Una realidad sentida y sufrida por
amplios sectores de la sociedad dominicana es la corrupción que permea las
relaciones inter-personales, familiares, comunitarias, económicas, políticas y
con el ambiente natural. Y lo más preocupante es que ésta se queda sin castigo,
sin sanción; lo cual se convierte en un incentivo para continuar la práctica de
conductas sustentadas en la búsqueda exclusiva, individual y grupal, de poder y
de dinero a cualquier precio.
El diccionario de la Real Academia
define a la corrupción como: “Práctica consistente en la utilización de las
funciones y medios de las organizaciones e instituciones, especialmente las
públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En la
sociedad dominicana cuando hablamos de corrupción nos referimos,
principalmente, a las prácticas económico-políticas, realizadas y promovidas
por el liderazgo partidario, económico, militar, religioso, congresual y
judicial para apropiarse, en beneficio personal y grupal, de las riquezas y
bienes públicos.
Recientemente Participación Ciudadano
publicó un libro que contiene un estudio sobre 94 casos de corrupción impune en
el país, entre los años 2000-2013. Ya PC lo había hecho, anteriormente, con la
investigación: “20 años de impunidad” (1983-2003). Los casos denunciados en
esta ocasión están enfocados, principalmente, en instancias gubernamentales;
por lo tanto se trata de denuncias sobre la malversación de los fondos
públicos, en beneficio de grupos o personas particulares. Entre esas
denuncias tenemos, por número de casos: ministerios (35), ayuntamientos
municipales (16), organismos centralizados (10), direcciones generales (9),
organismos descentralizados (8), consejos y comités (7), empresas públicas (3),
instituciones financieras (3), policía nacional (1), senado de la República
(1).
El documento de PC no hace un análisis
de cada caso; se limita a recopilar las investigaciones periodísticas
aparecidas, principalmente, en los programas de investigación de Nuria Piera,
de Alicia Ortega y de los medios digitales 7días.com y Acento.com.do, entre
otros.
Es urgente que estos casos de corrupción
impune no sólo se expongan en los medios de comunicación ose estudien en las
academias e instituciones que se dedican al análisis de la realidad económica,
política, cultural y ambiental del país. Es necesario ir más allá. Es un reto
ir a las causas profundas, a las raíces del gigantesco árbol de la corrupción
pública y privada. Entre estas causas está una cultura de la búsqueda
individual, grupal o partidaria de dinero y poder en desmedro del bienestar
común, a todos los niveles de la sociedad dominicana; además, una tradición
autoritaria por la que quienes han gobernado y gobiernan actualmente se
consideran dueños de la cosa pública y establecen relaciones clientelares y de
dependencia, sobre todo con la población de los sectores más empobrecidos
excluidos, y manejan un sistema judicial maniatado y dependiente de los
principales grupos económicos y de las corporaciones partidarias que los
sustentan: PLD, PRD y PRSC.
Reconozcamos el valioso aporte de las y
los periodistas y medios que denuncian la corrupción impune y que están
comprometidos con la cultura de la transparencia. Agradezcamos a instituciones
como Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa, el Centro Bonó, Ciudadanos
Contra la Corrupción (C3), Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco),
entre otras. Pero no nos quedemos ahí. Sigamos avanzandocon los procesos de
concientización y articulación popular contra este grave mal,desde los
diferentes espacios comunitarios e instituciones educativas.
El gran desafío de las organizaciones
sociales, comunitarias y populares, de los diferentes sectores que creen en la
posibilidad y en la necesidad de cambiar este estado de cosas es indignarse,
articularse y promover acciones concretas orientadas a promover prácticas
ético-políticas que ayuden a transformar la presente realidad.
Se hace urgente promover campañas
permanentes de concientización –en las familias, las instituciones educativas,
en los medios de comunicación social- sobre la necesidad de promover las
prácticas honestas en el manejo de la cosa pública, de castigar la corrupción
impune, y colaborar a generar un proyecto político-partidario alternativo,
compuesto por personas y grupos que sean capaces de anteponer el interés
nacional al interés partidario e individual y que puedan colaborar al
surgimiento de un sistema de justicia que actúe con independencia y que sea
capaz de priorizar el bienestar colectivo.
¿Es esto una utopía en la sociedad
dominicana actual? Puede ser. Pero como ha dicho Eduardo Galeano, “La utopía
está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte
se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso;
sirve para caminar”.

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