sábado, 30 de septiembre de 2017

Juan Bosch, referente y caminante de la Marcha Verde

Franklin Pimentel Torres - 30 de Septiembre de 2017

En esta semana, el pasado 25 de septiembre, se celebró el aniversario 54 del derrocamiento de Juan Bosch como presidente de la República. Como consecuencia de ese hecho, quedó abolido el Congreso Nacional y la Constitución, que había sido proclamada el 29 de abril del 1963, que planteaba un nuevo proyecto-país, sustentado en el modelo de la Revolución Democrática.
Juan Bosch como ciudadano, escritor y fundador de dos partidos políticos es un referente necesario cuando se busca algún modelo  ético y político, en el contexto dominicano, caribeño y latinoamericano, que pueda orientar el camino y la práctica de los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias y los partidos políticos emergentes que luchan por la creación de una sociedad verdaderamente democrática, en donde se luche, de forma constante, por una distribución equitativa de los bienes y las riquezas y en donde se asuma como un compromiso permanente la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En sus escritos y novelas como La Mujer (1933), Luis Pie (1942), Dos Pesos de Agua (1941), entre otras, Juan Bosch refleja su sensibilidad humana y su solidaridad con la situación del campesino dominicano despojado y sometido a la pobreza en el contexto de la larga dictadura del tirano Rafael L. Trujillo. Y Bosch tenía una visión integral de la miseria en la que se vivía en la isla; por lo tanto también le preocupaban los pobres y oprimidos del oeste de la isla, de Haití.
En una carta enviada por J. Bosch en 1947, desde su exilio en Cuba, a unos intelectuales dominicanos que mostraban tendencias racistas y xenofóbicas, les invita a cambiar de actitud y de forma de pensar. Refiriéndose a los pueblos haitiano y dominicano y a los grupos dominantes de la isla del tiempo de la dictadura de R.L. Trujillo (1930-1961) y del presidente haitiano E. Lescot (1941-1946), señala: No hay diferencia fundamental entre los dominicanos y los haitianos de la masa; No hay diferencia fundamental entre los dominicanos y los haitianos de la clase dominante.Pero así como en los hombres del pueblo en ambos países hay un interés común – el de lograr sus libertades para tener acceso al bienestar que todo hijo de mujer merece y necesita -, en las clases dominantes de Haití y Santo Domingo hay choques de intereses, porque ambas quieren para sí la mayor riqueza. Los pueblos están igualmente sometidos; las clases dominantes son competidoras. Trujillo y todo lo que él representa como minoría explotadora desean la riqueza de la isla para sí; Lescot  y todo lo que él representa como minoría explotadora, también”. [1]
La Constitución del 1963 hace referencia constante a la necesidad de crear una sociedad basada en la justicia social y propone castigar el robo y la corrupción pública, así como hacer devolver lo robado: “Se declaran delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal sustraigan fondos públicos o, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o entidades autónomas, obtengan ventajas económicas ilícitas. Incurrirán en los mismos delitos las personas que, desde las mismas posiciones, hayan proporcionado deliberadamente ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados… A los convictos de tales delitos les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes la pena de Degradación Cívica, la cual organizará la ley; además se les exigirá la restitución de lo ilícitamente apropiado” (Const. 1963, Art. 5).
Es conocido el hecho de que Juan Bosch, durante su permanencia en el cargo como presidente, alejó del cargo y mandó a la justicia a uno de sus más cercanos colaboradores acusado de corrupción. También promovió el sometimiento a la justicia a quienes cometieron actos de corrupción en el manejo del dinero de las empresas públicas productoras del azúcar.
En el discurso de proclamación de su candidatura presidencial, el 27 de octubre de  1962, se refirió a la declaración jurada de bienes de las y funcionarios públicos, la cual extendió también a su propia familia: “Que se prepare desde ahora toda mi familia a rendir, si es que el PRD gana las elecciones, a rendir cuenta pública de lo que tienen, como lo haré yo, para que cuando el pueblo lleve a otro al poder, se sepa cuánto adquirimos entre todos mientras nosotros gobernábamos, porque ha llegado ya la hora de que las personas públicas y sus familias rindan cuenta, al día y al centavo, de cada peso que tienen, de cada peso que reciben y de cada peso que gastan” (J. Bosch, Obras Completas, Tomo XIX, p. 61).
Al asumir la presidencia de la República el 27 de febrero de 1963 Juan Bosch y su esposa Carmen Quidiello declararon ante el Notario Público Dr. Fabio García Mota: “Que no poseen ninguna clase de bienes muebles ni inmuebles, propiedad rural ni urbana, ni acciones en ninguna Compañaía ni fondos en dinero u otra especie en la República Dominicana ni en el extranjero”. Esta condición de absoluto despojo de bienes materiales la mantuvo Bosch hasta el día de su muerte.
En su carta dirigida al Pueblo Dominicano, después del derrocamiento, en la madrugada del 26 de septiembre del 1963, J. Bosch fue enfático en señalar cómo en su gobierno de 7 meses no se había dado lugar a la corrupción ni a la impunidad:  “Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social (…). En siete mes de gobierno, (…) no hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones…”
El 18 de noviembre de 1973 J. Bosch renunció al Partido Revolucionario Dominicano  fundado por él y otras personas en el exilio cubano y a partir de ese mismo año funda un nuevo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. En su pensamiento los integrantes de ese nuevo partido deberían caracterizarse precisamente por su honestidad y manejo transparente de los bienes públicos. Por eso declaró públicamente en 1982 que, “los dominicanos y dominicanas saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con fondos públicos… “
El 15 de marzo del 1991, después de haberse celebrado las elecciones del 1990 en la que el PLD sacó el 33% de los votos, J. Bosch renunció al PLD señalando que dentro del partido morado había gente que resultó electa diputado, senadores regidores y síndicos que a su juicio se había aferrado a una corriente de gente oportunista, que solo deseaba obtener cargos públicos para su beneficio personal.
La mayor parte de los discípulos  boschistas, del PRD y del PLD, renegaron de la ideología y la práctica ética y política de su Maestro. Sin embargo, el Profesor  cuenta con una multitud de nuevos discípulos y discípulas; personas que con sus palabras y su práctica están retomando su herencia luminosa. Entre estos están muchos de las y los líderes del Movimiento Verde y de organizaciones comunitarias y populares que lo siguen teniéndolo como modelo a imitar. Por eso decimos que J. Bosch sigue siendo referente y caminante de la Marcha Verde y que la Revolución Democrática, ética y política, gestada y articulada en el gobierno y en la Constitución del 1963 debe retomarse, por el bienestar común de las y los habitantes del territorio isleño, incluyendo a quienes tuvieron que emigrar buscando mejores condiciones de vida.


