Un cristianismo comprometido con la justicia y la Vida Digna

Un cristianismo comprometido con la justicia y la Vida Digna

http://acento.com.do/2015/opinion/8253316-un-cristianismo-comprometido-con-la-justicia-y-la-vida-digna/

Por Franklin Pimentel Torres. 30 de mayo de 2015. @pimentelfs

La realidad salvadoreña de hoy se parece mucho a la de otros países latinoamericanos y caribeños. Sigue la concentración de las riquezas en pocas manos. Un alto nivel de pobreza (en torno al 40%) y de miseria (cerca del 20% de la población).  Con un tercio de sus habitantes en el exilio económico en Estados Unidos, Europa y otras latitudes. Con una violencia constante (hay entre 10 a 15 asesinatos diarios) y un gobierno del FMLN que adjudicó de sus principios, con un liderazgo corrupto, que propicia la impunidad y no da señales de tener voluntad política de que se haga justicia a las víctimas de la violencia de más de 12 años de conflicto armado (1980-1992).

Entre los años 1980 al 1992 se desarrolló en El Salvador una época de violencia y de confrontación armada entre las fuerzas militares y para-militares del gobierno y las fuerzas de la guerrilla del Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que logró articular varios grupos insurgentes para hacer frente ante la concentración de las riquezas en pocas manos y ante la violencia gubernamental para mantener los privilegios de la oligarquía.

En una de sus cartas pastorales en  la que analizaba la realidad salvadoreña (1979), Oscar A. Romero, profeta salvadoreño, latinoamericano, caribeño y testigo comprometido habló de los rostros sufrientes de su pueblo:  “niños  que desde la más tierna edad tienen que ganarse ya la vida; jóvenes a quienes no se les presta una oportunidad de su desarrollo; campesinos carentes hasta de lo más necesario; obreros, a los que se les regatean sus derechos, sub-empleados, marginados y asesinados, ancianos que se sienten inútiles para la historia; todo esto es agravante de toda nuestra crisis, esta grave injusticia social” (Brockman, 2015,283).

Oscar A. Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980, Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) asesinado por el ejército el 16 de noviembre de 1989 junto a otros 5 compañeros y 2 mujeres,  Arturo Rivera y Damas, obispo  Santiago María (1977-1980), y luego obispo de San Salvador (1980-1994), Jon Sobrino, jesuita, teólogo de la liberación y cientos de cristianas y cristianos asesinados son el ejemplo de un cristianismo comprometido con las víctimas de la injusticia y de la violencia social en el Salvador y en América Latina.

Mártires de la UCA

El contexto mundial en que se dan estos acontecimientos es del debilitamiento económico-político del bloque soviético y el fortalecimiento de los regímenes militares, autoritarios y aliados al gran capital nacional y trasnacional. En los años 70 y 80 en muchos países de América Latina se estaba saliendo de los regímenes militares y se comenzaban a instaurar regímenes supuestamente democráticos. En muchos lugares, sin embargo, como en Nicaragua y El Salvador, esta transición estuvo caracterizada por un conflicto armado que provocó innumerables víctimas  y un inmenso dolor humano.

A nivel de la Iglesia Católica soplaban entonces los aires renovadores del Concilio Vaticano II (1963-1965) y de las conferencias de obispos latinoamericanos y caribeños en Medellín, Colombia (1968) y en Puebla, México (1979) que invitaban a las comunidades cristianas comprometidas a hacer una opción preferencial por las y los empobrecidos y por las víctimas de las injusticias institucionalizadas y estructurales de América Latina y el Caribe, generadoras permanentes de violencia y exclusión social.

En medio de estos tiempos de esperanza surgen las comunidades cristianas de base, desde los sectores sociales más empobrecidos, que asumen una reflexión y teólogos y teólogas, así como pastores y pastoras comprometidos insertos en medio populares que desarrollan una práctica comprometida. Oscar A. Romero, la comunidad jesuita de la UCA en el Salvador, Rutilio el Grande, jesuita asesinado en 1977, y muchos otros sacerdotes y laicos cristianos son testigos de primer orden de ese compromiso profético.

