Se habla de algunos pactos políticos y económicos pendientes, los cuales
ya fueron postulados en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12):
el pacto fiscal y el pacto eléctrico.
El pasado proceso
eleccionario y los cuestionados resultados de los comicios, considerados por
algunos analistas como unos de los más fraudulentos y poco transparentes de la
historia nacional, demandan la necesidad de realizar alianzas y pactos, entre
los diferentes sectores sociales, económicos, políticos y comunitarios para
lograr alianzas, convenios y pactos para el fortalecimiento democrático e
institucional del país.
Max Puig,
presidente del partido Alianza por la Democracia (APD), aseguró en esta
semana que se requiere que todos los partidos de la oposición, y las
instituciones y organizaciones de la sociedad civil se unan para hacer presión
con la finalidad de lograr la “reapertura democrática” del país. Señaló
que nos encontramos en un momento de “trance institucional muy difícil de la
vida de la historia del país, situación que no lo podrá resolver nadie solo”.
Estamos a días del
inicio de una nueva administración gubernamental, con funcionarios elegidos
tanto en el nivel nacional, congresual, como en los gobiernos locales. En estos
niveles se trata, en la mayor parte de los casos, de funcionarios
pertenecientes a los partidos del “Sistema”: PLD, PRD, PRSC, PRM y una exigua
representación de partidos pequeños. Si tomamos en cuenta las prácticas cotidianas
de los partidos y gobiernos, que han gestionado al país en los primeros 15 años
del presente siglo XXI, podemos señalar entre los principales retrocesos
democráticos e institucionales, los siguientes:
1.- Un poder
ejecutivo, nacional y municipal, cada vez más centralizado en una persona que a
su vez es dependiente de poderosas corporaciones económicas y partidarias.
2. Un congreso que legisla al
servicio de los intereses del poder económico y partidario, y de sus propios
intereses, y que en la mayor parte de los casos no realizan una representación
real de los territorios en donde fueron elegidos.
3. Una justicia maniatada y
dependiente del poder de las corporaciones económicas y partidarias quienes son
los que tienen la potestad de elegir, poner y quitar a jueces y funcionarios
del área judicial como en el caso del procurador general de la República. Entre
las sentencias más cuestionadas de estos años está la sentencia relacionada con
el caso de la Sun Land (2008), el veredicto de “no ha lugar” en el caso de
acusación contra el actual senador por San Juan, Félix Bautista, y la fatídica
sentencia 168-13 (2013), que desnacionalizó a más de 200,000 personas
dominicanas de origen, fundamentalmente, haitiano.
4.- Aumento
excesivo de empleados públicos, de “nominillas” y de gente que cobra sin
trabajar, bajo los títulos de “asesores”, “supervisores”, “empleados
temporeros”…
5.- Falta de
empleos dignos y fortalecimiento del clientelismo en programas de “asistencia
social” y de “transferencias condicionadas”.
6.- Economía
dependiente de fuentes externas de producción: turismo, zonas francas, remesas,
tráfico y consumo de drogas y de armas. A esto se añade las consecuencias de la
quiebra de los bancos en los años 2003-2004, así como el excesivo endeudamiento
público, interno y externo, además de los grandes déficits fiscales, como los
creados en los períodos electorales y post-electorales del 2012 y del 2016.
7.- Una reforma
constitucional elaborada por los congresistas sin participación popular (2010).
A esto se añade las sucesivas reformas constitucionales hechas para fortalecer
el presidencialismo, la imposición de proyectos reeleccionistas (2002,
2010,2015) y el poder de determinada corporación económica y partidaria. Esto
llevó a que algunos de los avances de la reforma constitucional del 1994, que
prohibía la reelección consecutiva e instituía la separación de las elecciones
presidenciales y congresuales fueran echados hacia atrás en la Constitución del
2010.
8.- Un sistema de
partidos sin formación política y sin ideologías éticas que genera funcionarios
públicos sin sentido del deber y del servicio a los mejores intereses de la
nación.
El representante
del CONEP, Rafael Blanco Canto, habló a finales del mes de Junio pasado, y en
el contexto del debate post-electoral, de cuatro pilares fundamentales para
sostener un pacto social, económico y político. Se refirió a la necesidad de la
aprobación de nuevas leyes: Ley Electoral, de Partidos y de
Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto
Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda
pública. Se refirió, además, el líder empresarial, a la necesidad de
trabajar por lograr la plena independencia y fortalecimiento de las
instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso
electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas con los
procesos eleccionarios y el adecuado manejo fiscal de los recursos públicos.
Entre los pactos
políticos más significativos que han sido logrados en el país en las últimas
dos décadas están los acuerdos políticos realizados en 1994, en medio de una
crisis post-electoral, así como la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo
(2012), la asignación real del 4% del PIB para la educación inicial, primaria y
secundaria (2013), y el pacto por la Educación (2014).
Se habla de algunos
pactos políticos y económicos pendientes, los cuales ya fueron postulados en la
Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12): el pacto fiscal y el pacto
eléctrico. Hay quienes postulan también que hacen faltan otros pactos, como el
relacionado con el aumento del presupuesto para el área de la salud y para el
cuidado ambiental, así como el pacto por la independencia de la justicia y la
lucha contra la corrupción impune.
En definitiva, lo más
importante no es elaborar pactos que se quedan en papeles y documentos, sino
que los diferentes sectores sociales, y en particular el gubernamental, hagan
lo posible para que lo acordado se cumpla. Es ahí en donde se debe poner el
énfasis. Pero eso solo será posible si hay una constante y articulada
responsabilidad, vigilancia y presión social. Solo así se logrará la
“reapertura democrática” del país, propuesta por M. Puig
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