EL PAÍS FRENTE A LA CRISIS SALARIAL

EL PAÍS FRENTE A LA CRISIS SALARIAL
Por Matías Bosch / Para compartir http://pensamientoinsurrecto.com/el-pais-frente-la-crisis-salarial/

El sector del gran empresariado impulsó un proyecto de reforma al Código de Trabajo y al mismo tiempo se ha negado a discutir seriamente la crisis salarial, cumpliéndose el plazo que ordena la ley para revisar lo que las empresas privadas pagan a los trabajadores.

Tanto para negarse a una mejora significativa de los salarios como para conseguir apoyos a su propuesta de reformar el Código, el gran empresariado ha esgrimido argumentos distintos según pasan los años: a partir de la crisis de Estados Unidos en 2008 el sector de zonas francas planteó que existe “falta de competitividad”; posteriormente han alegado que es para apoyar al sector de las MIPYMES y que es a favor de la creación de más empleos y de la formalización. Extraño caso, pues ni la mayoría de los empresarios ni los trabajadores han tenido “vela en el entierro”, siendo los principales afectados por esta discusión.

Ninguno de esos argumentos ha podido ser demostrado de manera científica y creíble. La evidencia internacional y local muestra que con hacer involucionar el Código y con mantener los salarios en la cota de la miseria no se crea empleo ni se formaliza ni se beneficia a las MIPYMES. Al mismo tiempo, todos los estudios indican que la inmensa mayoría de los trabajadores dominicanos producen cada vez más riqueza pero viven en la pobreza... Una insoportable pobreza.

El problema -lo sabe bien el gran empresariado- es el de fondo, el de siempre: la distribución de la riqueza, quién se queda con qué parte del bizcocho que todos los dominicanos producen. El problema es político, es de poder. A la hora de mantener y elevar las altas tasas de ganancias se ha empujado a la “baja de costos”, llamando a los trabajadores y trabajadoras del país “costo laboral”, al mismo tiempo que se deja fuera de discusión otros “costos” que bien podrían revisarse pero son sectores estratégicos privatizados y fuentes de extraordinaria ganancia para un pequeñísimo grupo de empresarios: generación eléctrica, combustibles, sector financiero y crédito, distribución y comercialización de los bienes básicos e insumos productivos, pensiones, seguros de salud y riesgos laborales, entre otros.

Hoy en día los trabajadores y trabajadoras dominicanas están ganando un 30% menos de salario real que en el año 2000, mientras producen 50% más de riqueza respecto al mismo año. El salario mínimo empresarial es de 11,292.00, pero en los hechos esto es una ficción porque usando su poder en el Comité Nacional de Salarios el gran empresariado ha establecido “clasificaciones salariales” que permiten que en el sector de zonas francas el salario mínimo legal sea 7,200 pesos y en el sector turismo 8,400 pesos, por sólo dar dos ejemplos de escandalosa iniquidad entre la riqueza producida y los salarios que se pagan en sectores destacados de la economía.

No aumentar responsablemente los salarios y forzar una involución del Código de Trabajo con la visión de “costo laboral”, en un contexto en que más del 60% de los empleados del sector privado gana menos que el valor de la canasta mínima de subsistencia, es un comportamiento propio de dueños y peones de finca en la época de las montoneras, pero no de integrantes de un país organizado como Estado Democrático y de Derecho. Esta realidad de sobre-explotación generalizada transgrede la función que la Constitución nacional le da al trabajo y al salario, es atentatoria contra los Derechos Fundamentales establecidos en la carta magna y subvierte los principios y normas de la ley laboral dominicana.

Los representantes de los trabajadores dominicanos están demandando un 30% de ajuste: en el más maravilloso de los casos significaría un aumento de 4000 pesos para el “mejor” de los salarios mínimos. La mayoría de los empresarios y empresarias que necesitan trabajadores viviendo dignamente y que dependen de un mercado interno sólido y dinámico, deben hacer sentir su opinión porque están gravemente amenazados. El país no puede seguir siendo una soga que se estira y parte por el punto más débil, no importa si queda flotando o entra el mar. Nadie se puede hacer “de la vista gorda” con este dilema fundamental para la Nación y los poderes públicos tienen que actuar como garantes del bienestar colectivo.