Desde 1965 al 1978 reina en Roma el Papa Pablo VI, de orientación liberal. A partir del 1979 se instala en el Estado del Vaticano un nuevo monarca, el polaco Karol Wojtyla (llamado Juan Pablo II) que en el Concilio Vaticano II (1962-1965) había liderado el sector eclesial más conservador que se oponía abiertamente a los cambios renovadores al interior de la Iglesia Católica y de las sociedades en donde ésta tiene presencia. El largo pontificado de Karol Wojtyla (1978-2005) y de su sucesor, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI, 2005-2013) significaron una alianza con los países y con las y los líderes económicos y partidarios propulsores del neoliberalismo económico y de la imposición de un modelo económico-político generador de injusticias y de violencia, como consecuencia de la sistemática concentración de las riquezas en pocas manos y por tanto, de la exclusión social de las mayorías.

La práctica pastoral y la reflexión teológica encarnada y liberadora (pueblo-céntrica) tuvo que enfrentarse en el Salvador, como en otros países de América Latina, con la práctica de los sectores seguidores de la teología monárquico-sacerdotal (eclesio-céntrica), ligados tradicionalmente a la oligarquía y enfrentados continuamente a los sectores sociales y eclesiales más comprometidos. Por eso, en los años en que Romero se desempeñó como arzobispo de El Salvador (1977-1980), tuvo que enfrentar no solo  la violencia que provenía del gobierno y del FMLN, sino también la acusación y la incomprensión de sus propios compañeros obispos. De hecho entre los 6 obispos del país, solo le apoyaba Arturo Rivera Damas, mientras que lo adversaban abiertamente los otros cuatro, apoyados directamente por el Nuncio del Papa, quienes evidentemente estaban del lado de quienes masacraban al pueblo salvadoreño.

En medio de la celebración realizada en la capital salvadoreña el pasado 23 de mayo que declaraba feliz, bienaventurado (eso significa “beato”) a Romero, el autor de estas líneas se preguntaba para qué habían servidor tantas luchas comprometidas, tanta sangre derramada, tantas esperanzas truncadas.  Y pensaba que era necesario declarar también feliz a los mártires de la UCA y a quienes fueron asesinados por la causa de la justicia, porque en ellos y en ellas se cumplen las palabras de Jesús: “sigan adelante las y los perseguidos por la causa de la justicia, y los que trabajan por la paz, porque de ustedes es el proyecto del Reino de Dios” (Mt, 5,9-10), y porque su ejemplo sigue siendo inspirador para quienes creemos en el proyecto de la Vida Digna, de la nueva sociedad, en justicia y solidaridad, que es necesario seguir construyendo, a pesar de los retrocesos y los tropiezos del camino.

Reconocen compromiso ético y profético de Oscar A. Romero

Reconocen compromiso ético y profético de Oscar A. Romero

http://acento.com.do/2015/actualidad/8251772-el-salvador-reconoce-compromiso-etico-y-profetico-de-oscar-a-romero/

Por Franklin Pimentel-Torres,  San Salvador, 24 de marzo del 2015

En el día de ayer se ha realizado en San Salvador la ceremonia oficial con la cual se declara beato (feliz, bienaventurado)  de la Iglesia Católica a Oscar Arnulfo Romero, obispo y profeta ético, comprometido con los grupos más empobrecidos y excluidos de su país, 35 años después de su asesinato.

Participantes en el acto de beatificación de Romero

En el acto en el que se declaró como beato al pastor comprometido con su pueblo hasta la muerte había gente, además de los locales, de diferentes países de América Latina y el Caribe, así como de Estados Unidos, Europa y hasta de Oceanía, convocados por el ejemplo y el compromiso de Oscar A. Romero. El acto fue posible por la decisión expresa del Papa Francisco, un jesuita argentino que reinvindicó al profeta-mártir comprometido con la causa de los débiles de su país.

Romero, arzobispo de San Salvador (1977-1980) fue asesinado el 24 de marzo del 1980 en la capilla de un pequeño hospital que se dedica a cuidar a los enfermos del cáncer, en una celebración en que se recordaba la memoria de la mamá de un periodista amigo. Fue mandado a matar por los representantes de la oligarquía salvadoreña. La ejecución fue encargada a un francotirador que le introdujo una bala asesina en el mismo centro del corazón.

Tumba de Romero en la cripta de la Catedral en San Salvador

Antes de Romero habían sido asesinadas muchas otras personas; entre ellas gente ligada a la Iglesia Católica; una de las muertes más sonadas fue la del jesuita Rutilio el Grande, quien fue asesinado junto a dos catequistas el 12 de marzo de 1977. Posteriormente también fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, entre otras muchas personas, 6 teólogos jesuitas que trabajaban en la Universidad Nacional José Simeón Cañas (UCA), junto a dos mujeres salvadoreñas que se habían refugiado en la casa de los jesuitas, huyéndole a la violencia del ejército.

