Estado Social Democrático de derecho, una Sociedad con igualdad de
derechos y oportunidades, una economía sostenible integradora y competitiva y
una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que se adapta al
cambio climático.
Este año 2015 se
está cumpliendo el período que se dieron en el año 2000, en New York, los
países de las Naciones Unidas para el logro de los llamados Objetivos del
Milenio. Dichos objetivos están relacionados con el mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones de los diferentes países, y en particular de los
sectores sociales más empobrecidos y excluidos. Entre los 8 objetivos del
milenio asumidos, los más significativos son: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre, lograr la enseñanza primaria universal, Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la
salud materna combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades y
garantizar la sostenibilidad ambiental.A partir del año 2010 se fue elaborando en nuestro país, con la participación de amplios sectores de la población, la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, 2030, que está avalada por la ley 1-12, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en Enero del año 2012. Dicho proyecto-país tiene una proyección o visión país, la cual se aspira a alcanzar para el año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa…” (art. 5).
La ley 1-12 está
relacionada con la promoción de políticas públicas que hagan posible la
visión-país que aspiramos. Esas políticas públicas se articulan en torno a
cuatro ejes estratégicos, con sus correspondientes objetivos y líneas de
acción. Éstos son: un Estado Social Democrático de derecho, una Sociedad con
igualdad de derechos y oportunidades, una economía sostenible integradora y
competitiva y una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible
que se adapta al cambio climático.
Uno de las
dificultades más significativas para el cumplimiento de los objetivos del
milenio, así como de las metas de la END, 2030 es el tema de la corrupción
impune que existe en el país
Cada cierto tiempo
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo da unos informes sobre el
cumplimiento tanto de los objetivos del Milenio, el último de los cuales fue en
el 2013. Además, monitorea el cumplimiento de la Estrategia Nacional de
Desarrollo. Algunos de los datos dados por este Ministerios se acercan a la
realidad; otros difieren de los presentados por los organismos internaciones,
entre éstos la CEPAL y el Banco Mundial, como en el caso de la supuesta
disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país; en otras
ocasiones, los datos parecen reflejar más bien el deseo gubernamental que la
realidad objetiva.
Uno de las
dificultades más significativas para el cumplimiento de los objetivos del
milenio, así como de las metas de la END, 2030 es el tema de la corrupción
impune que existe en el país. Y aunque siempre ha habido corrupción e impunidad
en nuestra tierra, podemos señalar que en los últimos años, coincidiendo con
los 15 años de gobierno del PLD (1996-2000; 2004-2015) y en último gobierno del
PRD (2000-2004), el fenómeno de la corrupción ha tenido nuevas modalidades y
nuevas estrategias.
Un elemento significativo
ocurrido en el gobierno del PRD, aunque sus causas hay que buscarlas también en
los gobiernos anteriores, fue la quiebra de los Bancos: Banínter, Bancrédito y
Mercantil en el 2003; siendo el caso de Banínter el más significativo por la
cantidad envuelta en el fraude, así como por la desacertada decisión del
entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, de devolver los ahorros a
las y los depositantes, comenzando por quienes más dinero tenían depositando,
violando así la ley estipulada para estos casos.
Algunos
funcionarios del PLD y de sus aliados, en los últimos 19 años, se han visto
envueltos en grandes casos de corrupción como el de la SundLand o el Déficit
Fiscal del 2012, agravado en los últimos meses del gobierno de Leonel
Fernández; el fraude relacionado con la compra de los Tucanos, y sobre todo lo
relacionado con el caso Félix Bautista. Además de esto, han inventado nuevas
formas de apropiarse de los bienes del pueblo como los salarios de lujo para
algunos funcionarios, el barrilito de los senadores, el aumento
desproporcionado de la nómina pública y de la llamada “nominilla”, nuevo
término para describir a quienes reciben mensualmente dinero proveniente del
erario público sin tener que trabajar.
Como casos
significativos de corrupción de los últimos 15 años hay que considerar, además,
los sucedidos en algunos ayuntamientos del país. Entre los casos más
significativos están los desfalcos en San Francisco, en San Cristóbal y en
Santiago. A éstos se añaden los casos no suficientemente esclarecidos del
actual gobierno, como el tema de la ampliación del hospital Darío Contreras,
así como lo relacionado a la licitación para la compra e instalación de
las plantas de carbón, y las reales causas de la reciente destitución del
director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh.
Mientras que en el
caso de los banqueros envueltos en los fraudes millonarios se logró que al
menos algunos de éstos fueron llevados a la justicia, condenados y
encarcelados; eso no lo hemos logrado en el caso de los líderes y funcionarios
partidarios envueltos en los más sonados casos de corrupción. Y
éstos han contado, por lo general, con una justicia maniatada, que ni siquiera
se atreve a llevar a juicio de fondo a líderes partidarios como Víctor Díaz
Rúa, Leonel Fernández y Félix Bautista. Y entre éstos uno de los casos más
preocupantes sigue siendo el caso de Félix Bautista, y su apropiación
millonaria de inmensos fondos que no ha sido capaz de justificar, y la
declaración de no ha lugar dado por el juez Moscoso Segarra, o el “empate
técnico” en la decisión de los jueces de la cámara penal de la Suprema Corte,
ante la posibilidad de llevar a juicio de fondo a Félix Bautista y compartes.
A nivel de las
Naciones Unidas ya se está hablando de unas nuevas metas de desarrollo. De hecho
el informe de las Naciones Unidas, “El futuro que queremos para todos” (2012),
habla de objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Éstos tienen como fecha
límite el 2030. En eso coinciden con la Estrategia Nacional de Desarrollo,
2030. No obstante, para lograr estos objetivos, la lucha social articulada
contra la corrupción impune, así como el surgimiento de nuevos liderazgos y de
una fuerza política capaz de aportar significativamente a la creación de un
Estado verdaderamente democrático y de derechos, es un desafío para las
próximas décadas. Así se aportaría significativamente al objetivo fundamental
de dirigir las fuerzas sociales y políticas, las mentes y las acciones
solidarias a lograr una sociedad más justa, con valores éticos y principios
normativos, capaz de generar una vida digna para todas y todos.
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