F. Pimentel-Torres, 19-5-17
En el día ayer, 19 de mayo, se cumplió el plazo que había
presentado la Procuraduría General de la República para revelar los nombres de
los sobornados por el caso Odebrecht. No obstante, en esta misma semana el
Procurador Jean Alain Rodríguez afirmó, que eso de la revelación de los nombres
será un proceso más lento, que se realizará cuando se examinen los documentos
que han llegado de Brasil y se haya sometido a la justicia los responsables de
haber recibido sobornos.
Hay mucha gente en la sociedad dominicana que duda que
realmente se revele la totalidad de los sobornados. El periodista Marino Zapete
ha dicho que no cree en una lista en donde no estén el presidente Danilo Medina
y los expresidentes, Leonel Fernández e
Hipólito Mejía; los presidentes de las cámaras de diputados y senadores de
los últimos años como Julio C. Valentín, Reynaldo Pared Pérez y Cristina
Lizardo; así como quienes han dirigido el Ministerio de Obras Públicas como
Miguel Vargas Maldonado, Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, y la OISOE como
Félix Bautista y Miguel Pimentel Kareh. De hecho en otras ocasiones se han
revelado nombres de personas ligadas a casos de corrupción, pero todo ha
quedado en la impunidad.
Como ha dicho el
periodista R. Colombo probablemente lo que va a suceder es que el Procurador
revele nombres de gente sin relevancia que están ligados a las corporaciones
económicas del PLD con sus dos facciones: PL-leonelismo y PL-Danilismo, al PRD
de Miguel Vargas, o al PRM que se disputan Hipólito Mejía y Luis Abinader.
Las actuaciones del actual procurador, que representa al gobierno
y a la corporación económica y partidaria en el poder, han estado orientadas a
asegurar impunidad a los sobornados, a
quienes han sobrevaluado las obras y sobre todo a Odebrecht, a la que, mediante
un convenio cómplice, se le asegura seguir operando en el país. De hecho al permitírsele
pagar una considerable multa con un acuerdo de pago durante 8 años, la empresa
pretende probablemente saldar dicha cantidad con dinero proveniente de nuevos
sobornos y sobrevaluaciones, provenientes de las obras que se están ejecutando
actualmente, como el caso de las plantas de Punta Catalina, y de las otras que
podría ejecutar en el futuro.
Por otro lado, nada ha cambiado en la estructura de la
justicia dominicana para esperar que se realice un castigo a los culpables. El
Procurador y el Ministerio público han sido y son dependientes del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo y de las corporaciones económicas y partidarias que
representan. El Congreso parece estar implicado en la trama de corrupción y las
Altas Cortes han asegurado impunidad a los grandes acusados del PL-Leonelismo,
como Leonel Fernández, Félix Bautista, Félix Martínez (el ex alcalde de San
Francisco), Víctor Díaz Rúa, y no ha habido señales de condenar la corrupción y
la violación de las leyes de los jerarcas del PLD y sus organizaciones aliadas
como en el caso de Diandino de Peña o de los más de 5000 funcionarios que no
han hecho sus declaraciones juradas de bienes.
Esta historia de corrupción e impunidad ha sucedido, entre otras
causas, porque lo ha permitido una sociedad pasiva, permisiva, en la que un
grupo significativo de los sectores sociales más empobrecidos, vive entrampado
en el clientelismo que promueven los grupos del poder y otro grupo, el de la
burguesía financiera y empresarial, vive en el rentismo, que les lleva a
invertir en las elecciones de corporaciones partidarias, para luego sacar,
multiplicadas por muchas veces, la inversiones realizadas.
El gobierno parece acorralado y desesperado y ha realizado un
conjunto de acciones torpes, dilatorias, que ofenden la inteligencia popular como
la de creación de una comisión formada para analizar la licitación de Punta
Catalina, formada en su mayoría por rentistas y cómplices; esperar a que revelen
los nombres desde Brasil, para comenzar a actuar, señalar que Ángel Rondón era
el intermediario del pago de los sobornos y dejarlo en total libertad,
fortalecer el clientelismo y el reparto de alimentos en los lugares en donde se
celebran las marchas verdes, así como el maltrato de jóvenes y de los diputados
que se han manifestado en las inmediaciones de la Procuraduría, entre otras.
No obstante lo que pasa en el país, con la clara voluntad gubernamental
de mantener en la impunidad a sobornados y sobrevaluadores, pareciera que estamos
en una nueva etapa en la lucha contra la corrupción en América Latina y el
Caribe. Lo que está sucediendo en Brasil y en otros lugares del Continente con
el caso de Odebrecht, así como las acciones tomadas contra esta multinacional, sus
cómplices y sobornados en esos países, vislumbran un rayo de esperanza para
quienes en el territorio dominicano luchamos contra la corrupción y la
impunidad.
La sociedad consciente y el movimiento verde tienen el gran
desafío de buscar estrategias continuas de presión y de movilización social.
Entre esas estrategias prioritarias consideramos oportunas las siguientes:
1. Mantener la movilización social, no solo con las grandes
marchas como las realizadas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, sino también
mediante actividades comunitarias y barriales como la realizada recientemente en
el barrio de Capotillo.
2.-Mantener viva presencia y la articulación de las y los
periodistas críticos que apoyan las causas propuestas y defendidas por el
movimiento verde.
3.-Fortalecimiento de la espiritualidad y de la ética del
movimiento, mediante espacios de reflexión, conversatorios, encuentros
creativos, entre otros.
4- Exigir, mediante la ley de acceso a la información
pública, que sean entregados los documentos que han llegado desde Brasil a una
comisión de juristas escogidos por un consenso social.
5.- Mantener la demanda del cese de la corrupción y la
impunidad exigiendo que se nombre una comisión de abogados independientes para el
conocimiento y el análisis de los documentos que han llegado desde Brasil, pues
poca gente en el país va a creer en la sola versión de la Procuraduría. Puesto que lo más probable es que ellos
compongan cada expediente, según los intereses de los grupos económicos y
partidarios a los que representan. No se debe olvidar que el mismo procurador
es un enriquecido funcionario que en su última declaración jurada de bienes
señaló que tenía un patrimonio de RD$ 224,212,398.[1]
6.- Que las comunidades en donde Odebrecht realizó obras
exijan al Ministerio de Obras Públicas información sobre las obras contratadas,
rendición de cuentas e indemnización allí donde las obras construidas no se
realizaron según lo contratado o en donde las mismas ya estén deterioradas,
como en el caso de la carretera de Casabito-Constanza.
8.- Fortalecimiento de la articulación de las organizaciones
comunitarias en el territorio para mantener viva la lucha.
9.- Fortalecimiento de la organización interna del
movimiento verde que tiene el desafío de diseñar y ejecutar un proyecto de
lucha a corto, mediano y largo plazo.
Lograr que se haga justicia contra las víctimas de la
corrupción y la impunidad no será una tarea fácil. Por eso será necesario
mantener una lucha constante para avanzar
en el control de un mal que tiene múltiples e históricas raíces. Pues
tal como dijo el poeta y cantautor español, J. Labordeta: “Habrá un día en que
todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad… Pero, también
será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver…
pero habrá que forzarla, para que pueda ser”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario