Franklin Pimentel Torres
La agresión física
y verbal de los periodistas que cubrían las noticias relacionadas con una
conferencia dictada por su “majestad”, Leonel Fernández y las acciones
violentas contra un grupo de manifestantes que aprovecharon la ocasión para
denunciar la corrupción promovida por el monarca del PLD y compartes, durante
sus 12 años en el gobierno, son una demostración más de que estamos en tiempo
de una nueva etapa de una dictadura promovida por la derecha conservadora y
recalcitrante; que está dispuesta a usar todos los medios disponibles para
hacer demostrar que ellos tienen el poder, el dinero y la arrogancia para
violar los derechos humanos más elementales de los más débiles y de quien se
atreva ni siquiera a disentir de sus planteamientos. Todo esto, además, ocurrió
ante la mirada cómplice indiferente o ¿cómplice? de una policía que parece
estar más al servicio de la corporación dominante que de la ciudadanía común.
En la República
Dominicana, como país dependiente del neoliberalismo capitalista global, estamos
en una nueva etapa de la dictadura económico-partidaria, con máscara de
democracia, impuesta por la corporación dominante constituida por el PLD de
Leonel Fernández, Danilo Medina, Felix Bautista y Víctor Díaz Rúa, Diandino
Peña y compartes, como inversionistas principales; el PRD de Miguel Vargas,
como segundo socio más importante; por los remanentes del reformismo
balaguerista, por la mal llamada Fuerza Nacional Progresista, liderada por
Vincho Castillo y familia y otros pequeños partidos-clientes-inversionistas.
Estos han des-gobernado el país en las últimas 5 décadas, con las honrosas
excepciones de los 7 meses del gobierno liderado por el Prof. Juan Bosch (1963)
y de los 5 meses de Francis Caamaño, durante la gesta revolucionaria de 1965.
Esa corporación ha
endeudado el país y desfalcado el Estado hasta niveles escandalosos; ha
reducido a la mayor parte de la población a clientes dependientes de la
corporación gobernante y ha organizado todo para garantizar su impunidad; se ha
aliado con el gran capital transnacional y nacional y ha violado
sistemáticamente los derechos más elementales del Soberano, que es el pueblo
dominicano. Una de la manera más burda de violación de los derechos del pueblo
dominicano ha sido la de apropiarse impunemente de los bienes públicos y en
consecuencia poner la justicia, y sus diferentes instancias, al servicio de sus
intereses personales y partidarios. Veamos algunos de los casos más
escandalosos.
Caso 1: El 25 de
septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia 168-13,
declarando como apátridas a más de 200,000 dominicanas y dominicanos, de origen
haitiano. La sentencia es violatoria del derecho a la nacionalidad porque
intenta aplicar retroactivamente hasta 1929, el artículo constitucional no. 18 de
la Constitución del 2010 que no reconoce como dominicanos o dominicanas a los
hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano.
Ante la presión nacional e internacional el Poder Ejecutivo propuso al Congreso
la ley 169-14, como un mal remiendo que ordena renovar los documentos a las que
personas que ya lo tenían. Esta ley, sin embargo, sigue considerando como
extranjeros a las y los más de 200,000 dominicanos y dominicanas
desnacionalizados por la sentencia 168-13 del TC. Ante eso, y haciendo
referencia a abusos cometidos con personas deportadas en los años 1999-2000 la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena dejar sin efecto la sentencia
168-13 y la ley 169-14. Como respuesta el gobierno rechazó la sentencia de la
CIDH y señaló que su aplicación es imposible porque supuestamente viola la
soberanía nacional. El TC, por su parte, como torpe retaliación, emitió una
sentencia con la que intentó dejar al país fuera del alcance de la influencia
de la CIDH. Sin embargo, la CIDH volvió a reiterar al país que es necesario
aplicar la sentencia emanada por ese tribunal, puesto que la misma es
vinculante para el país. Señaló, además, que la sentencia 0256-14 del TC no
tiene ningún asidero jurídico y que, por lo tanto, es nula para el derecho
internacional.
