Pensiones: desigualdad, negocio y perspectivas

Franklin Pimentel Torres - 29 de octubre de 2016 -

Desde hace varios años un colectivo de migrantes haitianos, que llegaron al país contratados por el Estado Dominicano desde el tiempo de la invasión norteamericana (1916-1924), están reclamando que se les conceda una pensión, como justo fruto de un trabajo hecho en condiciones de semi-esclavitud. Trabajo con el cual se han enriquecido los funcionarios de los gobiernos dominicano y haitiano, así como los dueños de los ingenios. De hecho lo que están reclamando los cañeros y sus descendientes es una mísera pensión de unos $RD5000 mensuales.

Hablar de pensiones dignas, como parte de la seguridad social, es un desafío grande en la República Dominicana. Lo primero que hay que destacar es que en las mismas existe un desorden, que refleja los niveles de inequidad existentes en la sociedad dominicana. Mientras que la mayoría de las y los trabajadores no tiene ningún tipo de pensión y para muchas otras personas la seguridad social en la vejez está en manos de los hijos e hijas, familiares o vecinos cercanos que se preocupan por ellos y por ellas, las grandes élites económicas como los funcionarios de la élite económica gubernamental. Los legisladores y los jueces de las “altas cortes”, tienen una pensión de lujo, sin ajustarse a las mismas reglas de juego por las que tienen que regirse las y los obreros comunes.

Recientemente la Fundación Juan Bosch dio a conocer los resultados de una excelente investigación, titulada: “Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?”. El estudio se hace a los 15 años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene como base legal la ley 87-01. El estudio logra muy bien su propósito de ser una radiografía del sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) y hace buenas propuestas para un nuevo modelo de pensiones, que realmente aporte significativamente a la mejora y cobertura de las pensiones, y por tanto de la calidad de vida de las personas de la llamada “tercera edad”.

Entre los hallazgos más importantes del estudio hecho por  la Fundación Juan Bosch, están:

– El sistema de pensiones instaurado en República Dominicana con la ley 87-01 se inscribe en su diseño dentro del proceso de reformas de las pensiones que durante la década de los ’90 fue hegemónico en América Latina y el Caribe. En este sentido el caso modelo tomado en cuenta ha sido el sistema chileno que se implementó en los años ochenta.

-El camino asumido en la reforma de pensiones por la República Dominicana constituyó un modelo de mercado (mercantilización de las pensiones), debido a que incorpora la cuestión financiera propia del esquema de capitalización individual.

-Aunque en los últimos años ha aumentado la cobertura de personas que cotizan en el sistema de pensiones dominicano, actualmente solo un 32.3% de la Fuerza de Trabajo está cubierto, lo cual representa un porcentaje muy bajo.

– Entre 2003 y 2015 la densidad de las pensiones; es decir, la relación entre cotizantes y afiliados/as, disminuye de 58.5% a un 49.5%; es decir, casi 10 puntos porcentuales menos. La baja densidad de cotizantes significa que hay un sector importante de las y los trabajadores que, si bien está registrado en el sistema no cotiza regularmente. A esto hay que añadir el caso de empleadores que, aunque retienen el dinero del fondo de pensiones, no lo entregan a las administradoras.

– La tasa de retorno o la proporción que reciben las y los afiliados con relación al salario cotizable, es sólo de un 22.8%.  La excepción lo constituye la Administradora del Fondo de Pensiones de las y los profesores, el INABIMA, que ha logrado un 68.8%, más del triple de lo proyectado para el resto de la población.

-A medida que aumenta el patrimonio total de los fondos de pensiones, también crece su participación e influencia en la economía, beneficiando a las empresas administradoras (AFP). Mientras en el año 2005 representaban un 2.3% del PIB, en 2015 alcanzaron a ostentar un 13.2%, es decir casi 6 veces más.

