Franklin Pimentel Torres - 13 de Mayo de
2017
En
los últimos días han salido a la luz pública dos nuevos escándalos, en los que
la opinión pública sospecha que ha habido transacciones comerciales de
apropiación o venta ilegal de bienes que originariamente fueron públicos,
propiedad del Soberano, el Pueblo Dominicano. El primero se refiere al
emporio comercial no declarado de Diandino Peña y el segundo al caso de unos
terrenos de propiedad pública que fueron cedidos al arzobispado de Santo
Domingo en 1967 y que posteriormente fueron vendidos por la misma institución
para la construcción del centro comercial Down Town Center.
El
cuestionamiento sobre la venta de los terrenos del arzobispado no vino desde
fuera, sino desde el mismo interior de la organización eclesial. Miguel Ángel
Santana Marcano, sacerdote y juez presidente del Tribunal Eclesiástico,
una instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, envíó la siguiente
comunicación al embajador del Vaticano o nuncio, JudeTaddeus Okolo: “El primer
Cardenal de la República Dominicana Octavio A. Beras Rojas dejó un solar al
lado de la CED para construir la Casa del Clero en la Arquidiócesis de Santo
Domingo. 120 sacerdotes de Santo Domingo queremos saber el por qué el
Arzobispo Emérito de Santo Domingo López Rodríguez lo vendió y qué hizo con ese
dinero”.
A
la carta de Santana Marcano el nuncio Okolo respondió diciendo que López
Rodríguez actuó correctamente. Y la actual administración del arzobispado de
Santo Domingo, intentó justificar la transacción señalando que con parte del
dinero obtenido de la venta, unos $US11,460,933, se habría comprado un solar
mucho más grande en otra localidad de la ciudad, que sería utilizado para la
construcción de un seminario menor y de una casa para los sacerdotes y que la
otra parte habría sido invertida en certificados del Banco Central y en Bonos
del Banco de Reservas.
La
jurista Laura Acosta, basándose en la ley 19-89 califica como ilegal la acción
de venta de los terrenos por parte del arzobispado, porque las donaciones que
hace el Poder Ejecutivo o el Estado Dominicano a instituciones públicas o
privadas de servicio social, son intransferibles a particulares. Ha hecho
referencia, además, a la ley 122-05, que en su art. 54, regula las actividades
de las Asociaciones sin Fines de Lucro. Dicho artículo señala que las posesiones
que hayan adquirido dichas instituciones no se pueden comercializar. Por eso
estipula dicha ley que en caso de la disolución de una organización, sus bienes
deben pasar a ser administrados por otra entidad con fines parecidos. Y cuando
esto no sea posible, los bienes pasarán a ser propiedad pública, administrada
por el Estado Dominicano.
Algunas
personas alegan que la venta por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica
de terrenos públicos cedidos por el Poder Ejecutivo, y aprobados por el
Congreso, está regida por la ley del Concordato, firmado entre el Estado del
Vaticano y el Estado Dominicano en el año 1954, en el tiempo de la tiranía
trujillista. De hecho en el art. 23 dicho texto se señala: “El Estado
Dominicano reconoce a las instituciones y asociaciones religiosas (…) la plena
capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes. La República
Dominicana reconoce y garantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes
muebles e inmuebles que el Estado reconoció como pertenecientes a ella con la
Ley n. 117 del 20 de abril de 1931, aclarada por Ley n. 390 del 16 de septiembre
de 1943, así como de los bienes que, después de tal fecha, la Iglesia haya
legítimamente adquirido o adquiera, incluidos los que han sido o sean
declarados monumentos nacionales”.
Tal
como se puede deducir de la lectura del anterior artículo del Concordato, en
ningún momento se autoriza a la Iglesia a vender propiedades o terrenos que
haya recibido en donación o en administración, provengan éstos de bienes
públicos administrados por el Estado Dominicano o de particulares.
El
periodista Ramón Colombo ha cuestionado con sagacidad la legitimidad ética de
la transacción hecha por el Arzobispado de Santo Domingo al vender los terrenos
del nuevo centro comercial, situado en la esquina Núñez de Cáceres con Rómulo
Betancourt en la Capital Dominicana. Ha afirmado: “¿Sagrada especulación? Hay
que preguntarles a Monseñor Ozoria y a la mismísima Nunciatura Apostólica:
¿Antes de vender la esquina que ocupa Down Town Center, el Episcopado arregló
las cosas con Bienes Nacionales, regulador de esas tierras donadas condicionalmente
por el Estado? Otra: ¿Liquidó su valor catastral al Estado mismo? Más: ¿En
cuánto vendió cada metro cuadrado para fines de pago de impuestos? Más aún:
¿Pagó los impuestos o se acogió al régimen de institución exonerada? Hay que
agregar: ¿Es falso aquello de que habría depositado en el extranjero unos 10
millones de dólares provenientes de esta negociación inmobiliaria con olor a
sagrada especulación?”
Ahora que el pueblo
dominicano ha arreciado la lucha contra la corrupción y la impunidad públicas y
privadas es el tiempo oportuno para exigir también a las iglesias y a las ONGs
que manejan bienes y recursos públicos que actúen con transparencia, con ética,
acordes a las leyes vigentes y a los valores y principios que dicen profesar.
Es la única manera de hacerse creíble ante la sociedad dominicana y poder
aportar su cuota a la lucha por la transparencia y el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática, que en definitiva es una invitación a devolver
los bienes apropiados y robados ilegalmente, por personas o instituciones, para
ponerlos al servicio del fortalecimiento de las políticas públicas de
educación, salud y seguridad social, que promueven el bien común de todos y de
todas.
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