Lo expresado por las voces disonantes de las iglesias, por Ana María,
por Bienvenido y por Mario, recuerdan las palabras de Jesús, el profeta
indignado de Nazaret, en contra de la doble moral y la falta de ética y de
compasión de los fariseos, el grupo religioso mayoritario de su tiempo: “Pobres
de ustedes, maestros de la Ley, que imponen cargas insoportables a la gente, y
luego, ni siquiera mueven un dedo para ayudarlos a que las lleven” (Lc 11,46).
Desde el pasado 28
de noviembre en que el poder ejecutivo devolvió el proyecto del Código Penal,
proponiendo la despenalización de la interrupción del embarazo, en tres
excepciones concretas, ha habido un intenso debate en la opinión pública que ha
involucrado a diferentes sectores del país: personal médico, organizaciones de
la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres, partidos
políticos, grupos y líderes religiosos.
El debate actual ha
sobrepasado los límites de territorio dominicano y ha llegado incluso, a otras
latitudes. Entre los grupos que han apoyado la despenalización del aborto en
ciertas circunstancias está “Católicas por el derecho a decidir”, una red
latinoamericana y caribeña formada por un colectivo de mujeres, que se declaran
como “católicas y feministas.
Las observaciones
propuestas por el Poder Ejecutivo al Código Penal han sido señaladas por los
sectores sociales más abiertos del país como justas, oportunas y orientadas
desde un enfoque de respeto a los derechos de las mujeres y a su dignidad
fundamental. Las voces más disonantes las han tenido el liderazgo religioso,
católico y protestante.
Para quienes han
intentado manipular o tergiversar el tema en debate es bueno recordar las
palabras precisas contenidas en la carta que el presidente Medina envió al
presidente de la cámara de diputados, Abel Martínez, el pasado 28 de noviembre,
expresando la observación del código penal, en lo relacionado con algunas
excepciones en la que se propone despenalizar la interrupción del embarazo.
El texto del Poder
ejecutivo señaló explícitamente: “Consideramos que lo más justo, equilibrado y
acorde con el espíritu de protección de derecho y humanidad que debe regir al
Estado, sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de países del
mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por
personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o
privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres
supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro,
cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga
malformaciones incompatibles con la vida”.
Varias
organizaciones de mujeres y varios juristas se han pronunciado a favor de las
observaciones hechas por el poder ejecutivo. Entre éstos está la declaración
del prestigioso abogado Francisco Álvarez que ha expresado claramente: “La
decisión del presidente Danilo Medina de objetar la Ley de Código Penal a fin
de que se incluyan tres excepciones a la penalización del aborto, es valiente,
justa y constitucional, por lo que merece el apoyo de todas las
personas, creyentes o no”.
La Conferencia de
Obispos Católicos emitió un comunicado sobre el tema en debate. La declaración
de los jerarcas católicos se sitúa en una perspectiva dogmática y
fundamentalista, que desconoce el enfoque de derechos, y rechaza como viables
las excepciones hechas por el Poder Ejecutivo. Expresa en términos tajantes:
“La “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por
demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es
nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación”.
Las declaraciones
de la Conferencia Episcopal Católica y de los grupos protestantes han
sido acompañadas por manifestaciones frente al Congreso de grupos y líderes
católicos y protestantes. Ambos sectores se han unido para defender sus
opiniones, su ideología, sus intereses y sus privilegios; lo mismo que hicieron
en los años 2009-2010, cuando se tocó la temática del aborto, en vista a la
Constitución del 2010, y se definió la inviolabilidad de la vida desde la
concepción hasta la muerte. En este mismo tono se han expresado los líderes de
la Confederación de Unidad Evangélica (CODUE).
Algunos jerarcas y
curas católicos han aparecido en diferentes escenarios buscando el apoyo para
sus propuestas de los líderes partidarios del PLD, del PRD y del PRSC; incluso
algunos de éstos han salido en la prensa posando con personas tan ética y
políticamente cuestionados como Miguel Vargas Maldonado. Han logrado, además,
una declaración de apoyo del comité de cultos del PLD. Han realizado, incluso,
acciones de chantaje, proclamando que sus feligreses no votarían en las
próximas elecciones por diputados o senadores que aprueben un Código Penal que
acoja las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
Una pregunta que
surge, es ¿por qué estos grupos se oponen tan violentamente a admitir el
derecho de la vida y la dignidad de la mujer, en algunos casos en los que está
en juego la posibilidad real de muerte de ésta, o la necesidad de hacer
prevalecer, por diversas razones, la vida de la madre, a la de la criatura que
lleva en el vientre?
Desde tiempos
remotos los sistemas religiosos han intentado controlar la vida sexual de sus
integrantes. En la historia de la iglesia cristiana no siempre se ha tenido una
visión abierta, racional y humana de la vivencia de la sexualidad. En el caso
de la Iglesia Católica hubo teólogos y líderes religiosos que concibieron el
ejercicio de la sexualidad y las relaciones en la pareja sólo en función de la
reproducción, penalizando cualquier sano disfrute y placer. Se ha pretendido
desconocer, incluso, que las relaciones en la pareja sean, en primer lugar, una
expresión de amor, de comunicación, de interrelación y de plenitud, de
felicidad humana.
Hemos visto en
estos días a unos hombres furiosos, -líderes religiosos católicos y
protestantes- queriendo imponer a toda la sociedad lo que ellos imponen a las
mujeres integrantes de sus congregaciones, a las que seguramente no han
consultado para hacer sus declaraciones públicas. De hecho en muchas
congregaciones y espacios religiosos existe mucho machismo y patriarcalismo, en
donde los varones se creen con el derecho de imponer a las mujeres sus reglas
de juego y su poder sin límites.
