sábado, 27 de agosto de 2016

Una lucha librada y una batalla ganada

Por Eugenio Sanó Bretón. 27 de agosto de 2016
La decisión de las organizaciones y la población del municipio de Haina de integrarse y luchar en contra de las medidas injustas de sus autoridades y grupos de poder, así como la solidaridad recibida de diversas organizaciones, son buenos ejemplos a imitar por toda la comunidad social dominicana.
Los pueblos tienen la capacidad de decidir su destino, dicen algunos pensadores. Otros consideran que el destino de los pueblos, lo imponen quienes los gobiernan y quienes tienen el poder económico, mediático y partidario. De lo que si estamos seguros es que los pueblos que se rebelan y se organizan contra la injusticia y la opresión, de manera consciente y persistente, doblegan la voluntad de los que solo quieren beneficiarse personal o grupalmente, sin importarles el daño que puedan producir a la población.

El municipio de Haina acaba de dar un buen ejemplo en este sentido, pues acaba de ganar la primera batalla a los empresarios y sectores del poder aliados a ellos; que sin importar las consecuencias para la población han querido convertir a Haina en el Vertedero del Gran Santo Domino, San Cristóbal y Bani.  Se trata de un proyecto de Relleno Sanitario, que han empezado a construir en la comunidad de los Desamparados. Ésta está ubicada próximo a la zona industrial y a poca distancia del arroyo Itabo.

El municipio de Haina siempre ha sido un bastión de lucha. En décadas anteriores, la  presencia del ingenio Río Haina, junto a la gran cantidad de obreros y sindicatos, hacían a este pueblo reaccionar ante los atropellos y negación de derechos y de justas reivindicaciones sociales. Con el cierre del ingenio, se cerraron los sindicatos y de esa misma manera la cultura de lucha fue mermando, pero ésta ha permanecido y se manifiesta ante las situaciones de inequidades e injusticias que se presentan.

El municipio de Haina se destaca por ser uno de los de más alta densidad poblacional del país. Tiene apenas 39.5 kilómetros cuadrados y más de 125,000 habitantes; muchos y muchas de los cuales viven en situación de hacinamiento. Además, cuenta con un parque industrial con aproximadamente 100 empresas. También posee la única refinería de petróleo de Rep. Dom., el parque de generación eléctrica más importante del país y uno de los puertos más importantes de la nación dominicana.

A pesar de lo anterior, la mayor parte de la población de Haina carece de servicios públicos de calidad y se vive un gran contraste, pues en el municipio se produce más del 30% de la energía eléctrica nacional y mantiene apagones de más de 10 horas diarias; posee uno de los ríos más importantes del país y no cuenta con un adecuado acueducto para abastecer de agua a la población. Por otro lado, organismos internacionales, han considerado a este municipio como uno de los más contaminados del mundo y esto es debido a los altos niveles de contaminación que se han detectado en su ambiente, fruto, sobre todo de la contaminación ambiental creada por las más de 100 empresas que funcionan en la zona.

La intención de querer empeorar la situación ambiental con la construcción ilegal e ilegítima de un Relleno Sanitario, solo encontró eco en las autoridades municipales de turno, que dieron una certificación de no objeción a las pretensiones de los empresarios. Pero la población reaccionó indignada y como una especie de coro, bien armonizado, dijo que: “Haina no es ni será vertedero de la Capital ni de ningún otro municipio”.

Con esta frase como eslogan, el Consejo de Desarrollo Integrar de Haina (CODINHA) inició un proceso de lucha y de integración social. En poco tiempo se unieron a la causa las múltiples organizaciones sociales, comunitarias y religiosas, así como también algunos empresarios, y altos dirigentes políticos de la provincia y del país. También se sintió la solidaridad de organizaciones   e instituciones de otros pueblos y provincias del país.

Los encuentros sociales, las concentraciones, las marchas, la presencia permanente en los medios de comunicación y el piquete realizado en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente, provocaron que el pasado ministro emitiera una resolución suspendiendo temporalmente la licencia a la empresa que ha estado construyendo el Relleno Sanitario.

Con esta medida la población y sus organizaciones se sienten regocijadas al ganar el primer round de esta batalla; pero manifiestan su disposición de mantenerse en vigilancia y en pie de lucha hasta conseguir la cancelación definitiva de la licencia de construcción del Relleno Sanitario.

La decisión de las organizaciones y la población del municipio de Haina de integrarse y luchar en contra de las medidas injustas de sus autoridades y grupos de poder, así como la solidaridad recibida de diversas organizaciones, son buenos ejemplos a imitar por toda la comunidad social dominicana.


