Avances y desaciertos en la ejecución del 4% para la educación

Franklin Pimentel, 30-9-2016

Sectores sociales diversos de la sociedad dominicana unificaron esfuerzos para exigir el aumento significativo de la inversión en la educación pública en sus niveles inicial, primaria, secundaria, formación técnico profesional para el trabajo, así como de los diferentes niveles de los subsistemas de educación de personas jóvenes y adultas y de educación especial, tal como está estipulado por la ley de educación 66’97.

La campaña por el 4% del PIB para la educación que tuvo su origen en una reunión con líderes de diferentes organizaciones, tenida el 20 de octubre del 2010, en el marco de la mesa de políticas sociales y económicas del Foro Ciudadano, se extendió rápidamente a todo el país; fue apoyada por sectores sociales muy diversos. Un paso de avance significativo fue lograr que los candidatos a la presidencia firmaran en septiembre del 2011 el Pacto Social y Político por la educación. Entre estos candidatos que firmaron el documento estuvo Danilo Medina, quien luego se convirtió en presidente de la República.

La pasada gestión gubernamental (2012-2016) asumió el mandato constitucional de presupuestar y ejecutar el 4%. A partir del año 2013 se aumentó significativamente la inversión en educación, hasta llegar en los años 2013 a un 3.9% y en el 2014 a un 3.8% de la ejecución.

Puesto que no se trata de gastar el dinero público de cualquier manera. La pregunta clave es si el aumento de la inversión en educación ha servido para mejorar la calidad, equidad y dignidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza en la educación pública dominicana. Por eso esto es conveniente que valoremos algunos datos del informe presentado recientemente por EDUCA, titulado: “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana”.

Entre los avances más significativos en la ejecución del gasto público en educación, entre los años 2013-2016, presentados en el informe de EDUCA podemos destacar los siguientes:

1.- Entre el 2012 y el 2014 se aumentó el presupuesto para la educación de 2.5 a 4% del PIB y lo ejecutado del 2.2 al 3.9%. Para 2016, dicho presupuesto contó con unos 129,000 millones de pesos, equivalentes a más de 2,800 millones de dólares.

2.- Aumento significativo en los recursos destinados al pago del personal docente y administrativo. En efecto, el número de maestros aumentó en 18,103 entre diciembre 2011 (65,933) y agosto 2015 (84,041) para  un incremento de 27%. Según los datos publicados por el MINERD, en 2013 y 2014, el gasto en personal representó RD$38,391 millones, RD $47,934 millones respectivamente, mientras que se esperaba que alcanzara los RD $54,141 en 2015.

3.- Aumento significativo en la inversión en formación de educadores/as: Se pasó de una  ejecución de $RD1500 millones  en 2012 a 3,000 millones en 2015.

4.- El salario de las y los docentes (2 tandas o jornada extendida, 8 horas) aumentó a aproximadamente a $800 dólares mensuales.

5.- Han aumentado significativamente los recursos económicos descentralizados que se asignan a los centros educativos, para gastos administrativos y logísticos. En el 2013, por ejemplo, el gasto descentralizado creció en un 265% en relación con el año anterior, pasando de RD$1,259 millones a RD$4,600 millones, equivalente a RD$ 2,334.62 por estudiante del sector público.

6.- Han sido construidas un número significativo de aulas y de nuevos planteles educativos. En noviembre del 2015 el MINERD informó que se habían construido 22,508 nuevas aulas y otras habían sido reconstruidas.

7.- Ha habido un aumento significativo en la inversión en la alimentación escolar. En el 2014, por ejemplo, se ejecutaron uno $7,526 millones en este renglón.

8.-  A través del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), se han construido y puesto en funcionamiento unos 38 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) o estancias infantiles para atender a niños y niñas desde los cuarenta y cinco (45) días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses. 

 Entre los principales desaciertos de la administración 2012-2016 en la ejecución presupuestaria podemos señalar:

1.- Inversión desproporcionada en la construcción de aulas y edificios, mientras se han descuidado otros renglones como los materiales educativos y la supervisión del personal docente. En algunos lugares se ha reportado que ha habido un costo excesivo de hasta $3.5 millones por aula.

2.- Falta de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades y al país del manejo de los recursos que se aplican a la construcción de aulas y a la alimentación escolar, entre otros renglones. En este sentido el informe de EDUCA señala explícitamente: “Uno de los esfuerzos que se debe destacar en pro de la promoción de transparencia del gasto en infraestructura es la realización de los sorteos de aulas y estancias infantiles. Sin embargo, este proceso ha presentado debilidades. Algunos actores de la sociedad civil han denunciado casos de venta de adjudicaciones entre contratistas, lo cual va en perjuicio de la calidad y el tiempo de entrega de las construcciones” (pág. 130).

3.- Aumento excesivo del personal administrativo. Entre 2011 y 2015, el gasto directo en personal aumentó en un 155% (RD$39,004.75 millones), como resultado del incremento de la plantilla docente en un 40%, de la plantilla administrativa en un 80% y de los salarios del personal en un 40%. En diciembre de 2015, el sistema educativo dominicano requería de 145,229 empleados, no obstante, el personal contratado a la fecha ascendía a 172,385, para una diferencia de 27,152 empleados, es decir un 18.7% por encima de lo requerido.

4.- Excesivo gasto en publicidad: de 25 millones presupuestados en el 2013 se gastaron 67 millones; en el 2014, aún más, se gastaron a 451. Y probablemente hubo un aumento mayor en los años 2015-2016, en el contexto de la campaña electoral pasada.

Los datos del informe de EDUCA han sido elaborados a partir de la información oficial del MINERD. Su visión parte de la óptica empresarial que les propia. Y aunque es necesario valorar este aporte a la investigación sobre el gasto público en educación, sería importante poder obtener nuevos datos obtenidos de investigaciones realizadas directamente en los centros educativos, y en las instancias de gestión distritales y regionales y esto por actores independientes de los centros de los poderes económicos, partidarios y gubernamentales.

Las organizaciones sociales que lucharon por el aumento de la inversión pública para la educación tienen el gran desafío de darle seguimiento a la ejecución del 4% del PIB, desde los diferentes niveles del sistema educativo, partiendo de lo más cercano, del centro educativo y el nivel comunitario. Y la preocupación tiene que operativizarse adecuadamente, pues la lucha por el buen uso y la transparencia en el uso de los fondos públicos debe estar orientada a mejorar la calidad, equidad y dignidad de los procesos educativos. En una próxima entrega nos detendremos a reflexionar sobre esta importante temática.