¿Estamos ya en plena dictadura civil?

Leonardo Boff - 30 de Septiembre de 2017 –

Lo que vivimos actualmente en Brasil no puede ni siquiera ser llamado democracia de bajísima intensidad. Si tomamos como referencia mínima de una democracia su relación con el pueblo, el portador originario del poder, ella se niega a sí misma y se muestra como una farsa.
Para las decisiones que afectan profundamente a todos, no se discutió con la sociedad civil, ni siquiera se escuchó a los movimientos sociales ni a los cuerpos de saber especializado: el salario mínimo, la legislación laboral, la previsión social, las nuevas reglas para la salud y la educación, las privatizaciones de bienes públicos fundamentales como es, por ejemplo, Electrobrás y campos importantes de petróleo del pre-sal, así como las leyes que definen la demarcación de las tierras indígenas y, lo que es un verdadero atentado a la soberanía nacional, el permiso de vender tierras amazónicas a extranjeros así como la entrega de una vasta región de la Amazonia para la explotación de variados minerales a empresas extranjeras.
Todo está siendo hecho por PEC, por decretos o por medidas provisionales propuestas por un presidente, acusado de dirigir una organización criminal y con un apoyo popular bajísimo, que no alcanza al 5%. Las propuestas han sido enviadas a un parlamento con el 40% de sus miembros acusados o sospechosos de corrupción.
¿Qué significa tal situación sino la vigencia de un Estado de excepción, o incluso más, de una verdadera dictadura civil? Un gobierno que gobierna sin el pueblo y contra el pueblo, ha abandonado el estatuto de la democracia y ha instado claramente a una dictadura civil. Es lo que estamos viviendo en este momento en Brasil. Bajo la perspectiva de quien ve la realidad política desde abajo, desde las víctimas de este nuevo tipo de violencia, el país se asemeja a un avión sin piloto en vuelo ciego. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no lo sabemos. Pero los golpistas lo saben: a crear las condiciones políticas para traspasar gran parte de la riqueza nacional a un pequeño grupo de empresas que, según el IPEA, no pasan del 0,05 de la población brasileña (un poco más de 70 mil multimillonarios), que constituyen las élites adineradas, insaciables y representantes de la Casa Grande, asociadas a otros grupos de poder antipueblo, especialmente a unos medios de comunicación que siempre apoyaron los golpes y no aprecian la democracia.
Transcribo un artículo de un atento observador de la realidad brasileña, que vive en el semiárido y participa de la pasión de las víctimas de una de las mayores sequías de nuestra historia: Roberto Malvezzi. Su artículo es una denuncia y una alarma: De la dictadura civil a la militar.
«Antes del golpe de 2016 sobre la mayoría del pueblo brasileño trabajador o excluido, ya comentábamos en Brasilia, en un grupo de asesores, sobre la posibilidad de una nueva dictadura en Brasil. Y nos quedaba claro que podría ser simplemente una “dictadura civil”, sin ser necesariamente militar. Sin embargo, igual que en 1964, ella podría evolucionar hacia una dictadura militar. En aquel momento muy pocos creían que el gobierno podría ser derribado.
Para mí no hay duda alguna de que estamos en plena dictadura civil. Son un grupo de 350 diputados, 60 senadores, 11 ministros del Supremo, algunas entidades empresariales y las familias dueñas de los medios de comunicación tradicionales los que han impuesto una dictadura sobre el pueblo. Las instituciones funcionan, como dicen ellos, pero contra el pueblo y sólo a favor de una reducidísima clase de privilegiados brasileños. Claro que conectados siempre con las transnacionales y los poderes económicos que dominan el mundo.
Por lo tanto, nosotros, el pueblo, hemos sido dejados fuera, excluidos). Todo es decidido por un grupo de personas que, contadas con los dedos, no deben llegar a mil en el mando, con un grupo un poco mayor participando indirectamente.
Sucede que el golpe no se cierra, no se concluye, porque la corrupción, vieja fórmula para aplicar golpes en este país, es visible hoy gracias a los medios de comunicación alternativos presentes y cada vez más poderosos. La corrupción está en todos los niveles de la sociedad brasileña, sobre todo en los hipócritas que levantan esa bandera para imponer sus intereses.
Pero la corrupción es sólo el pretexto. Según la visión de Leonardo Boff, el objetivo del golpe es reducir Brasil, que funcione sólo para 120 millones de brasileños. Los 100 millones restantes tendrán que buscar cómo sobrevivir con apaños, limosnas, participando en pandillas, y en tráfico de armas y drogas.
En este momento comienzan a aparecer señales del verdadero pensamiento de quien está en el mando: una reunión de la Masonería, un general contando lo que anda entre bastidores, los viejos medios con la opinión de “especialistas”, los nostálgicos de la antigua dictadura diciendo en los medios sociales que “quien no es corrupto no debe tener miedo de los militares”.
En fin, están planteando la posibilidad de la dictadura militar. Para el pequeño grupo que ha dado el golpe es excelente, la mejor de las salidas. Nunca fueron demócratas. No les gusta el pueblo. Incluso en esta Cámara y en este Senado pocos van a perder sus cargos o ir a la cárcel.
Lo peor de una dictadura civil o militar es siempre para el pueblo. Las nuevas generaciones no conocen la crueldad de una dictadura total. Hiela el alma el silencio de la sociedad ante las declaraciones del mencionado general».
Que Dios y el pueblo organizado nos salven.


Alfabetización, continuidad educativa y derecho a la educación a lo largo de la vida

Franklin Pimentel Torres - 23 de Septiembre de 2017 -

En nuestro artículo de la semana pasada hacíamos un análisis de los resultados del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo (Plan QAC), con sus fortalezas y debilidades. Señalábamos que aunque desde el principio el decreto presidencial 546-12 del Poder Ejecutivo (10-9-2012), planteó la continuidad educativa en la educación básica, secundaria y en la formación para el trabajo; y el Equipo Técnico de dicho plan presentó, como parte del mismo, un segundo y tercer objetivos que hablaban de la continuidad en la educación básica, y en la formación para el trabajo, en la práctica ha habido bastantes dificultades para asegurar el proceso de continuidad educativa para la mayor parte de las personas que han comenzado su educación formal en los núcleos de aprendizaje.
El plan QAC ha funcionado como una campaña más de alfabetización de las que se han realizado en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y en la primera parte del siglo XXI. Dichas campañas, por lo general, responden en primer lugar, más que a la necesidad de facilitar el ejercicio del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas,  a los intereses partidarios, económicos y corporativos de determinados gobiernos de turno, en coyunturas muy concretas. En la mayor parte de los casos las campañas se hacen por un tiempo limitado de varios meses o por uno o dos años, y por lo general las metas que se proponen son de orden cuantitativo, orientadas a dar resultados numéricos, relacionados con la necesidad de los gobiernos de ofrecer datos que sirvan a la propaganda electoral, orientada a la reelección o a la permanencia en el poder de determinados funcionarios públicos.
El pedagogo César Picón, especialista peruano en alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas, se refirió hace más de dos décadas (1990) a las deficiencias de las campañas de alfabetización sin seguimiento: “Las campañas de alfabetización, numerosas y recurrentes en la historia alfabetizadora de muchos países latinoamericanos, han empezado a ser cuestionadas de un tiempo a esta parte como una vía eficaz para enfrentar la problemática del analfabetismo. El principal cuestionamiento surge no tanto del desarrollo y los resultados mismos de la campaña, como de las dificultades que suelen presentarse en su continuidad”.[1]
La calidad de los procesos de aprendizaje de las campañas públicas de alfabetización que han sido promovidas por los gobiernos latinoamericanos como los de Nicaragua, Perú y Dominicana, entre otros, –con la honrosa excepción de la campaña nacional de alfabetización de Cuba (1961) que dio continuidad hasta lograr el 99.9% de alfabetismo- hay que diferenciarlas de la de algunos programas de alfabetización llevados a cabo por algunas organizaciones comunitarias, ONGs y e instituciones sociales. Estas suelen tener una adecuada visión orientada a la promoción integral de las personas y promueven la formación de la conciencia social y ética para que las y los participantes, educadores y educadoras asuman un real compromiso ciudadano, en el marco de un proyecto emancipatorio integral que incluye, no solo a la persona que comienza su educación formal en el proceso de alfabetización, sino también a la familia, a la comunidad y al contexto local, con sus organizaciones e instituciones.
A nivel internacional y a nivel latinoamericano y caribeño hay diferentes concepciones y prácticas sobre la alfabetización. Estas son principalmente: la alfabetización entendida como una acción o programa puntual, o bien como un proceso y un continuo que se prolonga más allá de cierto número de años de escolaridad o de un determinado programa; sin otros límites que no sean los que la misma persona se ponga a sí misma, tal como plantea la Constitución Dominicana en su art. 63.
El educador Alfonso Torres, especialista en temas de educación popular de personas jóvenes y adultas ha definido la alfabetización como: “Un proceso formativo de adquisición de la cultura escrita en contextos socioculturales específicos, en cuya etapa inicial se considera alfabetizada una persona cuando logra incorporar el lenguaje escrito a su vida, lo comprende, lo usa para comunicarse y relacionarse socialmente, a fin de que las y los alfabetizados continúen aprendiendo, mejoren su calidad de vida y participen activamente en la vida comunitaria y social”.[2]
La educadora ecuatoriana Rosa M. Torres, por su parte, ha afirmado: “Preferimos ampliar el concepto de alfabetización y de alfabetismo para incluir en éste las nuevas y cada vez más amplias demandas puestas a la lectura y la escritura y a la cultura escrita en general, en la actualidad, incluyendo el mundo digital, que se ha incorporado de lleno a los requerimientos y competencias vinculados a la lectura y la escritura, a la información y el conocimiento”.[3]
El educador popular Paulo Freire se refirió al desarrollo de la conciencia crítica y política como resultado del proceso de alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas: “Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado…pues alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino decir su propia palabra… acción necesaria para la transformación del contexto y del mundo”.
Los programas y acciones de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas deben garantizar una cuidada y sólida formación de los educadores y educadoras para el buen funcionamiento de la continuidad educativa. Las maestras y maestros bien formados y acompañados son una garantía de la calidad de la educación y de los aprendizajes. La formación de las y los educadores debe incluir, además, su propia competencia como lectores y escritores, así como los ambientes y oportunidades para desarrollar estas competencias, pues si los propios educadores y educadoras no aprecian y hacen uso significativo de la lectura y la escritura, hay pocas posibilidades de que enseñen a sus estudiantes y participantes lo que no tienen ni practican.
En definitiva las educadoras y educadores, el personal directivo y técnico envuelto en los procesos de educación de personas jóvenes y adultas, así como las personas y organizaciones que han apoyado el plan QAC tenemos el gran desafío de asumir el compromiso con la continuidad educativa de quienes han comenzado su proceso de educación y están decididos y decididas a continuar avanzando, como un derecho humano y ciudadano. Para esto será necesario, además, exigir a las autoridades del MINERD que asignen las y los educadores, así como los recursos económicos necesarios para ampliar y dar seguimiento a los actuales planes pilotos sobre la continuidad educativa, en la educación básica y la formación para el trabajo, que se han estado articulando y desarrollando en las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro y San Cristóbal, entre los más significativos.
[1] César Picón. (1990) ¿Qué viene después de una campaña nacional de alfabetización? La Piragua No. 2, 28-29.
[2] Alfonso Torres (2011). Alfabetización y educación popular. La Piragua, 34, 37-40