– El 69% de los fondos de pensiones que administran las AFP están invertidos en instituciones públicas, lo cual permite al Estado de la República Dominicana contar con mayor liquidez para hacer frente al gasto público y a la capitalización del Banco Central, permitiendo a la vez la ganancia parasitaria de unos pocos, a costa del erario y del esfuerzo colectivo. El resto (24.9%) se invierte en certificados de depósitos y Bonos corporativos de Bancos Comerciales y de Servicios Múltiples, Bonos de Empresas Privadas (2.5%) y en Asociaciones y Bancos de Ahorro y Crédito (2.7%).

– Las ganancias de las AFP superan ya los 500 millones de dólares ($RD23,500 millones). Los ingresos por concepto de comisiones representan el 82% del total de ingresos del sistema. Este tipo de ingreso proviene principalmente de los bolsillos de los propios cotizantes, quienes deben pagar a la AFP el monto de la comisión por la sola administración de sus ahorros, y por otro lado, deben entregar una parte de la rentabilidad de sus ahorros a la empresa administradora.

– En República Dominicana se está asegurando un negocio de unos pocos beneficiados con una renta parasitaria no productiva ni fruto del esfuerzo empresarial, mientras se está dejando de asegurar el Derecho Humano y el derecho constitucional de todo dominicano y dominicana a la seguridad social.

Algo que no señala la investigación de la Fundación J. Bosch, pero que es necesario destacar, es que el dinero de los fondos de pensiones no está bien asegurado al ser administrado por las AFP, que son dependencias de los grandes bancos, que además de administrar el dinero hacen negocio con el 30% de los fondos que pertenecen a los trabajadores. Tampoco ofrecen mucha seguridad las instituciones gubernamentales, que manejan casi el 70% de los fondos de pensiones; teniendo en cuenta  que una buena parte de ese dinero público se va en la corrupción, en el abultamiento de la nómina pública, en altos salarios para las élites económicas del partido/gobierno y en el clientelismo corruptor. Además, de que con el dinero del fondo de pensiones se están pagando los “bonos” del Banco Central, como consecuencia del hoyo dejado por las quiebras continuas de las bancos y financieras de los últimos 15 años, como los casos de Banínter, Bancrédito, Banco Peravia, entre los más significativos.

El informe de la Fundación Juan Bosch no se queda en el análisis de la problemática, sino que propone, “la instauración de un Sistema de Reparto orientado realmente a la universalidad y la solidaridad como principios rectores, y en el cual los fondos administrados contribuyan a una matriz productiva más democratizada y que genere más empleo y riqueza, en lugar de aportar ganancias parasitarias al sector de la intermediación financiera y a unos pocos grupos económicos”.

Evidentemente la transformación del fondo de pensiones, de la capitalización individual hacia un sistema más colectivo, inclusivo y solidario no se realizará sin la lucha organizada de las y los trabajadores, con el apoyo de otros colectivos sociales como las organizaciones comunitarias, populares y la prensa crítica. Por eso es necesario re-inventar los sindicatos obreros, reorganizar las organizaciones de trabajadores con capacidad y fuerza social y política para lograr que el fruto del trabajo cotidiano y esforzado de las y los trabajadores no vaya a parar a aumentar los capitales corporativos y a engrosar los bolsillos de funcionarios, empresarios y banqueros que nos oprimen, nos engañan y nos roban “legalmente”.

El gasto en la educación pública y sus resultados

Franklin Pimentel Torres

En nuestro artículo de la semana anterior nos dedicábamos a analizar los avances y los desaciertos en la inversión del 4% en educación. Nos servía de base el informe de EDUCA sobre la calidad del gasto educativo en la República Dominicana, tomando como período de estudio,  la pasada gestión gubernamental (2012-2016). En esta nueva entrega analizaremos en qué medida el aumento de la inversión ha aportado a la mejora de la calidad educativa. Además de los datos aportados por el informe de EDUCA, nos serviremos de los datos aportados por los informes periódicos de La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC). Tomaremos en cuenta en particular el Informe anual de seguimiento y monitoreo correspondiente al 2015, así como el relacionado con el primer semestre del 2016.

