sábado, 28 de noviembre de 2015

Practiquemos la solidaridad, para vivir con dignidad

Por Franklin Pimentel Torres. 28 de noviembre de 2015 -
Este sábado 27, SODOMANSOL tendrá, además, su asamblea anual y en ella se estarán presentando las líneas de acción que orientarán su plan estratégico, su práctica solidaria y su compromiso socio-ético-político para los próximos 15 años (2015-2030)
Este próximo domingo, 29 de noviembre, se estará celebrando, en Baní, el 20 aniversario de trabajo comunitario de la ONG Sociedad Dominicana Manos Solidarias, SODOMANSOL (1995-2015). Dicha organización  comenzó su trabajo de incidencia social a principios del año 1995, en la zona norte de Baní, provincia Peravia, en los barrios Los Barracones, El Maní y la Saona. Luego se extendió a otros municipios del país como San Cristóbal, Bajos de Haina, Distrito Municipal de El Carril, Santo Domingo Oeste y Constanza.


La Sociedad Dominicana Manos Solidarias surge en un contexto nacional, isleño e internacional de fortalecimiento de las políticas económicas neoliberales, con sus consecuencias negativas de exclusión, de urbanización y feminización de la pobreza, en perjuicio de los sectores sociales más empobrecidos. Quienes decidimos articular la organización nos preguntamos, desde sus inicios, cuáles eran los principales desafíos para un colectivo de por personas que querían dar un aporte social significativo, manteniendo una identidad propia; sin tener que depender, ideológica ni económicamente, ni de los grupos religiosos, ni de los partidos políticos, ni del gobierno de turno,  ni de los intereses de la gran empresa.

Los principales proyectos de intervención comunitaria se han situado en las áreas de educación, salud y cuidado ambiental. Entre los principales proyectos desarrollados podemos señalar: Proyecto de formación de la conciencia crítica mediante la organización de análisis coyunturales y estructurales de la realidad económica, política, ecológica del país, proyecto de educación y estimulación temprana con niños y niñas entre 2 y 5 años de la zona norte de Baní; Proyecto de formación en el uso y manejo de la computadora y la internet, biblioteca pública, proyecto de crédito educativo para muchachos y muchachas de ambientes empobrecidos; proyecto de prevención de la salud sexual y reproductiva dirigido a mujeres de varias comunidades; proyecto de incentivo de iniciativas económicas solidarias, proyecto de reforestación en la zona de Constanza, campamentos juveniles de formación ambiental;  proyectos de alfabetización de personas jóvenes y adultas y proyecto de continuidad educativa en la Educación Básica.  entre otros proyectos y actividades.

SODOMANSOL se ha articulado con otras organizaciones sociales en el territorio y ha participado en las principales luchas sociales que ha desarrollado el movimiento social en los últimos 20 años, entre las cuales podemos señalar: la lucha ambiental por la preservación de los Haitises, la lucha ecológica por la defensa de los ríos de San Cristóbal, la lucha por el 4% para la educación, la lucha por la preservación de Bahía de Las Águilas, la lucha por el reconocimiento de la identidad dominicana de los hijos e hijas de inmigrantes haitianos; la lucha por la continuidad educativa de las personas jóvenes y adultas que comenzaron a alfabetizarse y en la lucha contra la corrupción y el cese de la impunidad, entre otras.

SODOMANSOL ha desarrollado su labor socio-comunitaria basada en el trabajo voluntario de sus integrantes y ha mantenido, por lo general, la auto-sostenibilidad económica de sus proyectos. Ha contado con educadoras y educadores y con trabajadores/as sociales, que han trabajado por años de forma gratuita y voluntaria. Ha contado además, con generosas voluntarias de otros países como las italianas Ana M. de Santis, Rita Napolitano y Maristella Lorici, quienes han dedicado temporadas y hasta años de su vida  para realizar un trabajo voluntario en nuestra tierra, con un gran corazón solidario y siempre insertas en la vida y la cotidianidad de familias y comunidades empobrecidas.

