sábado, 29 de noviembre de 2014

Indignación ciudadana, movilización social y compromiso

Por Franklin Pimentel Torres. 29 de noviembre de 2014 -  

Las recientes movilizaciones en México por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, las movilizaciones en toda la geo grafía de Estados Unidos por el asesinato  y el descargo del policía Darren Wilson quien disparó y mató al joven Michael Brown, el pasado 9 de agosto, en la ciudad de Ferguson, son parte de un movimiento de indignación global que en los últimos tres años ha tenido una expansión creciente en diferentes  países y continentes.

Los movimientos de indignados e indignadas en toda Europa comenzando por España, Francia, Grecia (2011) y que  se ha extendido a Estados Unidos, con el movimiento “Occupy Wall Street”, la lucha de los estudiantes chilenos por una educación gratuita y buena para los sectores sociales más empobrecidos, las protestas de los jóvenes en Hong Kong, señalan que una ola de indignación ciudadana recorre el mundo en los últimos tres años (2013-2014).

En Dominicana la lucha contra el déficit fiscal creado en el período gubernamental 2008-2012, la indignación de diferentes grupos juveniles, los juicios populares contra Leonel Fernández y compartes, son un ejemplo de un compromiso ciudadano asumido por grupos y sectores sociales que han entendido el reto histórico que tenemos en el momento. Resultados de este esfuerzo son, además, la lucha por la preservación de loma Miranda, la indignación contra los principales corruptos y corruptores del gobierno pasado, Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, hasta las recientes manifestaciones de indignación por mantener una legislación que condena a la mujer, en el caso del aborto terapéutico cuando está en juego la salud de la mujer o simplemente cuando se trata de un embarazo fruto de una violación.

A esto se añaden retos futuros como la pendiente lucha contra la independencia de la justicia a todos los niveles, y en particular de las altas cortes –Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, y Suprema Corte de Justicia- que actualmente están hechas a la medida de los intereses del sector oligárquico, que ostenta el poder económico-partidario.

Todos estos hechos de indignación, pero también de compromiso ciudadano, nos hablan de una indignación generalizada que suele tener como blanco a los grupos y líderes económicos y partidarios, nacionales e internacionales.  Lo importante del fenómeno es que algunos de estos movimientos no se están quedando en la simple indignación, sino que están haciendo propuestas concretas para la transformación de los sistemas económico-políticos, como en el caso del movimiento político Podemos, de España; que se está convirtiendo en una propuesta alternativa para la gente indignada, pero comprometida con la creación de proyectos económico-políticos alternativos.

El movimiento internacional de los indignados tiene en el diplomático, escritor y militante político francés Stéphane Hessel (1917-2013) un necesario referente.  Siendo ya un anciano de 93 años este comprometido militante con la causa de los derechos humanos comenzó a elaborar unas reflexiones, que articuló en dos pequeños libros, dirigidas a la gente joven de los países europeos y del mundo entero. Sus títulos son significativos: ¡Indígnense! (2010) y ¡Comprométanse! (2011) que fueron un legado al movimiento global de indignados e indignadas.

S. Hessel  hace un claro llamado a la gente joven a la indignación y a la resistencia ante las consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales, en las diferentes naciones y continentes, de la imposición del sistema neo-liberal. Afirmó lúcidamente Hessel: “Es verdad que las razones para indignarse pueden parecer hoy menos claras o el mundo demasiado complejo. ¿Quién manda, quién decide? No siempre es fácil distinguir entre todas las corrientes que nos gobiernan. Ya no tenemos que vérnoslas con una pequeña élite, cuyo modo de actuar conocemos con claridad (…). Pero en este mundo hay cosas insoportables. Para verlas, hace falta observar con atención, buscar. Les digo a las y los jóvenes: busquen un poco y encontrarán. La peor de las actitudes es la indiferencia, el decir, ‘yo no puedo hacer nada, yo me las arreglo’. Al comportarse así pierden uno de los componentes esenciales que hacen al ser humano. Uno de sus componentes indispensables; la capacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella”.

Hessel hace un llamado a la responsabilidad personal en los procesos de transformación social, porque “el ser humano responsable no puede confiar ni en un poder ni en una divinidad. Al contrario, es necesario comprometerse en nombre de la propia responsabilidad como persona humana”.

El militante francés Hessel invita a la gente joven a tener motivos fuertes que orienten el compromiso con el cambio de un estado de cosas que es necesario transformar: “Mi larga vida me ha dado una serie de razones para indignarme. Estas razones son fruto menos de una emoción que de una voluntad de compromiso.

Les deseo a todos y a todas, a cada uno/a de ustedes, que tengan su motivo de indignación. Es algo precioso. Cuando algo nos indigna, como a mí me indignó el nazismo, nos volvemos militantes, fuertes y comprometidos”. Y continúa su llamado urgente a la juventud del mundo: “Llamamos a las jóvenes generaciones a vivir y transmitir la herencia de la Resistencia y de sus ideales. Nosotros les decimos: Tomen el relevo, ¡indígnense! Los responsables políticos, económicos e intelectuales, y el conjunto de la sociedad no deben dimitir ni dejarse impresionar por la actual dictadura de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia”.