Para medir los avances en la calidad de los aprendizajes es necesario entender que la educación es un proceso y que la implementación de los nuevos proyectos o líneas de acción dan sus resultados a largo plazo. No obstante hay algunos indicadores que pudieran estar hablando de ciertos avances.

Fijémonos en primer lugar en los resultados de las Pruebas Nacionales entre el 2012 y el 2016. Dichas pruebas han sido aplicadas, hasta ahora, a las y los estudiantes que terminan el octavo grado del nivel primario y a quienes finalizan el cuarto año del nivel secundario. Tienen un valor de 30% con relación a la calificación total de cada estudiante. En las pruebas no se incluyen todas las áreas del conocimiento, sino solo las tradicionalmente más atendidas que son Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.

En el Nivel Primario, entre el 2012 y el 2016 hubo pequeñas variaciones positivas en las cuatro áreas examinadas: en el área de Lengua se pasó de un promedio de 17.57 puntos a 17.69 para una variación de 0.7%. En el área de Matemática se pasó de un 14.73 a un 16.78,  para una variación de 13.9%; en el área de Sociales se pasó de 15.42 a 16.83 para una variación de 9.1%. En Naturales se pasó de un 15.22 a un 16.76 para una variación de un 10.1%, respectivamente. Tal como se puede visualizar hubo pequeños avances en las calificaciones de las cuatro áreas, siendo Lengua el área con menor avance (0.7%) y matemática la de mayor  (13%).

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) ha realizado tres estudios llamados: PERCE 1997, SERCE 2006 y TERCE 2013, en los que han participado estudiantes dominicanos. En los últimos dos estudios los resultados obtenidos por las y los estudiantes de 3ro. Y 6° de Primaria han sido los más bajos, entre 15 países de América Latina y el Caribe. No obstante entre los resultados del SERCE 2006, y el TERCE 2013 podemos referirnos a algunos avances. En el área de Lengua, en el tercer curso se pasó de un puntaje equivalente al 60.8%, en el SERCE 2006, a un 69.8% en el TERCE 2013. En las pruebas del 6° curso se pasó de un 64.8% a un 70.14. En el área de Matemática, en el tercer curso,  se pasó de un 60.8% a un 68.9%. En el 6° se pasó de un 63.9% a un 67.20%.

En el Nivel Básico de personas Jóvenes y Adultas ha habido avances y retrocesos en cuanto a los resultados de las pruebas nacionales entre el 2012 y la primera convocatoria del 2016. En el área de Lengua se pasó de 16.2 a 16.17 para una variación de -0.3%; en Sociales se pasó de 16.44 a 16.17 para una variación de -0.27%. En cambio en el área de matemática se pasó un 15.32 a un 16.04 para una variación de 0.72; en ese mismo orden el avance más significativo ocurrió en el área de Naturales al pasar de un 15.03 al 16.50, para una variación de 1.47%.

En el Nivel Secundario y tomando como referencia los resultados de la primera convocatoria a las pruebas nacionales del 2016 vemos que en el área de Lengua, de un promedio de 18.21 en el 2012 se pasó a un 17.97 para una  variación negativa de -1,3%; en matemática se pasó de 16.48% a un 16.47, para una variación de -0.1%; en el área de Sociales se pasó de 17.62 a 17.75 para una variación positiva de 0.7%, y en Naturales de un 16.48 a un 17.14 para una significativa variación de un 4%. En resumen ha habido ligeros descensos en Lengua y Matemática, así como una leve mejoría en Sociales y en Naturales.

Otro elemento positivo ha estado relacionado con el cumplimiento del calendario escolar. De acuerdo con las estadísticas del MINERD en el año escolar 2014-2015, el 90.28% de los centros cumplió al 100% su calendario escolar. Sin duda que la implementación del programa de Jornada Extendida ha ofrecido la posibilidad de tener un mayor número de horas dedicadas al aprendizaje y a la docencia.