En el tema de la
oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo puede estar en juego el poder de
la alta jerarquía eclesiástica, católica y protestante, tradicionalmente aliada
del poder económico y partidario, así como de la gran empresa nacional y
transnacional. Éstos históricamente han utilizado su poder, su influencia y sus
grandes posesiones, fruto de esa histórica alianza, para imponer su visión de
la realidad, para mantener sus privilegios sociales y económicos irritantes.
Varias voces
disonantes se han expresado, desde el interior de las iglesias, en desacuerdo
con lo expresado por los líderes –obispos, curas, pastores- con relación a las
observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. Una de esas voces ha sido la líder
del movimiento reconoci.do, Ana María Belique, quien ha asumido la defensa de
los más de 200,000 dominicanas y dominicanos desnacionalizados.
Esta joven se
declara como integrante de la comunidad católica y como mujer agredida por las
declaraciones y las acciones del liderazgo masculino de su Iglesia. Ana María
ha señalado: “La Iglesia está aprovechando todos sus medios y cada uno de los
espacios de presión e incidencia para obligar a que se apruebe un código que
nos condena a la muerte, y es que para la Iglesia nosotras no tenemos derechos
a decidir, y me pregunto ¿Acaso es este realmente el papel que debería estar
jugando la iglesia de Jesús Cristo?”.
Ana María, como
católica y como activista social, hace un llamado al liderazgo eclesial de la
iglesia a la que pertenece a cambiar de actitud y de práctica social: “¿Por qué
la iglesia no retoma su misión evangélica y profética, la misión que Jesús le
ha encomendado? ¿Dónde ha estado la Iglesia frente a cada uno de los actos de
violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestra sociedad
atentando contra la vida y la dignidad de los hijos-as de Dios? ¿Acaso su
misión es ponernos la carga más pesada? ¿Por qué la iglesia insiste en querer
continuar crucificándonos con doctrinas o normas que van contra de nuestra
dignidad y derechos a decidir?
Mario Serrano, cura
jesuita, uno de los líderes religiosos más comprometidos con las luchas por la
defensa de los derechos humanos en el país en los últimos años, ha enviado en
los últimos días varios mensajes a través de su cuenta de Twitter. En éstos ha
apoyado abiertamente las observaciones hechas al Código Penal por el presidente
Medina: “Apoyo que hayan excepciones a la penalización del aborto.
Necesitamos
políticas públicas para acompañar las situaciones dramáticas”. E invitó a
enfocar el debate actual sobre la despenalización de la interrupción del
embarazo en algunas circunstancias, desde un enfoque de derechos y desde el
principio de solidaridad y misericordia: “Es necesario tener cuidado con las
penalizaciones que olvidan la misericordia divina y terminan fomentando más
dolor y muerte”.
Desde el ámbito
protestante se ha levantado la voz preclara del periodista Bienvenido
Álvarez-Vega, director del periódico Hoy, e integrante de la comunidad
protestante del país. Este periodista ha señalado: “Asombra que en nombre
del protestantismo se reniegue del llamado “aborto terapéutico”, porque desde
hace muchos años las y los cristianos adscritos a este credo lo han aceptado y
miles de sus feligreses lo han practicado cuando ha sido necesario.
Lo que no aceptan
los protestantes es el aborto, puro y simple, como método de planificación
familiar. Pero esta no es la cuestión que está planteada en la observación que
el presidente Danilo Medina Sánchez hizo a la ley contentiva del Código Penal”.
Refiriéndose a la
postura asumida por los dirigentes del CODUE ante el debate causado por las
observaciones del poder Ejecutivo, ha señalado Álvarez-Vega: “También asombran
los términos utilizados por el principal ejecutivo de la Confederación de
Unidad Evangélica (CODUE) para referirse a quienes apoyan la decisión del
presidente Medina. Según los reportes periodísticos, se dijo que las
asociaciones de mujeres que endosan la observación presidencial no creen en la
familia, en el matrimonio, ni en la vida.
Olvidan los
directivos de CODUE que el movimiento feminista ha hecho posible la visibilidad
de las mujeres en un mundo dominado por unos hombres que hicieron de las
mujeres instrumentos de trabajo, de procreación y de placeres. El movimiento
feminista posiblemente hizo lo que las iglesias debieron haber hecho”.
Lo expresado por
las voces disonantes de las iglesias, por Ana María, por Bienvenido y por
Mario, recuerdan las palabras de Jesús, el profeta indignado de Nazaret, en
contra de la doble moral y la falta de ética y de compasión de los fariseos, el
grupo religioso mayoritario de su tiempo: “Pobres de ustedes, maestros de la
Ley, que imponen cargas insoportables a la gente, y luego, ni siquiera mueven
un dedo para ayudarlos a que las lleven” (Lc 11,46).
En definitiva ante
la actual temática en debate es necesario delimitar los campos de
discusión; el ámbito de los derechos civiles no es el campo de los
sistemas religiosos. Ningún líder religioso puede pretender seguir imponiendo a
toda la sociedad lo que puede ser una convicción interna del grupo al que pertenece.
Pues como ha señalado el educador y filósofo Leonardo Díaz: “Lo que está en
juego en la disputa sobre el aborto no es solo el problema metafísico de qué es
la vida, ni el problema científico de dónde comienza la vida, sino también, el
problema filosófico de cómo conformar una sociedad abierta y no una sociedad
aparentemente democrática sustentada en principios teocráticos”.
