sábado, 24 de junio de 2017

La fuerza política de la esperanza ante la situación actual

Leonardo Boff - 24 de Junio de 2017 -


Hubo un golpe de clase de los adinerados, amenazados en sus privilegios por los beneficiados por las políticas sociales de los gobiernos del PT, que los llevó a ocupar lugares de los que antes estaban excluidos. Para ello usaron el parlamento, como en 1964 los militares. La destitución de la presidenta Dilma, democráticamente elegida, sirvió a los propósitos de estas élites económicas (el 0,05% de la población según el IPEA), lo cual implicaba ocupar los aparatos del Estado y garantizar así su status histórico-social hecho a base de privilegios y de negocios turbios. Habiendo naturalizado la corrupción, no tuvieron escrúpulos en modificar la constitución e introducir reformas que eliminaron derechos de los trabajadores y modificaron profundamente los beneficios de la Seguridad Social.
La corrupción, detectada primeramente por los órganos de espionaje de Estados Unidos y traspasada a nuestro sistema jurídico, permitió instaurar un proceso judicial que recibió el nombre de Lava-Jato. Ahí se detectó la trama inimaginable de corrupción que atraviesa las grandes empresas, desde las estatales a las privadas, los fondos y otros órganos, dentro de la lógica del patrimonialismo. La corrupción identificada fue de tal orden que escandalizó al mundo. Llegó a quebrar estados de la federación, como por ejemplo el de Río de Janeiro.
Yo mismo y otros muchos estamos sin recibir nuestros sueldos de profesores universitarios, retirados o no, desde diciembre de 2016.
La consecuencia es el descalabro político, jurídico e institucional. Es falaz decir que las instituciones funcionan. Todas ellas están contaminadas por la corrupción. La justicia es vergonzosamente parcial especialmente el justiciero Sergio Moro y buena parte del Ministerio Público, apoyados por una prensa reaccionaria sin compromiso con la verdad. Esta justicia revela sin tapujos una furia incontrolable de persecución al expresidente Lula y a su partido, el PT, el mayor del país. Se quiere destruir su indiscutible liderazgo, desfigurar su biografía e impedir de cualquier modo que sea candidato. Se fuerza su condenación, fundada más en convicciones que en pruebas materiales, lo que impediría su candidatura, que goza de la preferencia de la mayoría.
La consecuencia es un sufrido vacío de esperanza. Pero es importante recuperar el carácter político-transformador de la esperanza. Ernst Bloch, el gran pensador de la esperanza, habla del principio-esperanza, que es más que la virtud común de la esperanza. Es ese impulso que habita en nosotros, que nos mueve siempre, que proyecta sueños y utopías, y sabe sacar de los fracasos motivos de resistencia y lucha.
De san Agustín, tal vez el mayor genio cristiano, gran formulador de frases, nos viene esta sentencia: la esperanza tiene dos hijas queridas: la indignación y la valentía; la indignación nos enseña a rechazar las cosas así como están y la valentía, a cambiarlas.
En este momento debemos evocar en primer lugar a la hija-indignación frente a lo que el gobierno Temer está perpetrando criminalmente contra el pueblo, contra los indígenas, contra la población del campo, contra las mujeres, contra los trabajadores y contra las personas mayores, quitándoles derechos y rebajando a millones de personas, que de la pobreza están pasando a la miseria. No se escapa ni la soberanía nacional, pues el gobierno Temer está permitiendo vender tierras nacionales a extranjeros.
Si el gobierno ofende al pueblo, este tiene derecho a evocar a la hija-indignación y no darle paz, sino exigir en las calles y plazas su salida, ya que está acusado de delitos de corrupción y es fruto de un golpe, y por eso carece de legitimidad.
La hija-valentía se muestra en el deseo de cambio, no obstante los enfrentamientos que pueden ser peligrosos. Ella nos mantiene animados, nos sostiene en la lucha y puede llevarnos a la victoria. Es importante seguir el consejo del Quijote: no hay que aceptar las derrotas sin antes dar todas las batallas.
Un dato que debemos tener en cuenta siempre es que la realidad no es solo lo que está ahí, como un hecho al alcance de nuestra mano. Lo real es más que lo factual. Lo real esconde dentro de sí virtualidades y posibilidades ocultas que pueden ser sacadas afuera y volverse hechos nuevos.
Una de estas posibilidades es evocar el artículo primero de la constitución que reza: “todo poder emana del pueblo”. Los gobernantes y los políticos solo son delegados del pueblo. Cuando le traicionan, ya no representan los intereses generales sino los de las empresas que financian sus elecciones. El pueblo tiene derecho de sacarlos del poder mediante elecciones directas ya.
“Fuera Temer y directas ya” no es un slogan de grupos sino de grandes multitudes. La hija-valentía debe exigir, por derecho, esta opción, la única que garantizará autoridad y credibilidad a un gobierno capaz de sacarnos de la presente crisis.
Las dos hijas de la esperanza podrían hacer suya esta frase de A. Camus: «En medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible».


