El domingo 12 de agosto se celebró, de
manera multitudinaria, la Marcha del Millón, en las calles de Santo Domingo.
Tal como han dicho sus organizadores, poco importa el número exacto de la
cantidad que participaron en dicha actividad. Lo importante sigue siendo los
motivos y el compromiso ciudadano demostrado por cada persona participante, así
como del equipo organizador, que hizo un gran esfuerzo por crear las
condiciones para que la marcha se realizara y que pudiera dejar a la
población el mensaje de disposición, de unidad y de lucha contra la corrupción.
La consigna coreada: “Somos un pueblo unido y de pie”, resumió la actitud y la
postura de las y los presentes en la marcha.
En poco más de un año se han realizado
dos significativas marchas nacionales contra la corrupción y la impunidad. La
primera el 16 de Julio, 2017 y la segunda el 12 de agosto del presente año,
2018. Ambas han concluido en el histórico y significativo Centro de los Héroes
de Constanza, Maimón y Estero Hondo y se han celebrado en torno a dos hechos
históricos importantes para la memoria de la conciencia ciudadana y política:
la fundación de la Sociedad La Trinitaria (16-6-1838) y la llamada Restauración
de la República (16-8-2018), la que muchos historiadores consideran como la
verdadera independencia nacional.
¿Cuáles fueron los principales
planteamientos hechos en las proclamas de ambas marchas verdes?
1.- Quienes hacen la proclama son
representantes legítimos de un colectivo amplio que integra a diferentes
sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a aquellas personas de la
diáspora dominicana que se han movilizado en los diferentes países de
emigración: “Nosotras y nosotros, maestras, chiriperos, artistas,
profesionales, amas de casa, estudiantes, empresarios, empleados, religiosos,
campesinos y campesinas, ciudadanas y ciudadanos del Norte, el Sur, el Este, el
Oeste y la diáspora del país, que vestidos de esperanza reclamamos Justicia en
cada rincón de la Patria, estamos siendo protagonistas de las más ejemplares,
masivas, diversas y contundentes manifestaciones cívicas contra el lodazal
político e institucional que nos oprime”.
2.- La movilización popular se ha hecho
con un propósito muy concreto: “Por más de un año y ocho meses, y utilizando
las más diversas y esperanzadoras formas de participación cívica, pacífica y
familiar, hemos ejercido nuestros derechos y cumplido con nuestro deber
movilizándonos en todo el territorio nacional y la diáspora, denunciando los
agravios del actual régimen de corrupción e impunidad, y exigiendo sanciones
contra la delincuencia política instalada o asociada a la actual dirección del
Estado”.
3.- Aunque se pide sanción contra todos
los actos de corrupción y en particular con relación a los hechos relacionados
con la multinacional mafiosa Odebrecht, la proclama ha priorizado el caso de
Punta Catalina, con la sospecha de que en el mismo, por sobornos y
sobrevaluación, estaría involucrado el mayor monto de dinero de la corrupción,
agravada con intentos evidentes desde el poder partidario y judicial, para que
este caso se quede en la más absoluta impunidad. Por eso se dice: “Nosotras
y nosotros estamos profundamente convencidos de que el proyecto Punta
Catalina es un cuerpo del delito, y de que la delincuencia política está aliada
a los más antidemocráticos grupos empresariales y sociales para mantener a
nuestro país embarrado con el lodo de la corrupción y la impunidad”.
4. Se identifica a personas concretas
involucradas, comenzando por los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía
y sobre todo al actual presidente Danilo Medina, para quien se ha
solicitado sometimiento judicial y juicio político. “Es inaceptable
cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los
expresidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los
contratos, y de Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de
los contratos y quien públicamente ya se puso a la disposición del procurador
Jean Alain Rodríguez”. Y continua la proclama señalando: “Para alcanzar el fin
de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo
Medina, porque existen claros indicios de responsabilidad de su gobierno en la
licitación irregular y la sobrevaluación de Punta Catalina; porque con sus
maniobras políticas ha convertido las acciones del Ministerio Público en un
“mareo” mediático y en un obstáculo para la aplicación de Justicia”. Y se
nombran otras personas del entorno del poder, a quienes se considera
involucradas en la gran trama de la corrupción y la impunidad: “Para alcanzar
el fin de la impunidad es ineludible la investigación de los funcionarios y
congresistas Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo,
Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo, Abel
Martínez y otros responsables de aprobar o gestionar los contratos de
la multinacional mafiosa”.
5.- Llamada urgente a la unidad en
vista a impulsar cambios estructurales en el país. En la proclama del 16 de
julio del 2017 se decía: “Convocamos a las mujeres y hombres de trabajo, a los
comerciantes, empresarios, religiosos, estudiantes, pensionados y a todo el
pueblo dominicano a una gran unidad nacional, para intensificar la lucha verde
contra la corrupción y la impunidad en cada paraje, municipio y provincia, como
un aguacero ciudadano indetenible, que barra el lodo de las instituciones y el
sistema político corrompido y deje a nuestro país bañado de justicia, bienestar,
democracia y esperanza”. Y en la proclama de la marcha del pasado 12
de agosto el llamado se hizo más específico: “Proclamamos nuestro
compromiso ciudadano inquebrantable de comenzar desde este preciso momento a
consensuar e impulsar con los más diversos sectores las reformas estructurales
indispensables para sacar de una vez y para siempre a la delincuencia política
y a sus aliados económicos, empresariales y militares de las instituciones y de
todos los ámbitos de la vida en común del pueblo dominicano”.
Es evidente que las proclamas de la
Marcha Verde están planteando la unidad de amplios sectores sociales
para sacar del Estado a los actuales incumbentes, corruptos y protectores de la
impunidad; pero se queda corta en la propuesta de estrategias para lograr estos
objetivos. Se queda corta, sobre todo, en las propuestas de cambios
estructurales, en la necesidad de una asamblea constituyente, en las propuesta
de modificación de la forma de composición y selección del poder político, en
el método de elección del Poder Ejecutivo, en la conformación del poder
legislativo, y, sobre todo, en la independencia y transformación del
poder judicial.
Será necesario seguir analizando las
perspectivas y desafíos futuros de la Marcha Verde y sobre todo, seguir uniendo
voluntades indignadas, iniciativas novedosas y esperanzadas, así como sueños
realizables, pues la unidad y el consenso entre los diferentes sectores del
país, incluida la diáspora, debe estar orientada a la definición de un proyecto
país institucionalizado, con equidad social, con un liderazgo ético, con
instituciones fuertes y con una ciudadanía consciente y comprometida, desde
cada territorio, “para sentar las bases de una República Dominicana con
justicia, dignidad y prosperidad para todos y todas”.
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