Dos elementos fundamentales de la vida de la organización han sido la formación continua de sus integrantes, así como el fortalecimiento constante de una ética y una espiritualidad fundamentadas en valores como la solidaridad, el amor, la compasión, la indignación ética, la formación de la conciencia ético-política y la búsqueda continua del bien común. Todo esto avalado por prácticas solidarias que han intentado alejarse del clientelismo promovido por los grupos partidarios y religiosos. Hemos promovido una visión encarnada, compasiva y profética de la realidad y nuestra práctica solidaria ha sido orientada por líneas de acción que buscan colaborar en la creación de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.

Este sábado 27, SODOMANSOL tendrá, además, su asamblea anual y en ella se estarán presentando las líneas de acción que orientarán su plan estratégico, su práctica solidaria y su compromiso socio-ético-político para los próximos 15 años (2015-2030), en donde se asumirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030) y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2030). Serán presentadas, además, las principales líneas estratégicas para un  nuevo plan de formación de las y los integrantes de la organización en las diferentes etapas etarias: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y en los diferentes contextos de las comunidades en donde trabajamos.


En una sociedad caracterizada por la búsqueda individual de los intereses personales, grupales y partidarios  queremos seguir apostando por los proyectos comunitarios y colectivos en donde se prioriza lo comunitario y  lo público, sin que esto signifique dejar de reconocer la necesidad de tener en cuenta las necesidades y aspiraciones individuales. Y esto porque en la construcción comunitaria y colectiva de la conciencia crítica y la práctica solidaria hemos encontrado un sentido para vivir, para indignarnos, para seguir luchando por una Vida Digna. Por eso queremos seguir siendo fieles a nuestro lema: “Practiquemos la solidaridad, para vivir con dignidad”

domingo, 22 de noviembre de 2015

La impunidad que desafía a la sociedad crítica

La impunidad que desafía a la sociedad crítica

Por Franklin Pimentel Torres. 21 de noviembre de 2015 -


La prensa se ha hecho eco de un nuevo escándalo en la justicia: un conjunto de jueces han sido acusados de traficar con sentencias benévolas para beneficiar a narcotraficantes y a delincuentes metidos a líderes partidarios.

El tema de los jueces acusados de corrupción se da a conocer a la prensa precisamente en los días en que vencía el plazo para que la procuraduría apelara en casación el caso de Félix Bautista y compartes; uno de los mayores casos de corrupción e impunidad de la historia de la República. Pero como ya estaba decidido por las cúpulas económico-partidarias, que este caso iba a quedar, una vez más, en la impunidad, entonces dieron a conocer este otro caso, como para distraer a las mentes y a las conciencias ingenuas, así como a la prensa sobornada y maniatada por el oficialismo.

Las declaraciones del procurador de la República de que no recurriría el caso F. Bautista ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque no cree en los jueces de esa instancia judicial no resisten ningún análisis mínimamente crítico.  

No importaron las voces de la sociedad que pidieron y hasta exigieron que se continuara con el proceso judicial. Probablemente la decisión de solo presentar el teatro hasta la segunda escena, fue tomada en las altas altas instancias del comité político del PLD, de quien parecen depender la mayor parte de los jueces de las mal llamadas “altas cortes”, que, evidentemente, han decidido que cualquiera de los altos dirigentes de la Corporación dominante, ya sea Félix Bautista, Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa, Félix Martínez o cualquier otro, que incurran en casos de corrupción, tienen licencia para delinquir y para apropiarse de los bienes públicos, y, además, impúnemente.

El periódico Listín Diario, en un artículo firmado por Ramón Cruz (20-11-15),  trae unas declaraciones de Domínguez Brito que solo pueden convencer a las mentes más ingenuas. Intentando justificar ante el país su decisión de no representar los intereses de la sociedad, sino a los de la corporación económico-partidaria de la que él forma parte, hizo un llamado al presidente Medina para que convoque de urgencia al Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de discutir la situación en que se encuentra el sistema de justicia en República Dominicana. Y añadió: “no recurrir es una forma de luchar y de obligarnos a una nueva ola de reformas, de revisarnos y de producir cambios. Tenemos que revisarnos. Esto no puede seguir así”.

