gobernador del Banco Central y sus
colaboradores por $500 millones, de los que el director, Héctor Valdez Albizu,
se quedó con unos $60 millones. El Otro caso es el de Carlos Amarante Baret,
actual ministro de Interior y Policía y José Aníbal Sanz Jiminián, que fueron
directores de la Dirección General de Migración; según la auditoría de la
Cámara de Cuentas dichos funcionarios evadieron la entrega al fisco de unos
$226,600,000 millones que cobraron en impuestos a los usuarios. Los otros dos
casos que menciona la politóloga son los relacionados con acciones fraudulentas
de la trilogía Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa y Leonel Fernández, acusados de
prevaricación, estafa a los fondos públicos y lavados de activos y el famoso
caso del préstamo clandestino entre la OISOE y la Sun Land donde se manejaron
unos $US130 millones, que nadie sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron, ni
cuánto se empleó en la construcción de las obras programadas.
J. Jiménez Polanco no se ha
referido en sus artículos al caso de la corrupción ligada a la sobrevaluación y
a los sobornos realizados por la constructora Odebrecht en las obras realizadas
y en proceso en territorio dominicano. Sin embargo, algunos investigadores están
previendo que en el caso de las contaminantes plantas de carbón de Punta
Catalina la cantidad empleada en sobrevaluación y en sobornos, podría estar
superando los $US1000 millones.
Muchos estudiosos sociales y
económicos coinciden en afirmar que en el caso de la corrupción y los sobornos
de Odebrecht, realizados en el período constitucional de los últimos 4
gobiernos, existe una oportunidad única para exigir justicia, la devolución de
los bienes robados, y el castigo de los responsables. Pues se trata de un caso
en el que está involucrados varios países de la región. Naturalmente, no será
una tarea fácil que las cúpulas del Partido-cartel pidan responsabilidad a sus
mismos funcionarios y cómplices.
La marcha anunciada por
diferentes personas, periodistas, organizaciones y entidades para el próximo domingo
22 de enero no se puede quedar en una actividad aislada. Solo lograremos
enfrentar la corrupción y la impunidad sostenidas por el partido-cartel si
somos capaces articular un movimiento social fuerte, que integre, de forma
permanente, a las fuerzas vivas de la sociedad que creemos en la necesidad y en
la urgencia de sentar las bases de una sociedad justa, decente, equitativa,
democrática y participativa.
Si nos quedamos en luchas
aisladas como la del 4% por la educación a la que no se le ha dado adecuado seguimiento,
o en las cadenas humanas frente a la OISOE que se apagaron en torno al proceso
eleccionario pasado, o en las manifestaciones para exigir justicia fiscal, o en
las luchas aisladas de los cañeros, o la de los desnacionalizados por la
sentencia 168-13, no lograremos avanzar significativamente. Ojalá que la marcha
del próximo 22 signifique un relanzamiento de la lucha articulada contra la
corrupción y la impunidad, y la creación de una coalición de fuerzas capaces de
incidir políticamente en la tarea de sentar las bases para la creación de un
Estado Social y Democrático de Derecho, como lo plantea la Constitución
Dominicana (Art.7).
[1] http://www.centrodeestudiospoliticos.org/wp-content/uploads/2011/08/Katz-Richard-y-Mair-Peter-El-Partido-Cartel.pdf
[2] El partido cártel y democracia en América Latina,
disponible en: http://cdsa.aacademica.org/000-036/396.pdf
[3]
http://hoy.com.do/corrupcion-politica-en-la-rd-y-la-entronizacion-del-partido-cartel-2/
No hay comentarios:
Publicar un comentario