Caso 2: Guillermo
Moreno, líder del partido Alianza País, elaboró una investigación muy bien
fundamentada en donde demuestra que la ONG del “monarca” Leonel Fernández, La
Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), recibió dinero ilícito de los
contratistas de las obras del Estado, entre los que estaban algunos
testaferros de Félix Bautista. Incluso recibió dinero de las empresas de Félix
Bautista. El procurador de la República Francisco Domínguez Brito y la fiscal
Yeni Berenice Reynoso, coincidieron en que lo denunciado es una evidente
violación a las leyes del país; y sin embargo, decidieron archivar el
documento, alegando, paradójicamente que el delito cometido, no está estipulado
en el código penal, y que por lo tanto, el caso no se puede juzgar en los
tribunales dominicanos. En esa ocasión Francisco Domínguez Brito aprovechó la
ocasión para rendir pleitesía al monarca, su majestad Leonel Fernández.
Caso 3: Miguel
Vargas Maldonado –monarca del PRD; aliado táctico del monarca del PLD-
como empresario tiene varios negocios. Quizás el más rentable del momento es el
de ser presidente del PRD y manejar al mes –a su antojo- más de 20 millones
mensuales, provenientes del erario público y de los impuestos que pagamos todas
y todos, las y los ciudadanos dominicanos. Miguel Vargas organizó una
convención con los votantes que él quiso y como él quiso. En el día de la
convención hubo agresión física y fraudes fríamente calculados. Muchas personas
fueron impedidas de votar. Entre éstas Guido Gómez Mazara, su principal
oponente. Miguel Vargas, sin embargo, cuenta con la anuencia cómplice del
Tribunal Superior Electoral. No obstante, La sociedad está esperando todavía el
fallo a las objeciones presentadas ante dicho tribunal por Gómez Mazara.
Caso 4: Víctor Díaz
Rúa fue ministro de obras públicas en el reinado del principal monarca del PLD
(2007-2008). Durante su gestión se cometieron innumerables irregularidades.
Este funcionario, miembro del Comité Central del PLD, no quiere ser investigado
ni mucho menos juzgado. Por eso gestionó ante la Suprema Corte de Justicia que
se cambie el artículo 85 del código penal que permite a las y los ciudadanos
querellarse contra funcionarios corruptos. Está enfrentado a la fiscal del
Distrito Yeni Berenice Reynoso, quien quiere someterlo a la justicia. Víctor
Díaz Rúa, sin embargo, está empeñado en que su caso sea archivado. Seguramente
cuando se ventile a fondo su expediente, saldrá salpicado también el monarca
principal del PLD, quien lo colocó en el puesto con el claro propósito de
enriquecer aún más a su grupo económico-partidario.
Caso 5. En el 2007
el monarca Leonel Fernández se estaba preparando para la reelección del 2008.
Por eso necesitaba mucho dinero para la campaña; y recursos que no estuvieran
bajo el control del Congreso Nacional. Entonces su amigo y principal aliado
Félix Bautista le propuso un pequeño negocito: hacer un préstamo con la
multinacional de la construcción, la Sun Land, por $130 millones de
pesos, supuestamente para construir unas obras en la ciudad de Santo
Domingo. La mayor parte de ese dinero, sin embargo, se utilizó para la campaña
del 2008 y para poner las bases económicas de una de las empresas de Félix
Bautista. El caso fue denunciado ampliamente por Jaime Aristy Escuder en su libro
“El lado oscuro de la Sun Land”. Al final de cuentas el contribuyente tuvo que
pagar dos veces el costo de las obras que supuestamente se tenían que haber
pagado con el dinero del préstamo internacional en la que la Sun Land sirvió
como mediadora. De hecho el país tuvo que pagar el dinero del préstamo y además
el dinero pagado para mantener en el poder al monarca del PLD y para crearle
una empresa a su principal aliado económico-partidario, el actual senador Félix
Bautista.
Caso 6: Félix
Bautista fue un sastre que vino de San Juan. Estudió en la UASD, aunque no se
distinguió por ser buen estudiante; de hecho plagió su tesis, según relata
Jaime Aristy Escuder en su libro El Lado Oscuro de la Sun Land. Se ligó a la
familia del Monarca del PLD y llegó a ser uno de sus mejores aliados. Es
Secretario de Organización del PLD, la principal empresa gobernante. A partir
del 2007 se enriqueció hasta unos niveles nunca vistos en el país. Hoy está
siendo acusado de corrupción, de lavado de activos y de apropiarse impunemente
de lo ajeno. Recientemente le han sido retenidos sus bienes.