El paso siguiente de la Marcha Verde


Pablo Mella - 24 de Junio de 2017 –

“Marcha Verde” es el rótulo o marca que ha elegido un grupo de conocidos activistas sociales dominicanos para canalizar, como nuevo movimiento social, un reclamo de justicia social de larga data en la historia nacional. El objetivo de la Marcha Verde es acabar con la impunidad que legitima y propicia la corrupción estatal. El lema del movimiento lo expresa claramente: “Fin de la impunidad”.
No ha habido un movimiento social que haya concitado tanta movilización social en la República Dominicana. Ciertamente, la coyuntura lo ha favorecido enormemente desde que se articuló en diciembre de 2016. El caso de la compañía constructora brasileña Odebrecht ha resultado un auténtico ícono para la indignación moral en toda América Latina, que ha copado el espacio público a escala continental. Sin embargo, es legítimo preguntarse cuál podría ser el paso siguiente de esta convocatoria a marchar contra la impunidad. Para responder esta cuestión, vale la pena recordar algunas de las características y limitantes de los movimientos sociales, para iluminar el caso particular dominicano.
Sociología de los nuevos movimientos sociales
Según la literatura sociológica, los nuevos movimientos sociales son grupos no formales de actividad pública, que se componen de individuos y/o organizaciones que pretenden favorecer cambios sociales. Una parte de esta literatura sociológica los distingue de los clásicos sindicatos o luchas obreras; otra literatura no lo hace y subraya la continuidad entre ambos tipos de lucha social. Esta discusión teórica en las ciencias sociales es relevante para comprender el fenómeno, independientemente de que se opte por uno de los enfoques o se intente trazar una interpretación integradora, la cual nos parece más razonable.
Desde el siglo XIX hasta, digamos, la década de los 80 del siglo XX, la movilización social tenía como terreno la esfera laboral, por lo tanto, la esfera económica. Su principal catalizador eran los sindicatos obreros, cuya organización era jerárquica y estatutaria. En la mayoría de los casos, las luchas sindicales adoptaban un lenguaje revolucionario y se proponían como fin la constitución de un régimen socialista o comunista que diera al traste con la sociedad capitalista campante. Tanto por sus objetivos como por su sistema organizativo, las luchas sindicales convocaban un ideal de sujeto social: el proletariado o, lo que es lo mismo, los trabajadores con conciencia de clase.
Con los cambios experimentados en el siglo XX, las luchas sociales focalizadas en la esfera del trabajo fueron adquiriendo un nuevo rostro: se ocuparon de otros temas, convocaron paulatinamente a una gran diversidad de actores y se organizaban de manera informal, caracterizada por la horizontalidad. Como subraya uno de los tipos de literatura ya mencionados, estas luchas sociales pueden considerarse en buena medida inéditas por este nuevo rostro. Se sitúan en muy diferentes contextos; se desarrollan en las distintas esferas de la acción colectiva (cultural, social, política, económica e incluso personal). Otros puntos clave son su composición poli-clasista y su empeño por vivir el espíritu democrático en cada una de las decisiones a ser tomadas en el proceso de lucha.
La pluralidad de actores sociales resulta decisiva no solo para comprender la novedad de los movimientos sociales, sino también para mostrar los enormes desafíos que enfrenta. Es natural que surjan profundos conflictos de intereses entre colectivos tan diversos como el obrero organizado, el campesino confederado, la lucha feminista, las organizaciones estudiantiles, las juntas de vecinos, los grupos étnicos y el colectivo LGBTI. Si bien la pluralidad representa una gran riqueza para toda empresa humana, puede convertirse en amenaza para la sostenibilidad de una acción política. Además, esta pluralidad de intereses viene acompañada de identidades personales altamente individualizadas, identidades que son propias de la nueva etapa del capitalismo global que vivimos. El actor social contemporáneo parece necesitar mostrar su ego y exhibirse en las redes sociales electrónicas.
