Franklin Pimentel Torres, 9-2-2018
El pasado fin de semana fui a visitar a mi comunidad de
origen, en el municipio de Constanza y hablando con los comunitarios me entero
de que la jornada extendida de la escuela primaria se ha convertido en las
últimas semanas en una media jornada, pues desde que comenzaron las clases este
año la llegada de la alimentación escolar ha sido irregular, porque el
Ministerio de Educación, a través del Instituto de Bienestar Estudiantil
(INABIE), no le ha pagado a los suplidores y suplidoras de la alimentación escolar
desde el inicio del año escolar, en el pasado mes de agosto.
En La Vega dialogué con una suplidora de la alimentación
escolar y me dijo que tiene que suplir el alimento de lunes a viernes a una
escuela rural con 600 estudiantes. Pero desde que comenzó el año escolar no le
han pagado y está ya que no aguanta las deudas, ni los intereses bancarios que
tiene que pagar por préstamos tomados para poder mantenerse a flote. En San
Francisco de Macorís, también, un suplidor, José Ant. García, del Restaurant Dorado,
escribió en esta semana una carta al INABIE señalando que a partir de ayer,
viernes 9 de febrero, suspenderá el servicio de alimentación en un centro
educativo que suple, también por falta de pago.
Hablo con los educadores y educadoras contratados en
Jarabacoa para dar seguimiento a las personas jóvenes y adultas que han comenzado su proceso de
alfabetización y aprendizaje en el plan Quisqueya Aprende Contigo. Se les
contrató para pagarles mensualmente, pero desde el mes de septiembre la
dirección de programas especiales de la presidencia (DIGEPEP) no les paga ni
les da esperanza de cuándo se les pagará. En otros lugares del país se repite
el mismo problema con las y los maestros contratados para la educación primaria
y secundaria de Jornada Extendida. Esto está poniendo en peligro la permanencia
de esos educadores/as en los Espacios de Aprendizaje y por tanto la educación
de las y los estudiantes.
Los arquitectos e ingenieros constructores de las escuelas informaron
recientemente que se les adeudan cifras millonarias desde el año 2012, sin que
tengan certeza de cuándo se les va a pagar. El suicidio del arquitecto David
Rodríguez García, en la OISOE (2015), sirvió de voz de alarma para llamar a la
atención a la sociedad sobre el mal uso de los recursos empleados en la
construcción de las escuelas.
El art. 197 de la Ley General de Educación 66’97 plantea:
“El gasto público anual en educación debe alcanzar (…) un mínimo de un
dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%)
del producto bruto interno (PIB) (…), escogiéndose el que fuere mayor de los
dos (…). Estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no
menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos
progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del
producto interno bruto (PIB)”. Es
evidente que no se trata solo de invertir más dinero, sino de analizar de dónde
proviene y la forma cómo se emplea.
Hace ya 5 años que, por presión de la ciudadanía, se logró que
el Congreso Nacional aprobara, por primera vez,
en el presupuesto nacional para el año 2013, una partida para la
educación inicial, primaria y secundaria correspondiente al 4% del PIB
nacional. Dicha ley ha permitido un aumento significativo de la inversión en
educación, aunque según algunos economistas, todavía no se ha logrado que
realmente se ejecute totalmente el mismo. Por eso surge el interrogante de si es
sostenible mantener las prioridades que se han tenido en los últimos 5 años en
la ejecución del presupuesto educativo.
Para el presente año se ha presupuestado un gasto total de
$814,821 millones de pesos. De esos para educación se asignaron $152,765; es
decir el 18.74%. La ejecución presupuestaria tiene sin embargo, según nuestra
opinión, cuatro grandes dificultades: 1. Se presupuesta sobre la base de que
una buena parte del dinero provendrá de créditos y deudas con las empresas y
bancos nacionales y transnacionales. 2. Se presupuesta sobre la base de unos
ingresos que muchas veces se quedan cortos, pues provienen de una presión
tributaria que penaliza de forma desigual a los grupos sociales más
empobrecidos y a la clase media, mientras que no le hace pagar más a los ricos, a los que más
tienen. 3. Se ejecuta el presupuesto priorizando aspectos de tipo logístico y
administrativo, como la construcción de aulas, el pago de la nómina del
personal docente y administrativo, así
como la alimentación escolar; dejando en segundo plano elementos relacionados
con la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza, como la formación de
maestras y maestros, los procesos de seguimiento y acompañamiento al personal
docente y directivos, la elaboración de materiales didácticos, entre otros. 4.
No hay real control del dinero que se va en comisiones, sobornos,
sobrevaloraciones, robo de materiales de construcción y en malgasto que permite
que una aula salga por cerca de 3 millones de pesos; además de que mucho dinero
se dilapida en abultamiento de nóminas, en el uso de recursos públicos para el clientelismo
partidario y también para un gasto excesivo en publicidad innecesaria.
Es evidente que el cumplimiento de la asignación del 4% del
PIB no es sostenible a largo plazo, en la actual forma de captación de recursos
públicos y de ejecución presupuestaria. No se puede seguir invirtiendo y
gastando lo que no se tiene, aumentando cada día más una deuda externa e
interna que condena a las presentes y futuras generaciones a un endeudamiento
eterno que compromete la calidad de vida de la población en general. Es tiempo
de priorizar las políticas educativas orientadas a mejorar la calidad y
dignidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es tiempo de que se creen
las condiciones para que la inversión en educación esté realmente en función
del mejoramiento de la educación pública y por tanto de las condiciones de vida
de las comunidades, las familias y las personas.
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