Franklin Pimentel Torres - 1 de Julio de
2017 -
El pasado 19 de junio la prensa informaba sobre
la publicación de un manifiesto en la que un grupo de ciudadanos y ciudadanas
hacían varias propuestas, en vista al fortalecimiento democrático del país, que
incluía la solicitud de renuncia del actual presidente Danilo Medina, la
celebración de una asamblea constituyente y la creación de un nuevo orden
democrático.
La demanda sobre la renuncia del actual
presidente estuvo acompañado de otras dos:
1.- Acuerdo ciudadano político, entre actores
políticos y sociales decididos a romper con el sistema de corrupción incluyendo
la de sus propios dirigentes. Afirmaron las y los demandantes: “El gran acuerdo
incluirá los puntos esenciales de la agenda de un nuevo gobierno de transición
cuyo compromiso principal será la organización de una Constituyente por
elección popular”.
2.- Propuesta de un nuevo orden democrático.
Afirmaron además: “Los actores políticos y sociales movilizados en la Marea
Verde asumimos avanzar hacia un nuevo orden político democrático que garantice
servicios públicos de calidad, distribución más equitativa de las riquezas,
garantía de los derechos y libertades individuales y un sistema electoral
equitativo que abra las puertas a los derechos políticos de la ciudadanía”.
Las reacciones ante la solicitud de renuncia del
presidente no se hicieron esperar, sobre todo de sectores ligados al
oficialismo. Quizás la declaración más llamativa fue la del presidente de la
Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien se alineó y con un
tono defensivo señaló que el actual presidente, “tiene la unción del voto
popular que se manifestó en él de una manera incuestionablemente mayoritaria y
cualquier persona que atente contra esa unción está generando una contra
reacción y vendrán unas maldiciones tan grandes, si esas personas se salen con
la suya, que eso les afectará a ellos y probablemente a sus descendientes
también”. Miguel Vargas Maldonado, por su lado, calificó la demanda como
“absurda y afrentosa, pues choca contra el ordenamiento constitucional y revela
el talante antidemocrático de sus autores y firmantes”.
Por otro lado, algunos comentaristas han señalado
que no es la primera vez que en el país se propone la renuncia del presidente
de la República; de hecho el mismo PLD exigió la renuncia del presidente
Salvador Jorge Blanco en 1985, y más tarde, tras las elecciones de 1990,
cuando el presidente Joaquín Balaguer fue declarado ganador frente a Bosch como
principal contendor, el PLD promovió una campaña exigiendo la renuncia
inmediata del líder reformista, a quien acusaba de haber cometido “un fraude
colosal”.
El grupo que firmó la declaración se identifica
con la ideología y la práctica del Movimiento Verde; de hecho plantea la
ilegitimidad del actual gobierno y hace alusión a la lucha contra la corrupción
y la impunidad enarbolada por este movimiento. No obstante, tendríamos que
preguntarnos no solo sobre la posibilidad real de la renuncia del presidente,
sino también sobre la conveniencia política de que esto se realice en estos
momentos.
A este grupo de personas que presentó sus
propuestas hay que reconocerles el derecho que les asiste al presentar su solicitud.
No obstante, es iluso pensar que ese grupo enriquecido que está en el poder
utilizando todos los medios posibles, que controla el Congreso Nacional y las
Altas Cortes, estaría en disposición de abandonarlo por el simple hecho de que
se le solicite. No lo van a hacer, pues no hay que olvidar que esa corporación
económico-partidaria ha perdido toda racionalidad ética y política y su único
fin pareciera seguir acumulando riquezas y poder a cualquier precio, con las
evidentes consecuencias para sus víctimas, la mayoría del pueblo dominicano.
La Marcha Verde más que pedir la renuncia del
presidente, que es solo la cabeza visible de un poderoso grupo
económico-partidario, esencialmente corrupto y desalmado, que he llamado el
PL-Danilismo, enfrentado a otro grupo, el PL-Leonelismo, debe seguir demandando
que sean procesados todos los involucrados en los actos de corrupción y que se
les haga devolver el dinero y los bienes robados. Además, deben ser incluidos
no solo los casos relacionados con Odebrecht, si no todos los demás que están
pendientes.
Por otro lado, la gestación y creación de un
nuevo orden democrático no se va a lograr solo con hacer marchas exitosas, o
llamados continuos por el fin de la corrupción y la impunidad por las llamadas
redes sociales, por radio, televisión o por otros medios de comunicación.
Será necesario gestar una fuerza política que articule a los sectores
progresistas, parecida a la de Podemos de España, que con conciencia ética y
vocación democrática, vaya aumentando su representación en los gobiernos
municipales, y en los poderes legislativo y judicial, de tal manera que esa
nueva agrupación política se vaya haciendo presente allí donde se toman las
decisiones económicos y políticas que afectan la calidad de vida de toda la
población. Para que, tal como ha señalado M. Bosch, no sigamos “atajando para
que otros enlacen”.
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