La tasa neta de cobertura del Nivel Primario ha continuado mejorando ligeramente en los últimos años, habiendo alcanzado un 99% del logro esperado para el año 2015, con un 93% de tasa de cobertura. La promoción ha mejorado, situándose en un 92.9% en el año 2015. Mientras que la deserción se ha establecido en un 2.4% en el 2015, mejorando el objetivo establecido en un 2.5%. Por otro lado la tasa de sobre edad en el sector público sigue disminuyendo, bajando de un 12.5% en 2013 a un 11.9% en el año 2015. Y la repitencia pasó de 7.5% en el año escolar 2011/2012 a un 4.7% en el 2014/2015.

Un elemento que puede estar ayudando a mejorar los niveles de desempeño de las y los estudiantes es el aumento de maestros y maestras y de la inversión en formación y acompañamiento de docentes. En efecto, el número de maestros aumentó en 18,103 entre diciembre 2011 (65,933) y agosto 2015 (84,041) para  un incremento de 27%. Y en la inversión en formación de educadores se pasó de una  ejecución de $RD1,500 millones  en 2012 a 3,000 millones en 2015. En la formación de docentes se han articulado esfuerzos con el Instituto Nacional de Maestros/as (INAFOCAM), el Instituto de Formación Salomé Ureña (ISFODOSU), así como con universidades privadas como INTEC, PUCAMAIMA y UNIBE; además de ONGs como el Centro Poveda y Sur Futuro.

En definitiva podemos señalar que la inversión del 4% en educación comienza a dar sus frutos. No obstante es necesario avivar el paso. Es urgente mejorar la calidad de la inversión en educación y disminuir los niveles de corrupción, sobre todo en el manejo de la construcción de aulas y en todo  lo relacionado con la logística de la Jornada extendida. Esto ayudará a economizar recursos para seguirlos invirtiendo en el mejoramiento de la dignidad y la calidad de la educación pública dominicana.

Avances y desaciertos en la ejecución del 4% para la educación

Franklin Pimentel, 30-9-2016

Sectores sociales diversos de la sociedad dominicana unificaron esfuerzos para exigir el aumento significativo de la inversión en la educación pública en sus niveles inicial, primaria, secundaria, formación técnico profesional para el trabajo, así como de los diferentes niveles de los subsistemas de educación de personas jóvenes y adultas y de educación especial, tal como está estipulado por la ley de educación 66’97.

La campaña por el 4% del PIB para la educación que tuvo su origen en una reunión con líderes de diferentes organizaciones, tenida el 20 de octubre del 2010, en el marco de la mesa de políticas sociales y económicas del Foro Ciudadano, se extendió rápidamente a todo el país; fue apoyada por sectores sociales muy diversos. Un paso de avance significativo fue lograr que los candidatos a la presidencia firmaran en septiembre del 2011 el Pacto Social y Político por la educación. Entre estos candidatos que firmaron el documento estuvo Danilo Medina, quien luego se convirtió en presidente de la República.

La pasada gestión gubernamental (2012-2016) asumió el mandato constitucional de presupuestar y ejecutar el 4%. A partir del año 2013 se aumentó significativamente la inversión en educación, hasta llegar en los años 2013 a un 3.9% y en el 2014 a un 3.8% de la ejecución.

Puesto que no se trata de gastar el dinero público de cualquier manera. La pregunta clave es si el aumento de la inversión en educación ha servido para mejorar la calidad, equidad y dignidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza en la educación pública dominicana. Por eso esto es conveniente que valoremos algunos datos del informe presentado recientemente por EDUCA, titulado: “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana”.

Entre los avances más significativos en la ejecución del gasto público en educación, entre los años 2013-2016, presentados en el informe de EDUCA podemos destacar los siguientes:

1.- Entre el 2012 y el 2014 se aumentó el presupuesto para la educación de 2.5 a 4% del PIB y lo ejecutado del 2.2 al 3.9%. Para 2016, dicho presupuesto contó con unos 129,000 millones de pesos, equivalentes a más de 2,800 millones de dólares.