El movimiento político español PODEMOS es un ejemplo de una indignación convertida en compromiso, en proyecto político transformador. Éste se presenta a la población española en Enero de este año, 2014. Muchos de sus integrantes son las mismas personas que participaron en las protestas y en las acampadas en las inmediaciones de la Calle de El Sol (2011), en el centro de Madrid, la capital española. Surge como una nueva manera de mirar la realidad socio-económica y de proyectar el compromiso ciudadano con las transformaciones necesarias en nuestras sociedades.

Podemos, según ha dicho uno de sus principales líderes, Pablo Iglesias, tiene una nueva metodología de promover la conciencia ciudadana y el compromiso socio-político; está articulando diferentes grupos, movimientos alternativos; promueve la participación, el debate económico y político desde los territorios; es una nueva forma de hacer política comprometida con los mejores intereses de la sociedad española.

Podemos, además, es mantenido económicamente por la colaboración directa de las y los ciudadanos; pues como ha dicho Pablo iglesias no van a pedir dinero para sostener económicamente el movimiento ni a los bancos, ni a la gran empresa; ni van a aliarse a los sectores de los tradicionales partidos Popular y Socialista Obrero Español, que son dos grandes empresas que gobiernan y han gobernado al servicio de los sectores económico-partidarios dominantes.

Podemos, como movimiento político, participó en las elecciones al parlamente europeo y consiguió cinco escaños. Y según dos encuestas recientes está superando a los tradicionales Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la intención del voto, en vista a participar en las elecciones municipales que serán en mayo del 2015 y en las elecciones generales, programadas para diciembre del 2015.

El ejemplo de Podemos como proyecto socio-político formado por personas y colectivos que han pasado de la resistencia, a la indignación y de la indignación al compromiso, con la articulación de un proyecto socio-político alternativo, puede ser un referente para la realidad dominicana.

Podemos preguntarnos: ¿Seremos capaces de convertir la indignación contra la corrupción generalizada, contra una justicia secuestrada,  en un proyecto político popular que sepa hacerle frente a los desmanes de la actual oligarquía gobernante? ¿Será posible hacer la convergencia por un mejor país? ¿Se logrará que Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Mejía, Marino Vinicio Castillo, Miguel Vargas Maldonado, Narciso Isa Conde y otros líderes partidarios, de derechas, de centro y de izquierda, dejen paso a nuevos liderazgos? 

¿Estará Guillermo Moreno y su grupo dispuestos a sentarse en la mesa del diálogo para articular un proyecto conjunto? ¿Qué podrá aportar Minou Tavares y su grupo emergente a ese proceso? ¿Qué podrá aportar la APD con el liderazgo en el Congreso Nacional de la diputada nacional Guadalupe Valdez? ¿Se logrará la articulación en este proceso de los grupos ecológicos comprometidos? ¿Seguiremos logrando una articulación de la prensa más crítica y comprometida? ¿Se logrará en los próximos años crear y articular una fuerza política articulada que haga de contrapeso a la corporación gobernante?


Evidentemente, también aquí en nuestra tierra es necesario convertir la resistencia popular en indignación, y la indignación en compromiso con un proyecto orientado a transformar la realidad económico y política del país, con la articulación de un proyecto de Vida Digna, para toda la población y en particular para los sectores tradicionalmente más excluidos y empobrecidos. En definitiva se trata de asumir un reto histórico indelegable para los sectores sociales indignados, conscientes y comprometidos con la creación de otra sociedad dominicana posible

martes, 25 de noviembre de 2014

¡Perdón!

Por José Luis Taveras. 25 de noviembre de 2014 -  
Pero culpable soy yo que escupo el esfuerzo callado de aquellos que han preferido hacer lo que desde este escritorio me resulta cómodo juzgar. Esos que todavía sueñan y prestan sus alas para suicidas travesías de dignidad sobre mares solitarios. Les pido perdón. Perdón por mi confort, por mi ausencia, por mi complicidad… por mi miedo.
Un sistema arrugado se resiste a admitir su decadencia. Una oposición anulada por el silencio o por sus ambiciones, deja caer sus armas. Un puñado de expresiones ciudadanas se esparce en la inutilidad. Un gobierno de tímidas determinaciones dormita en su vanidosa popularidad. Una sociedad armada de desesperanza confiesa sus desgracias al viento, mientras, desde su inmovilidad, reclama nuevos rumbos y manda al paredón a los mismos paradigmas que cobijan su apatía.

Así andamos, concientes de los nebulosos azares que se ciernen sobre el futuro y sin un plan de evacuación a mano.  A la espera de un milagro sin fe, de un mesías no anunciado o de un quijote sin armadura. Espectadores mediocres del mismo drama cuyo guión coreamos con desganada fruición, más por hábito que por devoción.

El problema dominicano es que los que pueden no quieren y los que quieren no hacen.
¿Quiénes pueden? Los intelectuales. Esos que se presumen sobrepujar a los que usan como neuronas sus intestinos. En un tiempo sirvieron para iluminar caminos; hoy, ¿quién sabe?, buenos para nada; desvanecidos en la intranscendencia más diversa. La conciencia de algunos se pasea en una Lexus y se expresa en giros bancarios; otros se arrinconan, como refugiados, en guetos de lubricaciones abstractas.

Puede el gran capital empresarial, arquitecto de visiones audaces y creativas, misión en desbandada por la bárbara lucha de intereses en esta selva mercantil. Sustraídos de la ruina social y plegados al poder como empresa; críticos autorizados del sistema político, por cuyas mociones, en las sombras, apuestan como subasta al pregón, para luego pasar facturas o arrancar contrataciones.

La iglesia, avasallada por una casta medieval de semidioses. Representantes no sé de cuál dios en este “orden” de iniquidades, no para denunciar, con vigorosa voz profética, sus vicios y exacciones, más bien para bendecirlo mientras perduren en él sus sacros privilegios.

Los medios de masa, constructores ideales de conciencia. Redescubiertos como negocio para condenar, absolver, denostar, condicionar, lastimar, prejuiciar, embrutecer y mil diabluras más. Democráticamente indulgentes para vaciar la fetidez cloacal de nuestras mediocridades y asertivamente selectivos para encumbrar la opinión mercenaria o la distracción enajenante.

¿Quiénes quieren pero no hacen? Una masa amorfa de vivientes que respira apretujadamente en un espacio de dignidad más pequeño que sus miserias. Esos que hacen historia anónima de la cotidianidad sobrevivida. Cuentan para los votos y las estadísticas; se les llama indistintamente mercado electoral, masa de consumidores o comunidad de usuarios, dependiendo del tipo de manipulación para la que sirven. Material de uso desechable cada cuatro años; condones para preservar los excesos del placer de unos pocos.

¿Quiénes quedan? Los políticos. Dueños del poder formal, recipientes de todas las críticas, responsables de todos los infortunios, destinatarios de todas las maldiciones, blanco de todos los tiros, encarnación de todos los males. Pero sucede que esos bichos nadan en las aguas vendidas a sobreprecio por el gran capital, descompuesta por la mugre de la opinión y “purificada” en los altares de la hipocresía religiosa.

Esa es la sociedad de la náusea que aspira a escalar, de la mano de esos mitos, a dimensiones más iluminadas de bienestar.

Pero culpable soy yo que escupo el esfuerzo callado de aquellos que han preferido hacer lo que desde este escritorio me resulta cómodo juzgar. Esos que todavía sueñan y prestan sus alas para suicidas travesías de dignidad sobre mares solitarios. Les pido perdón. Perdón por mi confort, por mi ausencia, por mi complicidad… por mi miedo.

Perdón, grito que prende como chispa de la confrontación de nuestra indiferencia con retos insensiblemente desatendidos. Actitud clave para desatar decisiones secuestradas por el desdén y por la desidia.

Mientras no hagamos como ciudadanos lo que nos corresponde en nuestro espacio, perdemos calidad para reclamar lo que no merecemos

La ética política de Mujica y los desatinos de Leonel

Por Franklin Pimentel Torres. 22 de noviembre de 2014 -
En estos momentos el país no termina de asombrarse ante los espeluznantes hechos de corrupción descritos en el expediente hecho por la Procuraduría General de la República contra Félix Bautista, el pupilo aventajado de Leonel y compartes.
“La derecha ama al país, pero odia a gran parte de las personas que viven en él”. (N. Parra).
El presidente José Mujica de Uruguay ha salido recientemente en los medios de comunicación por su negativa a vender su viejo carro Volkswagen Fusca, modelo 1987. Según ha revelado el semanario uruguayo Búsqueda, en la cumbre del G-77 más China, celebrada en el pasado mes de Junio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Mujica recibió la oferta de un jeque árabe de un millón de dólares por su viejo carro Volkswagen (1). También recibió otra oferta del embajador de México, Felipe Enríquez,  quien le habría ofrecido entregarle 10 camionetas a cambio del viejo carro azul.


Mujica confesó a la prensa que en un primer momento pensó en la posibilidad de vender el viejo carro y utilizar los recursos para obras de bienestar social; pero al final decidió no venderlo, motivado por una decisión ético-sentimental y de respeto a la solidaridad de sus amigos: “Nunca podríamos venderlo, pues ofenderíamos a ese puñado de amigos que se juntó para darnos ese regalo”, señaló Mujica. De hecho el carro fue el fruto de “una colecta” de un grupo de amigos y amigas del mandatario y su esposa, la senadora Lucía Topolansky.

Mujica, por tanto, ha priorizado sus principios éticos al dinero que podría adquirir, al vender su carro; su conciencia ético-política le señala de hacerlo estaría colaborando con las excentricidades de quienes han acumulado riquezas y la emplean, como en el caso de los jeques árabes, de los ídolos del sistema neoliberal y de los funcionarios corruptos, en caprichos personales.

José Mujica, como presidente se ha caracterizado por su estilo sencillo, cercano al pueblo y su forma de administrar el poder al servicio de los mejores intereses de las y los más débiles de su pueblo. En lenguaje de J. Bosch, diríamos que gobierna priorizando los intereses de los hijos e hijas de Machepa. De él dicen que es el presidente más pobre y más sencillo de América Latina y el Caribe. Él, sin embargo señala que pobres son más bien, los que tienen que estar dedicando sus energías a preservar los bienes mal habidos, fruto del robo de la cosa pública, del tráfico de droga, y de utilizar los bienes públicos a favor de los intereses de una minoría enriquecida.

Mujica se parece a Juan Bosch quien cuando asumió la presidencia hizo su declaración de bienes y señaló que ni él ni su esposa Carmen tenían casas, ni propiedades, ni cuentas de bancos. Vivían en casa alquilada y con unos muebles sobre los cuales pagaban renta mensual. Por eso Bosch decidió gobernar como en una casa de cristal y tuvo la valentía de advertir a sus familiares –aun sin ser funcionarios del gobierno- para que se preparasen para dar cuentas públicas, con transparencia, de los bienes adquiridos durante el período que él fuera presidente.

