Franklin Pimentel Torres - 19 de Agosto de 2017 –
El pasado miércoles (11-8-2017) apareció, como editorial, un artículo de
opinión en el Digital Acento, titulado: “La democracia dominicana, entre las
mejores del Caribe” Desde el primer párrafo el editorialista comienza
exponiendo su tesis principal con la que intenta fundamentar las razones de la
supuesta primacía económica, política e institucional de la democracia
dominicana, cuando se las compara con países de la región caribeña como Haití,
Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Se señala: “Una de las ventajas que tiene el
presidente Danilo Medina y su gobierno es la gravedad política y económica en
que se mueven algunas de las islas y países de la región caribeña, que
comparadas con la estabilidad económica y política de la República Dominicana,
nos colocan a una gran distancia por encima de esas naciones”.
Las afirmaciones presentadas en dicho artículo surgen en el contexto de
la semana previa a la conmemoración del 154 aniversario (1862-1865) del inicio
de la lucha popular de la Restauración (1863), considerada por algunos
historiadores como una de las gestas más democráticas, que ayudaron a sentar
las bases de la identidad nacional. Esto coincide, además, con la evaluación
del primer año de gestión de la administración gubernamental 2016-2020, que ya
tiene 5 años de gobierno presidido por Danilo Medina, los cuales
forman parte de los 17 años de gobierno del PLD y aliados; 13 de los cuales, de
forma continua (2004-2017).
Lo primero que habría que plantearse es si es oportuna la comparación
con los países del área del Caribe para destacar las supuestas fortalezas de la
democracia dominicana. Lo segundo sería reflexionar si en nuestro país existen,
en la coyuntura actual, hechos y realidades concretas que avalen y sirvan de
sustento para comprobar significativas fortalezas democráticas. Tercero, habría
que definir si más que hablar de demo-cracia (poder o gobierno del pueblo), en
nuestro país habría que referirse realmente a una oligo-cracia (poder de unos
pocos), o una pluto-cracia (poder de los ricos).
En el contexto global y geo-político la República Dominicana como una de
las naciones económica y políticamente dependiente del gran capital
transnacional, la democracia liberal de nuestro país está muy lejos
de poder convertirse en un referente; por tanto, necesita una revisión y un
fortalecimiento urgente. De hecho un sistema democrático fortalecido y
creíble es una aspiración de amplios sectores de la sociedad dominicana, así
como de muchas sociedades modernas desde que el primer ensayo democrático
comenzó a desarrollarse en la Antigua Grecia,
específicamente en la ciudad-estado de Atenas, (conocida
como “polis”)
en el siglo
V a.e.c.
En noviembre del 2010 y bajo la dirección del francés Jacques
Attali se presentó a la prensa y al país el “Informe de la Comisión
Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana
(2010-2020)”. En el resumen de dicho informe se señala explícitamente: “La
República Dominicana ha registrado desde hace cuarenta años un crecimiento
sostenido (+5,5% de 1970 al 2008), ampliamente superior al promedio regional
(+3,5%). (…). Sin embargo, la economía dominicana sigue siendo vulnerable y sus
fundamentos la conducen más a estimular el consumo que a anticipar las
innovaciones y las necesidades de educación a largo plazo. La dependencia con
respecto al mercado de Estados Unidos, una industria nacional que no responde
la demanda interna e importa masivamente, una situación eléctrica catastrófica
y un fraude muy importante, son algunos de los tantos factores que afectan la
economía y han deteriorado el crecimiento durante crisis mundiales pasadas
(burbuja de las empresas de internet de 2000, crisis bancaria de 2003 y
subprime de 2008).
Hoy, si la comparación en el seno del Caribe todavía favorece a la
República Dominicana, el balance es más preocupante. Con un Estado endeudado y
sin gran margen de maniobra fiscal, una sociedad poco educada y aún no
preparada para el futuro, el país se arriesga, si no se hace nada, a no tener
una segunda oportunidad. Más aún, cuando el cuerpo social no ha aprovechado el
impulso económico: con un desempleo endémico, un mercado informal considerable,
una política de salud pública poco eficaz, y una criminalidad en aumento, el
pueblo dominicano tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al
individualismo social (el “no pago”) y a la desconfianza en las instituciones
nacionales”.
El informe Attali contiene un análisis de la coyuntura nacional que
destaca, entre otros aspectos, los siguientes: 1. Una población en busca de un
nuevo contrato social; 2.-Un contexto social que conduce a la pérdida de
confianza; 3.- Un desempleo persistente y un sector informal preponderante; 3.-
La inseguridad y el tráfico de droga; 4.- La impunidad, fuente de desigualdad.
Todo esto provoca, según el informe, una búsqueda individual de soluciones en
donde no se tienen en cuenta los intereses sociales y colectivos. Esto provoca
entre otros aspectos: 1. La pérdida de confianza en las instituciones; 2.- El
clientelismo partidario que favorece al individualismo; 3. El círculo vicioso
del “No Pago”. Por esto, el informe propone la necesidad urgente de una
re-organización de las instituciones gubernamentales que ayuden a fortalecer la
eficacia de la administración pública, la transparencia en el manejo de los
bienes públicos, así como la descentralización y la igualdad de
oportunidades para las y los habitantes de los diferentes territorios.
El informe Atalí sirvió de análisis contextual y de fundamento teórico
para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo -END- (2010-2030).
De hecho presentó algunas propuestas que luego fueron asumidas en la
elaboración de la END, a través de cuatro ejes fundamentales, el
primero de los cuales es el fortalecimiento institucional como elemento
fundamental para el fortalecimiento democrático. Se señala en la END: “Los
Objetivos Generales del Primer Eje Estratégico apuntan al desarrollo de una
administración pública al servicio de la ciudadanía, y que opera de manera
eficiente y transparente. Esto implica, entre otros, el compromiso de
fortalecer el imperio de la ley y garantizar la seguridad ciudadana. Los
Resultados Esperados en dicho Eje Estratégico reconocen la relevancia de la
participación democrática, a la vez que enfatizan la importancia de la
responsabilidad de la ciudadanía en la construcción de su destino. En el ámbito
internacional, el país aspira a la preservación de la seguridad nacional en un
marco de convivencia pacífica”.
La politóloga Rosario Espinal ha identificado recientemente tres grandes
debilidades de la democracia dominicana: la corrupción, el clientelismo y el
asistencialismo. Ha afirmado con precisión: “A diferencia del pasado, cuando la
corrupción y el clientelismo selectivo eran suficientes para gobernar (así lo
hizo Balaguer), ahora hay mayor demanda de redistribución de recursos de
diversos sectores. De ahí que el Estado corrupto-clientelar haya devenido
también en Estado asistencial”.2
La Marcha Verde con
su reclamo, su discurso y su práctica centrada en la lucha contra la corrupción
y la impunidad está dando una señal precisa de que es necesario transformar la
sociedad dominicana, así como su liderazgo social, institucional, político y
partidario. Esto es fundamental para re-construir una sociedad inclusiva, justa
y participativa, en donde los recursos acaparados en pocas manos sean
recuperados y vuelvan a ser empleados para cubrir las necesidades de
alimentación, educación, salud, vivienda y seguridad social de los sectores
sociales tradicionalmente empobrecidos y excluidos|. Solo así se podría hablar
de democracia y de la construcción de un Estado Social de Derechos, pues el mal
de muchos no puede seguir siendo el consuelo de tontos y de mentes eternamente
colonizadas.
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