Desde el inicio de la República Dominicana ha habido un sistema de justicia, cuyos jueces han dependido, para su nombramiento, del Poder Legislativo, sobre todo del Senado; que a su vez, en la mayor parte de los periodos históricos, ha sido dependiente del Poder Ejecutivo. Y evidentemente siempre se ha elegido, por lo general y con algunas honrosas excepciones, a  personas que defienden los intereses de los grupos  económico-partidarios que están en el poder y que los han elegido y seleccionado para esos cargos, para asegurar impunidades. De hecho nunca ha habido la posibilidad de elegir jueces ni fiscales por votación popular o por consenso público de las comunidades o de las instituciones sociales de un determinado territorio.

La dependencia del Poder Ejecutivo es todavía mayor en el caso de los fiscales, del mal llamado Ministerio Publico y del Procurador General de la República, que depende directamente de la decisión del Poder Ejecutivo; aunque la Constitución del 2010 estableció el denominado “Consejo Superior del Ministerio Público”, que tiene ciertos niveles de decisión en el ámbito judicial.

El art. 58 de la Primera Constitución de la República (1844) señala como facultad del “Tribunado” (equivalente a lo que hoy es la Cámara de Diputados) presentar ante el “Consejo Conservador” (equivalente a lo que hoy es la Cámara de Senadores) los candidatos para jueces de la Suprema Corte de Justicia, escogidos de las listas formadas por los Consejos Electorales de las provincias. Y el artículo 67 señala como función del “Consejo Conservador”, “Elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales inferiores, entre los candidatos propuestos por el Tribunado”.

La Constitución del 2010 ratificó la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, formado por el Presidente de la República, los presidentes de las Cámaras , dos miembros de los partidos políticos representados en las Cámaras, y el Procurador General de la República.

No se puede hablar con propiedad de verdaderas reformas de la justicia, ni de ética del poder judicial, mientras los jueces de la Suprema Corte de Justicia sigan dependiendo directamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los grupos económico-partidarios que éstos representan. Por eso la Reforma de la que habla Domínguez Brito no surtiría ningún efecto si se mantiene la actual estructura electiva de los jueces y fiscales; sin que la población organizada, como sociedad civil, tenga ningún mecanismo de selección, de control, de sanción y de exigir buen desempeño a los jueces de las llamadas “altas cortes”, que por lo general tienen salarios de lujo, a costa de apropiarse “legalmente”, aunque de forma ilegítima, de una cantidad de recursos que contrasta con la pobreza y miseria de muchos y muchas.

El art. 151 de la Constitución del 2010 dice que “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes”. Según el art. 154, 4 le corresponde a la Suprema Corte de Justicia designar a los jueces de las cortes de apelación, de los juzgados de primera instancia o sus equivales, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes”. Y si la mayor parte de los jueces de la actual Suprema Corte de Justicia, con honrosas excepciones como en el caso de la magistrada Miriam Germán, responden a los intereses partidarios, ¿qué tipo de jueces elegirán para las cortes de apelación y las de primera instancia?

¿Qué hacer ante esta situación de tanta corrupción, impunidad y perversión de la justicia? ¿Cruzarnos de brazos? Ya que no nos sirve la receta de Domínguez Brito, es necesario buscar nuevos caminos. Porque el actual derrotero de la sociedad dominicana solo la conduce a la autodestrucción, a la aniquilación social y a reforzar la percepción de seguir construyendo una sociedad fallida, fracasada, porque donde hay corrupción impune, cómplice, a costa de la pobreza y la exclusión de las mayorías, no se puede hablar de un Estado de Derechos, ni de una sociedad que promueva la Vida Digna de sus integrantes.

Poder Ciudadano nos está llamando a hacer cadena humana contra la corrupción. Pero, ¿basta con proclamar consignas y agarrarse de manos delante de la casa de gobierno o delante de las oficinas públicas en diferentes lugares del país? ¿No será el momento para articular una verdadera lucha contra la corrupción, la impunidad y el adecentamiento ante los desmanes de una corporación dominante que ya ha roto todos los records de corrupción y de impunidad?