La coyuntura histórica era de un conflicto armado entre el ejército que representaba los intereses de las 14 familias más enriquecidas del país y la guerrilla del Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional, que propugnaba por una sociedad más equitativa, más inclusiva, más justa y que logró articular a varias organizaciones insurrectas.

Oscar Arnulfo Romero optó por estar del lado de las víctimas y del pueblo pobre, llamando a un bando y a otro a resolver los conflictos en la mesa de negociaciones. Por eso señaló: “Quien se mete con el pueblo, se mete conmigo”. Amenazado de muerte constantemente por la oligarquía comercial y terrateniente declaró: “Quiero decirles que como cristiano no creo en la muerte, sin resurrección; si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño. Lo dijo sin jactancia”.

Oscar Arnulfo Romero tuvo conflictos no solo con la oligarquía de su pueblo, sino también con una parte de la jerarquía de la Iglesia Católica de su tierra, que no aceptaba que un arzobispo rompiera la ya tradicional alianza con la oligarquía para defender los intereses del pueblo pobre y asumir su causa. Oscar A. Romero sufrió incluso el rechazo y la incomprensión del Papa Juan Pablo II, cuando al presentarle en Roma las evidencias de la masacre de su pueblo, le ordenó “que asumiera una postura de armonía con el gobierno de su país”.

Texto de última declaración pública de Romero

Oscar A. Romero, con su valiente compromiso se ha convertido en un referente ético comprometido con la causa de la justicia, con el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo pobre;  no sólo de su pueblo salvadoreño sino de toda América Latina, el Caribe y el mundo. Por eso una delegación dominicana, entre quienes está el redactor de estas notas, hemos querido hacernos presentes aquí en San Salvador para ser testigos y testigas presenciales de este histórico acontecimiento del reconocimiento oficial del ejemplo y la práctica ética, religiosa y política comprometida de Oscar A. Romero.

EL PAÍS FRENTE A LA CRISIS SALARIAL

EL PAÍS FRENTE A LA CRISIS SALARIAL
Por Matías Bosch / Para compartir http://pensamientoinsurrecto.com/el-pais-frente-la-crisis-salarial/

El sector del gran empresariado impulsó un proyecto de reforma al Código de Trabajo y al mismo tiempo se ha negado a discutir seriamente la crisis salarial, cumpliéndose el plazo que ordena la ley para revisar lo que las empresas privadas pagan a los trabajadores.

Tanto para negarse a una mejora significativa de los salarios como para conseguir apoyos a su propuesta de reformar el Código, el gran empresariado ha esgrimido argumentos distintos según pasan los años: a partir de la crisis de Estados Unidos en 2008 el sector de zonas francas planteó que existe “falta de competitividad”; posteriormente han alegado que es para apoyar al sector de las MIPYMES y que es a favor de la creación de más empleos y de la formalización. Extraño caso, pues ni la mayoría de los empresarios ni los trabajadores han tenido “vela en el entierro”, siendo los principales afectados por esta discusión.

Ninguno de esos argumentos ha podido ser demostrado de manera científica y creíble. La evidencia internacional y local muestra que con hacer involucionar el Código y con mantener los salarios en la cota de la miseria no se crea empleo ni se formaliza ni se beneficia a las MIPYMES. Al mismo tiempo, todos los estudios indican que la inmensa mayoría de los trabajadores dominicanos producen cada vez más riqueza pero viven en la pobreza... Una insoportable pobreza.

El problema -lo sabe bien el gran empresariado- es el de fondo, el de siempre: la distribución de la riqueza, quién se queda con qué parte del bizcocho que todos los dominicanos producen. El problema es político, es de poder. A la hora de mantener y elevar las altas tasas de ganancias se ha empujado a la “baja de costos”, llamando a los trabajadores y trabajadoras del país “costo laboral”, al mismo tiempo que se deja fuera de discusión otros “costos” que bien podrían revisarse pero son sectores estratégicos privatizados y fuentes de extraordinaria ganancia para un pequeñísimo grupo de empresarios: generación eléctrica, combustibles, sector financiero y crédito, distribución y comercialización de los bienes básicos e insumos productivos, pensiones, seguros de salud y riesgos laborales, entre otros.

Hoy en día los trabajadores y trabajadoras dominicanas están ganando un 30% menos de salario real que en el año 2000, mientras producen 50% más de riqueza respecto al mismo año. El salario mínimo empresarial es de 11,292.00, pero en los hechos esto es una ficción porque usando su poder en el Comité Nacional de Salarios el gran empresariado ha establecido “clasificaciones salariales” que permiten que en el sector de zonas francas el salario mínimo legal sea 7,200 pesos y en el sector turismo 8,400 pesos, por sólo dar dos ejemplos de escandalosa iniquidad entre la riqueza producida y los salarios que se pagan en sectores destacados de la economía.

No aumentar responsablemente los salarios y forzar una involución del Código de Trabajo con la visión de “costo laboral”, en un contexto en que más del 60% de los empleados del sector privado gana menos que el valor de la canasta mínima de subsistencia, es un comportamiento propio de dueños y peones de finca en la época de las montoneras, pero no de integrantes de un país organizado como Estado Democrático y de Derecho. Esta realidad de sobre-explotación generalizada transgrede la función que la Constitución nacional le da al trabajo y al salario, es atentatoria contra los Derechos Fundamentales establecidos en la carta magna y subvierte los principios y normas de la ley laboral dominicana.

Los representantes de los trabajadores dominicanos están demandando un 30% de ajuste: en el más maravilloso de los casos significaría un aumento de 4000 pesos para el “mejor” de los salarios mínimos. La mayoría de los empresarios y empresarias que necesitan trabajadores viviendo dignamente y que dependen de un mercado interno sólido y dinámico, deben hacer sentir su opinión porque están gravemente amenazados. El país no puede seguir siendo una soga que se estira y parte por el punto más débil, no importa si queda flotando o entra el mar. Nadie se puede hacer “de la vista gorda” con este dilema fundamental para la Nación y los poderes públicos tienen que actuar como garantes del bienestar colectivo.

Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Ética Ciudadana (3)

Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Ética Ciudadana (3)

http://acento.com.do/2015/opinion/8251345-algunas-reflexiones-en-el-dia-nacional-de-la-etica-ciudadana-3/

Por Franklin Pimentel Torres. 23 de mayo de 2015 - 

En nuestros dos anteriores artículos hemos plantado diferentes temas de la realidad nacional vistos desde una perspectiva ética y política, orientada hacia la búsqueda del bienestar colectivo, de la necesaria justicia y equidad social y la creación de felicidad compartida a todos los niveles. En la entrega de esta semana nos referiremos a algunos temas relacionados con la educación pública dominicana en la actual coyuntura.

Una primera pregunta que nos hacemos es si las prioridades educativas de la actual administración gubernamental son las que realmente necesita el país en la actualidad. En un momento en que se habla de “revolución educativa”, cuando se ha aumentado considerablemente la ejecución del gasto en educación, se ha priorizado la construcción de aulas, se ha desarrollado una campaña sin precedentes para integrar a las personas mayores de 15 años al Plan Nacional de Alfabetización, se ha comenzado a implementar el Plan Quisqueya Empieza Contigo, de atención a la primera infancia, hay una gran preocupación por el elemento esencial de los procesos educativos: la calidad de los aprendizajes y la enseñanza, así como  la formación y debido acompañamiento del personal docente y directivo de los centros educativos.

Una gran dificultad  para desarrollar procesos educativos significativos es que en la actual administración los principales directivos, tanto a nivel distrital (municipal), regional (provincial) y nacional (altas instancias del MINERD) no priorizan el tema de la calidad educativa; aún más, muchos de ellos y de ellas no tienen ni la formación ni las competencias profesionales  ni éticas para el cargo que desempeñan, pues no son educadores (entre ellos el Ministro de Educación y algunos de los vice-ministros, directores regionales y distritales de educación ) y no parecen entender cuál es su papel.

La mayor parte de los directivos de educación forman parte del emergente grupo económico-partidario del danilismo y fueron puestos en los cargos fundamentalmente para asegurar cuotas de poder económico-partidario en el territorio. Por esto priorizan – en tiempo y en recursos- aquellas acciones en donde pueden conseguir comisiones y prebendas económicas para ellos, ellas, y sus aliados en el mundo comercial y empresarial: como la construcción de aulas, la búsqueda de terrenos para la construcción de escuelas o estancias infantiles, o el negocio con las empresas que sirven la comida en las escuelas de Jornada extendida o en los talleres de capacitación de facilitadores del proyecto de  Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo o en los cursos de formación de maestros y maestras, llevados adelante por diferentes universidades privadas, con el aval del Instituto Nacional de Formación de Maestras y Maestros (INAFOCAM).

En los últimos dos años se renovaron los principales directivos del Ministerio de Educación, tanto a nivel distrital, regional o nacional. Y una buena parte de éstos y éstas se están postulando para cargos electivos en sus respectivos territorios y evidentemente pareciera que están más preocupados por asegurar sus candidaturas que en darle seguimiento al tema educativo. Estos directivos, además, se articulan y están aliados con una buena parte del personal técnico del nivel distrital, regional y nacional que más que priorizar su labor educativa están, como dice el pueblo, “haciendo política”. Estamos, por tanto, también en educación, ante una gran inversión de valores y de práctica política coherente y, por lo tanto, ante una perversión ética, lo cual le quita  fundamento a la supuesta “revolución educativa” en marcha.

En un artículo reciente, el Digital Acento llamó a la atención sobre la necesidad de dar seguimiento a la educación de más de 800,000 personas que de alguna manera se han involucrado en el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. De esas más de 800,000, un número considerable de personas quieren continuar estudiando. Incluso muchas de ellas hace más de un año que concluyeron con la primera etapa y están esperando, con sumo interés, seguir adelante.

Aunque el gobierno señaló desde un inicio que la continuidad educativa en la Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas era el segundo objetivo del Plan de Alfabetización, hasta el día de hoy no ha dado muestra convincente de tener la voluntad política para cumplir con esa tarea. El periódico Acento hizo referencia, además, a la marginación presupuestaria de la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, encargada de diseñar las políticas educativas para la formación de las personas adultas a los diferentes niveles: inicial (alfabetización), básico, medio y formación laboral y de articular con los distritos y las regionales la formación y el seguimiento pedagógico a quienes comenzaron a alfabetizarse.

La falta de inversión y ejecución presupuestaria real en el aspecto pedagógico se muestra a todos los niveles del Sistema Educativo Dominicano: nacional, regional y distrital.

Un aspecto que llama a la atención es que el proceso de revisión curricular de la educación secundaria está detenido por falta de pago a las y los consultores contratados por el MINERD para tales fines. Además es conocida la falta de la ejecución presupuestaria de lo asignado al Instituto Nacional de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la universidad pedagógica del MINERD. De hecho hace unos días un conjunto de educadores, educadoras y estudiantes paralizaron la docencia en esa institución, alegando la falta de pago.

Las organizaciones, colectivos y personas que luchamos por la asignación del 4% del PIB para educación debemos estar vigilantes y alzar nuestra voz propugnando por el uso transparente en la ejecución de los recursos orientados hacia la educación pública. Además, tenemos que seguir exigiendo un compromiso ético responsable a las personas encargadas de ejecutar las políticas públicas de educación. Pues, tal como señala la ley de educación 66’97 (arts. 4-6), tenemos el desafío de ayudar a formar personas críticas, responsables, con capacidad de cuestionar la sociedad, insertarse responsablemente en ella y aportar a los procesos de transformación generadores de un mejor país, mejorando la calidad de vida para toda la población.

Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Ética Ciudadana (2)

Por Franklin Pimentel Torres. 16 de mayo de 2015 -

Lo sucedido recientemente en el área de Loma Miranda es particularmente revelador; al mismo tiempo preocupante y esperanzador

 “Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la sociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al Poder procuré ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora. Pero otra sed aún más terrible la devora: la sed de oro” (Ulises Francisco Espaillat, presidente de la República, 1876).

En nuestro artículo de la pasada semana compartíamos algunas reflexiones ético-políticas a propósito de haberse celebrado en el país, el pasado 29 de abril, el Día Nacional de la Ética Ciudadana, una celebración que se viene conmemorando desde el año 2005 desde que, como fruto de la propuesta de un conjunto de organizaciones e instituciones educativas, se instauró la celebración anual de El Día Nacional de la Ética Ciudadana, mediante el decreto 252-05 del Poder Ejecutivo, coincidiendo con el día que comenzó el ejercicio del poder del que ha sido considerado como el gobernante más honesto de la historia de la República, Ulises Francisco Espaillat (29 de abril de 1876).

En la entrega de esta semana nos referiremos a algunos temas relacionados  con la situación ambiental, a su  preservación y al cuidado de los recursos naturales -y en particular de Loma Miranda- por parte de las instituciones, comunidades y personas conscientes y con capacidad de lucha.

No es un secreto para nadie que estamos ante una gran crisis ambiental que sobrepasa los límites de un país, de una región, de un continente y que se ha convertido en un problema planetario. En nuestra tierra estamos viviendo en estos momentos una temporada de una fuerte sequía, dicen los entendidos que como fruto de El Niño, un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial, que tiene su influencia en América Latina, en el Caribe y en América del Norte.

En estos momentos de una fuerte sequía en el país, que trae como consecuencia  la falta de agua para tomar, para la agricultura, para la limpieza y para mover la hidroeléctricas son particularmente graves los incendios forestales que se han desarrollado en varias zonas del país y mucho más grave aún, cuando hay evidencias de que algunos de estos incendios han sido provocados, con la intención expresa de grupos poderosos de hacer dinero con la madera de los bosques que protegen las cuencas altas de nuestros ríos, como en el caso de Valle Nuevo, Los Haitises y Loma Miranda, entre otros.

Lo sucedido recientemente en el área de Loma Miranda es particularmente revelador; al mismo tiempo preocupante y esperanzador. Preocupante porque la minera Falcondo sigue considerando la zona como algo de su propiedad y tiene la esperanza de poder seguir cortando los árboles, comprando y sobornando voluntades en el Congreso y en el Ejecutivo para extraer los minerales que están allí. Y esperanzador porque hay un grupo de gente, de organizaciones e instituciones que están vigilantes, firmes  y dispuestos a preservar y defender ese pulmón natural.

No hace mucho tiempo los defensores de Loma Miranda denunciaron que Falcondo estaba cortando árboles de esta montaña y sacándolos en camiones, sin que las autoridades de Medio Ambiente se dieran por enteradas. Ante la pregunta de un periodista al Ministro de Ambiente de si estaba enterado de este corte indiscriminado de árboles, Bautista Rojas Gómez se limitó a decir, cínicamente, que sí estaba enterado, pero que a la minera no se le había dado permiso para seguir cortando y comercializando los árboles.

El diario digital Acento publicó cómo en Loma Miranda, se encontraron envases conteniendo gasolina presumiblemente utilizada para incendiar el bosque; lo cual es un indicio de que, al menos en este caso, hubo manos criminales, probablemente relacionadas con los intereses de la minera canadiense. Sin embargo a pesar de esta denuncia, las autoridades de Medio Ambiente, tampoco se han dado por enteradas. Y el problema es que cuando se priorizan los intereses de los grupos económicos y partidarios, tanto nacionales como internacionales, a las necesidades de las mayorías populares, se intenta  justificar un real atentado contra la vida de todos los seres vivos que viven sobre esta isla.

A partir de lo expresado en éste y en nuestro anterior artículo podemos concluir que la celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana nos presenta un gran reto: recuperar el sentido de la ética y la verdadera política ciudadana, en los hechos y en las palabras y a todos los niveles: desde la comunidad, el barrio, la familia, las organizaciones sociales, los grupos partidarios, los grupos religiosos, las instituciones educativas… Todas y todos tenemos el desafío de fortalecer nuestra conciencia ético-política, nuestras prácticas éticas y ciudadanas, priorizando el cuidado del entorno social y natural y los principios y valores que puedan sustentar  la construcción de una sociedad justa, participativa, e incluyente.

Algunas reflexiones en el Día Nacional de la Ética

Por Franklin Pimentel Torres. 9 de mayo de 2015  

La lucha por crear una sociedad fundamentada en una actuación ética y verdaderamente política sigue siendo un gran desafío; se hace necesario retomar el sendero de la ética y la política como ejercicio de búsqueda del bien común

El pasado día 29 de abril se celebró el Día Nacional de la Ética Ciudadana; dicha conmemoración se realiza cada año  en memoria de Ulises Francisco Espaillat (1823-1878), ciudadano y militante comprometido en la empresa de la independencia del imperio español (1863-1865) y presidente de la República (1876). De él E. M. de Hostos llegó a señalar que era “el hombre más digno del ejercicio del poder que ha tenido la República Dominicana”.

La poca importancia que se le da a esta conmemoración del Día Internacional de la Ética Ciudadana puede ser un termómetro de lo poco asimilado que se tiene el tema, la reflexión y la práctica ético-política a todos los niveles en la sociedad dominicana.

Consideremos algunas situaciones que siguen siendo consecuencia de la degradación ético-política de la sociedad dominicana.

*. En el interior del partido de gobierno hay una lucha encarnizada por el control del poder y del presupuesto nacional entre dos grupos económico-partidarios enfrentados. Para ambos grupos su prioridad es el manejo de los fondos públicos, priorizando sus intereses, sin ningún tipo de restricción. Por eso uno de los grupos promueve el cambio de la Constitución para asegurar la permanencia en el poder del actual grupo gobernante. Y ambos grupos enfrentados promueven una ley de partidos que impide el control social de los fondos asignados  a esas corporaciones y de los que consiguen con el empresariado y con el negocio del tráfico y consumo de drogas.

En ese contexto la renuncia de los “vincho” a los puestos públicos que ocupaban es una consecuencia de la pugna entre los dos grupos enfrentados, con el agravante que deja sin soporte ideológico al poderoso grupo leonelista y al emergente grupo danilista que hace tiempo abandonaron la escuela de Juan Bosch y se inscribieron en la escuela perversa de Balaguer y de Vincho.

*.  En el último año la corrupción y la impunidad han seguido por sus fueros. El presidente Medina está ejecutando su propuesta de “no tirar piedras hacia atrás”, pero tampoco las está tirando en el presente y parece que en el tiempo que le queda tiene pocas intenciones  de cambiar de actitud. Su reacción de lavarse las manos como Pilato ante la vergonzosa sentencia del juez Moscoso Segarra, con relación al caso de Félix Bautista, así parece confirmarlo.

Las supuestas medidas implementadas por este gobierno para adecentar la administración pública y el uso de fondos públicos parecen más bien acciones de maquillaje, pero no tocan en profundidad el tema de la lucha contra la corrupción. De hecho, mucha gente del pueblo tiene la percepción de que hay un nuevo grupo económico poderoso que se está enriqueciendo con el dinero público.

*. En el último año el manejo de la economía ha seguido el mismo ritmo de endeudamiento y de gasto en áreas no prioritarias. Ha habido funcionarios y dependencias estatales –como en el caso de la dirección de aduanas- que han continuado aumentándose los sueldos –más bien la apropiación ilegítima  de fondos públicos- sin que haya ningún tipo de control ni de sanción. Un ministro renunciante hace una abultada nómina en el Ministerio de Energías y  Minas, sin que haya habido ningún tipo de control, de las instancias responsabilizadas de controlar tal tipo de dispendio.

El endeudamiento público no se detiene. La práctica de ejecutar un presupuesto abultado sobre la base de tomar dinero prestado sigue su rumbo indetenible. Sin que parezca preocuparle mucho, a quienes manejan la macro-economía, esta carrera enloquecida de endeudamiento externo e interno.

La baja del petróleo no se ha reflejado en los precios de los alimentos, ni de la electricidad, ni de los productos de consumo y el gobierno ha manejado a su antojo el precio de los combustibles, priorizando la cantidad de dinero que quiere recaudar cada semana, antes que respetar la ley de hidrocarburos. Además, no se promueve el ahorro de combustible, porque mientras más gasto de combustible haya, más dinero entra al gobierno.

En medio de nuestros grandes problemas ético-políticos surge la luz encendida por  los grupos, personas y comunidades que asumen la lucha contra la corrupción como un compromiso ético y ciudadano. Entre  estos grupos podemos señalar a  Participación Ciudadana, Finjus, la Fundación Primero Justicia, Justicia Fiscal,  y El Movimiento Cívico Ciudadanos Contra La Corrupción-C3-.

La lucha por crear una sociedad fundamentada en una actuación ética y verdaderamente política sigue siendo un gran desafío; se hace necesario retomar el sendero de la ética y la política como ejercicio de búsqueda del bien común; es decir, la POLÏTICA, con mayúscula. Solo así podemos enderezar el camino torcido y auto-destructivo de esta querida sociedad nuestra.

En la próxima entrega continuaremos compartiendo otras reflexiones ético-políticas.

