http://acento.com.do/2014/opinion/8180484-los-asesinatos-policiales-otro-tema-pendiente-en-la-in-justicia-dominicana/
Y es que no puede
haber solución al problema de la criminalidad si la Policía –y por tanto el
Estado- está actuando con un método criminal.
Con frecuencia la sociedad dominicana,
las familias y las personas tienen que contemplar por la televisión, leer en la
prensa o escuchar por la radio noticias relacionadas con los cotidianos
asesinatos realizados por la policía nacional de personas que suelen tener unas
características bien concretas: generalmente son hombres, jóvenes, con bajos
niveles educativos, desempleados, provenientes de sectores sociales
empobrecidos y marginados.
El presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, señaló recientemente que en
lo que va del año 2014 ya son 155 los ciudadanos asesinados por la policía que
se suman a las cerca de 6,300 personas que en los últimos diez años han sido
asesinadas por la mal llamada “fuerza del orden”. Generalmente se habla de
“intercambios de disparos”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se
trata de ejecuciones, aunque entre las personas caídas hay también policías, o
miembros de las fuerzas armadas o de la DNCD. Sin embargo la proporción de
policías asesinados o que han perdido la vida en estos incidentes es mucho
menor; lo cual no justifica estos asesinatos.
Estas horrendas ejecuciones ocurren ante
la mirada aparentemente indiferente de la mayor parte de la sociedad
dominicana, así como de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y
judicial. Pareciera que la vida de miles de personas no les interesa a la
justicia dominicana, en la mayor parte de los casos. Incluso cuando ocurre un
caso de asesinato las supuestas investigaciones se quedan, generalmente, en
manos de la policía o de jueces cómplices con este tipo de crímenes. En otras
ocasiones simplemente se traslada a los policías de un lado para otro y todo
sigue igual.
No hay forma de justificar éticamente
estos asesinatos económico-políticos; de todos modos es importante intentar
acercarnos a las causas que los producen. Es conocido por la población
que a las personas asesinadas generalmente se las tacha de “delincuentes”. Y
“delincuente”, según la concepción común es el que en las calles atraca a una
persona, le quita un celular, dinero o prenda, etc. Delincuente es también el
ladrón que se entra en la casa para robar. Entre esos delincuentes hay también
un grupo ligado a la policía, a las fuerzas armadas o son ex miembros de estos
organismos. Sin embargo la gran delincuencia, la que supone evadir los
impuestos que habría que pagar al Estado, o la gran corrupción de los grupos
empresariales; la corrupción de los grupos y líderes partidarios; los que
quebraron los bancos y se apropiaron ilegalmente de los ahorros de miles de
personas, etc., esos por lo general no son buscados por la policía, ni
mucho menos agredidos.
El problema de la violencia y la
delincuencia es necesario visualizarlo en un contexto mundial más amplio como
fruto del deterioro y del fracaso de la imposición a nuestros países de las
políticas del sistema económico-político neoliberal, una fase degradada del
capitalismo salvaje, que impulsa a esos países a defender sus negocios
transnacionales a cualquier precio. Cuando tenemos que contemplar que el
ejército de Estados Unidos de América, en alianza con los países europeos y
asiáticos que sustentan la llamada OTAN, invade Irak, Siria, bombardea
poblaciones civiles, supuestamente buscando a “terroristas”, cuando Israel
invade los territorios Palestino o realiza una matanza como la que realizó
recientemente en Gaza, cuando siguen bombardeando, supuestamente buscando
terroristas, entonces tenemos que admitir que los grandes del mundo se han
asignado el permiso de asesinar a personas supuestamente terroristas o a
civiles indefensos.
