Franklin
Pimentel Torres, 15-12-2017
En
el pasado mes de Octubre la oficina local de la Organización no
gubernamental OXFAM dio a conocer un interesante informe que contiene
el resultado de la investigación realizada por un equipo técnico de
la entidad con relación a la necesidad de controlar el malgasto de
los fondos públicos re-orientar las prioridades en la inversión
económica pública, con el fin de garantizar los derechos adquiridos
de toda la población, sobre todo de los sectores sociales más
empobrecidos y excluidos.
El
estudio de OXFAM, “Se buscan: recursos para garantizar derechos”,
fue presentado por Rosa Cañete, coordinadora de campaña de esa
entidad y autora del informe, junto a Rafael Jovine, en un acto en el
hotel Crowne Plaza, realizado el pasado 18 de octubre del presente
año, indica que para este año el monto de los fondos “malgastados
sobrepasa los RD$90,000 millones, equivalente a cerca del 13% del
gasto total del Gobierno central”.
OXFAM
presentó su informe en el momento en el que se estaba discutiendo el
presupuesto nacional para el 2018 y con la finalidad de incidir en
que los tomadores de decisiones tomasen en cuenta sus propuestas y
que de alguna manera eso se reflejase en el aumento de la inversión
social en la distribución presupuestaria del 2018. Evidentemente, el
presupuesto aprobado por el Congreso para el 2018 refleja pocos
cambios en cuanto a sectores prioritarios como salud, vivienda,
seguridad social. Por eso se confirma lo señalado en el informe: “si
nada cambia; cada año habrá menos recursos públicos para
garantizar derechos”.
Si
se va disminuyendo el malgasto de fondos públicos, y el dinero se va
invirtiendo en áreas sociales, se van generando las condiciones para
garantizar los derechos adquiridos por la población. Pero, ¿cuáles
fueron, según la investigación, las principales áreas
identificadas en donde se malgasta el dinero público que tendría
que servir para garantizar a la población servicios sociales de
calidad?
1.-
La
corrupción y la impunidad.
El estudio hizo un levantamiento de algunos casos significativos de
corrupción durante el período 1998-2014, aunque no se incluyó en
el mismo el monto relacionado con los fraudes bancarios. La
investigación identificó unos
RD$26,292 mil millones que se van en corrupción de diversos tipos
cada año. Lo cual representa el 0.7% del PIB para el año 2017.
2.-
Uso
partidario de la nómina pública.
En las llamadas botellas el informe identificó un malgasto de unos
$39 mil millones. La evidencia indica que la cantidad de empleos
públicos por habitante en República Dominicana es casi un 21% mayor
que la media de 17 países de América Latina, y 28% mayor en
comparación con los países centroamericanos.
3.-
Entidades
Públicas que sobran y duplican funciones.
El estudio propuso eliminar instancias que sobran o duplican
funciones en la administración pública. Entre las propuestas más
significativas están: 1.-Creación de un Congreso unicameral. 2.-
Fusión del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio
Administrativo de la Presidencia. 3.- Eliminación de las funciones
del Despacho de la Primera Dama. 4.- Eliminación de la Liga
Municipal Dominicana (LMD). 5.- Eliminación de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. 6.- Fusión de
instituciones que trabajan en la sectorial transporte, entre otras.
4.
Malgasto
en uso clientelar en viáticos, propaganda y en publicidad.
El gasto en publicidad y propaganda, los viáticos o gastos de
representación asignados a empleados/as públicos/as y las partidas
de uso discrecional de fondos públicos en manos del Presidente de la
República, que son consignados cada año en el Presupuesto General
del Estado, constituyen ejemplos fehacientes del malgasto de recursos
relacionados con el clientelismo partidario.
Señala
el informe de Oxfam: “Aunque nunca se ha asignado la magnitud de
recursos que prevé la legislación, el monto provisto cada año se
aproxima a los RD$5,000 millones, equivalente al 1% de los ingresos
corrientes del Estado. Según los reportes del Ministerio de
Hacienda, las apropiaciones asignadas para uso discrecional del
Presidente de la República son distribuidas en más de 40 grandes
rubros en una gran diversidad de programas y actividades dentro del
tren gubernamental. En la gran mayoría de los casos, se trata de
gastos en áreas que ya cuentan con alguna institución pública, ya
sea ministerio, dirección general o gobierno local, con facultades y
funciones delimitadas para tales fines”.
Durante
el período fiscal 2014-2016, el gasto promedio devengado en
publicidad y propaganda se situó en alrededor de RD$3,400 millones.
Para el año fiscal 2017 el monto programado inicial para este
concepto ronda los 3,373.5 millones. Aunque el mayor gasto en
publicidad lo tiene el Ministerio de Turismo, hay otras instancias
como la Presidencia de la República, que registra un significativo
gasto en publicidad y propaganda, concentrando casi la cuarta parte
de esta partida, con unos RD$745.9 millones asignados para el año
fiscal 2017.
5.-
Desmonte
de las transferencias al sector eléctrico.
Tras dos décadas de constantes reformas, las transferencias al
sector eléctrico presentan, todavía hoy en día, una de las mayores
cargas para el fisco dominicano. Todavía para el año fiscal 2017,
aún y con la reducción prevista, el subsidio eléctrico se sitúa
por encima de los RD$30,000 millones o lo equivalente al 0.9% del
PIB, lo cual es al menos tres veces superior a la meta de
financiación prevista por la END. Además, es necesario tomar en
cuenta que todas las transferencias que están siendo hechas al
barril sin fondo de la construcción de las plantas de Punta
Catalina, agrava la situación.
En
el año 2016, según los resultados del Latinobarómetro 2016-2017,
el 77% de la ciudadanía pensaba que en la República Dominicana se
gobierna para el beneficio de los poderosos e igual proporción
pensaba, en el año 2014, que los funcionarios públicos eran
corruptos. Esta percepción está vinculada también a que la
ciudadanía sea proclive o no a pagar impuestos. En el año 2016 la
ciudadanía dominicana ocupaba la tercera posición de América
Latina y el Caribe en la escala de justificación de la evasión de
impuestos. De hecho somos el segundo país de América Latina y el
Caribe que menos recauda. El Estado dominicano recaudó tan solo
13.1% del PIB en 2016.
En
definitiva será necesario que los tomadores de decisiones asuman dos
elementos fundamentales para que pueda haber mayor inversión en
áreas sociales: controlar el malgasto de los fondos públicos y
aumentar los recursos de los impuestos que maneja el gobierno que en
la actualidad no superan el 14% del PIB. De hecho La Estrategia
Nacional de Desarrollo (2030) plantea que para el año 2020 se
necesitaría recaudar un 19% del PIB. Para esto será necesario hacer
pagar más impuestos a los que más riquezas generan y asignar esos
recursos a mejorar la salud, las viviendas y la seguridad social de
los más empobrecidos, como una cuestión de derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario