Por
Franklin Pimentel Torres
Joaquín es un obrero que trabaja como
guardián en una fábrica de zona franca en la ciudad de Santiago. Tiene un
salario mínimo que no es suficiente para sostener a su familia de 5 personas.
Su esposa Ana tiene un puesto de vender empanadas en las inmediaciones de la
zona Franca. Juana invierte lo que gana en los gastos familiares y hasta juega
(ahorra) un “san” diario de $30. Joaquín, sin embargo, maneja lo poco que gana
de una forma desordenada y prioriza sus gustos y necesidades a los de su
familia. Además, vive tomando prestado a prestamistas usureros del barrio, de
tal manera que muchas veces ya tiene comprometido el salario del mes antes de
que se lo entreguen.
Lo que pasa en la familia de Joaquín y
Ana es algo parecido a lo que sucede con el dinero del presupuesto público en
los ayuntamientos del país, en las instituciones públicas, en los ministerios,
en las llamadas instituciones descentralizadas y en el gobierno central.
El fin de año puede ser una buena
ocasión para evaluar los diferentes aspectos de la vida personal, familiar,
laborar, comunitaria y nacional. Entre estos elementos puede estar el tema del
presupuesto municipal y nacional, así como el presupuesto familiar y personal o
de los grupos u organizaciones de servicio social a los que pertenecemos.
A nivel estatal existe el Plan Nacional Plurianual para el
Sector Público (PNPSP) 2013-2016. La propuesta contenida en dicho plan fue depositada
por el presidente Medina en el Congreso Nacional en Diciembre del 2012, después
de haberse reunido con el Consejo de Ministros, tal como lo estipula el
artículo 242 de la actual Constitución. Sin embargo, dicho plan –que contiene
programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia- no se ha respetado ni
en la elaboración, ni en la ejecución de los presupuestos de los años 2013 y
2014, ni en lo proyectado para el 2015. En el mismo se estableció que: “tiene un horizonte
temporal de cuatro años, y debe estar en armonía con la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END, 2030), pues representa su concreción en dicho plazo”.
Si analizamos el presupuesto que fue aprobado
por el Congreso Nacional para ser ejecutado en el 2014, nos daremos cuenta de
que es un instrumento que de hecho sirve para justificar un gasto excesivo,
desigual y desequilibrado. Excesivo porque se asume que el país puede seguir gastando
lo que no tiene y endeudándose sin límites para mantener un nivel de gastos que
es simplemente inviable e insostenible, para seguir pagando el “impuesto” de la
corrupción y las irracionalidades de quienes, desde los ministerios e
instituciones públicas, manejan los recursos públicos como si fuera una
propiedad personal o familiar.
El presupuesto del 2014 es desigual e
injusto porque asigna fondos para sostener, por ejemplo, el barrilito de los
senadores. Porque asigna una cantidad considerable a la Presidencia de la
República para sostener instituciones, como el despacho de la Primera Dama, que
hace cosas parecidas a lo que hace el programa Progresando con Solidaridad, el
Ministerio de Salud pública o el Ministerio de Educación.
El presupuesto
aprobado a la Presidencia de la República alcanzó, en el 2014, la suma de 43
mil millones de pesos. Además, el
presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, dispone de una ¨caja chica
de 4 mil 922 millones¨ para ser usada a su discreción.
Hasta el mes de
septiembre del presente año, como ejemplo, el 53 % de lo ejecutado, equivalente
a un monto de 15 mil millones, representan transferencias que hace la Presidencia
a diferentes instituciones y dependencias directas de la misma.
De esta misma
manera, la presidencia ha transferido 694 millones a diferentes ONG’s,
correspondientes a las áreas de: Asistencia Social, 297 millones; Religiosas,
293 millones; de Educación, 48 millones; de Salud y de Cultura 22 millones,
respectivamente; entre otras.
De lo asignado a la Presidencia se entregan recursos,
además, a algunas organizaciones, también a discreción del presidente. Entre
estas organizaciones que reciben recursos directos de la presidencia se
destacan las Fundación Juan Bosch (PLD), Fundación José Francisco Peña Gómez
(PRD) y la Fundación Joaquín Balaguer (PRSC) con 12 millones cada una.
Uno de los problemas principales en la
organización del presupuesto es que se contemplan financiar diferentes
renglones sobre la base de un mayor endeudamiento externo e interno, de un
aumento del déficit fiscal o sobre la base de contar con posibles ayudas
internacionales. Pero otra cuestión fundamental es, además, lo que realmente se
ejecuta, sobre todo en aquellos ministerios relacionados con las principales
políticas públicas de educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros
renglones. Mientras tanto, en el presupuesto del 2014 se asignaron fondos por
más de 5 mil millones de pesos para mantener el clientelismo, los salarios en
dólares de gente que realmente no ha trabajado y el despilfarro de los fondos
públicos con todo el montaje clientelar y corrupto que se articuló en el
Ministerio de Relaciones exteriores.
Uno de los ejemplos más llamativos de
uso irregular de los fondos públicos es lo que ha ocurrido este año con la
ejecución presupuestaria en el Ministerio de Educación, el ministerio que tiene
el mayor presupuesto del país.
