La impunidad que desafía a la sociedad crítica
La prensa se ha
hecho eco de un nuevo escándalo en la justicia: un conjunto de
jueces han sido acusados de traficar con sentencias benévolas para
beneficiar a narcotraficantes y a delincuentes metidos a líderes
partidarios.
El tema de los
jueces acusados de corrupción se da a conocer a la prensa
precisamente en los días en que vencía el plazo para que la
procuraduría apelara en casación el caso de Félix Bautista y
compartes; uno de los mayores casos de corrupción e impunidad de la
historia de la República. Pero como ya estaba decidido por las
cúpulas económico-partidarias, que este caso iba a quedar, una vez
más, en la impunidad, entonces dieron a conocer este otro caso, como
para distraer a las mentes y a las conciencias ingenuas, así como a
la prensa sobornada y maniatada por el oficialismo.
Las
declaraciones del procurador de la República de que no recurriría
el caso F. Bautista ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia,
porque no cree en los jueces de esa instancia judicial no resisten
ningún análisis mínimamente crítico.
No importaron
las voces de la sociedad que pidieron y hasta exigieron que se
continuara con el proceso judicial. Probablemente la decisión de
solo presentar el teatro hasta la segunda escena, fue tomada en las
altas altas instancias del comité político del PLD, de quien
parecen depender la mayor parte de los jueces de las mal llamadas
“altas cortes”, que, evidentemente, han decidido que cualquiera
de los altos dirigentes de la Corporación dominante, ya sea Félix
Bautista, Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, Félix Martínez o
cualquier otro, que incurran en casos de corrupción, tienen licencia
para delinquir y para apropiarse de los bienes públicos, y, además,
impúnemente.
El periódico
Listín Diario, en un artículo firmado por Ramón Cruz
(20-11-15), trae
unas declaraciones de Domínguez Brito que solo pueden convencer a
las mentes más ingenuas. Intentando justificar ante el país su
decisión de no representar los intereses de la sociedad, sino a los
de la corporación económico-partidaria de la que él forma parte,
hizo un llamado al presidente Medina para que convoque de urgencia al
Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de discutir la
situación en que se encuentra el sistema de justicia en República
Dominicana. Y añadió: “no recurrir es una forma de luchar y de
obligarnos a una nueva ola de reformas, de revisarnos y de producir
cambios. Tenemos que revisarnos. Esto no puede seguir así”.
Desde el inicio
de la República Dominicana ha habido un sistema de justicia, cuyos
jueces han dependido, para su nombramiento, del Poder Legislativo,
sobre todo del Senado; que a su vez, en la mayor parte de los
periodos históricos, ha sido dependiente del Poder Ejecutivo. Y
evidentemente siempre se ha elegido, por lo general y con algunas
honrosas excepciones, a personas
que defienden los intereses de los grupos económico-partidarios
que están en el poder y que los han elegido y seleccionado para esos
cargos, para asegurar impunidades. De hecho nunca ha habido la
posibilidad de elegir jueces ni fiscales por votación popular o por
consenso público de las comunidades o de las instituciones sociales
de un determinado territorio.
La dependencia
del Poder Ejecutivo es todavía mayor en el caso de los fiscales, del
mal llamado Ministerio Publico y del Procurador General de la
República, que depende directamente de la decisión del Poder
Ejecutivo; aunque la Constitución del 2010 estableció el denominado
“Consejo Superior del Ministerio Público”, que tiene ciertos
niveles de decisión en el ámbito judicial.
El art. 58 de la
Primera Constitución de la República (1844) señala como facultad
del “Tribunado” (equivalente a lo que hoy es la Cámara de
Diputados) presentar ante el “Consejo Conservador” (equivalente a
lo que hoy es la Cámara de Senadores) los candidatos para jueces de
la Suprema Corte de Justicia, escogidos de las listas formadas por
los Consejos Electorales de las provincias. Y el artículo 67 señala
como función del “Consejo Conservador”, “Elegir a los jueces
de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales inferiores, entre
los candidatos propuestos por el Tribunado”.
La Constitución
del 2010 ratificó la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de
Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, formado por el
Presidente de la República, los presidentes de las Cámaras , dos
miembros de los partidos políticos representados en las Cámaras, y
el Procurador General de la República.
No se puede
hablar con propiedad de verdaderas reformas de la justicia, ni de
ética del poder judicial, mientras los jueces de la Suprema Corte de
Justicia sigan dependiendo directamente del Poder Ejecutivo, del
Poder Legislativo y de los grupos económico-partidarios que éstos
representan. Por eso la Reforma de la que habla Domínguez Brito no
surtiría ningún efecto si se mantiene la actual estructura electiva
de los jueces y fiscales; sin que la población organizada, como
sociedad civil, tenga ningún mecanismo de selección, de control, de
sanción y de exigir buen desempeño a los jueces de las llamadas
“altas cortes”, que por lo general tienen salarios de lujo, a
costa de apropiarse “legalmente”, aunque de forma ilegítima, de
una cantidad de recursos que contrasta con la pobreza y miseria de
muchos y muchas.
El art. 151 de
la Constitución del 2010 dice que “Las y los jueces integrantes
del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e
inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes”.
Según el art. 154, 4 le corresponde a la Suprema Corte de Justicia
designar a los jueces de las cortes de apelación, de los juzgados de
primera instancia o sus equivales, los jueces de la instrucción, los
jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros
tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las
leyes”. Y si la mayor parte de los jueces de la actual Suprema
Corte de Justicia, con honrosas excepciones como en el caso de la
magistrada Miriam Germán, responden a los intereses partidarios,
¿qué tipo de jueces elegirán para las cortes de apelación y las
de primera instancia?
¿Qué hacer
ante esta situación de tanta corrupción, impunidad y perversión de
la justicia? ¿Cruzarnos de brazos? Ya que no nos sirve la receta de
Domínguez Brito, es necesario buscar nuevos caminos. Porque el
actual derrotero de la sociedad dominicana solo la conduce a la
autodestrucción, a la aniquilación social y a reforzar la
percepción de seguir construyendo una sociedad fallida, fracasada,
porque donde hay corrupción impune, cómplice, a costa de la pobreza
y la exclusión de las mayorías, no se puede hablar de un Estado de
Derechos, ni de una sociedad que promueva la Vida Digna de sus
integrantes.
Poder Ciudadano
nos está llamando a hacer cadena humana contra la corrupción. Pero,
¿basta con proclamar consignas y agarrarse de manos delante de la
casa de gobierno o delante de las oficinas públicas en diferentes
lugares del país? ¿No será el momento para articular una verdadera
lucha contra la corrupción, la impunidad y el adecentamiento ante
los desmanes de una corporación dominante que ya ha roto todos los
records de corrupción y de impunidad?
Evidentemente
que no basta con solicitar el cierre de la OISOE, porque la misma
corrupción se trasladaría a Obras Públicas, al Ministerio de
Educación, de Salud o a otras instancias del gobierno. Es necesario
pensar en la construcción de una sociedad más humana, más
equitativa, más incluyente, más democrática. En donde la justicia
esté al servicio de los mejores intereses de la sociedad. ¿Utopía?
Puede ser. Pero es la mejor manera de mantener la posibilidad real de
cambiar el rumbo de una sociedad que necesita retomar el camino de la
cordura, de la sensatez y de la Vida Digna.
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