jueves, 21 de septiembre de 2017

Plan QAC, alfabetización y derecho a una educación digna


Franklin Pimentel Torres, 15-9-2017

El pasado día 8 de septiembre se celebró a nivel global el día internacional de la alfabetización. Dicha efeméride es organizada por la UNESCO. Cada año presenta un tema para la conmemoración anual. Este año el lema es “la alfabetización en la era digital”.

La conmemoración internacional del día de la alfabetización este año coincide con el 5to. Año en que comenzó a gestarse el actual Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo (QAC), el cual tuvo en su génesis en el decreto 546-12 del Poder Ejecutivo (10-9-2012), que en su art. 1  señala: “Se declara de alto interés nacional la alfabetización de las personas de 15 años más, y la superación del analfabetismo en todo el territorio nacional”.

Después de 5 años de haberse iniciado el proceso de organización y ejecución del Plan QAC y después de 4 años y 8 meses de implementación, es el tiempo oportuno de evaluar sus resultados, logros, deficiencias y sobre todo de proyectar su re-orientación para los próximos años, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2030).

El art. 3 del decreto presidencial señala: “Se instruye al Ministerio de la Presidencia, mediante la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, para que conjuntamente con el Ministerio de Educación, implementen el Plan Nacional de Alfabetización y, en coordinación con todas las dependencias gubernamentales de la sociedad civil necesarias, ejecuten las acciones requeridas para el cumplimiento del presente Decreto del Plan Nacional, a fin de lograr superar el analfabetismo en un período no mayor de dos años, a partir del inicio de su ejecución”.
Entre las principales fortalezas del Plan podemos señalar:

-Haber promovido un amplio proceso de movilización social, al crearse miles de núcleos de aprendizaje (más de 100,000) en todos los municipios y en la mayor parte de las comunidades rurales y ambientes urbano-marginales del país.
-Haber contado con educadoras y educadores que han trabajado fundamentalmente de forma voluntaria, aunque se les dio un pequeño incentivo monetario de $2000 pesos al mes (equivalentes a $12,000, por 6 meses).
-Haber tenido educadores y educadoras que conocían a las y los participantes y a su realidad contextual, pues en la mayor parte de los casos era gente de la comunidad.
-Haber abierto la posibilidad de establecer núcleos de aprendizaje en espacios plurales y diversos como locales comunitarios, iglesias, clubes, empresas, patios, galerías de las casas…
-Haber creado una articulación entre instituciones gubernamentales como los ayuntamientos locales,  organizaciones de las comunidades, universidades y otras instancias para trabajar en un mismo proyecto.
-Haber contado con un equipo técnico-pedagógico que ha orientado el proceso de gestión y desarrollo del Plan QAC.