Para celebrar los avances en esta lucha, el pasado sábado, junto al busto del patricio Juan P. Duarte, en el centro de Haina, CODINHA organizó una velada artística para festejar el logro de haber logrado detener temporalmente la construcción del Relleno Sanitario. Voces artísticas e indignadas como las del poeta y compositor Francisco Antonio Peralta– de nombre artístico KR (Kilos de Rap)- de San Cristóbal, animaron la lucha y el deseo de mantenerse en pie, vociferando a coro la consigna de que “Haina no es ni será vertedero de la Capital ni de ningún otro pueblo”.

sábado, 20 de agosto de 2016

Solo sus prácticas éticas les hará creíbles

Por Franklin Pimentel Torres. 20 de agosto de 2016 0
Algunas de las voces más críticas de la sociedad coinciden en cuestionar los resultados de la auto evaluación de la pasada gestión hecha por el oficialismo.
En esta semana hemos tenido la instalación de una nueva gestión gubernamental. Ha habido una sucesión de hechos, ceremonias de instalación de autoridades nacionales, ministeriales, municipales… Discursos, opiniones sobre el discurso del Ejecutivo, retiro de la bancada de oposición en la cámara de diputados; cadena humana contra la corrupción e impunidad, presencia de los cañeros reclamaron sus postergados derechos a una pensión digna, entre otros sucesos significativos.

Asume el gobierno una corporación económica y partidaria, que tiene 20 años en el poder, 12 de ellos de forma continua, que ha gestionado la cosa pública como un feudo particular, con escasos logros, con muchos retrocesos y con gran falta de credibilidad en el sector más crítico de la población. Esa gestión se ha caracterizado entre otros aspectos significativos por promover el asistencialismo, el clientelismo, la falta de institucionalidad, la corrupción, la impunidad, que merma el presupuesto nacional para la inversión y promoción en verdaderas políticas públicas, que permitan que grupos importantes de la población puedan mejorar sus condiciones de vida.

Más allá del discurso del pasado 16 de Agosto del presidente Medina y de los alcaldes, y para visualizar lo que promovería en la gestión pública la corporación PLD-PRD y partidos minoritarios en los próximos en los próximos 4 años, habría que fijarse en la práctica real de la gestión gubernamental, a nivel nacional y a nivel local, que han hecho esas corporaciones en los últimos 20 años.

En dos artículos publicados en el periódico Hoy (RD, veinte años después, 8 y 9 de agosto pasados) Juan Temístocles Montás, el pasado ministro de Economía, Planificación y Marcos Villamán, sociólogo, una de las mentes más lúcidas del peledeísmo, publicaron un informe de balance de los gobiernos del PLD, desde el 1996.

J. T. Montás y M. Villamán señalan que el país registró un cambio cualitativo en el desarrollo humano al pasar de ser un país de desarrollo medio a la categoría de desarrollo humano “alto”,  según el último informe del PNUD. Según éstos uno de los indicadores de ese desarrollo es que el PIB per cápita era en 1996 de, $US3,065; y 20 años después de ha duplicado, ascendiendo a $6,039. Otro elemento que destacan es el supuesto crecimiento económico de los sectores de ingreso medio o clase media.

Señalan, además, como signo de avances, la creación de nuevas empresas, de nuevos empleos, y el crecimiento de las grandes cadenas comerciales. Y ponen como ejemplo al grupo Ramos que en 1996 tenía 10 centros comerciales y hoy tiene 49. Destacan, además, como signo de progreso el aumento del parque vehicular y de la inversión extranjera en el país.

Otros aspectos que destacan los autores  son la aprobación de la nueva Constitución (2010) y de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12).  Destacando, además, la importancia de la puesta en práctica de algunas medidas orientadas a transparentar la gestión pública y a prevenir y combatir la corrupción, como la ley de Acceso a la Información Pública.

Uno de los problemas principales de los informes de la gestión del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo en los últimos años,  es que los datos que han dado no siempre son creíbles para una buena parte de la población, pues generalmente se enfocan en datos macroeconómicos, en variables e indicadores muy discutibles y no en la situación económica y social de la mayor parte de la población. Algunos de ellos se basan en datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Central o de la CEPAL, que utilizan variables e indicadores, como la cantidad de dólares que recibe una persona por día, que de hecho son mundialmente cuestionados.