La principal fragilidad de los nuevos movimientos sociales surge de la incapacidad de lidiar con esta pluralidad. Esta incapacidad se explica por dos razones fundamentales, que derivan de las características antes señaladas. Por un lado, la liquidez de las estructuras organizativas de los nuevos movimientos sociales es enemiga de las medidas disciplinarias y se encuentra a disgusto con el orden jerárquico. Por otro lado, esta liquidez impide que la organización tenga objetivos a largo plazo y pueda acompañar la complejidad inherente a todo proceso social contemporáneo.
La conflictividad que subyace en lo profundo de todo movimiento social se evita entonces de dos maneras: hacia afuera del movimiento, con la espectacularidad (por eso “marchar”, asistir a un concierto musical o ponerse una camiseta de colores con una consigna sonora convocan; no así el trabajo duro cotidiano y la revisión coherente de las propias prácticas sociales del grupo al que se pertenece); hacia dentro del movimiento, con la generalidad o superficialidad de los objetivos (el objetivo del movimiento tiene que estar formulado de tal manera que sea aceptable para todo los que en él participan desde su gran diversidad). Esto propicia el emotivismo.
Con Slavoj Zizek, podemos pensar que los nuevos movimientos sociales forman parte de la cultura neoliberal global, aun cuando no se acepten ni el diagnóstico global del capitalismo ni el estilo provocador e irreverente que encontramos en los escritos de este filósofo esloveno. A diferencia de él, creemos que es razonable el esfuerzo por discernir cursos de acción política a partir de estas manifestaciones de indignación colectiva que presenciamos en diversos puntos del planeta. No parece sensato plantear una ruptura radical entra la acción política tradicional y estas erupciones impredecibles de conciencia ciudadana.
El próximo paso de la Marcha Verde
Como movimiento social que es, la Marcha Verde está llamada a mirar más allá de sí misma, es decir, más allá de sus evidentes logros: organizar marchas multitudinarias y articular protestas ciudadanas pacíficas y justas, valiéndose especialmente de las nuevas tecnologías que horizontalizan la participación. Qué duda cabe: resulta muy emotivo imaginar en la cárcel a un conocido político convertido en millonario en pocos años, gracias a un ingenioso “meme” que llega por WhatsApp; pero también cabe pensar que este “meme” no ayuda a comprender adecuadamente el proceso histórico que condujo a la situación presente, ni a plantear la acción eficaz que superará la injusticia que se denuncia. No hay duda: resulta catártico salir gritando por las calles que los políticos corruptos deben ser juzgados y enjaulados. Pero es razonable considerar que semejante emotividad no siempre conduce a las mejores reflexiones, ni promueve prácticas virtuosas sólidas; tampoco produce por generación espontánea las propuestas institucionales que necesita la sociedad.
En su artículo dominical del 2 de abril 2017, el reconocido y laureado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz identificaba para la Marcha Verde el mismo desafío organizativo señalado por la literatura sociológica: “El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter poli clasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.” Lo que no vislumbra el planteamiento de Díaz es que estos objetivos difícilmente serán esclarecidos dadas las características sociológicas de los nuevos movimientos sociales.