Entre las principales dificultades podemos señalar:   

Uno de los errores principales en la organización y concepción del Plan Nacional de Alfabetización,  y que fue sustentado por el decreto presidencial 543-12, ha sido poner la gestión y el liderazgo del Plan QAC en los ejecutivos de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y no directamente en el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional del Subsistema de Personas Jóvenes y Adultas. De hecho en la mayor parte de las provincias y de los municipios el plan de alfabetización, con su estructura y personal administrativo, ha funcionado, en la práctica, como algo paralelo a los centros de educación básica de personas jóvenes y adultas. También el personal del Plan ha funcionado de una forma bastante desarticulada con el personal técnico de los distritos educativos y de los directivos y docentes de los centros de Educación básica de personas jóvenes y adultas.

Otro error de base en la concepción del Plan Nacional de Alfabetización, tal como se presenta en el decreto 546-12, fue creer que con una campaña de trabajo de dos años se iba a lograr “superar el analfabetismo en el país”.

Otro elemento fundamental ha sido, sin dudas,  la falta de continuidad educativa de quienes comenzaron su proceso educativo formal en los núcleos de aprendizaje. Aunque el artículo 5 del decreto citado señala: “El seguimiento de las personas alfabetizadas contemplará facilidades para avanzar en la educación básica, media, vocacional para el trabajo”, en la práctica no se ha organizado un proceso sistemático para dar una real oportunidad para que cuando la gente completara la etapa inicial de la alfabetización, que se desarrolló durante unos 6 meses como promedio, pudiera continuar.

El art. 10 del decreto señala que: “El Equipo Técnico formulará el Plan Nacional de Alfabetización "Quisqueya Aprende Contigo", en su versión operativa”. Y  en dicha formulación  diseñó el plan con cinco objetivos : 1. Lograr la alfabetización de todas las personas mayores de 14 años a nivel nacional; 2. Propiciar que los alfabetizados continúen sus estudios en la educación básica; 3. Ofrecer oportunidades para el desarrollo de las competencias productivas de las y los alfabetizados; 4. Fomentar el emprendimiento y la economía solidaria de las y los alfabetizados; 5. Fortalecer la capacidad de organización y participación social y comunitaria de las y los alfabetizados.

No obstante haber diseñado un plan con cinco objetivos, en la práctica el Equipo Técnico del Plan QAC concentró sus esfuerzos durante estos casi 5 años en el primer objetivo, en el que ha estado empeñado y concentrado en ofrecer cifras como resultados, que se constituyeron en sus principales metas. De hecho según el último Boletín de alerta semanal (No. 187) que aparece en la página de la DIGEPEP (16-9-2016), se señala que hasta entonces de la meta de incorporar al plan 943,201 personas, habían concluido la primera etapa de alfabetización unas 591,603 personas. De estas a 495,423 se les había entregado un certificado. Se habían registrado, además, 107,504 núcleos de aprendizaje y habían sido capacitados unos 61,215 alfabetizadores y alfabetizadoras.

 El otro gran cuestionamiento que se le puede hacer al Plan QAC está relacionado con la calidad educativa de los aprendizajes de las y los participantes. Dos factores importantes han influido en esta temática: el hecho de que las y los alfabetizadores no han tenido, en la mayor parte de los casos, una adecuada preparación pedagógica para el trabajo; segundo, que el plan contó con unos animadores y animadoras que no eran necesariamente gente entendida en educación. Tercero, que las y los educadores, en general, no estaban en capacidad de hacer una verdadera evaluación de los avances en los aprendizajes de las y los participantes.


El Plan Nacional de Alfabetización ha sido una experiencia significativa que sin dudas marcará la historia de la educación de personas jóvenes y adultas en República Dominicana. Sus aportes socio-educativos y sus estrategias son innegables. Sin embargo, tal como fue diseñado y ejecutado en estos últimos 5 años no es sostenible en el tiempo. No obstante, nos queda el desafío de aprovechar sus fortalezas y disminuir sus debilidades para ofrecer nuevas y significativas oportunidades para que las personas jóvenes y adultas ejerzan su derecho constitucional de acceder a una educación digna y de calidad que mejore sus condiciones de vida, de sus familias y comunidades.

Desafíos educativos y socio-políticos ante los asesinatos de Emely y Fernelis


Franklin Pimentel-Torres. 8-9-17

En el pasado mes de agosto la sociedad dominicana ha sido conmovida por los asesinatos el asesinato de varias mujeres y de un adolescente a manos del cura… Entre éstos hay dos casos que han causado una particular indignación ante la sociedad y una reacción de los medios, siendo el caso de Emely Peguero al que más atención mediática se le ha dado. Se trata de dos adolescentes de 16 años, estudiantes ambos del nivel secundario.

Los asesinatos de Emely Peguero y  Fernelis Carrión nos hace preguntar por las condiciones precarias, de pobreza y exclusión social, en las que vive un número significativo de adolescentes; por las que pueden ser víctimas de personas adultas que los utilizan sexualmente como si fuera una cosa, que deciden sobre su vida, que las matan, tiran sus cuerpos como basura en cualquier lugar y que luego intentan justificar sus acciones, culpando a las víctimas como en el caso de Fernelis.