El especialista presupuestario José Rijo
Presbot ha escrito recientemente un artículo titulado: “Educación vuelve a
fracasar en hacer efectivo el 4%”. Señala
que en el período enero-diciembre, 2014, se ha ejecutado un monto de $91 mil
millones, equivalente al 3.28 del PIB, restando por ejecutar más de $18 mil
millones en el mes de diciembre; lo cual resulta bastante difícil.
En el 2014, en la ley de Presupuesto
General de Estado, para el programa de construcción
de aulas se aprobó un monto de RD$34 mil millones, para la construcción de 10 mil
nuevas aulas. Al 30 de noviembre, sin embargo, en este programa se habían
gastado en el año 2014 solo unos $16 mil millones; pero, además, $11 mil
millones de éstos corresponde al pago por las aulas y las escuelas construidas
que se dejaron de pagar en el 2013 y apenas RD$ 5 mil millones corresponden a
las realmente aprobadas para el 2014.
En cuanto a la inversión en el tema de
mejora de la calidad educativa se puede descubrir una baja ejecución de lo
presupuestado en el 2014. Por ejemplo en Educación Media, al 30 de noviembre,
se había ejecutado el 35% de lo presupuestado. En educación inicial menos del 3%
y en educación de personas jóvenes y adultas solo el 5%. En formación de
maestros y maestras, un aspecto tan importante, apenas el 2.5 % del total ejecutado.
Mientras tanto llama la atención que en
la ejecución presupuestaria del MINERD hay gastos excesivos en áreas no
prioritarias y que no están directamente relacionadas con la mejora de la
calidad de la educación. Por ejemplo se han gastado 445 millones de pesos en la
compra de vehículos que no estaban contemplados en la ley. Se han gastado 451
millones en publicidad y propaganda cuando solo estaban programados 15
millones. En organización de eventos, fiestas y festividades se han gastado 183
millones, cuando sólo se habían aprobado 30 millones. E incluso se han
utilizado más de 300 millones de lo presupuestado en supuestas ayudas y
donaciones a personas, que, evidentemente no estaban en el presupuesto
original.
Las perspectivas
del presupuesto general de la nación aprobado para el año 2015 no son muy
diferentes. Se sigue manteniendo un alto nivel de gastos, de endeudamiento y de
falta de priorización de las políticas públicas, priorizando aquellos programas
que pueden ser utilizados de forma clientelar, en un año que es pre-electoral. El proyecto de ley de
Presupuesto General de Estado para el 2015 ha sido considerado con un déficit
financiero de 74 mil millones de pesos y compromisos por aplicaciones
financieras (amortización de deuda) por un monto de 102 mil millones. Esto
implica que el gobierno se verá en la necesidad de buscar financiamiento
(endeudamiento) por 176 mil millones. ¿Se puede continuar por mucho tiempo
gastando más de lo que se produce, endeudándose, sin aumentar los impuestos a
los que más tienen?
Algunos analistas que han hablado de la falta de
voluntad política de la clase partidaria gobernante para promover un
presupuesto más acorde a las reales posibilidades económicas del país; el
presidente Medina y su equipo económico han postergado el Pacto Fiscal,
incumpliendo el mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que
dispone que a partir del 2015 se debiera iniciar el mismo. Probablemente dicho
pacto se dejará para el 2016, después de las elecciones, cuando un nuevo gobierno
tendrá que asumir las consecuencias y
los efectos de más de 12 años de endeudamiento excesivo e irracional, promovido
por las últimas tres administraciones peledeístas.
Como ha señalado José Rijo: “La ley de Presupuesto General del
Estado que se aprueba cada año constituye la prueba fehaciente de que la élite
política que dirige el Estado concibe los recursos públicos para beneficios
particulares y personales y no para ser destinados al bien público o colectivo
(…) cada año la política presupuestaria definida es clientelar, deficitaria y
engañosa, sin políticas públicas que respondan realmente a las demandas
sociales de las comunidades, al Bien Común”.
Este manejo irregular de los fondos públicos exige una
sociedad empoderada, capaz de darse cuenta de lo que está haciendo la élite
partidaria y de actuar en consecuencia, castigando con su rechazo, con un
juicio ético y con la exigencia articulada de devolver el dinero ilegalmente
apropiado, a quienes manejan los fondos
públicos como una propiedad personal y corporativa.
Necesitamos, en definitiva, que los sectores sociales
más conscientes, las comunidades locales, los sectores educativos que promueven
la conciencia crítica, los profesionales de los medios de comunicación
comprometidos con las mejoras causas públicas, las organizaciones comprometidas
en la lucha contra la corrupción, sigan adelante y sigan exigiendo la rendición
de cuentas del uso, del manejo de los fondos públicos y sigan demandando la
realización de un pacto fiscal, en donde paguen más quienes más tienen y en
donde se fortalezca la independencia de una justicia, realmente dispuesta a castigar
a los funcionarios corruptos. Esta es la manera más adecuada de construir una
sociedad dominicana con un futuro esperanzador, en donde las mayorías
tradicionalmente excluidas de un reparto equitativo de las riquezas del país
puedan, con la ayuda solidaria de los sectores de clase media, lograr mejores condiciones
de Vida Digna.
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