Los aportes del informe final sobre las elecciones de Participación
Ciudadana nos puede ayudar a definir algunas de las principales acciones y
acontecimientos, por las que las nuevas autoridades elegidas, tanto del nivel
local, municipal, congresual, y presidencial son, la mayor parte de ellas,
ilegítimas.
En la próxima
semana, a partir del 16 de agosto, asumirán funciones públicas nuevos/as
funcionarios/as o funcionarios que repiten en el cargo. No obstante, para un
conjunto de personas y organizaciones es necesario mantener una postura crítica
y vigilante, pues la mayoría de las y los elegidos ocuparán sus cargos
legalmente, según las reglas de juego establecidas, pero lo harán
ilegítimamente, porque los medios utilizados para llegar al poder no son ni
ética ni políticamente legítimos.
Los aportes del
informe final sobre las elecciones de Participación Ciudadana nos puede ayudar
a definir algunas de las principales acciones y acontecimientos, por las que
las nuevas autoridades elegidas, tanto del nivel local, municipal, congresual,
y presidencial son, la mayor parte de ellas, ilegítimas. Entre éstas podemos
señalar:
1. La reelección presidencial
debilitó la institucionalidad democrática, involucrando a gran parte de la
estructura del Estado, generando desigualdad entre las y los candidatos y
restando legitimidad a los resultados. De hecho además del primer mandatario,
se reeligieron el 90% de las y los senadores, tres cuartas partes de los
diputados/as y más de la mitad de los alcaldes y regidores.
2. La reelección llevó consigo
acuerdos de impunidad que llevaron a la Suprema Corte de Justicia a declarar un
no ha lugar ante un expediente por corrupción contra el senador Félix Bautista
que involucraba la irregularidad en el manejo de más de 26 mil millones de
pesos. A esto se sumó la complicidad del Procurador F.D. Brito al no apelar el
caso ante la Suprema Corte, supuestamente por no confiar en la competencia y en
la ética de dicho tribunal.
3. Desigualdad y acaparamiento de
los recursos públicos provenientes del fisco entre los partidos PLD, PRD y
PRSC, quienes entre los tres recibieron el 80% ($1288 millones de pesos),
mientras que el PRM, principal partido opositor, sólo $12 millones. Además, de
26 partidos reconocidos los restantes 23 y varios movimientos municipales y
provinciales apenas recibieron entre todos $321.1 millones de pesos.
4. Incremento del déficit fiscal del
gobierno nacional y local para favorecer a las candidaturas de del PLD y sus
partidos aliados. Sólo en el primer trimestre del año el déficit alcanzó los 34
mil millones de pesos. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio hasta
alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes para
las caravanas gastó 11 millones diarios; e igual suma en publicidad y propaganda.
5. La JCE no cumplió con sus
compromisos y se hizo de la vista gorda ante la violación de los principios de
libertad y equidad y transparencia. Apenas adoptó tres resoluciones cautelares
en el último tramo de la campaña, relacionadas con la prohibición de los
vehículos estatales en el proselitismo, y que los tres medios de comunicación
del Estado garantizaran igualdad de acceso a todos los candidatos
presidenciales. Naturalmente esto se cumplió a medias.
6. Gasto excesivo y poco
transparente en la compra de equipos electrónicos a la empresa Indra Sistemas
por US$31,831,680, sin concurso público transparente y desechando otras ofertas
menos costosas. Además, se hizo un gasto excesivo en la logística para las
votaciones, de tal manera que cada voto costó en promedio unos $US28.77
dólares, el más elevado de la región.
7. Innumerables crímenes y delitos
electorales entre los que se pueden identificar: compras de cédulas y de votos,
de miembros de colegios y de delegados partidarios; acoso al ciudadano; la
conversión de las elecciones en un libre mercado; campaña electoral en plena
jornada de votación; venta de bebidas alcohólicas; y numerosos delitos en el
conteo de los votos.
8. Manejo abusivo en el conteo de
los votos, en el manejo de las urnas electorales y en la anulación arbitraria
de los resultados de diferentes colegios electorales. Destacándose las juntas
del Distrito Nacional que anuló la votación en 153 colegios electorales, la de
Santo Domingo Oeste que anuló los resultados de la votación en 147 colegios,
básicamente en los niveles congresual y municipal. En el municipio de Santo
Domingo Norte se recibieron 157 actas de colegios sin completar el cómputo en
su mayoría, de los diputados. La Junta de San Juan le “asignó” 160,000 votos
más a los candidatos a diputados del PLD, con la supuesta intención de asegurar
“la victoria aplastante” del senador Félix Bautista.
Varias
organizaciones e instituciones sociales se han pronunciado sobre la necesidad
de reformas imprescindibles relacionadas con el tema de la organización y
realización de las elecciones y el papel de los partidos políticos y el de las
organizaciones sociales y comunitarias para lograr mayores niveles de
institucionalidad y transparencia.
Participación
Ciudadana, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IID) de reciente
articulación y el CONEP, a través de su presidente Rafael Blanco, han resaltado
la necesidad de aprobar una nueva Ley General del Régimen Electoral, y una ley
de Partidos y agrupaciones políticas, y la necesidad de elegir a los miembros
de la Cámara de Cuentas y de las Altas Cortes con suficiente independencia de
los poderes económicos y partidarios. Llamaron a la atención sobre la necesidad
de elegir los miembros de la JCE y del tribunal superior de elecciones con
capacidad y ética profesional, evitando elegir a dirigentes activos de partidos
políticos.
Para que la
vigilancia y la presión social sean una realidad la Iniciativa por la
Institucionalidad Democrática afirma la necesidad de: “Apoyar las iniciativas
de las organizaciones sociales para que participen de manera activa y
permanente como veedores sociales de las acciones del Estado desde sus
comunidades y organizaciones, exigiendo el cumplimiento de su responsabilidad y
la prestación de los servicios que le corresponde proveer a la población”.
De poco servirá
hacer nuevas leyes si no hay una vigilancia constante y una presión social
organizada para que las mismas se cumplan. En ese sentido el informe de PC
concluye: “Solo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno
al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la
renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias
imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la
nación”.
En definitiva
aunque muchos de los nuevos funcionarios o de los viejos reelegidos sean ética
y políticamente ilegítimos, por las razones explicadas más arriba, es necesario
exigirles, de manera organizada, y desde los diferentes niveles, local,
regional y nacional, responsabilidad, transparencia y eficiencia en el
desempeño de la función pública asumida.
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