En el caso de  Fernelis el muchacho cae en las garras de una persona inmadura que bajo la protección de su estatus religioso establece una relación de poder y de dominio con un adolescente durante 3 años (13 a 16 años). Lo convierte en su pareja sexual y lo mantiene atado en base a una relación comercial. Se ha dicho que le habría dado 190,000 pesos durante el período de la relación y que parte del motivo de la muerte estuvo en que Fernelis le exigía más dinero y utilizó la excusa de que publicaría unas fotos comprometedoras del cura, para exigir más dinero por sus servicios sexuales al cura.

En el caso de Emely se trata de una adolescente que desde los 12 años se convierte en un objeto sexual de Marlon Martínezy en una muchacha de servicio de una mujer poderosa, Marlin Martínez…su poderosas, económica y políticamente, pues se trataba de una líder partidaria y de una funcionaria pública al servicio de la corporación PRD… pues se ha dicho que le limpiaba la casa, que le arreglaba el pelo… En esas relaciones de poder las informaciones apuntan al hecho de que fue la madre quien decidió que Emely debía suspender su embarazo.  Pero las cosas no salieron como ellos esperaban y probablemente la cosa se complicó cuando se le practicó un aborto inadecuado y al ver que se moría, entonces fue golpeada en la cabeza para que terminara de morirse.

Muchas personas con conciencia crítica se han preguntado sobre las causas principales y por los principales responsables causales de las muertes de estos adolescentes a mano de sus parejas sexuales, con las que establecieron relaciones de poder y de dependencia económica y psicológica.
José Luis Taveras, ha afirmado la responsabilidad social en la muerte de estos adolescentes, porque, según el autor, “Construyeron sus vidas sobre los escombros de una sociedad malograda, poblada de carencias, olvidos y silencios. Espejos rotos donde se miran tantos jóvenes de nuestros barrios, residuos de una sociedad infame que los seduce con aquello que les niega, haciéndoles pagar con su propia vida las baratas concesiones por las que se entregan. Esas muertes son eructos de un sistema atroz de violencia, exclusión y abusos”
Y continúa diciendo J.L. Taveras: “Esa avalancha de provocación aplasta mentalidades frágiles con poca o ninguna madurez para discernir sanamente y sin la cercanía o el ejemplo de un papá que oriente, apoye y ame. Así, los adolescentes de nuestros arrabales abandonan, sin contrapesos ni resguardos, los caminos correctos detrás de espejismos existenciales tan engañosos como frívolos. Es aquí donde el éxito material y la ostentación se enaltecen como paradigma decadente de los tiempos, desplazando la realización dilatada, esforzada y meritoria”. 

E. Calcaño, por su parte, se hace la pregunta, ¿Quién mató a Emely? Y Se contesta él mismo señalando las razones causales que les parecen más significativas. Según lo planteado por el autor: “En ese contexto, la respuesta a la pregunta es que a Emely, en términos de causas, no la mató su novio sino que, primero, la mató el modelo de sociedad en que vivió. Una sociedad machista que enseña a los muchachos desde pequeños que la mujer es propiedad del macho quien tiene derechos de posesión sobre su cuerpo, vida y emociones.(…). Segundo, la mató una religiosidad atrasada que impide que en el país se imparta, desde el Estado, educación sexual para enseñar que una sexualidad responsable y bien orientada no es nada malo. Tercero, la mató un país deshumanizado, híper materialista e insolidario que no mira al del lado a ver cómo está. Cada quien lo que procura es su sobrevivencia por encima de cualquier criterio de interés colectivo o ética ciudadana. Por último, a Emely la mató el gobierno dominicano. Ese gobierno controlado por unas élites dirigentes y dominantes depredadoras que han hecho del erario público un botín privado de las minorías de arriba en desmedro de las mayorías de abajo. Que es incapaz de asegurar instituciones humanizadas, eficientes y funcionales orientadas, sobre todo, a los que menos tienen (…). Un gobierno vulgarmente politiquero y clientelar que asume al pueblo como clientela de los que tienen poder y no como sujeto de derechos. A Emely la mató ese gobierno”.

Podríamos argumentar sobre el nivel de responsabilidad de los jóvenes hoy desparecidos en la génesis y desarrollo de unas relaciones de pareja que terminaron en tragedia. ¿Son Emely y Fernerlis sólo víctimas sociales? ¿No se envolvieron ambos libremente en un tipo de relaciones afectivo-sexuales de dependencia a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias con personas de un nivel económico superior?

Nuestros adolescentes y jóvenes, muchachas y muchachos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, por su parte tienen que crecer en conciencia sobre su nivel de auto-crecimiento, auto-responsabilidad y auto-vigilancia para no establecer relaciones afectivo-sexuales con personas que no ofrecen las mínimas condiciones de madurez humana ni de eticidad para hacer de la relación una experiencia humana generadora de crecimiento integral y de bienestar compartido.

Como ha planteado en reiteradas ocasiones la antropóloga social Tahira Vargas, es tiempo de que la sociedad, la escuela, las familias, las iglesias y otras instituciones sociales se planteen en serio el tema de la adecuada educación sexual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Educación orientada a ayudar a que las personas estén preparadas para rechazar relaciones afectivas dañinas y asuman la sexualidad y la relación de pareja enmarcada en un proyecto de vida que genere felicidad, responsabilidad  y bienestar compartidos. Pero no se trata solo del tema de la educación sexual. Es necesario establecer políticas públicas, sobre todo en las áreas de educación y salud, orientadas a generar las condiciones para que tragedias como las ocurridas no se sigan repitiendo.