Mujica no es indiferente a lo que sucede en los países de América Latina. Es un viejo luchador por la causa de los derechos humanos en Uruguay, su tierra, y en América Latina. Mujica es un viejo militante de la izquierda uruguaya y estuvo preso, en su juventud, por motivos ideo-políticos.  Es por eso que no es casual que haya sido el gobierno de Uruguay el único que envió una nota a la cancillería dominicana expresando la preocupación de su gobierno, ante las consecuencias de las sentencias del Tribunal Constitucional, en especial la  168-13,  que desnacionaliza a más de 200,000 dominicanos y dominicanas, la mayor parte son de origen haitiano y ante la sentencia 0256/14 que intentó desligar al país de adhesión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

En la nota enviada al gobierno dominicano a través de la cancillería uruguaya se dice expresamente: “El gobierno de la República Oriental del Uruguay lamenta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana de declarar la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito en el año 1999, por el entonces presidente de ese país, Leonel Fernández”. Y reafirma la decisión del gobierno y del pueblo de Uruguay de seguir contando con ese tribunal internacional como garante de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Por eso continúa diciendo la declaración: “Uruguay reafirma su posición tradicional de firme respaldo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el funcionamiento de sus dos órganos principales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al constituir ellos una garantía para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

Leonel Fernández, expresidente del país y presidente del PLD también utilizó en su tiempo de profesor de la UASD, un viejo Volkswagen. Pero a diferencia de Mujica hace tiempo que cambió el viejo Volkswagen por vehículos de lujo. Abdicó de su tradición Boschista y se convirtió en el líder de los sectores económico-partidarios más conservadores y recalcitrantes del país. Asumió como líderes de referencia a Joaquín Balaguer y Marino Vinicio Castillo (Vincho). Aceptó dinero proveniente del despojo de los bienes públicos para llegar al poder de manos de los reformistas y utilizó dinero proveniente de la corrupción para crear una Fundación –FUNGLODE- que se presenta como un foro para promover supuestamente la democracia, y creó un déficit de más de 200,000 millones de pesos en el 2012,  para mantener el poder a su empresa-corporación partidaria y proyectarse de cara al 2016.

Leonel Fernández es actualmente el líder más visible de la ultraderecha conservadora, promotora de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de las y los más débiles de la sociedad dominicana. Este ciudadano se ha convertido en un defensor de los desatinos de la mal llamada justicia dominicana, que tiene unas “altas” cortes y unos jueces que- con algunas honrosas excepciones- están al servicio de los intereses de una minoría enriquecida que ha intentado identificar sus intereses grupales con los intereses del Soberano, el pueblo dominicano. Entre esos desatinos es necesario nombrar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el 2005, que estableció el criterio de que se entiende por persona en tránsito aquella que no tiene residencia permanente en el territorio dominicano. El fallo amañado que favoreció a Leonel Fernández y a Félix Bautista, con relación al robo del dinero envuelto en el préstamo gestionado por la multinacional de la construcción Sun Land en el 2007, y las sentencias 168-13 y 0256-14 del Tribunal Constitucional, desnacionalizando a un número significativo de dominicanos y declarando inconstitucional los lazos del país con la CIDH, respectivamente.

Como ha dicho recientemente el partido Alianza por la Democracia (APD): “La raíz de esta situación reside en que la nueva derecha dominicana expresa su extremismo adjurando  de los derechos humanos, a partir de postulados de corte xenófobos  y racistas que esconden bajo el manto de un populismo pseudo-nacionalista. Esta derecha ha ganado terreno al interior  del partido de gobierno y del gobierno mismo.  El abandono de principios originales y la involución ideológica del PLD no le permiten a su gobierno abordar la cuestión de los dominicanos de origen haitiano desde una perspectiva de derechos humanos”. Y añade lúcidamente la APD: “Las acciones desarrolladas por la franja política más conservadora del país, con la anuencia del gobierno, representan un grave retroceso institucional y una amenaza  real para el sistema democrático”.

Leonel Fernández, como líder de ese sector más conservador, en una reciente intervención en la OEA, ha vuelto a usar el viejo argumento de que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda al gobierno dominicano a restablecer los derechos de las personas despojadas de su nacionalidad y abusados por deportaciones violatorias de los derechos humanas, viola la soberanía nacional. Y en un artículo reciente publicado en el periódico español El País, intentó justificar el rechazo del gobierno a la sentencia de la corte interamericana, señalando que la CIDH se extra limitó con su sentencia.

Santiago Canton (2), jurista argentino y antiguo amigo de Leonel Fernández,  Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Centro R. F. Kennedy, le ha hecho un llamado a Leonel a retomar su camino original cuando era uno de los discípulos más aventajados del maestro Bosch. El jurista argentino criticó fuertemente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional: “En una decisión de ciencia ficción, el 23 de septiembre del 2013, el tribunal dominicano viajó al año 1930 y le quitó la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos, modificando arbitrariamente los criterios para obtener la nacionalidad que se aplicaban desde hace ocho décadas”.

Santiago Canton, refiriéndose a las recientes declaraciones de Leonel ante la OEA, con las intentó justificar las sentencias 168-13 y la reciente 0256/14 que desliga al país de la influencia de la CIDH, le invita a retomar su camino original: “El reciente discurso de Leonel Fernández va por la senda equivocada. Le recomiendo que (…) recupere sus sueños de una América Latina más justa y con igualdad de oportunidades para todos, antes de que el abrazo con Joaquín Balaguer modificara sus ideales”.

