Franklin Pimentel Torres - 12 de Agosto de 2017 -
La vida de las mujeres está en peligro en este pedazo de isla. Continuamente la prensa trae información sobre las continuas muertes violentas y evitables de mujeres. Unas por la demencial violencia machista, otras por la falta de una adecuada alimentación, fruto de la pobreza y la indigencia, así como por la falta de acceso a buenos servicios de salud durante el período del embarazo, el parto y el post-parto.
En esta semana, en el marco de un
panel en donde se presentó el informe titulado “Maternidad Segura, Libre y
Elegida, una deuda pendiente con los derechos de las mujeres”, que se realizó
este miércoles en la Biblioteca Nacional, se informó que hasta el 16 de
julio pasado habían muerto en el país unas 94 mujeres, 12 más que las que
murieron en ese mismo periodo del año pasado; según informaron las
organizaciones Colectiva Mujer y Salud y Women´s Link Worldwide durante el
panel.
Se informó, además, que con una
tasa de 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, según la OPS, la
República Dominicana ocupa el cuarto país de la región con las más altas tasas
de mortalidad materna, por detrás de Bolivia, Haití y San Cristóbal y Nieves,
según la información. Además somos uno de los países con mayor tasa de
embarazo adolescente. Durante la actividad las entidades presentaron su
investigación que incluye la documentación de la historia de unas 7 mujeres
embarazadas que murieron entre 2012 y 2015, cuyas muertes eran evitables.
Dichas mujeres, con promedio de 24 años, dejaron hijos e hijas en la orfandad y
murieron, sobre todo, por falta de servicios de salud oportunos.
El año pasado la ONG Profamilia
presentó los resultados de dos investigaciones relacionadas con la interrupción
del embarazo en condiciones inadecuadas. De hecho el aborto inducido o natural
de adolescentes, jóvenes y mujeres adultas influye significativamente en la
muerte de mujeres, pues muchas de ellas fallecen como fruto de un inadecuado
proceso de interrupción del embarazo.
La primera investigación
presentada por Profamilia lleva como título: “Análisis de la Situación del
Aborto Inducido en República Dominicana: Revisión Sistemática y Abordaje
Cualitativo”(2016) y la segunda fue titulada: “Encuesta sobre el Aborto en
estudiantes universitarias, 2015. De ambos estudios salieron algunas
recomendaciones que es necesario tener en cuenta para trabajar el tema de la
prevención de muertes maternas por causas sociales, sanitarias, económicas y
políticas, durante el período del embarazo.
Entre las recomendaciones
presentadas las más significativas fueron:
1.
Implementación de políticas educativas e informativas orientadas a
proporcionar educación integral en sexualidad que garanticen herramientas para
prevenir embarazos no deseados o no planificados antes que las personas se vean
expuestas a los riesgos. Esto exige el acceso a la información clara y a tiempo
por parte del personal médico, así como atención humanizada de las mujeres
embarazadas.
2.
Institucionalización de políticas de salud, dirigidas a la
atención integral de la población en todas las etapas de su vida, pues se
necesitan medios, acciones y oportunidades para garantizar el acceso a la
atención médica oportuna y de calidad,
3.
Implementación de políticas de reformas legislativas que
despenalicen situaciones excepcionales en cuales el Estado exonere de
responsabilidad penal a quien practique una interrupción del embarazo en esas
circunstancias: cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de las
mujeres, cuando ese embarazo es producto de una violación sexual o incesto, o
cuando el feto viene con malformaciones incompatibles con la vida fuera del
útero.
Coincidimos con las declaraciones
hechas en el panel realizado en este semana por el Director de la Dirección
General de Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud, Juan Carlos
de Jesús, cuando dijo que la muerte de embarazadas, la prevención del embarazo
en adolescentes, entre otros aspectos de este tema, no son solo un problema de
Salud Pública, sino social del que se debe preocupar toda la sociedad. No
obstante, es necesario afirmar, también, que esto no quita que el Gobierno
dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública, asuma la principal cuota
de responsabilidad que le toca en esta temática.
En definitiva, el acceso a unos
buenos servicios de salud para las mujeres embarazadas es una cuestión de
derechos básicos. Por eso las continuas muertes de mujeres demandan tomar
acciones precisas y urgentes por parte del Estado, de las familias, los
colectivos que defienden los derechos de las mujeres, así como de las demás
organizaciones de la sociedad. Pues en definitiva, la preservación de la salud
de las mujeres embarazadas es una exigencia necesaria, pertinente y oportuna en
el contexto social, ecológico, económico, político y cultural de nuestro
territorio isleño.
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