El procurador
general de la República, Francisco Domínguez Brito ha preparado un expediente
bien fundamentado en el que se señalan las principales fechorías de Félix
Bautista. Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia y en el ya desacreditado
Tribunal Constitucional está la gente que él y el monarca del PLD pusieron ahí,
precisamente para que si un día fueran juzgados contaran con la anuencia
cómplice de unas cortes hechas a la medida de sus intereses económicos y
partidarios. Por eso el pueblo dominicano se pregunta: ¿Habrá realmente
justicia en el caso de Félix Bautista? Si realmente se llegara a juzgar y a
condenar a Félix Bautista, ¿saldría Leonel Fernández ileso? ¿Por dónde le
soplarían los vientos?
Hemos señalado
algunos casos más significativos que nos hablan de la sistemática violación de
los derechos fundamentales de la población por parte de la corporación
dominante. Pero ¿qué hacer ante esta situación? Esta es la pregunta clave.
Hoy más que nunca
se necesita una gran concertación social en contra de la corrupción y la
impunidad, el cáncer que corroe esta sociedad, en contra de arbitrariedades
como las del Tribunal Constitucional y las actuaciones cómplices de las
llamadas “altas cortes”; cuyos integrantes responden, por lo general, a los
intereses partidarios de quienes los pusieron en el cargo y de quienes los
podrían quitar en un futuro. NO obstante, es necesario destacar las honrosas
excepciones de juezas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla del TC quienes
mostraron su desacuerdo con la mayoría, tanto cuando la sentencia 168-13 como
con la reciente 0256-14. En esta última es necesario destacar, además, la voz
disidente del magistrado Hermógenes Acosta.
Es necesario unirse
a la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que
aprovechando el día de la Constitución, el pasado miércoles 6, pidió la
renuncia de los jueces del Tribunal Constitucional, que aprobaron la sentencia
0256-14; porque, con la honrosa excepción de tres voces disidentes se han
convertido en violadores de derechos fundamentales, en una vergüenza mundial
como señaló Amnistía Internacional y porque dicho tribunal se ha convertido en
una carga muy pesada para el pueblo dominicano.
Es urgente que se
sigan oyendo voces lúcidas, como las de los abogados constitucionalistas
Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats, que recientemente
denunciaron la insostenibilidad de las sentencias del tribunal constitucional
con relación al despojo de la nacionalidad de los dominicanos de origen
haitiano (168-13) y al intento fallido de dejar al país fuera de la influencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la sentencia 0256-14.
Es necesario seguir
contando con los aliados internacionales de la defensa de los derechos humanos
como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, con Amnistía Internacional, el Centro
Kennedy y el ACNUR que acaba de poner al país entre los países con mayor número
de personas apátridas. Estas instituciones y organismos internacionales están
realmente empeñados en la defensa de los derechos fundamentales de los seres
humanos, más allá de las fronteras de los países, creadas por los colonizadores
de ayer y de hoy.
En esta hora oscura
se pide un poco de cordura y de buen juicio; capacidad de resistencia y
creatividad. Es necesario seguir enfrentando a quienes son los verdugos del
pueblo, a quienes se están burlando del pueblo empobrecido e invisibilizado,
sobre todo de las y los más débiles e indefensos. Por eso es necesario no sólo
pedir la renuncia de los jueces del TC, sino, además, exigir justicia e
independencia de las y los jueces de todos los tribunales del país.
A todo lo dicho más
arriba se puede añadir la imperiosa necesidad de castigar a los culpables, impedir
que vuelvan a asumir un puesto público quienes han robado el dinero del Estado,
y colaborar en la construcción de un nuevo proyecto-país, que articule fuerzas
alternativas que puedan enfrentar los desatinos de la corporación dominante,
pues tal como señaló el patricio J. P. Duarte, “Nunca me fue tan necesario como
hoy, tener salud, corazón y buen juicio, hoy que hombres sin juicio y sin
corazón conspiran contra la salud de la patria”.
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