Franklin Pimentel
Torres, 13-4-2018
En estas últimas
semanas se ha estado hablando de nuevo sobre la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, un organismo estatal que debiera cumplir un papel fiscalizador,
tal como lo estipula la ley 10-04, en todo lo relacionado con la ejecución de
los presupuestos públicos, la transparencia en el manejo de los fondos
públicos, así como en la prevención de acciones de corrupción por las que se pervierten
personas e instituciones.
Para la elección de
los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas se hizo la convocatoria a las y los
aspirantes. Fueron evaluados por la Cámara de diputados unas 259 personas. Al
final fueron seleccionadas por el Senado unas 5 personas, 4 de las cuales son
consideradas como gente cercana al partido de gobierno.
El nuevo equipo de la
Cámara de Cuentas, presidido por el vegano Hugo Álvarez Pérez, e instalado el 3
de febrero del pasado año 2017, ha
comenzado a mostrar sus hechos y sus deficiencias. En poco tiempo ha demostrado
no tener mucha capacidad gerencial ni ética para ser guardián del buen uso de
los recursos públicos, pues ella misma se ha convertido en depredadora,
asignándose un aumento ilegal de salario y malgastando el dinero de los contribuyentes,
en cosas superfluas.
Entre los hechos que se han dado a conocer
–probablemente habrá otros que no han salido todavía a la luz pública-, violando
el art. 140 de la Constitución y el art. 12 de la Ley 105-13, sobre regulación salarial
del Estado dominicano, están: aumento de
los salarios de los principals titulares de ese organismo; en el caso del
presidente se pasó de RD$350,000, que era el salario vigente hasta que fue
aumentado en enero pasado, a la suma de RD$423,500.00, para un aumento mensual
de $73,500. Los demás miembros recibieron aumentos que llevaron sus salarios de
313,304 a $379,097.84 a RD$379,097.84, para un aumento de $65,793.84 mensuales.
Entre otros gastos
superfluos realizados y permitidos por los ejecutivos de la Cámara de Cuentas
en los últimos meses podemos señalar: En el pasado mes de diciembre gastaron:
$296,506.10 en aguinaldos y árbol de navidad, lo cual pagaron a una empresa; a
otra empresa pagaron otros $116,719 por otro “arbolito”; además de $388,983.05
como pago a un grupo musical que amenizó la fiesta navideña con los empleados;
$152,550, por alquiler del equipo de sonido. RD$ 2 millones 128 mil 500 pesos
en bonos para repartirlos entre sus empleados. A esto se añade, todavía más,
que en los meses de enero y febrero gastaron $73,475.00 en cigarros.
Diversas instituciones
y personas han pedido un juicio político y la destitución contra los jueces de
la Cámara de Cuentas. Entre esas instituciones están Participación Ciudadana, la
Marcha Verde y el diputado Fidelio Despradel, entre otros. Dicho juicio no se ha
realizado hasta ahora, al negarse la Cámara de diputados ni siquiera a
interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas. No obstante, a pesar de la
negativa del Congreso Nacional, dichas instituciones mantienen su demanda.
No sería la primera
vez que serían destituidos los miembros de la Cámara de Cuentas, pues ya en el
2008 los miembros de ese organismo se vieron obligados a renunciar por haberse
comprobado serias violaciones en el ejercicio de sus funciones. El juicio politico se llevó a cabo en Julio del 2008,
contra Andrés Terrero, presidente de la Cámara de Cuentas, José Altagracia
Gregorio, secretario y los miembros Ulises de Beras de la Cruz y Alcides
Benjamín Decena. El vicepresidente de la Cámara de Cuentas Henry Mejía, había
renunciado días antes del inicio del juicio político. También José A. Maceo, Juan Adalberto Lora
Ruíz, Freddy Almonte Brito y Luis Yépez Súncar.
Mientras tanto la
Cámara de Cuentas se muestra muy lenta y deficiente en realizar y dar a conocer
las auditorías realizadas a instituciones públicas, sobre todo aquellas que
están relacionadas con los grandes casos de corrupción; entre ellas podemos
señalar la solicitada a la OMSA, a la OPRET durante la administración de
Diandino Peña y sobre todo las cuentas de la construcción sobrevaluada de las plantas
de Punta Catalina, a las que se niega a auditar la Cámara de Cuentas, porque
supuestamente no se han terminado.
La lucha por tener una
Cámara de Cuentas que cumpla sus
funciones como fiscalizadora y auditora de los fondos públicos debe continuar y
fortalecerse. Esta debe seguir siendo una exigencia de la Marcha Verde, de
Participación Ciudadana y de aquellas personas e instituciones comprometidas en la lucha contra
la corrupción y la impunidad. Pues cuando este ente fiscalizador y auditor deja
de hacer su trabajo, se fortalecen los mecanismos de corrupción e impunidad en
esta sociedad nuestra.
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