En estos momentos el país no termina de asombrarse ante los espeluznantes hechos de corrupción descritos en el expediente hecho por la Procuraduría General de la República contra Félix Bautista, el pupilo aventajado de Leonel y compartes. En  estos momentos en que las sentencias de la mal llamada justicia dominicana, en la mayor parte de los casos, sólo benefician los intereses de la oligarquía conservadora, vale la pena seguir pensando en la necesidad de sustituir el liderazgo actual, corrupto y corruptor, por nuevos y frescos liderazgos, capaces de apoyar los esfuerzos de quienes sueñan con otro país posible y por eso se están articulando para presentar proyectos políticos alternativos, que sean capaces de ayudar a revivir la esperanza de un pueblo que necesita y se merece mejor suerte.

El ejemplo de integridad de Mujica y de Bosch seguirán siendo referentes éticos necesarios para el surgimiento del nuevo liderazgo político que sustituya el actual liderazgo partidario, y que coloque la construcción democrática y la búsqueda del bienestar común, como el objetivo fundamental de quienes deben representar al pueblo dominicano, el verdadero y único soberano, en el territorio de la mitad de esta isla nuestra, colocada en el mismo trayecto del sol, como dijera el poeta nacional, Pedro Mir.

1. El término alemán “Volkswagen”, significa carro del pueblo, o carro popular.

2. Santiago Cantón, académico argentino, fue amigo del PLD  y de Leonel Fernández. En  1990 estuvo en República Dominicana como observador electoral, y denunció el fraude que Joaquín Balaguer y el PRSC hicieron contra Juan Bosch y el PLD. El entonces presidente Balaguer hizo que saliera del país. En el libro Raíces de un poder usurpado (1991), de Leonel Fernández, parte de su denuncia de fraude se alimentó en las observaciones y apuntes de Cantón

sábado, 8 de noviembre de 2014

Enfrentemos los desatinos de la corporación dominante

Franklin Pimentel Torres



8 de noviembre de 2014 -
 
La agresión física y verbal de los periodistas que cubrían las noticias relacionadas con una conferencia dictada por su “majestad”, Leonel Fernández y las acciones violentas contra un grupo de manifestantes que aprovecharon la ocasión para denunciar la corrupción promovida por el monarca del PLD y compartes, durante sus 12 años en el gobierno, son una demostración más de que estamos en tiempo de una nueva etapa de una dictadura promovida por la derecha conservadora y recalcitrante; que está dispuesta a usar todos los medios disponibles para hacer demostrar que ellos tienen el poder, el dinero y la arrogancia para violar los derechos humanos más elementales de los más débiles y de quien se atreva ni siquiera a disentir de sus planteamientos. Todo esto, además, ocurrió ante la mirada cómplice indiferente o ¿cómplice? de una policía que parece estar más al servicio de la corporación dominante que de la ciudadanía común.

En la República Dominicana, como país dependiente del neoliberalismo capitalista global, estamos en una nueva etapa de la dictadura económico-partidaria, con máscara de democracia, impuesta por la corporación dominante constituida por el PLD de Leonel Fernández, Danilo Medina, Felix Bautista y Víctor Díaz Rúa, Diandino Peña y compartes, como inversionistas principales; el PRD de Miguel Vargas, como segundo socio más importante; por los remanentes del reformismo balaguerista, por la mal llamada Fuerza Nacional Progresista, liderada por Vincho Castillo y familia y otros pequeños partidos-clientes-inversionistas. Estos han des-gobernado el país en las últimas 5 décadas, con las honrosas excepciones de los 7 meses del gobierno liderado por el Prof. Juan Bosch (1963) y de los 5 meses de Francis Caamaño, durante la gesta revolucionaria de 1965.

Esa corporación ha endeudado el país y desfalcado el Estado hasta niveles escandalosos; ha reducido a la mayor parte de la población a clientes dependientes de la corporación gobernante y ha organizado todo para garantizar su impunidad; se ha aliado con el gran capital transnacional y nacional y ha violado sistemáticamente los derechos más elementales del Soberano, que es el pueblo dominicano. Una de la manera más burda de violación de los derechos del pueblo dominicano ha sido la de apropiarse impunemente de los bienes públicos y en consecuencia poner la justicia, y sus diferentes instancias, al servicio de sus intereses personales y partidarios. Veamos algunos de los casos más escandalosos.

Caso 1: El 25 de septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia 168-13, declarando como apátridas a más de 200,000 dominicanas y dominicanos, de origen haitiano. La sentencia es violatoria del derecho a la nacionalidad porque intenta aplicar retroactivamente hasta 1929, el artículo constitucional no. 18 de la Constitución del 2010 que no reconoce como dominicanos o dominicanas a los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano. Ante la presión nacional e internacional el Poder Ejecutivo propuso al Congreso la ley 169-14, como un mal remiendo que ordena renovar los documentos a las que personas que ya lo tenían. Esta ley, sin embargo, sigue considerando como extranjeros a las y los más de 200,000 dominicanos y dominicanas desnacionalizados por la sentencia 168-13 del TC. Ante eso, y haciendo referencia a abusos cometidos con personas deportadas en los años 1999-2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena dejar sin efecto la sentencia 168-13 y la ley 169-14. Como respuesta el gobierno rechazó la sentencia de la CIDH y señaló que su aplicación es imposible porque supuestamente viola la soberanía nacional. El TC, por su parte, como torpe retaliación, emitió una sentencia con la que intentó dejar al país fuera del alcance de la influencia de la CIDH. Sin embargo, la CIDH volvió a reiterar al país que es necesario aplicar la sentencia emanada por ese tribunal, puesto que la misma es vinculante para el país. Señaló, además, que la sentencia 0256-14 del TC no tiene ningún asidero jurídico y que, por lo tanto, es nula para el derecho internacional.