Evidentemente que no basta con solicitar el cierre de la OISOE, porque la misma corrupción se trasladaría a Obras Públicas, al Ministerio de Educación, de Salud o a otras instancias del gobierno. Es necesario pensar en la construcción de una sociedad más humana, más equitativa, más incluyente, más democrática. En donde la justicia esté al servicio de los mejores intereses de la sociedad. ¿Utopía? Puede ser. Pero es la mejor manera de mantener la posibilidad real de cambiar el rumbo de una sociedad que necesita retomar el camino de la cordura, de la sensatez y de la Vida Digna.

sábado, 7 de noviembre de 2015

Pago de deudas sociales y derecho a emigrar

Pago de deudas sociales y derecho a emigrar
Por Franklin Pimentel-Torres. 6/11/2015
Del 4 al 6 de noviembre se ha estado desarrollando en la Universidad de La Salle, en San José, Costa Rica, un seminario sobre ética, espiritualidad y religión, con la participación de académicas, académicos, sociólogos, teólogos, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales de diferentes países de América Latina y el Caribe. También ha habido representantes de República Dominicana y de Haití.
La temática principal del seminario ha girado en torno a cuáles valores y principios éticos, cuál espiritualidad y cuál práctica social deben asumir quienes profesan las diferentes religiones, para a aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general de nuestros países y en particular de los sectores sociales más excluidos y empobrecidos.
El seminario no se ha quedado en disquisiciones entre académicos. Ha considerado realidades desafiantes e indignantes y luchas concretas de nuestros pueblos por lograr mejores condiciones de vida. Por eso dos de las temáticas trabajadas en el seminario han estado relacionadas con el tema del endeudamiento externo e interno de nuestros países y el fenómeno de la migración, tanto al interior de nuestros países como hacia afuera.
Franz Hinkelammert, economista, teólogo e investigador alemán radicado en Costa Rica, escritor prolijo y persona comprometida con las luchas sociales de América Latina y el Caribe, planteó que es ilegítimo exigir a nuestros países pagar las enormes deudas externas, cuando para pagar el país tiene que disminuir la inversión en políticas sociales relacionadas con la satisfacción básicas de la población: alimentación, salud, educación, nutrición y vivienda, de las comunidades, familias y personas.
El profesor Carlos Sandoval García, de la Universidad de Costa Rica, defendió el derecho a migrar de las personas hacia otras regiones o hacia otros países, cuando como fruto de la pobreza, la exclusión social y el endeudamiento del país, las familias tienen que salir de su territorio y de su cultura buscando mejores condiciones de vida. Y planteó la necesidad de derribar los muros físicos e ideológicos que se han construido o que se pretenden construir entre los países para impedir la migración.
Así como ha ido aumentando la deuda externa e interna en nuestros países, en la misma medida se incrementa la migración con todo lo que esto supone como desarticulación social, familiar y comunitaria. Por eso emigran las y los haitianos para República Dominicana, los dominicanos y dominicanas para Estados Unidos, Europa y otras latitudes. Los nicaragüenses hacia Costa Rica. los puertorriqueños y los centroamericanos, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala, hacia Estados Unidos. Los Sirios y los países del Este Europeo hacia Europa.
Franz Hinkelammert recordó cómo en la tradición bíblica se plantea el tema del perdón de deudas cuando para pagar hay que dejar de comer o satisfacer las necesidades básicas de las personas. Por esto se refirió a la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y discípulas: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”… (Mt 6,11-12). Y recordó, además, otro texto bíblico en donde un rey quiso ajustar cuentas con algunos de sus trabajadores que le debían una cifra considerable de dinero. Y señala el texto: “A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda” (Mt, 18,25-27). Sin embargo el servidor pidió clemencia y misericordia y le fue condonada la deuda.
No podemos concluir este artículo sin intentar aplicar lo reflexionado en el seminario a la situación de nuestro país. De hecho el aumento de la deuda externa e interna del país y la continua migración -tanto la emigración como la inmigración- se convierte en un desafío a enfrentar, con responsabilidad y decisión por el sector gubernamental y por las organizaciones de la sociedad comprometidas con los grupos de migrantes y de sus descendientes, con los cuales la sociedad dominicana tiene una enorme deuda social.