Movimientos sociales como la Marcha Verde constituyen solo el primer paso de tareas más fundamentales que esperan a la sociedad dominicana. Señalaremos tres de estas tareas, algunas de las cuales también identificó Juan Bolívar Díaz. Ahora bien, desde el punto de vista aquí planteado, esas tareas no corresponden al movimiento social, sino a instituciones más sólidas. Por decirlo con una imagen bíblica evocada también por el famoso sermón de Fray Antón de Montesino de 1510, la Marcha Verde es otro “grito en el desierto de esta isla”. Con esta imagen se puede expresar adecuadamente su función efímera, pero imprescindible: alertar, denunciar y concitar los ánimos. Difícilmente podrá lograr nada más. El próximo paso de la Marcha Verde es, pues, ceder el paso a estas instancias.
El primer y fundamental tema que está pendiente es cuál sociedad queremos. A diferencia de sus consignas, el accionar de los nuevos movimientos sociales no es radicalmente anti sistémico. Resulta impostergable formular una versión dominicana del “buen vivir” que desplace el actual modelo extractivista imperante, generador de desigualdad social. Esto implica pensar las mediaciones sociales y estatales que lo harán posible. No se puede pensar en estas mediaciones cuando casi todas las energías se concentran y se gastan en la denuncia de la corrupción. Esta primera tarea podría concitar, entre otros actores, a las universidades dominicanas, ausentes de las luchas sociales. Las instituciones de educación superior podrían ayudar a identificar y sistematizar las demandas y los sueños de los diversos sectores que habitan el suelo dominicano. No debe de extrañar, por ejemplo, que el colectivo de “los verdes” (como llaman con cierta ironía los sectores que orbitan en el oficialismo a quienes participamos de la Marcha Verde) no haya dicho nada oficial sobre el aumento en un 20% del salario mínimo aprobado el 31 de marzo de 2017 por el Comité Nacional de Salarios, lo que constituye un asunto fundamental para el desenvolvimiento de la sociedad en los próximos meses.
El segundo tema, que ha sido abordado por algunos analistas dominicanos que simpatizan con la Marcha Verde, es cómo establecer el vínculo entre sociedad civil y sociedad política, o dicho con otros términos, entre ciudadanía y sus representantes políticos. El abogado santiaguero José Luis Taveras, una de las figuras “verdes” más destacadas, reflexionó pertinentemente sobre ello en su artículo “Cuando asesinar es épico” (28 de marzo de 2017, disponible en http://acento.com.do/2017/opinion/8444112-cuando-asesinar-epico/). Su tesis es que debemos de enfrentar la peculiar “despolitización de la política” dominicana. La despolitización no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana; pero como toda realidad concreta, tiene sus rasgos particulares. Especial importancia adquiere en este contexto específico el rediseño de los partidos políticos. Taveras lo expresa diáfanamente con su impecable escritura: “Los partidos perdieron dimensión ideológica y conexión social, deviniendo en simples estructuras electorales ensambladas para llegar al poder o participar en el reparto de sus cuotas.” Falta pensar prospectivamente la relación productiva entre las organizaciones ciudadanas y los partidos políticos. Esta relación no tiene que evitar el conflicto, sino canalizarlo hacia fines más altos. En este sentido, habría que pensar un espacio público novedoso donde se pueda dar el debate con objetivos constructivos.
El último tema es de carácter ético. No sería de extrañar que entre quienes marchan de verde se encuentren personas que están esperando “su cuota” una vez caiga el actual grupo que controla el poder. La denuncia de los movimientos sociales suele dirigirse contra un enemigo externo, caricaturizado discursivamente. Entre estos enemigos externos se encuentran sobre todo los grupos políticos que controlan el poder estatal en el momento de la denuncia. Sin embargo, ningún sistema político, por bien diseñado que esté, exime de un constante cuestionamiento ético. La vara que sirve para medir al otro debe también medir, aun con ajustes necesarios, las actuaciones del grupo al que se pertenece y las propias actuaciones personales. Marchar de verde es por el momento necesario; pero ciertamente, en la protesta callejera pacífica no se da el último paso que conduce al buen vivir de la colectividad.