El plan de gobierno 1916-1920 presentado por el ministro de la presidencia G. Montalvo en el pasado mes de abril y en el discurso de D. Medina, del pasado 16 de agosto, coinciden en destacar los logros de la pasada gestión gubernamental 2012-2016 y presentan las principales líneas de acción para el próximo período gubernamental.

Algunas de las voces más críticas de la sociedad coinciden en cuestionar los resultados de la auto evaluación de la pasada gestión hecha por el oficialismo. Participación Ciudadana ha hablado del necesario compromiso de enfrentar la falta de institucionalidad en el país, los altos precios de los alimentos, la corrupción y la impunidad, elevar el presupuesto para el sector salud y garantizar la seguridad ciudadana a la población. PolétikaRD, por su lado, planteó la ausencia en el discurso del pasado 16 de Agosto de acciones concretas orientadas a prevenir la violencia contra la mujer. Mientras que J. Rijo, especialista en asuntos presupuestarios, destacó la falta del tema del pacto fiscal, estipulado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12).

Algunos de los temas tratados tanto en la evaluación del informe de Montás y Villamán, como en lo propuesto en el programa de gobierno (2016-2020), así como en el discurso de Danilo Medina, requieren de una mayor profundización. Sobre eso volveremos en próximas entregas.


De momento sigue siendo oportuno fortalecer la práctica ciudadana de evaluar a las gestiones gubernamentales, así como a los funcionarios, por sus resultados, por sus políticas y estrategias orientadas al Bienestar colectivo. Pues sigue siendo necesario tener razones válidas y bien fundamentadas para creer, para confiar en las propuestas presentadas para la  gestión 2016-2020. Ahí está el desafío de la sociedad crítica, quien debe seguir manteniendo la duda estratégica, la vigilancia oportuna y continua, así como la disposición permanente para exigir prácticas creíbles, en una sociedad en donde la palabra hueca está muy devaluada.

sábado, 13 de agosto de 2016

Funcionarios ilegítimos, vigilancia y presión ciudadanas

Por Franklin Pimentel Torres. 13 de agosto de 2016
Los aportes del informe final sobre las elecciones de Participación Ciudadana nos puede ayudar a definir algunas de las principales acciones y acontecimientos, por las que las nuevas autoridades elegidas, tanto del nivel local, municipal, congresual, y presidencial son, la mayor parte de ellas, ilegítimas.
En la próxima semana, a partir del 16 de agosto, asumirán funciones públicas nuevos/as funcionarios/as o funcionarios que repiten en el cargo. No obstante, para un conjunto de personas y organizaciones es necesario mantener una postura crítica y vigilante, pues la mayoría de las y los elegidos ocuparán sus cargos legalmente, según las reglas de juego establecidas, pero lo harán ilegítimamente, porque los medios utilizados para llegar al poder no son ni ética ni políticamente legítimos.

Los aportes del informe final sobre las elecciones de Participación Ciudadana nos puede ayudar a definir algunas de las principales acciones y acontecimientos, por las que las nuevas autoridades elegidas, tanto del nivel local, municipal, congresual, y presidencial son, la mayor parte de ellas, ilegítimas. Entre éstas podemos señalar:

1.    La reelección presidencial debilitó la institucionalidad democrática, involucrando a gran parte de la estructura del Estado, generando desigualdad entre las y los candidatos y restando legitimidad a los resultados. De hecho además del primer mandatario, se reeligieron el 90% de las y los senadores, tres cuartas partes de los diputados/as y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

2.    La reelección llevó consigo acuerdos de impunidad que llevaron a la Suprema Corte de Justicia a declarar un no ha lugar ante un expediente por corrupción contra el senador Félix Bautista que involucraba la irregularidad en el manejo de más de 26 mil millones de pesos. A esto se sumó la complicidad del Procurador F.D. Brito al no apelar el caso ante la Suprema Corte, supuestamente por no confiar en la competencia y en la ética de dicho tribunal.

3.    Desigualdad y acaparamiento de los recursos públicos provenientes del fisco entre los partidos PLD, PRD y PRSC, quienes entre los tres recibieron el 80% ($1288 millones de pesos), mientras que el PRM, principal partido opositor, sólo $12 millones. Además, de 26 partidos reconocidos los restantes 23 y varios movimientos municipales y provinciales apenas recibieron entre todos $321.1 millones de pesos.

4.    Incremento del déficit fiscal del gobierno nacional y local para favorecer a las candidaturas de del PLD y sus partidos aliados. Sólo en el primer trimestre del año el déficit alcanzó los 34 mil millones de pesos. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio hasta alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes para las caravanas gastó 11 millones diarios; e igual suma en publicidad y propaganda.

