De fuera vendrán que derechos y justicia
exigirán
Franklin Pimentel-Torres. 26-2-2016
En una sociedad como la dominicana, en la
que las y los ciudadanos tienen que sufrir una constante violación a sus
derechos fundamentales y en la que una buena parte de la población vive
marginada y con bajos niveles de conciencia,
cautiva ideológicamente y dependiente del clientelismo promovido y
mantenido por las principales corporaciones económico-partidarias y
económico-religiosas, contar con la vigilancia, y el apoyo de organismos
internacionales que nos ayuden a velar por los derechos fundamentales de los
sectores sociales tradicionalmente excluidos, es un aporte que tenemos que
aprender a valorar, en su justo significado.
La Constitución dominicana en su artículo 7
señala que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de
Derecho (…), fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos
fundamentales...” No obstante esta declaración constitucional, en muchos casos
es el mismo Estado dominicano el que se convierte en el principal violador de
los derechos fundamentales, a través de sus instituciones y de un sistema de
justicia corrompido, diseñado para castigar y condenar a las y los débiles y
asegurar la impunidad para los poderosos.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha dado a conocer recientemente su informe correspondiente al
2015: “Situación de los derechos humanos en República Dominicana”.,. Se trata
de un análisis socio-político muy profundo sobre el respeto a los derechos
humanos en el país. Dicho documento, que cuenta con 263 páginas, está redactado
con un estilo ágil y prioriza la descripción de la violación a los derechos de
las y los dominicanos de ascendencia haitiana, y a las y los trabajadores
migrantes haitianos en República Dominicana.
El documento de la CIDH cuenta con los datos
recogidos en la visita que un equipo de ese organismo hizo al país del 2 al 6
de diciembre del 2013, en donde entrevistaron a más de 3000 personas que
acudieron al llamado de la comisión del organismo internacional, de las diferentes
regiones del país, para informar sobre casos que incluyen la violación de sus
derechos. El documento cuenta con una historia sobre los antecedentes que
precedieron a la fatídica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que
desnacionalizó a más de 200,000 dominicanos y dominicanas de origen haitiana.
Analiza, además, los resultados de la ley 169-14 y del Plan de Regularización
Migratoria promovido por el gobierno, con sus exiguos resultados. La CIDH se refiere, además, al racismo que
está metido en la conciencia dominicana y es mantenido por los sectores del
poder económico-partidario, como una forma de mantener su poder y su decisión
de seguir utilizando la mano de obra de las y los migrantes en condiciones de
neo-esclavitud.
La organización Transparencia Internacional
acaba de hacer un aporte importante al país, al comunicar que el senador Félix
Bautista ha quedado en cuarto lugar en una consulta mundial sobre los
principales casos de corrupción pública. En algún momento de la consulta el dominicano
estuvo en primer lugar en la votación. Y aunque el funcionario alegó que logró
que los tribunales dominicanos y el sistema de justicia como tal se hicieran de
la vista gorda, liberándolo de ir a un juicio de fondo, la organización
internacional le pidió una documentación que éste no pudo presentar. De tal
manera que a nivel internacional el caso Félix Bautista sigue presentándose
como uno de los principales casos de corrupción en el mundo, de los últimos
años.
Amnistía Internacional, en su reporte del
2015, sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana señaló
algunos hechos en donde éstos han sido violados una vez más. Señaló que en el
pasado año no se aprobó una ley de reforma de una policía que constantemente
asesina a ciudadanos y ciudadanas y abusa de ellos y ellas. Señaló, además, que
muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de
intento de aplicar una ley cuyo propósito era abordar y remediar esa situación
(ley 169-14). No pudo entrar en vigor el nuevo Código Penal que despenalizaba
el aborto en ciertas circunstancias. El Congreso tampoco adoptó una legislación
que podría haber promovido la protección de los derechos de las mujeres y niñas
de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales (LGBTI).
El colectivo de los mal llamados
neo-nacionalistas, que reproduce la ideología del neo-nazismo discriminatorio
en la sociedad dominicana, señala que el aporte de estos organismos
internacionales es una injerencia extranjera en los asuntos nacionales. Y
confunden la identidad dominicana y la soberanía nacional con un supuesto
derecho a seguir violando impúnemente los derechos de las y los dominicanos y
dominicanas en general y en particular los de origen haitiano y de las y los
migrantes que vienen a buscar mejores condiciones de vida, en la parte oriental
de nuestro territorio isleño.
Bienvenido sea el aporte de los organismos
internacionales que nos ayudan a visualizar las injusticias y abusos cometidos
contra la población indefensa y nos recuerdan los derechos humanos
fundamentales. Pues aun en medio del ruido del carnaval comercializado y del
ruido ensordecedor de la campaña electoral, del hastío de la propaganda
gubernamental y de la oposición, en tiempo de campaña electoral, éste un buen
momento para que las personas conscientes y las organizaciones e instituciones
comprometidas con otra sociedad posible, redefinamos las estrategias necesarias
para continuar luchando por la construcción de una sociedad de justicia y de
derecho, en la que se prioricen las políticas públicas orientadas a que los
seres humanos y todos los seres vivos que habitamos en el territorio isleño,
podamos vivir con dignidad y felicidad.