miércoles, 21 de junio de 2017

En Haina, dañan el ambiente y se roban la playa

Eugenio Sanó Bretón - 17 de Junio de 2017 –

 El municipio de Haina tiene una superficie de 39.5 km2 y cuenta con una población de 124,193 habitantes, con una densidad poblacional de 3,144 hab/m², más alta que la provincia de San Cristóbal que es de 459 y más alta que la del país que es de 201,85, de acuerdo al censo del 2010.
Por su historia, sus riquezas naturales y sus industrias, Haina es uno de los municipios con más altas proporción de migrantes, lo que ha devenido en un desbordante crecimiento poblacional, en pocas décadas.
De acuerdo a estimaciones de economistas, Haina aporta a la economía dominicana más del 25% del Producto Interno Bruto. No obstante, la situación de calamidad y deterioro progresivo en que se encuentra es alarmante. El servicio de agua es muy precario y de baja calidad, a pesar de contar con uno de los ríos más caudaloso del país; en su territorio se produce más del 30% de la energía del país, sin embargo los apagones son de 10 a 12 horas diarias; cuenta con la única refinería de Petróleo y uno de los puertos más importantes del país, por donde entra el asfalto, sin embargo sus calles están todas deterioradas.
En ese mismo sentido, Haina cuenta con aproximadamente 100 empresas de manufacturas y cerca de 50 en la zona franca y existe un alto desempleo y trabajo informal.
Además de todo lo anterior el municipio de Haina está altamente contaminado. En el 2007 fue declarado, por el instituto Blacksmith, como uno de los tres municipios más contaminados del mundo. Esto fue debido a la insensatez de empresarios fabricantes de baterías, que enterraban los desechos del plomo en el suelo, provocando la contaminación progresiva de todo el perímetro.
Pero los males provocados en la salud, por el alto nivel de plomo en la sangre de los niños y adultos causaron un estallido, al que hubo que ponerle atención.
El Instituto blacksmith, la Universidad Autónoma y el Ayuntamiento desarrollaron acciones de remediación en el área contaminada, pero en la personas, los daños eran irreversibles. Luego en el año 2013, mediante certificación, el instituto Blacksmith declaró que Haina había sido sacado de la lista de los municipios más contaminados del mundo.
Sin embargo a juicio de la población, la contaminación y sus efectos en la salud se mantienen igual. Indican que siguen padeciendo de muchos problemas de la piel, infecciones respiratorias y otros males.
Se debe señalar que la principal fuente de contaminación del municipio lo constituyen las empresas ubicadas dentro y fuera del perímetro de la zona industrial, pero también, en menor escala, el mal manejo de los desechos sólidos por parte de la ciudadanía y el deficiente servicio de limpieza y recogida de basura por parte del ayuntamiento.
Lo lamentable de toda esta situación ambiental, es que no se conocen medidas correctivas ni preventivas de las autoridades ambientales, tampoco del ayuntamiento, ni mucho menos del sector industrial, que es el que más contamina.
Más que contribuir a la solución del problema, en algunos casos lo empeoran. Es el caso de la empresa Multiquimica Dominicana. Esta empresa ha estado ocupando el área de la playa de Haina, con los tanques de depósitos de sustancias químicas peligrosas y de alto nivel de volatilidad. La población le llama a estos depósitos “Los Tanques de la Muerte” por el pánico que generan.
No se entiende como pasa esto, si está prohibido el uso de la costa para fines industriales, de acuerdo a la ley 305-68, en su artículo 2. También en la ley 64-00, en sus artículos 145, 146 y 147.
Por otro lado en el formulario de evaluación previa, con el que se realizó la solicitud de instalación de este proyecto el señor Celso Marranzini declaró que pretendía adecuar las inmediaciones del muelle No.1 del puerto de Haina para descargar Aceite de Vegetal, que Multiquimica Importa, mientras que en su documento referido al Plan de Contingencia, especifica que los productos a almacenar son Dietilenglicol, Acrilato de butilo, Varsol (mineral Spirit), Vinil Acetato, 2Etil-1Hexanol (Doetilhexanol), Estireno, Xileno. Todos son contaminantes peligros y altamente volátiles, por lo que la población está expuesta a una amenaza.
Para empeorar la situación ambiental de Haina, la misma empresa solicitó licencia de ampliación con el Formulario de Análisis Previo del 26 de febrero del 2008, en el cual solo indico que almacenaría Materia Prima, sin indicar cuales.
Pero esta solicitud fue desestimada de acuerdo a la resolución 282-13 del Ministerio de Medio, el 6de noviembre del 2013. Indica que esta ampliación no es viable porque aumenta los riesgos y la exposición de la comunidad, poniendo en peligro vidas y propiedades. En otras palabras, la empresa Multiquimica Dominicana no tiene permiso para la instalación de estos nuevos tanques, pero el poder se impone y la instalación de los tanques está en su fase final.
El señor Celso parece que no encuentra otro lugar donde instalar sus depósitos o lo que quiere es empeorar la situación ambiental de Haina.
Pero lo peor de todo es que no hay autoridad que llame la atención y haga valer la ley ambiental. Por lo que se hace necesario que la población tome conciencia de la situación y reclame ante organismos nacionales e internacionales los daños y amenaza que provocan estos “Tanques de la Muerte” en el espacio natural de reproducción de especie marina y de recreación para la población. No se puede permitir que además de dañar el ambiente, también se continúe despojando a esta laboriosa población de su playa.