5.    La JCE no cumplió con sus compromisos y se hizo de la vista gorda ante la violación de los principios de libertad y equidad y transparencia. Apenas adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña, relacionadas con la prohibición de los vehículos estatales en el proselitismo, y que los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad de acceso a todos los candidatos presidenciales. Naturalmente esto se cumplió a medias.

6.    Gasto excesivo y poco transparente en la compra de equipos electrónicos a la empresa Indra Sistemas por US$31,831,680, sin concurso público transparente y desechando otras ofertas menos costosas. Además, se hizo un gasto excesivo en la logística para las votaciones, de tal manera que cada voto costó en promedio unos $US28.77 dólares, el más elevado de la región.

7.    Innumerables crímenes y delitos electorales entre los que se pueden identificar: compras de cédulas y de votos, de miembros de colegios y de delegados partidarios; acoso al ciudadano; la conversión de las elecciones en un libre mercado; campaña electoral en plena jornada de votación; venta de bebidas alcohólicas; y numerosos delitos en el conteo de los votos.

8.    Manejo abusivo en el conteo de los votos, en el manejo de las urnas electorales y en la anulación arbitraria de los resultados de diferentes colegios electorales. Destacándose las juntas del Distrito Nacional que anuló la votación en 153 colegios electorales, la de Santo Domingo Oeste que anuló los resultados de la votación en 147 colegios, básicamente en los niveles congresual y municipal. En el municipio de Santo Domingo Norte se recibieron 157 actas de colegios sin completar el cómputo en su mayoría, de los diputados. La Junta de San Juan le “asignó” 160,000 votos más a los candidatos a diputados del PLD, con la supuesta intención de asegurar “la victoria aplastante” del senador Félix Bautista.

Varias organizaciones e instituciones sociales se han pronunciado sobre la necesidad de reformas imprescindibles relacionadas con el tema de la organización y realización de las elecciones y el papel de los partidos políticos y el de las organizaciones sociales y comunitarias para lograr mayores niveles de institucionalidad y transparencia.

Participación Ciudadana, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IID) de reciente articulación y el CONEP, a través de su presidente Rafael Blanco, han resaltado la necesidad de aprobar una nueva Ley General del Régimen Electoral, y una ley de Partidos y agrupaciones políticas, y la necesidad de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas y de las Altas Cortes con suficiente independencia de los poderes económicos y partidarios. Llamaron a la atención sobre la necesidad de elegir los miembros de la JCE y del tribunal superior de elecciones con capacidad y ética profesional, evitando elegir a dirigentes activos de partidos políticos.

Para que la vigilancia y la presión social sean una realidad la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática afirma la necesidad de: “Apoyar las iniciativas de las organizaciones sociales para que participen de manera activa y permanente como veedores sociales de las acciones del Estado desde sus comunidades y organizaciones, exigiendo el cumplimiento de su responsabilidad y la prestación de los servicios que le corresponde proveer a la población”.

De poco servirá hacer nuevas leyes si no hay una vigilancia constante y una presión social organizada para que las mismas se cumplan. En ese sentido el informe de PC concluye: “Solo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación”.


En definitiva aunque muchos de los nuevos funcionarios o de los viejos reelegidos sean ética y políticamente ilegítimos, por las razones explicadas más arriba, es necesario exigirles, de manera organizada, y desde los diferentes niveles, local, regional y nacional, responsabilidad, transparencia y eficiencia en el desempeño de la función pública asumida.

sábado, 6 de agosto de 2016

Alianzas y pactos estratégicos para la reapertura democrática del país

Por Franklin Pimentel Torres. 6 de agosto de 2016 0
Se habla de algunos pactos políticos y económicos pendientes, los cuales ya fueron postulados en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12): el pacto fiscal y el pacto eléctrico.
El pasado proceso eleccionario y los cuestionados resultados de los comicios, considerados por algunos analistas como unos de los más fraudulentos y poco transparentes de la historia nacional, demandan la necesidad de realizar alianzas y pactos, entre los diferentes sectores sociales, económicos, políticos y comunitarios para lograr alianzas, convenios y pactos para el fortalecimiento democrático e institucional del país.

Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia (APD),  aseguró en esta semana que se requiere que todos los partidos de la oposición,  y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil se unan para hacer presión con la finalidad de lograr la “reapertura democrática” del país. Señaló que nos encontramos en un momento de “trance institucional muy difícil de la vida de la historia del país, situación que no lo podrá resolver nadie solo”.

