Inversión, vigilancia social y políticas públicas en educación

                         

Franklin Pimentel Torres, 1-9-2017

El pasado 21 de agosto comenzó el nuevo año escolar 2017-2018. No todas las escuelas iniciaron sus clases, debido, principalmente a la falta de maestros y maestras. En otros lugares hay problemas con la planta física. Un grupo de estudiantes no estará en posibilidad de asistir en el horario asignado a la Jornada Escolar Extendida porque son trabajadores o tienen responsabilidades familiares. Otros no podrán asistir porque en una escuela en donde habían dos tandas, de momento las autoridades educativas decidieron crear una jornada extendida sin tener preparadas las aulas y las y los docentes para atender a la población de una de las tandas. Por todo esto, se reportaron dificultades para iniciar el año en escuelas de Barahona, Baní, Santo Domingo, entre otros lugares.

Al déficit de maestros y maestras, de alguna manera agravado por la implementación de la Jornada Escolar Extendida sin suficiente planificación, se suma el hecho de que el Ministerio de Educación dejó de re-contratar a educadoras y educadores que estaban trabajando el año pasado. Por ejemplo en una escuela del Dist. 03-04 de Baní se reportó que al inicio del año escolar 18 de los 22 maestros y maestras que trabajaban por contrato, no han sido re-contratados y evidentemente los 4 maestros y maestras restantes no están en capacidad de atender toda la población que en el año escolar anterior atendían 22 docentes.

A partir del año escolar 2012-2013 se comenzó la implementación del 4% del PIB para la educación. Sin embargo después de 4 años de ejecución es importante analizar qué áreas han sido prioritarias en la inversión para impulsar las políticas públicas en educación. Hasta ahora las principales inversiones se hacen en la nómina: docente y administrativa, en la construcción de escuelas, en la alimentación escolar, en el material didáctico y en la publicidad.

Aunque ya hace cuatros años (el año escolar 2017-2018 sería el quinto) que se ha comenzado la aplicación del 4%, es necesario cuestionarse hasta qué punto es sostenible en el tiempo tal inversión en la educación inicial, primaria y secundaria de niños, niñas y adolescentes, así como en los niveles de educación de personas jóvenes y adultas, sobre la  base de lo que percibe el gobierno como impuestos (14% del PIB), de un endeudamiento interno y externo descontrolado y sin que el gobierno de señales claras de hacer pagar más a los que más tienen y de controlar los recursos que se desvían para la corrupción y para el derroche del gasto del presupuesto educativo.

¿Cuánto dinero del 4% se está yendo en la nominilla? ¿Cuántas son las personas – directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo- que están cobrando sin trabajar? ¿Cuántos son los administrativos innecesarios nombrados en el nivel nacional, regional y distrital, mientras falta, docentes y personal de apoyo y de limpieza  en muchos  centros educativos? ¿Cuánto dinero del asignado a la construcción de las escuelas se está desviando en la corrupción y en la compra sobrevaluada de terrenos, ya que el costo por aula (cerca de 3 millones de peso) es el más alto que se conoce en la región caribeña y latinoamericana? El caso del suicidio del arquitecto David Rodríguez (24-9-2015) en las oficinas de la OISOE reflejó solo una parte del problema.

En septiembre del 2016 la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) presentó un estudio sobre la calidad del gasto público en educación y su correlación con el mejoramiento de la calidad educativa de los aprendizajes, teniendo en cuenta el aumento significativo en la inversión a partir del año 2013. Dicho estudio señaló como uno de los aspectos positivos, el mejoramiento de los salarios de las y los docentes que según el estudio, creció un 27% entre 2011 y 2015. Otro aspecto significativo ha sido el aumento de la inversión en la capacitación docente. Según el estudio de EDUCA ha crecido 49 veces respecto del 2004, llegando en 2016 a la significativa cifra de $3,324 millones de pesos. El estudio señaló, sin embargo, que los aumentos generalizados sin una correcta correlación con los niveles de desempeño, no generan, dada las evidencias, un adecuado impacto en los niveles de mejora de los aprendizajes.

El presupuesto educativo, luego del 4%, permitió también avanzar en la desconcentración del gasto educativo, es decir el dinero que llega directamente a los centros educativos para la gestión local. Este gasto se incrementó significativamente en  los últimos años, pasando del 73.79% en 2011 a un 88.94% para 2015.

El estudio de Educa también señaló dificultades en el tema del aumento excesivo del personal administrativo y de apoyo en las diferentes instancias del MINERD. De hecho el personal no docente y administrativo experimentó un crecimiento del 85% entre 2012 y 2015.  En apenas 3 años se integraron al sistema más de 33,110 nuevos funcionarios, no docentes, incrementando la cantidad de docentes incluso más allá de lo recomendado por los reglamentos dominicanos y por las buenas prácticas de los sistemas educativos más eficientes. Otro aspecto ha sido el tema del aumento excesivo en publicidad: Por ejemplo los gastos por concepto de publicación y publicidad crecieron un 500% entre 2013 y 2014, una variación significativa si se tiene en cuenta que el aumento nominal del presupuesto del MINERD entre esos años fue de 9.5%.

El tema de la vigilancia social sobre la calidad de la inversión en educación debe ser uno de los temas fundamentales para la contraloría social en el territorio, por parte de las comunidades y de sus organizaciones. Eso significa que es necesario seguir teniendo en la mira el tema de la descentralización y la transparencia en el uso del manejo de fondos públicos asignados a los centros educativos.

La Marcha Verde, como movimiento social que exige el control de la corrupción y el fin de la impunidad debe asumir como tema prioritario la lucha por la calidad de la inversión en educación como uno de los temas prioritarios en su agenda de lucha. Y eso desde los diferentes territorios, y organizaciones sociales y comunitarias, pues es necesario atacar no solo la gran corrupción de la clase económica y partidaria del país, sino también la que se da en la cotidianidad de los centros educativos, en los centros de salud y en el manejo del presupuesto municipal, entre otros.