martes, 13 de junio de 2017

El desafío de hacer cumplir las leyes contra la corrupción y la impunidad

           Franklin Pimentel Torres, 9-6-2017

En esta semana ha habido una acción legal histórica en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Un grupo de gente considerada intocable en este país ha pasado más de una semana en la cárcel. Otros, no han estado en prisión amparados en la inmunidad/impunidad parlamentaria. De hecho, aunque a parte de los imputados es posible que no se les pueda probar las imputaciones que se les hacen, es importante que haya gente ligada a las corporaciones económicas y partidarias acusadas y encarceladas, por sus prácticas corruptas.
Ante lo que ha sucedido en esta semana ha habido diferentes reacciones. Para algunos se trata de un espectáculo montado por el oficialismo para distraer la atención de otros problemas sociales y mostrar que realmente está comprometido en el control de la corrupción. Para otras personas es una estrategia del oficialismo, del PL-Danilismo, para debilitar a sus adversarios partidarios: al PRM y al sector del PLD que tiene en Leonel Fernandez su líder más visible.
Para algunos analistas las causas por las que se produjeron tales hechos son fundamentalmente tres:
1.       Los datos sobre los sobornados vinieron desde Brasil, que tiene un sistema de justicia bastante consistente e independiente, con capacidad de juzgar y condenar a empresarios como Marcelo Odebrecht, a legisladores de diferentes partidos incluidos presidentes de las Cámaras, a llamar a interrogatorios a expresidentes como Lula da Silva y tener en jaque al actual presidente Temer, acusado de corrupción.
2.       Ha habido una incidencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mucha gente cree que ha habido una línea bajada para que sean juzgadas algunas de las personas ligadas a Odebrecht, sobre todo cuando a algunos de los imputados se les relaciona con otros escándalos de corrupción en los que están envueltos intereses de empresas norteamericanas, como en el caso de los aviones Tucano.
3.       La presión social ejercida por la sociedad civil y sus diferentes instituciones. Aquí hay que destacar la fuerza, la inspiración y la consistencia de la Marcha Verde, desde su primera actividad pública del 22 de Enero. Incluso algunos de los abogados de los imputados, y hasta el mismo Ángel Rondón, luego de conocer las medidas de coerción, vieron como causa de su encarcelamiento la “presión social”.
En esta semana, y en el contexto de los apresamientos de personas ligadas a los grupos partidarios, como el  hoy exministro Temístocles Montás, o los senadores Julio César Valentín o Tommy Galán, su líder, Leonel Fernández, expresidente y líder de una de las facciones del PLD, ha aparecido con un artículo publicado en el Listín Diario[1] hablando sobre la corrupción como un mal histórico, universal, que sobrepasa las fronteras de un determinado país. Pareciera que la motivación fundamental de dicho texto fuera restarle importancia al hecho del arresto de gente de su grupo cercano.
En el artículo mencionado L. Fernández señala: “Ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción (…). Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal”.