Desenmascarando la trama de la impunidad

Desenmascarando la trama de la impunidad

Por Franklin Pimentel Torres. 31 de octubre de 2015 –

En esta tierra nuestra cada día aparece un nuevo escándalo de corrupción e impunidad. Y no salimos de uno  cuando ya se habla del otro. Por ejemplo unos pilotos son condenados a 20 años de prisión, y sin embargo, se les deja en “prisión domiciliaria”; se escapan y nadie asume la responsabilidad. Un hospital del pueblo es sobrevaluado, en su remodelación, como en el caso del Darío Contreras;    se invierte el doble de lo presupuestado, hay vicios de construcción y no pasa nada. El gobierno responde simplemente suspendiendo al encargado de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, pero no pidiendo cuentas.

En cada aula de la que construye el consorcio OISOE-MINERD-Ministerio de Obras públicas se invierten tres millones de pesos; se denuncia la sobrevaluación y no sucede nada. Se contrata la construcción de unas plantas de carbón; se sobrevalúan y no sucede nada.  Un flamante senador del país está involucrado en unas operaciones fraudulentas en las que están envueltos más de 25 mil millones de pesos, a pesar de sus orígenes empobrecidos, es acusado y se ufana de que ya la Suprema Corte de Justicia le ha favorecido con 6 sentencias de “no ha lugar”.

El sociólogo Cándido Mercedes, actual coordinador de Participación Ciudadana acaba de señalar en un programa de televisión que la corrupción se está llevando cerca del 6% del PIB nacional cada año. Téngase en cuenta que lo que entra a las arcas del Estado en impuestos es apenas un 14% del PIB. Eso equivale aproximadamente a los actuales presupuestos de educación y salud juntos.

El caso en el que está envuelto Félix Bautista y compartes es un modelo de corrupción y un símbolo de impunidad como ha señalado recientemente el abogado F. Álvarez. Félix Bautista, es, sin embargo, el alumno más astuto de la actual trama de la corrupción gubernamental; envuelto en un fraude mayúsculo contra el Pueblo Dominicano. Junto a Leonel Fernández, líder del PLD y  Víctor Díaz Rúa, ex-ministro de obras públicas, forman el trío visible de un fraude en el que está  involucrada una coorporación económico-partidaria, de la que forman parte el llamado comité político del PLD y el empresario, metido a líder partidario, Miguel Vargas Maldonado, entre los actores más significativos.

La trama creada para llevar a la justicia a Félix Bautista y compartes parece estar ligada directamente a la pugna por el poder y por el manejo de los recursos del presupuesto nacional al interior de la coorporación dominante.  La facción representada por Leonel Fernández, como líder principal y sus dos “ayudantes”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, entendió que le cedía el poder solo de forma temporal al grupo liderado por Danilo Medina y sus “ayudantes”, Miguel Pimentel Kareh, ex-director de la OISOE y Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas. Pero que lo recuperarían en poco tiempo. Sin embargo ese otro grupo tomó la decisión de permanecer en el poder a cualquier precio y desplazar al otro grupo económico-partidario liderado por Leonel Fernández. Para eso utilizó todos los medios a su disposición para comprar a congresistas, a líderes partidarios y tribunales sobornables, y así imponer la reelección de Danilo Medina. Esto exigía al mismo tiempo, el fortalecimiento del grupo económico-partidario liderado por el actual presidente y el  debilitamiento del otro grupo que le adversaba.

La trama de la impunidad y del manejo de la justicia por parte de los dos grupos enfrentados han sido evidentes. El grupo económico-partidario liderado por Danilo necesitaba buscar la estrategia más adecuada para imponer la reelección y mantenerse en el poder, debilitando al otro grupo. Por eso, con la colaboración del Ministerio Público organizó ambos  expedientes contra Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, y creó la percepción en la población de que a Domínguez Brito realmente le interesaba castigar a Félix Bautista y compartes. Sin embargo, en este caso, como en otros, Domínguez Brito, se ha convertido en un actor que sabe manejarse muy bien y conciliar los intereses de ambos grupos enfrentados.