Caso 2: Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, elaboró una investigación muy bien fundamentada en donde demuestra que la ONG del “monarca” Leonel Fernández, La Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), recibió dinero ilícito de los contratistas  de las obras del Estado, entre los que estaban algunos testaferros de Félix Bautista. Incluso recibió dinero de las empresas de Félix Bautista. El procurador de la República Francisco Domínguez Brito y la fiscal Yeni Berenice Reynoso, coincidieron en que lo denunciado es una evidente violación a las leyes del país; y sin embargo, decidieron archivar el documento, alegando, paradójicamente que el delito cometido, no está estipulado en el código penal, y que por lo tanto, el caso no se puede juzgar en los tribunales dominicanos. En esa ocasión Francisco Domínguez Brito aprovechó la ocasión para rendir pleitesía al monarca, su majestad Leonel Fernández.

Caso 3: Miguel Vargas Maldonado –monarca del  PRD; aliado táctico del monarca del PLD- como empresario tiene varios negocios. Quizás el más rentable del momento es el de ser presidente del PRD y manejar al mes –a su antojo- más de 20 millones mensuales, provenientes del erario público y de los impuestos que pagamos todas y todos, las y los ciudadanos dominicanos.  Miguel Vargas organizó una convención con los votantes que él quiso y como él quiso. En el día de la convención hubo agresión física y fraudes fríamente calculados. Muchas personas fueron impedidas de votar. Entre éstas Guido Gómez Mazara, su principal oponente. Miguel Vargas, sin embargo, cuenta con la anuencia cómplice del Tribunal Superior Electoral. No obstante, La sociedad está esperando todavía el fallo a las objeciones presentadas ante dicho tribunal por Gómez Mazara.

Caso 4: Víctor Díaz Rúa fue ministro de obras públicas en el reinado del principal monarca del PLD (2007-2008). Durante su gestión se cometieron innumerables irregularidades. Este funcionario, miembro del Comité Central del PLD, no quiere ser investigado ni mucho menos juzgado. Por eso gestionó ante la Suprema Corte de Justicia que se cambie el artículo 85 del código penal que permite a las y los ciudadanos querellarse contra funcionarios corruptos. Está enfrentado a la fiscal del Distrito Yeni Berenice Reynoso, quien quiere someterlo a la justicia. Víctor Díaz Rúa, sin embargo, está empeñado en que su caso sea archivado. Seguramente cuando se ventile a fondo su expediente, saldrá salpicado también el monarca principal del PLD, quien lo colocó en el puesto con el claro propósito de enriquecer aún más a su grupo económico-partidario.

Caso 5. En el 2007 el monarca Leonel Fernández se estaba preparando para la reelección del 2008. Por eso necesitaba mucho dinero para la campaña; y recursos que no estuvieran bajo el control del Congreso Nacional. Entonces su amigo y principal aliado Félix Bautista le propuso un pequeño negocito: hacer un préstamo con la multinacional de la construcción, la Sun Land, por $130 millones de pesos,  supuestamente para construir unas obras en la ciudad de Santo Domingo. La mayor parte de ese dinero, sin embargo, se utilizó para la campaña del 2008 y para poner las bases económicas de una de las empresas de Félix Bautista. El caso fue denunciado ampliamente por Jaime Aristy Escuder en su libro “El lado oscuro de la Sun Land”. Al final de cuentas el contribuyente tuvo que pagar dos veces el costo de las obras que supuestamente se tenían que haber pagado con el dinero del préstamo internacional en la que la Sun Land sirvió como mediadora. De hecho el país tuvo que pagar el dinero del préstamo y además el dinero pagado para mantener en el poder al monarca del PLD y para crearle una empresa a su principal aliado económico-partidario, el actual senador Félix Bautista.

Caso 6: Félix Bautista fue un sastre que vino de San Juan. Estudió en la UASD, aunque no se distinguió por ser buen estudiante; de hecho plagió su tesis, según relata Jaime Aristy Escuder en su libro El Lado Oscuro de la Sun Land. Se ligó a la familia del Monarca del PLD y llegó a ser uno de sus mejores aliados. Es Secretario de Organización del PLD, la principal empresa gobernante. A partir del 2007 se enriqueció hasta unos niveles nunca vistos en el país. Hoy está siendo acusado de corrupción, de lavado de activos  y de apropiarse impunemente de lo ajeno. Recientemente le han sido retenidos sus bienes.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito ha preparado un expediente bien fundamentado en el que se señalan las principales fechorías de Félix Bautista. Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia y en el ya desacreditado Tribunal Constitucional está la gente que él y el monarca del PLD pusieron ahí, precisamente para que si un día fueran juzgados contaran con la anuencia cómplice de unas cortes hechas a la medida de sus intereses económicos y partidarios. Por eso el pueblo dominicano se pregunta: ¿Habrá realmente justicia en el caso de Félix Bautista? Si realmente se llegara a juzgar y a condenar a Félix Bautista, ¿saldría Leonel Fernández ileso? ¿Por dónde le soplarían los vientos?

