Franklin
Pimentel Torres. 23-9-2016
Vivimos en un
contexto social, isleño, caribeño, latinoamericano y mundial en donde hay
grandes desigualdades generadoras de violencia y exclusión social. Las riquezas
están en pocas manos.
La campaña Internacional “Iguales” asumida por la ONG
OXFAM ha revelado que cerca del 1% de la población mundial tiene la mitad de
las riquezas mundiales.
Joseph Stigliz,
premio nobel de economía (2001) escribió hace unos años un interesante libro,
titulado “El precio de la desigualdad” (2011), a partir del contexto económico
y social de Estados Unidos de América. Su tesis principal es que el 1% de la
población acumula lo que el 99% necesita para vivir.
La sociedad a la que
se refiere J. Stigliz en su libro es la que fundamenta su economía en elementos
como la producción y venta de armas, en el tráfico y consumo de drogas y en la
promoción y sostenimiento de conflictos bélicos en otros países y territorios. Por
eso la violencia, fruto de la desigualdad social y el aumento de la pobreza, se
ha incrementado dentro del territorio norteamericano, sobre todo a partir de
los atentados de septiembre del 2001. Con frecuencia escuchamos noticias
relacionadas con personas que realizan matanzas colectivas en sitios públicos.
Incluso el periódico inglés “El Guardián” ha revelado en esta semana que en lo
que va del año 2016 la policía en USA ha matado a unos 192 jóvenes de
procedencia afroamericana.
En el ámbito local se
cumplieron en esta semana los tres años de la fatídica sentencia 168-13
(23-9-2013), que desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas sobre todo
de origen haitiano. Eso provocó una reacción de los mismos afectados, de los
organismos defensores de los derechos humanos dentro y fuera del país, una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una constante
crítica de personajes como Mario Vargas Llosa y críticas de organismos
internacionales como Amnistía Internacional, que desde el conocimiento de la
sentencia ha dado seguimiento al tema de la desnacionalización de las hijas e
hijos de inmigrantes.
De hecho, en esta
misma semana un representante de Amnistía Internacional estuvo en la Casa de
Gobierno, para presentar unas 50,000 firmas provenientes de personas e
instituciones de 134 países, solicitando al Gobierno dominicano la aplicación
de “medidas urgentes” para hacer frente a la crisis de personas apátridas en
República Dominicana, afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional.
En varios artículos
publicados en el digital Acento, mantuvimos la tesis que detrás de la sentencia
168-13 estaban los grupos más conservadores de las élites económicas y
partidarias, que intentan mantener a la población migrante haitiana y a las y los
trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana en una situación de nueva
forma de esclavitud, obligándoles a trabajar por salarios de miseria, sin las más
mínimas condiciones laborales y haciendo lo posible para que no obtengan sus
documentos legales, pues esto permitiría que las y los trabajadores migrantes,
negros y pobres, puedan reclamar sus derechos. Además, defendimos la tesis de
que para mantener esta situación había habido, desde hace varias décadas, una
alianza económica y partidaria, legislativa y judicial estratégica entre la
oligarquía dominicana y la haitiana.
Las consecuencias de
la sentencia 168-13 han generado desigualdad en muchas familias, en los puestos
de trabajo y en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto ha generado
violencia, frustración, cierre de puertas y oportunidades para desarrollarse
como personas y ciudadanos.
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, en su intervención en esta semana en la 71ª
Asamblea General de la ONU, criticó duramente al sistema
capitalista, señalando que "actúa contra la dignidad del ser humano"
y "la soberanía de nuestros países". Aseguró que "una de cada
cien personas en el mundo es refugiada, debido "al calentamiento global o
por guerras e invasiones imperiales, como el caso de los desplazados de Siria,
Libia e Irak". Morales exhortó a la construcción de una "ciudadanía
universal y una única Patria grande donde los pueblos vivamos en armonía y como
parte de una familia común".
En esta semana, además, los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados,
reunidos en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de
la XVII Conferencia Cumbre, del 17 al 18 de septiembre de 2016, bajo el tema
"Paz, soberanía y solidaridad para el Desarrollo", realizaron un
examen del estado de la situación internacional. Entre otros aspectos significativos:
“Reafirmaron sus intenciones de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que
supone a la especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en
particular las armas nucleares”. Además, “Subrayaron la importancia de promover
el respeto a la diversidad cultural, social y religiosa, a fin de promover una
cultura de paz, tolerancia y respeto entre sociedades y naciones, mediante el
diálogo intercultural, interreligioso y entre civilizaciones”.
En Colombia, después
de más de 50 años de conflicto bélico se ha llegado a un acuerdo de paz entre
el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho
acuerdo intenta acabar con una violencia histórica contra la población civil
ejercida por el gobierno, por los militares y por la guerrilla. Las FARC
siempre han defendido que el motivo principal de la lucha armada es el logro de
una sociedad más igualitaria. Por eso en esta nueva etapa, luego de firmar el
acuerdo de paz, intentan incidir en las políticas económicas y sociales, a
través de la formación de un partido político y la participación en los
mecanismos e instituciones del sistema democrático.
La reflexión sobre la
desigualdad, la violencia y la construcción de la cultura de paz, en espacios
educativos, culturales y comunitarios sigue siendo un desafío constante. De
hecho en los grupos de base articulados en la Red Ecuménica Bíblica Dominicana
(REBIDOM) se ha estado reflexionando durante este mes de septiembre, sobre
temáticas relacionadas con la desigualdad, la violencia, y los caminos para
trabajar por la justicia y la inclusión social.
No basta, sin
embargo, con quedarse en la reflexión sobre temas tan actuales como la
desigualdad y la violencia estructural. Es necesario generar, asumir y apoyar propuestas
y proyectos orientados a avanzar en el proceso de erradicar estos males en
nuestro territorio isleño, caribeño, latinoamericano y mundial. Es así que se avanza
en la difícil construcción de la superación de la violencia y la creación de
una cultura de equidad y de paz.
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