Presupuesto, deuda pública y pacto socio-económico y político

Presupuesto, deuda pública y pacto socio-económico y político

Franklin Pimentel Torres, 16-12-2016

En el pasado mes de noviembre el Congreso de la República aprobó La ley del presupuesto para el año 2017, por 711 mil 399,40 millones de pesos, sin modificaciones y sin prestar atención a las voces de sectores sociales y de la oposición que exigían reformas y cambios, en vista a priorizar algunas áreas sociales y a disminuir el nivel del creciente endeudamiento público.

Un aspecto que caracteriza el nuevo presupuesto es su carácter centralizador. El alto porcentaje que manejará  el poder ejecutivo y los diferentes ministerios ($437,469,479,387, cerca de un 61%) es una muestra de lo que estamos diciendo. A esto se añade la baja inversión presupuestada para los ayuntamientos, que no llega al 10% establecido, así como para las provincias que están fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.

Miguel Ceara-Hatton (La inversión pública en las provincias en 2017: ¿cuánto, donde y en qué? Acento, 17/10/2016) ha señalado que el gobierno dominicano no está en capacidad de desagregar el presupuesto por provincias y mucho menos por municipio, ni tampoco sabe cuál es el PIB provincial; lo único que publica son los proyectos de inversión por su ubicación geográfica.

El Presupuesto de 2017 consigna RD solo $78.1 mil millones para proyectos de inversión en el territorio, de los cuales el 48% son proyectos en municipios específicos y el 52% son multimunicipales. Ha señalado, además, el economista Ceara-Hatton, que La inversión pública por habitante proyectada en el territorio en el presupuesto de 2017 es del orden de RD$8,271 para todo el año, lo cual es equivalente a RD$689 mensuales o alrededor de US$15 por persona.

La mejor muestra del privilegio en la inversión provincial y municipal la constituye el Distrito Nacional, quien absorbe el 54.4% de la inversión con el 10.2% de la población. Si los recursos se le asignaran según la distribución de la población por provincia, solamente le correspondería RD$7,981 equivalente al 19% de lo asignado. La provincia de Santo Domingo por ejemplo, la de mayor población del país, tiene el 25.1% de la población, sin embargo, recibirá solo el 15.4% de la inversión pública total en el territorio y le debería corresponder RD$19,637, es decir, el 163% de lo que recibirá.

Un elemento significativo a tener en cuenta es que el nuevo presupuesto del 2017 tiene, una vez más, un alto componente deficitario y que un una buena parte del mismo se estará financiando con un mayor nivel de endeudamiento, al ya existente.

Según ha señalado recientemente M. Ceara Hatton, la deuda pública consolidada alcanza US$33.2 mil millones y representa el 47% del PIB a octubre de 2016, de los cuales US$26.5 mil millones corresponden al gobierno central y el resto al Banco Central. Esta deuda consolidada del 47% del PIB implica que cada dominicano, aun los recién nacidos deben RD$3,263 (RD$151,757 que equivale casi al ingreso anual de una persona que gane el salario mínimo legal de empresas grandes.

Y el endeudamiento sigue, en el “nuevo gobierno” a un ritmo acelerado, nunca visto en la historia del país. Solo en los últimos tres meses el nuevo Congreso ha aprobado préstamos por US$3,689 millones lo que representa el 42% de la deuda acumulada por los gobiernos presididos por Danilo Medina desde el año 2012.

En el 2017 vamos a pagar cerca de 140,000 millones de pesos de intereses, que es más o menos lo que se gasta en educación; esos 140,000 millones que se pagarán en intereses están compuesto por alrededor de 115,000 millones que devienen de la deuda del Gobierno central, y 25,000 millones que le va a transferir el Gobierno central al Banco Central por el pago de los intereses de la deuda cuasi fiscal,

La socióloga Rosario Espinal ha cuestionado la voluntad política del gobierno para hacer un pacto fiscal. (¿Pacto Fiscal? Jajá, Acento, 24 de agosto de 2016) tal como lo propone la Estrategia Nacional de Desarrollo (END, 2030). La socióloga ha señalado: “¿Cuál es el problema? El gobierno necesita más dinero para subsidiar el Estado clientelar, corrupto, y ahora también asistencial. Eso sale caro. Para ampliar el Estado asistencial hay que ir desmontando el Estado clientelar y corrupto, pero ningún gobierno dominicano lo ha hecho. Por el contrario, cada gobierno lo amplía, porque cada día hay más políticos y seguidores que demandan bienestar”.

Señaló, además, la socióloga Espinal que se necesita una fuerte concertación social, como la que se organizó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia. Es necesario trabajar para lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas vigentes.

Algunos economistas entre los que podemos mencionar a Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, han afirmado la necesidad de defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento que ya ronda los 35 mil millones de dólares, 8 veces el del año 2000”.

Entre las medidas que deben ser tomadas por el gobierno como condición para la realización del pacto fiscal estarían, según Ceara Hatton (La deuda publica dominicana: ¿hasta dónde? Acento, 5-12-16): 1.- Mejorar la calidad del gasto. 2.- Establecer una Ley de responsabilidad fiscal, pero con consecuencias para los que manejen de manera inadecuada las finanzas públicas. 3.-Prohibir la política de utilizar el endeudamiento para cubrir gastos corrientes. 4.- Revisar la política de construcción de las Plantas de Punta Catalina que puede convertirse en un barril sin fondo de endeudamiento. 5.- Transparentar, así como rendir cuentas de las finanzas públicas al mayor nivel de detalles para que la sociedad pueda tener confianza en la acción pública.

Naturalmente, no basta con las medidas que tome el gobierno. Es necesario la articulación concertada de las fuerzas sociales, comunitarias, económicas y políticas, para obligar al gobierno y a la corporación dominante a un manejo más racional, justo y equitativo del dinero que proviene de las y los contribuyentes. Solo así podremos reducir la tendencia desbocada al gasto excesivo, al endeudamiento sin límites y al dispendio de los bienes públicos en corrupción, clientelismo y asistencialismo.