El gran desafío que tenemos como país no es tener más leyes, sino cumplirlas y  obligar a hacerlas cumplir a las mismas personas que las hicieron, pues muchos de ellos y ellas se han convertido en sus principales violadores y eso impunemente. Es por eso que mucha gente se pregunta, en el caso Odebrecht: ¿Están realmente todos los implicados? ¿Dónde están los relacionados con los sobornos, ya admitidos en los documentos de Brasil, relacionados con las plantas de Punta Catalina? ¿Y la responsabilidad de quienes han sido presidentes tanto de las Cámaras legislativas como del Poder Ejecutivo? ¿No tendrían que ser llamados a capítulo Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina?
¿Permitirá la Sociedad Crítica que cuando los imputados por el caso Odebrecht lleguen a la Cámara Penal de la Suprema Corte, sean juzgados por jueces como Alejandro Moscoso Segarra, Fran Soto Sánchez y Juan Hirohito Reyes?[2]. De hecho dichos juristas en ocasiones anteriores se negaron, incluso a iniciar un juicio de fondo ante imputaciones de corrupción en casos tan graves y patentes como en los que han estado involucrados dos de los líderes de la corrupción del PL-Leonelismo, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Participación Ciudadana ha declarado en esta semana que en el proceso que se le sigue a los involucrados en el caso Odebrecht hay dos grandes déficits.[3] El primero es la inconsistencia de algunos de los expedientes de los imputados, y el otro, todavía más grave, es que solo han sido sometidos a la justicia parte de los involucrados; dejando fuera a todos los relacionados con los contratos firmados en el gobierno presidido por Danilo Medida; sobre todo el relacionado con Punta Catalina, en donde se presume podría estar el mayor monto de sobornos y de sobrevaluaciones.
La marcha verde y todos los sectores e instituciones articulados en este movimiento, así como la prensa crítica, las y los educadores con compromiso ético y ciudadano, debe estar conscientes de que, en esta etapa histórica, la lucha contra la corrupción y la impunidad apenas comienza, pues los mismos que en las últimas décadas hicieron tantas leyes contra la corrupción y la impunidad están listos para seguirlas violando impunemente… Sin embargo, en esta ocasión tendrán que despertar del dulce sueño, pues ha comenzado su larga pesadilla… fruto de la acción consciente y articulada de un pueblo que se hartó y dijo: ¡Basta ya de corrupción e impunidad!





[1] L. Fernández, Odebrecht y el combate contra la corrupción. L. Diario, 5-6-2017. Disponible en: http://www.listindiario.com/la-republica/2017/06/05/468889/odebrecht-y-el-combate-contra-la-corrupcion

[2] Diario Libre, 8-6-2017. Jueces que conocerán caso Odebrecht tienen historial de descargo en acusaciones de corrupción, Disponible en: www.diariolibre.com/noticias/justicia/jueces-que-conoceran-caso-odebrecht-tienen-historial-de-descargo-en-acusaciones-de-corrupcion-GN7294923

[3] Participación Ciudadana critica “errores injustificables” y exclusiones en caso corrupción Odebrecht. Acento, 8-6-2017. Disponible en: http://acento.com.do/2017/actualidad/8464431-participacion-ciudanana-critica-errores-injustificables-exclusiones-caso-corrupcion-odebrecht/