El miedo: enemigo de la alegría de vivir


L. Boff, 5-9-2017

Hoy en el mundo, y en Brasil, las personas están angustiadas por el miedo a asaltos, a veces con muertes, balas perdidas y atentados terroristas. Los realizados recientemente en Barcelona y Londres, provocaron un miedo generalizado, por más que haya habido demostraciones de solidaridad y manifestaciones pidiendo paz.
Yendo más al fondo de la cuestión, hay que reconocer que esta situación generalizada de miedo es la consecuencia última de un tipo de sociedad que ha puesto la acumulación de bienes materiales por encima de las personas y ha establecido como valor principal la competición y no la cooperación. Además ha elegido el uso de la violencia como forma de resolver los problemas personales y sociales.

La competición debe distinguirse de la emulación. La emulación es buena, pues trae a la superficie lo que tenemos de mejor dentro de nosotros y lo mostramos con sencillez. La competición es problemática, pues significa la victoria del más fuerte de los contendientes, derrotando a todos los demás, lo cual genera tensiones, conflictos y guerras.
En una sociedad donde esta lógica se hace hegemónica, no hay paz, sólo armisticio. Siempre existe el miedo a perder, perder mercados, ventajas competitivas, ganancias, el puesto de trabajo y la propia vida.

La voluntad de acumulación también produce ansiedad y miedo. Su lógica dominante es ésta: quien no tiene, quiere tener; quien tiene, quiere tener más; y quien tiene más dice: nunca es suficiente. La voluntad de acumulación alimenta la estructura del deseo que, como sabemos, es insaciable. Por eso, necesita garantizar el nivel de acumulación y de consumo. De ahí resulta la ansiedad y el miedo a no tener, a perder capacidad de consumir, a descender en status social y, por fin, a empobrecerse.

El uso de la violencia como forma de solucionar los problemas entre países, como se mostró en la guerra de Estados Unidos contra Irak, se basa en la ilusión de que derrotando al otro o humillándolo conseguiremos fundar una convivencia pacífica. Un mal de raíz, como la violencia, no puede ser fuente de un bien duradero. Un fin pacífico demanda igualmente medios pacíficos. El ser humano puede perder, pero jamás tolera ser herido en su dignidad. Se abren heridas que difícilmente se cierran y sobra rencor y espíritu de venganza, humus alimentador del terrorismo, que victima tantas vidas inocentes como lo hemos visto en muchos países.

Nuestra sociedad de cuño occidental, blanca, machista y autoritaria ha elegido el camino de la violencia represiva y agresiva. Por eso anda siempre metida en guerras, cada vez más devastadoras, como en la actual de Siria, con guerrillas cada vez más sofisticadas, y con atentados cada vez más frecuentes. Detrás de tales hechos existe un océano de odio, amargura y deseo de venganza. El miedo flota como un manto de tiniebla sobre las colectividades y sobre las personas individuales.

Lo que invalida el miedo y sus secuelas es el cuidado de unos a otros. El cuidado constituye un valor fundamental para entender la vida y las relaciones entre todos los seres. Sin cuidado la vida no nace ni se reproduce. El cuidado es el orientador previo de los comportamientos para que sus efectos sean buenos y fortalezcan la convivencia.
Cuidar a una persona es involucrarse con ella, interesarse por su bienestar, sentirse corresponsable de su destino. Por eso, todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos también lo amamos.

Una sociedad que se rige por el cuidado, cuidado de la Casa Común, la Tierra, cuidado de los ecosistemas que garantizan las condiciones de la biosfera y de nuestra vida, cuidado de la seguridad alimentaria de cada persona, cuidado de las relaciones sociales para que sean participativas, equitativas, justas y pacíficas, cuidado del ambiente espiritual de la cultura que permite a las personas vivir un sentido positivo de la vida, acoger sus limitaciones, el envejecimiento y la propia muerte como parte de la vida mortal, esta sociedad de cuidado gozará de paz y concordia necesarias para la convivencia humana.

En momentos de gran miedo, ganan especial sentido las palabras del salmo 23, aquel de “el Señor es mi pastor, nada me puede faltar”. El buen pastor asegura: “aunque pases por el valle de sombra de la muerte, no temas porque yo estoy contigo”.

Quien logra vivir esta fe se siente acompañado y en la palma de la mano de Dios. La vida humana gana ligereza y conserva, incluso en medio de riesgos y amenazas, una serena jovialidad y alegría de vivir. Poco importa lo que nos suceda, sucede en su amor. Él sabe el camino y lo sabe bien.       


Inversión, vigilancia social y políticas públicas en educación

                         
Franklin Pimentel Torres, 1-9-2017

El pasado 21 de agosto comenzó el nuevo año escolar 2017-2018. No todas las escuelas iniciaron sus clases, debido, principalmente a la falta de maestros y maestras. En otros lugares hay problemas con la planta física. Un grupo de estudiantes no estará en posibilidad de asistir en el horario asignado a la Jornada Escolar Extendida porque son trabajadores o tienen responsabilidades familiares. Otros no podrán asistir porque en una escuela en donde habían dos tandas, de momento las autoridades educativas decidieron crear una jornada extendida sin tener preparadas las aulas y las y los docentes para atender a la población de una de las tandas. Por todo esto, se reportaron dificultades para iniciar el año en escuelas de Barahona, Baní, Santo Domingo, entre otros lugares.