2.- Aumento significativo en los recursos destinados al pago del personal docente y administrativo. En efecto, el número de maestros aumentó en 18,103 entre diciembre 2011 (65,933) y agosto 2015 (84,041) para  un incremento de 27%. Según los datos publicados por el MINERD, en 2013 y 2014, el gasto en personal representó RD$38,391 millones, RD $47,934 millones respectivamente, mientras que se esperaba que alcanzara los RD $54,141 en 2015.

3.- Aumento significativo en la inversión en formación de educadores/as: Se pasó de una  ejecución de $RD1500 millones  en 2012 a 3,000 millones en 2015.

4.- El salario de las y los docentes (2 tandas o jornada extendida, 8 horas) aumentó a aproximadamente a $800 dólares mensuales.

5.- Han aumentado significativamente los recursos económicos descentralizados que se asignan a los centros educativos, para gastos administrativos y logísticos. En el 2013, por ejemplo, el gasto descentralizado creció en un 265% en relación con el año anterior, pasando de RD$1,259 millones a RD$4,600 millones, equivalente a RD$ 2,334.62 por estudiante del sector público.

6.- Han sido construidas un número significativo de aulas y de nuevos planteles educativos. En noviembre del 2015 el MINERD informó que se habían construido 22,508 nuevas aulas y otras habían sido reconstruidas.

7.- Ha habido un aumento significativo en la inversión en la alimentación escolar. En el 2014, por ejemplo, se ejecutaron uno $7,526 millones en este renglón.

8.-  A través del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), se han construido y puesto en funcionamiento unos 38 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) o estancias infantiles para atender a niños y niñas desde los cuarenta y cinco (45) días de nacidos hasta los 4 años y 11 meses. 

 Entre los principales desaciertos de la administración 2012-2016 en la ejecución presupuestaria podemos señalar:

1.- Inversión desproporcionada en la construcción de aulas y edificios, mientras se han descuidado otros renglones como los materiales educativos y la supervisión del personal docente. En algunos lugares se ha reportado que ha habido un costo excesivo de hasta $3.5 millones por aula.

2.- Falta de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades y al país del manejo de los recursos que se aplican a la construcción de aulas y a la alimentación escolar, entre otros renglones. En este sentido el informe de EDUCA señala explícitamente: “Uno de los esfuerzos que se debe destacar en pro de la promoción de transparencia del gasto en infraestructura es la realización de los sorteos de aulas y estancias infantiles. Sin embargo, este proceso ha presentado debilidades. Algunos actores de la sociedad civil han denunciado casos de venta de adjudicaciones entre contratistas, lo cual va en perjuicio de la calidad y el tiempo de entrega de las construcciones” (pág. 130).

3.- Aumento excesivo del personal administrativo. Entre 2011 y 2015, el gasto directo en personal aumentó en un 155% (RD$39,004.75 millones), como resultado del incremento de la plantilla docente en un 40%, de la plantilla administrativa en un 80% y de los salarios del personal en un 40%. En diciembre de 2015, el sistema educativo dominicano requería de 145,229 empleados, no obstante, el personal contratado a la fecha ascendía a 172,385, para una diferencia de 27,152 empleados, es decir un 18.7% por encima de lo requerido.

4.- Excesivo gasto en publicidad: de 25 millones presupuestados en el 2013 se gastaron 67 millones; en el 2014, aún más, se gastaron a 451. Y probablemente hubo un aumento mayor en los años 2015-2016, en el contexto de la campaña electoral pasada.

Los datos del informe de EDUCA han sido elaborados a partir de la información oficial del MINERD. Su visión parte de la óptica empresarial que les propia. Y aunque es necesario valorar este aporte a la investigación sobre el gasto público en educación, sería importante poder obtener nuevos datos obtenidos de investigaciones realizadas directamente en los centros educativos, y en las instancias de gestión distritales y regionales y esto por actores independientes de los centros de los poderes económicos, partidarios y gubernamentales.