sábado, 3 de junio de 2017

No están todos los que son…


Franklin Pimentel Torres - 3 de Junio de 2017 -

El lunes de esta semana nos enteramos de que habían sido apresadas unas 10 personas relacionadas por la Procuraduría General de la República con los sobornos, hechos en el país, por la constructora Odebrecht. Otros, como los tres legisladores involucrados, no habían sido apresados, pero estaban señalados en la lista de los imputados. Algunos no creían lo que estaban viendo y oyendo. Para otras personas se trataba de un espectáculo montado por el oficialismo, sin mucha esperanza de que realmente haya real intención de hacer justicia.
¿Significan estas acciones que se hará justicia a quienes se les compruebe los delitos que se les imputan? Hay que esperar… De todas maneras, un gobierno con tan bajos niveles de credibilidad y con un conjunto de continuos escándalos de corrupción que han quedado en la impunidad, necesita al menos realizar algunas acciones que manden una señal de que algo comienza a moverse en dirección de lo que podría ser una condena a gente que tradicionalmente ha desfalcado la cosa pública y de manera impune.
Enseguida llegó a la atención de la ciudadanía el dato de que entre los apresados se había hecho una selección bien definida y premeditada; había gente ligada a los gobiernos del PRD/PRM, a la tendencia del PL-Leonelismo, pero realmente no había gente directamente ligada al proyecto del PL-Danilismo.  De hecho de los 17 contratos que se firmaron con Odebrecht desde el 2002 al 2014, solo el 9% se firmaron en el gobierno del PRD, mientras que el 91% se firmaron en la década 2010-2014 en los gobiernos del PLD. Además, el 60% de los contratos fueron aprobados por el Senado siendo presidente del mismo Reinaldo Pared Pérez, y el 31%  cuando fue presidido por Cristina Lizardo, ligada tradicionalmente al PL-Danilismo.
La multinacional de la construcción y de la corrupción Odebrecht y el PL-Danilismo han hecho una alianza estratégica para blindarse mutuamente de la persecución penal. Por eso fue aquí en República Dominicana en donde se pagó la mayor proporción de los sobornos. Fue aquí, además, en donde la Odebrecht trasladó su oficina de sobornos a nivel internacional, cuando se sintieron acosados sus ejecutivos por la justicia brasileña. Fue aquí también, en donde Joao Santana y Mónica Maura tenían su centro de operación para diseñar la publicidad y el financiamiento, por parte de Odebrecht, de las campañas electorales del país y de otros países latinoamericanos. Finalmente, fue aquí en el único lugar en que se hizo un convenio que permite a la compañía Odebrecht seguir operando.
El PL-Danilismo busca debilitar y desacreditar a las dos fuerzas que le pueden adversar: el PRM y la tendencia del PL-Leonelismo; todo esto para buscar mantenerse en el poder, más allá del 2020. Sin embargo, esta estrategia difícilmente progresará, pues al final se tendrá que permitir que sean investigados y sometidos a la justicia los funcionarios y legisladores relacionados con los últimos contratos hechos con Odebrecht, sobre todo los relacionados con el proyecto de Punta Catalina. De hecho, ya la Procuraduría General de la República ha admitido que, con relación a los sobornos relacionado con el contrato de Punta Catalina, estarían envueltos por lo menos un senador y un diputado. Algunos postulan a Reinaldo Pared Pérez, a Cristina Lizardo y Abel Martínez, respectivos presidentes de las cámaras en los últimos años, como posibles involucrados.
El movimiento de la Marcha Verde tiene el desafío de mantener la presión social y política para que sean sometidas a la justicia y juzgadas todas las personas que están implicadas en los diversos casos de corrupción que están pendientes y no solo aquellos que están relacionados con el caso Odebrecht. Es necesario seguir insistiendo, además, de que no se trata solo del tema de los sobornos, sino también de las sobrevaluaciones y del dinero ilegal dado para las diferentes campañas electorales de los gobiernos del PRD y del PLD.
La sociedad dominicana tiene en el Movimiento Verde un nuevo actor social que desde el día 22 de enero expresó su decisión ética y política de lucha constante contra la corrupción y la impunidad. Ese movimiento ha logrado, en poco tiempo, articular conciencias, voluntades y convertirse en una antorcha de esperanza. No obstante, no debe perder de vista que la lucha apenas comienza y que el camino será largo y difícil; por eso tiene como tarea urgente lograr que se incluyan en el actual expediente acusatorio, relacionado con el caso Odebrecht, las demás personas que deben estar incluidas, pues es evidente que en el grupo acusado hasta ahora no están todos los que son.