La causa principal de la delincuencia de
abajo hay que buscarla en la concentración de los bienes y las riquezas en
pocas manos de los grupos económico-partidarios, en los altos niveles de
exclusión social de una parte significativa de la población que genera las
faltas de oportunidades, sobre todo entre los más de 700,000 jóvenes, que ni
estudian ni trabajan; en quienes no tienen la posibilidad de conseguir un
trabajo digno, o entre quienes tienen una marcada incapacidad adquisitiva, lo
que determina que lo que consiguen no les da para sobrevivir. Por otro lado
este grupo de personas es “incluido virtualmente y excluido realmente” como ha
señalado el sociólogo Marcos Villamán. Esas personas tienen que contemplar cómo
los muchachos y muchachas del barrio que lograron meterse a un partido
mayoritario o lograron llegar a ser funcionarios públicos, o se ligaron al
negocio de las drogas, al poco tiempo exhiben impunemente riquezas y bienes que
no pueden justificar.
La mayor parte de la Policía, por su
lado, forma parte también de ese grupo de personas que son excluidas, que
sobrevive con precariedad económica y cuyos salarios les da apenas para cubrir
solo una parte de los gastos de la canasta familiar. Es así como los policías
que asesinan a los supuestos delincuentes se convierten ellos mismos en
asesinos que están agrediendo a su misma clase; a la gente que tiene que hacer
malabares para sobrevivir, en una sociedad en donde las riquezas están
concentradas en pocas manos y en donde la corrupción impune se convierte en
promotora de una violencia permanente.
Estos asesinatos realizados por la
policía deben ser considerados como crímenes del Estado Dominicano, que atentan
contra el Estado de Derecho, tal como lo expresa la Constitución de la
República. Por eso Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, ha
alertado a la sociedad dominicana sobre el retroceso que vive el país en la
lucha contra la criminalidad, ya que la Policía está actuando fuera de la ley y
el Estado derecho, lo que puede derivar en una barbarie generalizada. Y señaló:
“O nos aferramos al derecho o nos espera la barbarie generalizada. No hay
solución al crimen desde el crimen” (Hoy, 2-6-14). Y es que no puede haber
solución al problema de la criminalidad si la Policía –y por tanto el Estado-
está actúando con un método criminal.
La comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ha anunciado recientemente, que demandará al Estado dominicano
ante el Relator Especial de las Naciones Unidas, Christof Heyns, con asiento en
Ginebra (Suiza), debido a lo que consideró como “ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias”. Resaltó dicha comisión que las supuestas
ejecuciones, violan además abiertamente la Constitución dominicana vigente, que
en su Artículo 37 defiende el derecho inviolable a la vida, desde la concepción
hasta la muerte. Por lo tanto en la sociedad dominicana no podrá establecerse,
pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte (Acento,
3-6-2014).
La pregunta fundamental es qué se está
haciendo para enfrentar esta realidad y cuáles serían las líneas de acción, las
estrategias y las acciones principales a emprender –por el Estado y sus
instituciones, así como por los diferentes grupos sociales defensores de los
derechos humanos- para ir atacando este mal, estos asesinatos impunes.
Sin bien la respuesta tiene que ser multifactorial, consideramos que un primer
paso es ayudar a las personas a tomar conciencia de la gravedad de estas
situaciones de violencia; otro elemento importante es luchar por la
transformación del modelo económico-político que permite la concentración de
las riquezas en pocas manos; continuar la lucha contra la corrupción impune y
seguir apoyando los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la policía
nacional, trabajando en crear proyectos de formación oportunidades de un
trabajo digno, entre otros aspectos significativos.
Se hace necesario apoyar la denuncia de
los asesinatos policiales, como crímenes de Estado, ante los organismos
internacionales como la ONU o a la Corte interamericana de Derechos Humanos;
mientras se sigue luchando para que tanto las mismas familias de las personas
asesinadas, así como las organizaciones e instituciones que apoyan su causa,
continúen la lucha, por crear mejores condiciones de vida para los sectores
sociales más excluidos. Es una tarea urgente que los sectores del poder
judicial con cierto nivel de conciencia, los grupos comunitarios, las
organizaciones de base comprometidas con la vida digna, se conviertan en
vigilantes de la actuación delincuencial de una policía que es pagada con
nuestros impuestos para que no se siga poniendo al servicio de los intereses de
las minorías enriquecidas y decidan ser aliadas de los sectores populares que
exigen y se merecen mejores condiciones de vida.
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