Educación digna,
sindicatos docentes y lucha contra la corrupción y la impunidad
Franklin Pimentel Torres. 24/02/2017
Desde inicio del año 2017 se han reactivado las luchas de
profesores y profesoras de los diferentes niveles educativos; desde el Inicial,
pasando por los niveles Primario o Básico, y Secundario, hasta llegar al universitario.
En muchos lugares del país las y los estudiantes de la escuela pública
dominicana y de la UASD han recibido mucho menos horas de clases de lo
acostumbrado. En el caso de la UASD las clases iniciaron hace pocos días,
después de los acuerdos sobre nuevos ajustes salariales.
Las actuales luchas de docentes, y personal técnico-pedagógico han sido
lideradas por tres sindicatos de maestros y maestras: La Asociación Dominicana
de Profesores y Profesoras (ADP), La Asociación Nacional de Profesionales
y Técnicos de la Educación (ANPROTED), y
la Federación de Asociaciones de Profesores de la
UASD (FAPROUASD). En estos dos primeros meses del año estos tres sindicatos han
estado exigiendo fundamentalmente aumentos salariales, como una condición para
integrarse plenamente a sus labores profesionales.
Una de las preguntas que se
hacen muchos sectores es cuál el grado de compromiso que tiene el liderazgo de estos sindicatos de docentes y
personal técnico con los procesos de mejoramiento de la dignidad de la
educación dominicana, la cual se caracteriza precisamente por sus bajos niveles
de calidad, en cuanto a los aprendizajes y a la formación ética y ciudadana de
estudiantes, docentes y directivos.
Y esto fundamentalmente
porque en las luchas de estos tres sindicatos parecen primar los intereses
económicos, gremiales e individuales y no aparecen en el mismo nivel de
exigencia temas que tienen que ver con el mejoramiento de los indicadores que
ayudarían a mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza: como los procesos
de formación y seguimiento de docentes y el debido seguimiento pedagógico, la selección
adecuada de los directivos del sistema, la integración de las comunidades de
aprendizaje en las comunidades locales, la urgencia de una buena formación para
el trabajo de jóvenes y adultos, la transparencia en el uso de los fondos
descentralizados, entre otros aspectos a tomar en cuenta.
En la actual coyuntura en que
hay un movimiento social fuerte luchando contra la corrupción y la impunidad en
los diferentes niveles de la sociedad, pero particularmente en lo relacionado
con la apropiación individual de los fondos públicos, sería una buena oportunidad
para que docentes, directivos y técnicos pedagógicos incluyan entre sus
demandas gremiales el control de la corrupción y la impunidad al interior del
sistema educativo, a todos los niveles.
Uno de los aspectos que
merece especial atención es la mala práctica del nombramiento del personal
innecesario por motivaciones clientelares y partidarias, tanto en los niveles
primario y secundario como a nivel universitario. Esto se da sobre todo con el personal
administrativo, aunque hay también educadores y personal técnico que son
nombrados como “botellas”, violando impunemente el Pacto por la Educación.
En un estudio sobre la
calidad del gasto en la educación, sobre todo a partir del intento de ejecución
del 4% (2013-2015), presentado por la institución Acción Empresarial por la Educación
(EDUCA), se señala: “En el período 2011-2015, la expansión del personal
administrativo ha sido más acelerada que la del personal docente. En apenas
tres años y ocho meses, se incrementó el personal no docente en un 78%. Es
decir, se agregaron 33,307 empleados administrativos a la nómina del MINERD.
Como resultado de esta política de contrataciones y del aumento del ingreso
mensual promedio en un 39%, el valor mensual de la nómina en personal no
docente se ha incrementado en 148%”… Del total de empleados administrativos
contratados, la sede incorporó 3,138, lo cual, en términos relativos, la hace
la instancia de mayor crecimiento (119%)”.[1]
Ya hay voces que están señalando que en la actual
administración del MINERD se sigue con la mala práctica de seguir nombrando
gente por razones clientelares y “políticas”. Recientemente uno de los
directivos de la ANPROTED señaló que en una de las regionales educativas del Suroeste
acaban de nombrar en el pasado mes de enero, como técnicos educativos, a 8
personas que aparecen en la nómina sin que se hayan presentado o sin que nadie
los conozca en el lugar del trabajo para el que fueron nombrados.
Lo que se afirma para los niveles inicial, primario o
básica, y secundario se puede aplicar también para el nivel universitario. Por
eso ha surgido un movimiento de profesores y profesoras de la UASD que está
denunciando el uso ilegítimo y clientelar de fondos públicos en el nombramiento
de personal innecesario por las actuales autoridades de la UASD. La Prof.
Virtudes de la Rosa,[2]
vocera del movimiento señaló entre los principales problemas el nombramiento de
personas que no forman parte de la estructura de la Universidad. Afirmó,
además, que hay puestos que son creados en cada rectoría para cumplir con
acuerdos de campaña de los rectores. Señaló, también, que entre los suplidores
del comedor universitario son colocados testaferros de los inversionistas de
las campañas de los rectores, entre otros aspectos.
La educación dominicana necesita mejorar significativamente.
Esto exige un esfuerzo mancomunado de los diferentes sectores que en ella
intervienen, comenzando por el compromiso de las y los docentes y directivos y por la defensa de las y los estudiantes a
tener una educación digna. Dentro de este esfuerzo un aspecto importante a
cuidar es una inversión educativa que esté orientada realmente a mejorar los
procesos de aprendizaje y enseñanza. Por eso es necesario que cada día más se
sumen nuevos educadores, educadoras, directivos y personal técnico a la lucha contra
la corrupción y la impunidad que existe, también, al interior del sistema
educativo dominicano a todos los niveles.
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