Las organizaciones sociales que lucharon por el aumento de la inversión pública para la educación tienen el gran desafío de darle seguimiento a la ejecución del 4% del PIB, desde los diferentes niveles del sistema educativo, partiendo de lo más cercano, del centro educativo y el nivel comunitario. Y la preocupación tiene que operativizarse adecuadamente, pues la lucha por el buen uso y la transparencia en el uso de los fondos públicos debe estar orientada a mejorar la calidad, equidad y dignidad de los procesos educativos. En una próxima entrega nos detendremos a reflexionar sobre esta importante temática.

La urgencia de la continuidad educativa en el Plan Nacional de Alfabetización

Nerys García Cuevas, 16-9-16

 El pasado día 8 de septiembre se celebró el 50 aniversario de la declaración del Día Internacional de la Alfabetización (1966-2016), por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este año, dicha celebración tuvo como lema: “Leer el pasado, para escribir el futuro”. Esta es una fecha que nos recuerda que muchas personas, en pleno siglo 21, no saben leer ni escribir y que por lo tanto no han tenido acceso al derecho a una educación básica digna.

La directora general de la UNESCO, ha expresado, con motivo de la celebración del día internacional de la alfabetización, 2016, que, El mundo ha cambiado desde 1966, pero nuestra determinación de proporcionar a cada mujer y a cada hombre las competencias, las capacidades y las oportunidades necesarias para hacer realidad sus aspiraciones, en la dignidad y el respeto, sigue siendo inquebrantable. La alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible para todos. . De hecho, facilitar la oportunidad de una buena educación es una forma de reconocer, con respeto y dignidad, el derecho adquirido de las personas jóvenes y adultos a una educación digna y de calidad.

Un conjunto de organizaciones sociales de la provincia de San Cristóbal que han estado envueltas en las labores del Plan Nacional de Alfabetización y que han contado con la colaboración de algunas organizaciones de otras provincias del país han asumido lo que se ha llamado  las “Iniciativas de Apoyo a la Continuidad Educativa en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas” (IACEPJA). Estas organizaciones han decidido apoyar la continuidad educativa y el reclamo en este sentido de las y los participantes ante las autoridades educativas locales, ante el Ministerio de Educación y ante la Dirección de los Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).

Las organizaciones exigen que se ponga en práctica lo expresado en el decreto 546-12 del Poder Ejecutivo, de fecha 7 de septiembre del 2012, que señaló que  el Plan Nacional de Alfabetización se inscribe dentro de una estrategia de superación de la miseria y de la pobreza y que es, por tanto, un instrumento de inclusión social (Art. 4). Queremos que las propuestas del decreto no se queden en simples declaraciones, cuando señaló: “El seguimiento de las personas alfabetizadas contemplará facilidades para avanzar en la educación básica, media, vocacional y para el trabajo. Además, incluirá (…), el acceso al financiamiento y apoyo técnico para desarrollar emprendimientos individuales, en forma de cooperativas o de asociaciones, entre otras oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida” (art. 5).

La falta de apoyo real a la continuidad educativa de las personas y de los grupos que comenzaron a alfabetizarse en enero del 2013, por parte del Ministerio de Educación y  de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, son señales claras que está dando el gobierno de que hasta ahora su principal objetivo son de orden numérico; se trata, en su lógica equivocada, de bajar los números del analfabetismo a un 5% o menos, porque de esa manera, supuestamente, la UNESCO declararía el país “libre de analfabetismo”.

Ante el intento de la política gubernamental de centrarse en metas numéricas,  reconocemos la imposibilidad real de declarar el país “libre de analfabetismo”, por la sencilla razón de que el analfabetismo y la baja escolaridad tienen causas y raíces sociales, económicas y políticas, que no se superan solo con los procesos de aprendizaje y enseñanza. Más bien, habría que reconocer que la mejor manera de celebrar los avances en estos procesos educativos, es dándole a la gente la oportunidad de continuar estudiando y ofrecerles una educación para la vida y el trabajo, con calidad y dignidad.

