Franklin Pimentel Torres, 26-5-2017
Uno de los elementos fundamentales en la lucha contra la
corrupción y la impunidad es la incidencia social para el adecentamiento, la
independencia y la eticidad del sistema de justicia a todos sus niveles. De
hecho, en la actual situación de corrupción e impunidad generalizadas en
República Dominicana, uno de los elementos que más preocupa a la sociedad
crítica es el hecho de que muchos casos de corrupción, sobre todo los relacionados
con los grupos partidarios y económicos, se quedan invisibilizados y otros que
llegan ante la justicia, no progresan o terminan sin castigo e impunes.
La actual justicia dominicana, y sobre todo algunas de las “altas
cortes”, están organizadas para asegurar
impunidad a ciertos personajes y grupos; no importa lo bien sustentado que
estén los expedientes acusatorios articulados
por el Ministerio Público, sobre todo los relacionados con los grupos del poder
partidario o los grupos económicos, de los que muchos jueces son dependientes,
económica, ideológica y partidariamente.
Casos como la sentencia sesgada de la Sun Land que liberó de
culpa a Félix Bautista y a su jefe Leonel Fernández; el archivo de los expedientes por corrupción del
caso de Félix Bautista, el de Víctor Díaz Rúa, y la negación de ni siquiera
articular un expediente contra Leonel Fernández, ante las denuncias de
operaciones fraudulentas relacionadas con la construcción y el equipamiento de
la fundación FUNGLODE, las sesgadas y continuas sentencias del Tribunal
Superior Electoral cuyas sentencias favorecieron a una facción del otrora PRD,
aliado con el gobierno… La falta de expedientes ante actos de corrupción como
los del CEA, de CORDE, Los Tres Brazos, o la irracional e inhumana sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que
convertía en apátridas una considerable cantidad de personas dominicanas, de
ascendencia haitiana… Todo esto, nos habla de una justicia corrompida, denegada
y retardada.
A partir de lo estipulado en la Constitución del año 2010 se
crearon nuevas cortes, como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal
Constitucional. Mucha gente se cuestiona
para qué realmente han servido. De hecho son cortes que salen muy costosas para
el pueblo dominicano que tiene que pagar a sus jueces integrantes salarios, dietas
y hasta pensiones de lujo, si los comparamos con los salarios mínimos y las
pírricas pensiones de la mayor parte de las y los trabajadores.
Hay personas en la sociedad dominicana, como es el caso del
periodista Huchi Lora, que no creen que habrá justicia ante todo lo relacionado
con el caso Odebrecht. Podrá haber revelación de nombres, e incluso se podrán
construir expedientes, e incluso puede haber sometimientos. Pero cuando dichos
casos lleguen a la justicia, sobre todo a la Cámara Penal de la Suprema Corte, probablemente
tengan garantizada una total impunidad. No importa el monto de los sobornos o
del dinero recibido de las sobrevaluaciones de las obras. Los imputados tienen
ahí sus compañeros de partidos para asegurarles absoluta impunidad. Los
precedentes recientes de esa cámara penal, en los casos de Félix Bautista y de
Víctor Díaz Rúa, así lo demuestra.
Las decisiones disidentes en el caso de la Sun Land de las juezas de la Suprema Corte Ana Rosa Bergés, Eglys Margarita Esmurdoc y de
Julio Aníbal Suárez tuvieron un precio.
Simplemente a la hora de evaluarlos, El Consejo de la Magistratura,
presidido por Leonel Fernández, quiso darles una lección, como para desanimar a
otros a actuar de manera independiente ante los intereses de las corporaciones
partidarias en el poder.
¿Se estaría preparando en el actual Consejo de la
Magistratura la separación de aquellos jueces como José Alejandro
Vargas, que declaró inadmisible el
procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y la
Odebrecht? ¿Se estaría preparando una evaluación amañada de las
magistradas de Angela Casasnovas y Miriam Germán, que votaron de forma disidente
ante los casos de Félix Bautista y el caso de Felix Bautista y de Víctor Díaz
Rúa, para separarlas de la Suprema Corte de Justicia?
Ha llamado a la atención de la sociedad crítica la noticia
salida en este semana de la auto-exclusión de la magistrada Miriam Germán Brito
de la posibilidad de involucrarse en la valoración y en el dictamen en un
posible juicio de las personas que podrían ser acusadas judicialmente de haber
recibido sobornos de la multinacional de la construcción y corrupción,
Odebrecht. Y hay gente que se ha preguntado: ¿Es esta una estrategia montada
por el oficialismo para sacar de juego a Miriam Germán? ¿Está cediendo esta
ética jueza a las presiones del oficialismo? ¿Lo hace para mantener su cargo en
la Suprema ante el temor de que sea sustituida por un Consejo de la Magistratura
dominado por el oficialismo? ¿Tiene conciencia de la importancia de sus
acertadas decisiones en la Cámara Penal para el adecentamiento de la justicia?
Ahora que se está reuniendo el Consejo de la Magistratura,
es el tiempo preciso para exigir que en las altas cortes haya personas
independientes y con un perfil ético que responda a las demandas de la sociedad
por una justicia digna. De todas maneras se tiene la conciencia de que estas
luchas tendrán pobres resultados, mientras el Consejo de la Magistratura esté
formado solo de líderes partidarios, sin ninguna representación real de la
sociedad civil; además, será difícil lograr que haya un Ministerio Público
elegido popularmente y que represente los intereses populares, o unos jueces de
profesión que no le deban favores a sus líderes partidarios.
El movimiento de la Marcha Verde no se puede quedar en la
simple realización de caminatas regionales, o haciendo acciones simbólicas como
firmar libros o encender antorchas. Es el tiempo de asumir una mayor incidencia
y confrontación con la justicia dominicana y con la clase partidaria de la que
ésta depende. Es necesario exigir y proponer jueces íntegros y pedir que se
incluyan en el caso Odebrecht y en otros casos pendientes, juezas como Mirian
Germán Brito y Esther Angelán Casasnova, y que, por otro lado, se
excluyan jueces como Alejandro Moscoso Segarra, Fran Soto Sánchez, Hirohíto
Reyes Cruz, o Mariana Daneira García Castillo, quienes ante casos de
sustentada corrupción y magnitud, como los de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa,
optaron por asegurar impunidad a sus compañeros de partido, impidieron que
éstos fueran a un juicio de fondo.
En definitiva, es necesario que el sistema de justicia esté
ligado a los intereses de las comunidades y de las organizaciones de la
sociedad civil, que no son dependencias de los partidos políticos y que
representan a la mayoría empobrecida. Sería conveniente y necesario que los
fiscales, el Procurador General de la República y hasta los jueces sean
elegidos y evaluados mediante el voto y el consenso populares. Pues mientras las
y los jueces dependan, para su elección y permanencia, de las decisiones e
intereses partidarios del liderazgo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo,
difícilmente avanzaremos en la consecución de una justicia independiente. ¿Un
sueño irrealizable? Puede ser. Pero como dijo Eduardo Galeano, “¿para qué sirve
la utopía, si cuando das un paso, ella se aleja 10? Pues para eso sirve… para
seguir caminando…”, hasta avanzar en la construcción de una sociedad decente,
justa, equitativa, incluyente y solidaria.
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