Hemos señalado algunos casos más significativos que nos hablan de la sistemática violación de los derechos fundamentales de la población por parte de la corporación dominante. Pero ¿qué hacer ante esta situación? Esta es la pregunta clave.

Hoy más que nunca se necesita una gran concertación social en contra de la corrupción y la impunidad, el cáncer que corroe esta sociedad, en contra de arbitrariedades como las del Tribunal Constitucional y las actuaciones cómplices de las llamadas “altas cortes”; cuyos integrantes responden, por lo general, a los intereses partidarios de quienes los pusieron en el cargo y de quienes los podrían quitar en un futuro. NO obstante, es necesario destacar las honrosas excepciones de juezas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla del TC quienes mostraron su desacuerdo con la mayoría, tanto cuando la sentencia 168-13 como con la reciente 0256-14. En esta última es necesario destacar, además, la voz disidente del magistrado Hermógenes Acosta.

Es necesario unirse a la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que aprovechando el día de la Constitución, el pasado miércoles 6, pidió la renuncia de los jueces del Tribunal Constitucional, que aprobaron la sentencia 0256-14; porque, con la honrosa excepción de tres voces disidentes se han convertido en violadores de derechos fundamentales, en una vergüenza mundial como señaló Amnistía Internacional y porque dicho tribunal se ha convertido en una carga muy pesada para el pueblo dominicano.

Es urgente que se sigan oyendo voces lúcidas, como las de los abogados constitucionalistas Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Eduardo Jorge Prats, que recientemente denunciaron la insostenibilidad de las sentencias del tribunal constitucional con relación al despojo de la nacionalidad de los dominicanos de origen haitiano (168-13) y al intento fallido de dejar al país fuera de la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la sentencia 0256-14.

Es necesario seguir contando con los aliados internacionales de la defensa de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con Amnistía Internacional, el Centro Kennedy y el ACNUR que acaba de poner al país entre los países con mayor número de personas apátridas. Estas instituciones y organismos internacionales están realmente empeñados en la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos, más allá de las fronteras de los países, creadas por los colonizadores de ayer y de hoy.

En esta hora oscura se pide un poco de cordura y de buen juicio; capacidad de resistencia y creatividad. Es necesario seguir enfrentando a quienes son los verdugos del pueblo, a quienes se están burlando del pueblo empobrecido e invisibilizado, sobre todo de las y los más débiles e indefensos. Por eso es necesario no sólo pedir la renuncia de los jueces del TC, sino, además, exigir justicia e independencia de las y los jueces de todos los tribunales del país.


A todo lo dicho más arriba se puede añadir la imperiosa necesidad de castigar a los culpables, impedir que vuelvan a asumir un puesto público quienes han robado el dinero del Estado, y colaborar en la construcción de un nuevo proyecto-país, que articule fuerzas alternativas que puedan enfrentar los desatinos de la corporación dominante, pues tal como señaló el patricio J. P. Duarte, “Nunca me fue tan necesario como hoy, tener salud, corazón y buen juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

jueves, 6 de noviembre de 2014

La moral pervertida de un Estado violador de derechos fundamentales

La moral pervertida de un Estado

 violador de derechos fundamentales

Por Franklin Pimentel Torres. 1 de noviembre de 2014 - 12:09 am - 3 Comentarios
Franklin Pimentel Torres

Franklin Pimentel Torres

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Especialista en temas socio-éticos, religiosos y bíblico-teológicos. Promotor de la conciencia moral, ética y político-ciudadana.Comprometido con la educación digna de los sectores sociales más empobrecidos y excluidos. Indignado permanente ante las injusticias sociales y la corrupción impune.
“Nunca me fue tan necesario como hoy el  tener salud, corazón y buen juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón,conspiran contra la salud de la patria” (J.P. Duarte).
El pasado 22 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando al país por la violación de los derechos en la deportación a Haití de un grupo de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, así como de emigrantes indocumentados, en los años 1999 y 2000.
Aunque, la sentencia tiene como base la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000, ésta hace referencia, de forma implícita, a las violaciones que se siguen dando hoy y se refiere, de forma también implícita, a las consecuencias de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y al intento del gobierno de remediar las mismas con la aprobación por el Congreso Nacional de la ley 169-14.
La sentencia de la CIDH ha sido clara y precisa. El mandato principal de la misma es: “Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana”. Ordenó,  en consecuencia: “Adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.

Las reacciones desde el ámbito del oficialismo han sido, de forma unánime, de rechazo a la sentencia. El Ejecutivo, a través de su portavoz, calificó la sentencia de “extemporánea, sesgada e inoportuna”. Leonel Fernández la calificó “como un atropello a la soberanía nacional” y su aliado Miguel Vargas se expresó en términos semejantes, porque según él:“La soberanía no se negocia”. Los legisladores se han expresado rechazando la sentencia como tal e incluso algunos han propuesto que el país rompa sus vínculos con la CIDH.  El canciller, Andrés Navarro, por su parte, señaló que aunque el Estado dominicanono puede aceptar los términos del fallo de la CIDH, el gobierno dominicano “no ha ponderado, no tiene previsto salir de un organismo internacional por la actual coyuntura”. Estas declaraciones del canciller se produjeron, paradójicamente, tras presentar en la Cancillería la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), un organismo creado, supuestamente, para fortalecer los aspectos de los derechos humanos en el país.

El Centro Bonó consideró que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una gran oportunidad para que el Estado dominicano asuma lo que debe ser su función esencial: garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas y el respeto de su dignidad, tal y como está consagrado en la Constitución. El Centro Bonó recordó, además, al gobierno y a la sociedad, el carácter vinculante que tienen las decisiones de la CIDH. “La República Dominicana aceptó la competencia contenciosa de la Corte siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 62 de la Convención Americana el 25 de marzo de 1999. De modo que acatar esta nueva decisión de la Corte Interamericana no es una opción sino una obligación estipulada en el artículo 68.1 de la Convención”.

La organización pro-derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó de vergonzosa la reacción del gobierno dominicano ante la sentencia de la CIDH. A través de Chiara Liguori, investigadora de la organización para el Caribe, señaló:
“Es una vergüenza que el gobierno dominicano rechazara el fallo de la CIDH de esta manera. Los sistemas de derechos humanos regionales y nacionales fueron creados para garantizar a todos un camino de buscar la justicia y la reparación de violaciones de los derechos humanos, cuando los sistemas de justicia nacionales han fracasado”. 
Edwin Paraison, ex cónsul haitiano en República Dominicana, recordó en un artículo publicado en Acento,que ésta no es la única sentencia de la CIDH que ha condenado al Estado dominicano por la violación de los derechos humanos. Recordó que, entre otros casos, en septiembre del 2005  el Estado fue sentenciado en el caso Yean-Boussicout-, al tener la obligación del otorgamiento de las actas de nacimiento dominicanas a las afectadas, incluyendo una indemnización económica.
La sentencia de la CIDH le está ordenando al gobierno dominicano, de forma implícita,a mantener la vigencia de lo estipulado por el artículo 11 de la anterior Carta Magna (2002) que definía como nacionales dominicanos a quienes nacieran en el país, con excepción de los que estaban en tránsito e hijos de embajadores y que,por tanto deje sin efecto el cambio realizado en la Constitución del 2010 que, en el art. 18, párrafo 3, no reconoce el ius soli (derecho a la nacionalidad por el lugar del nacimiento)para los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el país.
La CIDH reiteró lo que ya había dicho en el caso de las niñas –hoy jóvenes- Yean y Boussicout- (2005); es decir, que la situación migratoria indocumentada o ilegal de los padres y madres que vinieron a trabajar en el país, la mayor parte de ellos y ellas, contratados por diferentes gobiernos, no se puede traspasar a los hijos e hijas.
Ante esta decisión de la CIDH se cae la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y sería necesario revisar todo lo estipulado en la ley 169-14 y su reglamento, que de hecho es un remiendo mal hecho, para intentar mitigar los efectos causados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Más allá de las primeras reacciones ante la sentencia de la CIDH¿Estará el Estado dominicano dispuesto a asumir las consecuencias de estas decisiones de la CIHD? Todo parece indicar que, en la práctica,  la corporación gubernamental en el poder (PLD-PRD-PRSC-FNP) no está dispuesta a ceder ni un ápice en cuanto a reconocer los derechos adquiridos de los hijos e hijas de emigrantes haitianos nacidos en el país. Pues los hechos demuestran que hay una alianza entre el sector gubernamental: el ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración, las Fuerzas Armadas, y grupos empresariales, para seguir teniendo licencia para oprimir y abusar de las y los trabajadores dominicanos de origen haitiano; para seguirse enriqueciendo a costa del dolor indignante y del sudor ajeno.
Los grupos defensores de los derechos humanos debemos darle la bienvenida a la sentencia del CIDH;  tenemos el desafío de fortalecer la conciencia ciudadana y la lucha para hacer entrar en razones a una corporación gobernante que ha perdido la sensibilidad, el juicio y la vergüenza.
Es necesario seguir insistiendo que la soberanía pertenece al pueblo y que la identidad dominicana no se puede concebir por oposición a lo haitiano o a otra nacionalidad. No podemos seguir permitiendo que el Estado, siga violando impunemente, los derechos humanos de la población en general y en particular de los hijos e hijas de haitianos. No se debe seguir utilizando la excusa de la soberanía y de la supuesta pérdida de la nacionalidad o de la injerencia extranjera. Pues ya sabemos  que cuando los grupos dominantes hablan de defender la soberanía y la nacionalidad dominicana generalmente lo que están defendiendo son los intereses económico-partidarios de una minoría enriquecida y opresora.
Las organizaciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales más empobrecidos, la prensa más crítica y consciente, los centros educativos, las universidades comprometidas con la causa popular, tenemos el desafío de articular fuerzas para que acompañando al grupo reconoci.do, al Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), y a otros grupos de dominicanos y dominicanas de origen haitiano, que luchan por sus derechos,unamos esfuerzos para defender el derecho de todos y todas a una patriajusta, equitativa y a una nacionalidad incluyente.
Las palabras proféticas de J.P. Duarte siguen siendo más actuales que nunca: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y buen juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón, conspiran contra la salud de la patria” (J.P. Duarte). Por esto, fortalecer la sensibilidad, el buen juicio, las prácticas sociales transformadoras, es condición indispensable para cuidar la salud de la patria y la construcción de una sociedad en donde se respeten los derechos y se asuman los deberes ciudadanos, en el marco de la construcción de un proyecto-país, ético-político,orientado a la Vida Digna del Soberano, que es el pueblo dominicano.
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