Estamos a días del inicio de una nueva administración gubernamental, con funcionarios elegidos tanto en el nivel nacional, congresual, como en los gobiernos locales. En estos niveles se trata, en la mayor parte de los casos, de funcionarios pertenecientes a los partidos del “Sistema”: PLD, PRD, PRSC, PRM y una exigua representación de partidos pequeños. Si tomamos en cuenta las prácticas cotidianas de los partidos y gobiernos, que han gestionado al país en los primeros 15 años del presente siglo XXI, podemos señalar entre los principales retrocesos democráticos e institucionales, los siguientes:

1.- Un poder ejecutivo, nacional y municipal, cada vez más centralizado en una persona que a su vez es dependiente de poderosas corporaciones económicas y partidarias.
2.    Un congreso que legisla al servicio de los intereses del poder económico y partidario, y de sus propios intereses, y que en la mayor parte de los casos no realizan una representación real de los territorios en donde fueron elegidos.

3.    Una justicia maniatada y dependiente del poder de las corporaciones económicas y partidarias quienes son los que tienen la potestad de elegir, poner y quitar a jueces y funcionarios del área judicial como en el caso del procurador general de la República. Entre las sentencias más cuestionadas de estos años está la sentencia relacionada con el caso de la Sun Land (2008), el veredicto de “no ha lugar” en el caso de acusación contra el actual senador por San Juan, Félix Bautista, y la fatídica sentencia 168-13 (2013), que desnacionalizó a más de 200,000 personas dominicanas de origen, fundamentalmente, haitiano.

4.- Aumento excesivo de empleados públicos, de “nominillas” y de gente que cobra sin trabajar, bajo los títulos de “asesores”, “supervisores”, “empleados temporeros”…

5.- Falta de empleos dignos y fortalecimiento del clientelismo en programas de “asistencia social” y de “transferencias condicionadas”.

6.- Economía dependiente de fuentes externas de producción: turismo, zonas francas, remesas, tráfico y consumo de drogas y de armas. A esto se añade las consecuencias de la quiebra de los bancos en los años 2003-2004, así como el excesivo endeudamiento público, interno y externo, además de los grandes déficits fiscales, como los creados en los períodos electorales y post-electorales del 2012 y del 2016.

7.- Una reforma constitucional elaborada por los congresistas sin participación popular (2010). A esto se añade las sucesivas reformas constitucionales hechas para fortalecer el presidencialismo, la imposición de proyectos reeleccionistas (2002, 2010,2015) y el poder de determinada corporación económica y partidaria. Esto llevó a que algunos de los avances de la reforma constitucional del 1994, que prohibía la reelección consecutiva e instituía la separación de las elecciones presidenciales y congresuales fueran echados hacia atrás en la Constitución del 2010.

8.- Un sistema de partidos sin formación política y sin ideologías éticas que genera funcionarios públicos sin sentido del deber y del servicio a los mejores intereses de la nación.

El representante del CONEP, Rafael Blanco Canto, habló a finales del mes de Junio pasado, y en el contexto del debate post-electoral, de cuatro pilares fundamentales para sostener un pacto social, económico y político. Se refirió a la necesidad de la aprobación de nuevas leyes:  Ley Electoral, de  Partidos y de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. Se refirió, además, el líder empresarial, a la necesidad de  trabajar por  lograr la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas con los procesos eleccionarios y el adecuado manejo fiscal de los recursos públicos.

Entre los pactos políticos más significativos que han sido logrados en el país en las últimas dos décadas están los acuerdos políticos realizados en 1994, en medio de una crisis post-electoral, así como la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2012), la asignación real del 4% del PIB para la educación inicial, primaria y secundaria (2013), y el pacto por la Educación (2014).

Se habla de algunos pactos políticos y económicos pendientes, los cuales ya fueron postulados en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12): el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Hay quienes postulan también que hacen faltan otros pactos, como el relacionado con el aumento del presupuesto para el área de la salud y para el cuidado ambiental, así como el pacto por la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción impune.

En definitiva, lo más importante no es elaborar pactos que se quedan en papeles y documentos, sino que los diferentes sectores sociales, y en particular el gubernamental, hagan lo posible para que lo acordado se cumpla. Es ahí en donde se debe poner el énfasis.  Pero eso solo será posible si hay una constante y articulada responsabilidad, vigilancia y presión social. Solo así se logrará la “reapertura democrática” del país, propuesta por M. Puig