Franklin Pimentel Torres - 3 de Junio de 2017 -
El lunes de esta semana nos enteramos de que habían sido apresadas unas
10 personas relacionadas por la Procuraduría General de la República con los
sobornos, hechos en el país, por la constructora Odebrecht. Otros, como los
tres legisladores involucrados, no habían sido apresados, pero estaban
señalados en la lista de los imputados. Algunos no creían lo que estaban viendo
y oyendo. Para otras personas se trataba de un espectáculo montado por el
oficialismo, sin mucha esperanza de que realmente haya real intención de hacer
justicia.
¿Significan estas acciones que se hará justicia a quienes se les
compruebe los delitos que se les imputan? Hay que esperar… De todas maneras, un
gobierno con tan bajos niveles de credibilidad y con un conjunto de continuos
escándalos de corrupción que han quedado en la impunidad, necesita al menos
realizar algunas acciones que manden una señal de que algo comienza a moverse
en dirección de lo que podría ser una condena a gente que tradicionalmente ha
desfalcado la cosa pública y de manera impune.
Enseguida llegó a la atención de la ciudadanía el dato de que entre los
apresados se había hecho una selección bien definida y premeditada; había gente
ligada a los gobiernos del PRD/PRM, a la tendencia del PL-Leonelismo, pero
realmente no había gente directamente ligada al proyecto del PL-Danilismo. De
hecho de los 17 contratos que se firmaron con Odebrecht desde el 2002 al 2014,
solo el 9% se firmaron en el gobierno del PRD, mientras que el 91% se firmaron
en la década 2010-2014 en los gobiernos del PLD. Además, el 60% de los
contratos fueron aprobados por el Senado siendo presidente del mismo Reinaldo
Pared Pérez, y el 31% cuando fue presidido por Cristina Lizardo,
ligada tradicionalmente al PL-Danilismo.
La multinacional de la construcción y de la corrupción Odebrecht y el
PL-Danilismo han hecho una alianza estratégica para blindarse mutuamente de la
persecución penal. Por eso fue aquí en República Dominicana en donde se pagó la
mayor proporción de los sobornos. Fue aquí, además, en donde la Odebrecht trasladó
su oficina de sobornos a nivel internacional, cuando se sintieron acosados sus
ejecutivos por la justicia brasileña. Fue aquí también, en donde Joao Santana y
Mónica Maura tenían su centro de operación para diseñar la publicidad y el
financiamiento, por parte de Odebrecht, de las campañas electorales del país y
de otros países latinoamericanos. Finalmente, fue aquí en el único lugar en que
se hizo un convenio que permite a la compañía Odebrecht seguir operando.
El PL-Danilismo busca debilitar y desacreditar a las dos fuerzas que le
pueden adversar: el PRM y la tendencia del PL-Leonelismo; todo esto para buscar
mantenerse en el poder, más allá del 2020. Sin embargo, esta estrategia
difícilmente progresará, pues al final se tendrá que permitir que sean
investigados y sometidos a la justicia los funcionarios y legisladores
relacionados con los últimos contratos hechos con Odebrecht, sobre todo los
relacionados con el proyecto de Punta Catalina. De hecho, ya la Procuraduría
General de la República ha admitido que, con relación a los sobornos
relacionado con el contrato de Punta Catalina, estarían envueltos por lo menos
un senador y un diputado. Algunos postulan a Reinaldo Pared Pérez, a Cristina
Lizardo y Abel Martínez, respectivos presidentes de las cámaras en los últimos
años, como posibles involucrados.
El movimiento de la Marcha Verde tiene el desafío de mantener la presión
social y política para que sean sometidas a la justicia y juzgadas todas las
personas que están implicadas en los diversos casos de corrupción que están
pendientes y no solo aquellos que están relacionados con el caso Odebrecht. Es
necesario seguir insistiendo, además, de que no se trata solo del tema de los
sobornos, sino también de las sobrevaluaciones y del dinero ilegal dado para las
diferentes campañas electorales de los gobiernos del PRD y del PLD.
La sociedad
dominicana tiene en el Movimiento Verde un nuevo actor social que desde el día
22 de enero expresó su decisión ética y política de lucha constante contra la
corrupción y la impunidad. Ese movimiento ha logrado, en poco tiempo, articular
conciencias, voluntades y convertirse en una antorcha de esperanza. No
obstante, no debe perder de vista que la lucha apenas comienza y que el camino
será largo y difícil; por eso tiene como tarea urgente lograr que se incluyan
en el actual expediente acusatorio, relacionado con el caso Odebrecht, las
demás personas que deben estar incluidas, pues es evidente que en el grupo
acusado hasta ahora no están todos los que son.
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