Al déficit de maestros y maestras, de alguna manera agravado por la implementación de la Jornada Escolar Extendida sin suficiente planificación, se suma el hecho de que el Ministerio de Educación dejó de re-contratar a educadoras y educadores que estaban trabajando el año pasado. Por ejemplo en una escuela del Dist. 03-04 de Baní se reportó que al inicio del año escolar 18 de los 22 maestros y maestras que trabajaban por contrato, no han sido re-contratados y evidentemente los 4 maestros y maestras restantes no están en capacidad de atender toda la población que en el año escolar anterior atendían 22 docentes.

A partir del año escolar 2012-2013 se comenzó la implementación del 4% del PIB para la educación. Sin embargo después de 4 años de ejecución es importante analizar qué áreas han sido prioritarias en la inversión para impulsar las políticas públicas en educación. Hasta ahora las principales inversiones se hacen en la nómina: docente y administrativa, en la construcción de escuelas, en la alimentación escolar, en el material didáctico y en la publicidad.

Aunque ya hace cuatros años (el año escolar 2017-2018 sería el quinto) que se ha comenzado la aplicación del 4%, es necesario cuestionarse hasta qué punto es sostenible en el tiempo tal inversión en la educación inicial, primaria y secundaria de niños, niñas y adolescentes, así como en los niveles de educación de personas jóvenes y adultas, sobre la  base de lo que percibe el gobierno como impuestos (14% del PIB), de un endeudamiento interno y externo descontrolado y sin que el gobierno de señales claras de hacer pagar más a los que más tienen y de controlar los recursos que se desvían para la corrupción y para el derroche del gasto del presupuesto educativo.

¿Cuánto dinero del 4% se está yendo en la nominilla? ¿Cuántas son las personas – directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo- que están cobrando sin trabajar? ¿Cuántos son los administrativos innecesarios nombrados en el nivel nacional, regional y distrital, mientras falta, docentes y personal de apoyo y de limpieza  en muchos  centros educativos? ¿Cuánto dinero del asignado a la construcción de las escuelas se está desviando en la corrupción y en la compra sobrevaluada de terrenos, ya que el costo por aula (cerca de 3 millones de peso) es el más alto que se conoce en la región caribeña y latinoamericana? El caso del suicidio del arquitecto David Rodríguez (24-9-2015) en las oficinas de la OISOE reflejó solo una parte del problema.

En septiembre del 2016 la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) presentó un estudio sobre la calidad del gasto público en educación y su correlación con el mejoramiento de la calidad educativa de los aprendizajes, teniendo en cuenta el aumento significativo en la inversión a partir del año 2013. Dicho estudio señaló como uno de los aspectos positivos, el mejoramiento de los salarios de las y los docentes que según el estudio, creció un 27% entre 2011 y 2015. Otro aspecto significativo ha sido el aumento de la inversión en la capacitación docente. Según el estudio de EDUCA ha crecido 49 veces respecto del 2004, llegando en 2016 a la significativa cifra de $3,324 millones de pesos. El estudio señaló, sin embargo, que los aumentos generalizados sin una correcta correlación con los niveles de desempeño, no generan, dada las evidencias, un adecuado impacto en los niveles de mejora de los aprendizajes.

El presupuesto educativo, luego del 4%, permitió también avanzar en la desconcentración del gasto educativo, es decir el dinero que llega directamente a los centros educativos para la gestión local. Este gasto se incrementó significativamente en  los últimos años, pasando del 73.79% en 2011 a un 88.94% para 2015.

El estudio de Educa también señaló dificultades en el tema del aumento excesivo del personal administrativo y de apoyo en las diferentes instancias del MINERD. De hecho el personal no docente y administrativo experimentó un crecimiento del 85% entre 2012 y 2015.  En apenas 3 años se integraron al sistema más de 33,110 nuevos funcionarios, no docentes, incrementando la cantidad de docentes incluso más allá de lo recomendado por los reglamentos dominicanos y por las buenas prácticas de los sistemas educativos más eficientes. Otro aspecto ha sido el tema del aumento excesivo en publicidad: Por ejemplo los gastos por concepto de publicación y publicidad crecieron un 500% entre 2013 y 2014, una variación significativa si se tiene en cuenta que el aumento nominal del presupuesto del MINERD entre esos años fue de 9.5%.

El tema de la vigilancia social sobre la calidad de la inversión en educación debe ser uno de los temas fundamentales para la contraloría social en el territorio, por parte de las comunidades y de sus organizaciones. Eso significa que es necesario seguir teniendo en la mira el tema de la descentralización y la transparencia en el uso del manejo de fondos públicos asignados a los centros educativos.


La Marcha Verde, como movimiento social que exige el control de la corrupción y el fin de la impunidad debe asumir como tema prioritario la lucha por la calidad de la inversión en educación como uno de los temas prioritarios en su agenda de lucha. Y eso desde los diferentes territorios, y organizaciones sociales y comunitarias, pues es necesario atacar no solo la gran corrupción de la clase económica y partidaria del país, sino también la que se da en la cotidianidad de los centros educativos, en los centros de salud y en el manejo del presupuesto municipal, entre otros.