A partir de todas las oportunidades que ha abierto el  Plan Nacional de Alfabetización no queremos que éste corra el peligro de convertirse en una simple campaña coyuntural, como ha sucedido en el pasado en el país y en otros lugares de América Latina y el Caribe. Los resultados finales en esos casos son bien conocidos: después de un tiempo relativamente corto las personas que iniciaron el proceso de aprendizaje vuelven hacia atrás y olvidan lo aprendido, creando frustraciones, pérdida de tiempo, de esperanzas, de esfuerzos y de recursos económicos.

Las personas y organizaciones articuladas en torno a las Iniciativas de Apoyo a la Continuidad Educativa en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (IACEPJA), continuaremos la lucha para que no se detenga el proceso de aprendizaje por la ausencia de condiciones para el mismo, por la falta de inversión y decisión del gobierno central y del Ministerio de Educación, pues una buena parte de los más de 200 mil egresados y egresadas de los núcleos de aprendizaje del 2013 y los más de 500 mil de los años 2014 y 2015, están esperando la continuidad educativa y tienen derecho a exigir que se invierta en su educación una parte de los recursos del 4%.

Ante un gobierno que no da señales claras de tener la voluntad social ni política en darle continuidad al proceso educativo y cultural iniciado  en el contexto del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, se hace necesario el empoderamiento de las comunidades, de las y los alfabetizados, de los grupos organizados de la sociedad, y de la prensa crítica, para exigir el derecho a la continuidad y a una educación digna, no solo para las niñas, niños y adolescentes, sino también para las personas jóvenes y adultas.

Como organizaciones comprometidas con la educación de personas jóvenes y adultas queremos expresar la firme decisión de continuar con nuestra lucha hasta lograr avanzar en nuestros objetivos, pues tal como señaló el maestro Paulo Freire: “Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace cada ser humano de su propia palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho a decir su palabra”.

Desigualdad, violencia, y cultura de paz

Franklin Pimentel Torres. 23-9-2016

Vivimos en un contexto social, isleño, caribeño, latinoamericano y mundial en donde hay grandes desigualdades generadoras de violencia y exclusión social. Las riquezas están en pocas manos. 

La campaña Internacional “Iguales” asumida por la ONG OXFAM ha revelado que cerca del 1% de la población mundial tiene la mitad de las riquezas mundiales.

Joseph Stigliz, premio nobel de economía (2001) escribió hace unos años un interesante libro, titulado “El precio de la desigualdad” (2011), a partir del contexto económico y social de Estados Unidos de América. Su tesis principal es que el 1% de la población acumula lo que el 99% necesita para vivir.

La sociedad a la que se refiere J. Stigliz en su libro es la que fundamenta su economía en elementos como la producción y venta de armas, en el tráfico y consumo de drogas y en la promoción y sostenimiento de conflictos bélicos en otros países y territorios. Por eso la violencia, fruto de la desigualdad social y el aumento de la pobreza, se ha incrementado dentro del territorio norteamericano, sobre todo a partir de los atentados de septiembre del 2001. Con frecuencia escuchamos noticias relacionadas con personas que realizan matanzas colectivas en sitios públicos. Incluso el periódico inglés “El Guardián” ha revelado en esta semana que en lo que va del año 2016 la policía en USA ha matado a unos 192 jóvenes de procedencia afroamericana.

En el ámbito local se cumplieron en esta semana los tres años de la fatídica sentencia 168-13 (23-9-2013), que desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas sobre todo de origen haitiano. Eso provocó una reacción de los mismos afectados, de los organismos defensores de los derechos humanos dentro y fuera del país, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una constante crítica de personajes como Mario Vargas Llosa y críticas de organismos internacionales como Amnistía Internacional, que desde el conocimiento de la sentencia ha dado seguimiento al tema de la desnacionalización de las hijas e hijos de inmigrantes.

De hecho, en esta misma semana un representante de Amnistía Internacional estuvo en la Casa de Gobierno, para presentar unas 50,000 firmas provenientes de personas e instituciones de 134 países, solicitando al Gobierno dominicano la aplicación de “medidas urgentes” para hacer frente a la crisis de personas apátridas en República Dominicana, afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

En varios artículos publicados en el digital Acento, mantuvimos la tesis que detrás de la sentencia 168-13 estaban los grupos más conservadores de las élites económicas y partidarias, que intentan mantener a la población migrante haitiana y a las y los trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana en una situación de nueva forma de esclavitud, obligándoles a trabajar por salarios de miseria, sin las más mínimas condiciones laborales y haciendo lo posible para que no obtengan sus documentos legales, pues esto permitiría que las y los trabajadores migrantes, negros y pobres, puedan reclamar sus derechos. Además, defendimos la tesis de que para mantener esta situación había habido, desde hace varias décadas, una alianza económica y partidaria, legislativa y judicial estratégica entre la oligarquía dominicana y la haitiana.

Las consecuencias de la sentencia 168-13 han generado desigualdad en muchas familias, en los puestos de trabajo y en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto ha generado violencia, frustración, cierre de puertas y oportunidades para desarrollarse como personas y ciudadanos.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, en su intervención en esta semana en la 71ª Asamblea General de la ONU, criticó duramente al sistema capitalista, señalando que "actúa contra la dignidad del ser humano" y "la soberanía de nuestros países". Aseguró que "una de cada cien personas en el mundo es refugiada, debido "al calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como el caso de los desplazados de Siria, Libia e Irak". Morales exhortó a la construcción de una "ciudadanía universal y una única Patria grande donde los pueblos vivamos en armonía y como parte de una familia común".

En esta semana, además, los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, reunidos en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la XVII Conferencia Cumbre, del 17 al 18 de septiembre de 2016, bajo el tema "Paz, soberanía y solidaridad para el Desarrollo", realizaron un examen del estado de la situación internacional. Entre otros aspectos significativos: “Reafirmaron sus intenciones de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que supone a la especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares”. Además, “Subrayaron la importancia de promover el respeto a la diversidad cultural, social y religiosa, a fin de promover una cultura de paz, tolerancia y respeto entre sociedades y naciones, mediante el diálogo intercultural, interreligioso y entre civilizaciones”.

En Colombia, después de más de 50 años de conflicto bélico se ha llegado a un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dicho acuerdo intenta acabar con una violencia histórica contra la población civil ejercida por el gobierno, por los militares y por la guerrilla. Las FARC siempre han defendido que el motivo principal de la lucha armada es el logro de una sociedad más igualitaria. Por eso en esta nueva etapa, luego de firmar el acuerdo de paz, intentan incidir en las políticas económicas y sociales, a través de la formación de un partido político y la participación en los mecanismos e instituciones del sistema democrático.

La reflexión sobre la desigualdad, la violencia y la construcción de la cultura de paz, en espacios educativos, culturales y comunitarios sigue siendo un desafío constante. De hecho en los grupos de base articulados en la Red Ecuménica Bíblica Dominicana (REBIDOM) se ha estado reflexionando durante este mes de septiembre, sobre temáticas relacionadas con la desigualdad, la violencia, y los caminos para trabajar por la justicia y la inclusión social.

No basta, sin embargo, con quedarse en la reflexión sobre temas tan actuales como la desigualdad y la violencia estructural. Es necesario generar, asumir y apoyar propuestas y proyectos orientados a avanzar en el proceso de erradicar estos males en nuestro territorio isleño, caribeño, latinoamericano y mundial. Es así que se avanza en la difícil construcción de la superación de la violencia y la creación de una cultura de equidad y de paz.