Lecciones ético-políticas de la revolución democrática (1963-1965)

Por Franklin Pimentel Torres. 2 de mayo de 2015

Para que “Abril tenga futuro”, como señaló N. Isa Conde (2009), es necesaria la participación co-responsable de todos los sectores progresistas

En esta última quincena de abril hemos estado haciendo memoria de los 50 años de la rebelión popular del 1965, que intentó hacer respetar la constitución del 1963 y devolver al gobierno al presidente Juan Bosch. 

 El proyecto de la revolución democrática que se desarrolló del 1963-1965 puede ser comparada con otra revolución significativa del siglo XIX (1863-1865), la que se ha llamado la “Restauración” De las dos revoluciones (1863-1865; 1962-1965) podemos sacar algunas lecciones históricas y ético-políticas para el presente y para las futuras generaciones. Entre otras señalamos las siguientes:

La indignación popular es el punto de partida para la construcción de un proyecto de nación alternativo. Sin la participación indignada del pueblo eso no es posible. Por lo tanto es necesario luchar contra la indiferencia y la falta de responsabilidad social, comunitaria, familiar y personal.

Es necesario mantener un liderazgo comprometido y coherente. El pueblo necesita tener como referente ético-político un liderazgo comprometido con la búsqueda del bien común; el liderazgo tiene la misión de aportar los fundamentos teóricos e ideológicos y ayudar a buscar la mejor estrategia de lucha en cada situación.

Solo un pueblo articulado y empoderado está dispuesto para la lucha. No basta con que haya buenos líderes; es necesario que un amplio sector popular se comprometa con un proyecto de nación ética y con  las luchas para alcanzar tal objetivo, como sucedió tanto en el proceso de la Revolución democrática (1963-1965) como en la gesta de la Restauración (1863-1865).

Situarse desde el lado del débil, desde las y los excluidos para analizar y transformar la sociedad. Un elemento fundamental es intentar ver la historia desde el lugar del débil, del explotado, de quienes no se pueden valer por sí mismos/as y dependen de la solidaridad pública. Hacer este ejercicio puede ayudar a afinar la mente, el corazón y la sensibilidad humana.

La ley debe estar al servicio del proyecto de la revolución democrática. En este proyecto es muy importante que la ley y la Constitución estén realmente al servicio del proyecto democrático. Que sea respetada por los poderes del Estado y que haya una ciudadanía vigilante tanto de la actuación del congreso –que hace las leyes-, como de todo el sistema de justicia.

La lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia es una tarea permanente. La corrupción descontrolada y sin castigo es un elemento que corroe todo proyecto de nación que intente fundamentarse en las bases sólidas del bienestar colectivo. Por eso es fundamental exigir que cada vez más haya mecanismos para controlar la corrupción y para castigarla ejemplarmente.

Priorizar una educación liberadora formadora de conciencia ciudadana y una voluntad ético-política. Ningún proyecto nacional puede avanzar si no se forman continuamente las conciencias y las voluntades se ponen al servicio de un proyecto liberador.

Buscar estrategias para enfrentar las fuerzas opositoras e imperialistas. Es importante tener en cuenta que todo intento de hacer una nueva estructura de nación se va a encontrar con la oposición de los grupos y élites sociales, a las que no les conviene que el pueblo se empodere y se convierta en sujeto de su propio destino.  Estas estrategias deben ser orientadas tanto a la oligarquía criolla, como a las fuerzas imperiales que las apoyan.

Asumir un proyecto colectivo que priorice el bien común, un proyecto de Revolución Democrática, de Vida Digna. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia un proyecto concreto de vida buena, que cree felicidad y bienestar colectivo.

Estar en actitud de vigilancia permanente para mantener la coherencia con el proyecto del buen vivir. No basta con soñar, ni con diseñar el proyecto de vida digna y comenzar a implementarlo. Es necesario mantenerse siempre vigilantes para impedir que tanto el liderazgo económico y partidario, como el liderazgo popular, se vaya corrompiendo y alejándose del proyecto común original.

Podríamos seguir hablando de otras grandes lecciones de las dos principales revoluciones democráticas de la historia nacional. Sin embargo, las mencionadas tienen su valor específico y pueden orientar el intento de reconstruir ética y políticamente esta sociedad nuestra tan herida, tan desarticulada, tan desigual. Para que  “Abril tenga futuro”, como señaló N. Isa Conde (2009), es necesaria  la participación co-responsable de todos los sectores progresistas para retomar  el espíritu y el proyecto de nación de la verdadera revolución democrática; una  tarea inconclusa, pero tan urgente en esta tierra nuestra.