El Ministerio Público había enviado una mala señal a la sociedad, cuando decidió archivar el expediente contra Leonel Fernández, como respuesta a la acusación, muy bien documentada, que había presentado Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País. En el mismo se denunciaban los actos de corrupción cometidos en la construcción de los edificios de la Fundación Funglode y en el mantenimiento de la misma, con dineros provenientes de las empresas de Félix Bautista y de otros ingenieros ligados a la construcción de obras públicas.

El grupo económico-partidario liderado por Leonel Fernández hizo la previsión de colocar en las altas cortes algunos jueces sobornables al servicio de los intereses corporativos. Se aseguró de que el presidente de la misma, Mariano Germán, fuera un incondicional al servicio de los intereses del grupo que lo colocó en el puesto. Se aseguró, además, que entre los jueces hubiese fieles militantes del partido de gobierno.

La primera sentencia del no ha lugar, emitida por el juez Moscoso Segarra se dio a conocer el llamado viernes de dolores, antes de los días de Semana Santa, como para crear el clima para que  la población no le diese mucha mente al tema, ni tuviese mucha publicidad la noticia, puesto que en esos días mucha gente  estaba pensando en el asueto de Semana Santa y los religiosos católicos en sus celebraciones. La componenda se completó aprovechando para anunciar, el mismo día, el no ha lugar contra Félix Martínez. otro miembro de la coorporación acusado de malversar 400 millones en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís.

El Ministerio público apeló la sentencia en caso de Félix Bautista y compartes. Es bueno señalar que esto ocurrió antes de que se impusiera la reelección de Danilo. Ante esto la coorporación reaccionó organizando el próximo juicio, una vez confirmada la reelección del actual presidente, con 4 jueces de la Cámara Penal.  La decisión fue un empate dos a dos. Para algunos esto forma parte de la trama creada para justificar lo injustificable. Entonces el equipo jurídico dependiente del grupo de Leonel utilizó su siguiente estrategia: buscar una jueza ligada y dependiente de su grupo para que confirmara el no ha lugar contra Félix Bautista, representante visible de la coorporación PLD-PRD-PRSC-FNP.

Después de la confirmación del no ha lugar, de forma sorprendente para algunos, pero coherente con su actuación para otros, el Procurador Domínguez Brito ha señalado que el Ministerio Público no llevará el caso ante un juicio de casación, porque no cree en los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En realidad está proponiendo a la sociedad resignarnos a contemplar cómo se queda en la más absoluta impunidad uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, sólo superado, por la magnitud del fraude y del dinero envuelto en la quiebra del Banco Banínter.
Miriam Germán, quien junto a Esther Agelán Casasnovas fue una voz disidente en la Cámara penal a favor de que se llevase a juico de fondo a Félix Bautista y compartes, señaló que el Ministerio Público incurrió en errores significativos en la elaboración del expediente acusatorio y en la presentación de las pruebas que lo avalasen. Lo que dio pie a la defensa no para negar los hechos imputados, sino para cuestionar la forma cómo se consiguieron las pruebas para avalar los mismos.

Domínguez Brito, se ha querido presentar como un funcionario apegado a la ley, que defiende los intereses del pueblo dominicano y que está comprometido con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sus actuaciones han demostrado, sin embargo, que es un actor estratégico que desempeña un papel u otro, según los intereses de los dos grupos económico-partidarios enfrentados, a los que sirve, según las circunstancias y coyunturas. Y esto a pesar de que,  en ocasiones le gusta filosofar sobre justicia, corrupción, impunidad y dignidad como lo hizo en una reciente conferencia dictada en la Universidad Católica Santo Domingo.

No hay otro camino más urgente y conveniente que fortalecer el poder ciudadano contra la corrupción y la impunidad. Por eso el Centro Juan XXIII en un comunicado exigió al procurador llevar el caso de Félix Bautista y compartes al pleno de la Suprema Corte de justicia. Lo mismo hizo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y un editorial del Digital Acento (30-20-15). Se trata de agotar el último recurso disponible en la justicia dominicana.  La Convergencia de Abogados (CONA) por su parte, exigió ir más allá e incluir en la investigación a todos los que han sido directores de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE), símbolo de la más alta corrupción gubernamental. Entre éstos se señala, además de Félix Bautista, a Luis Sifres y a Miguel Pimentel Kareh.


El movimiento Poder Ciudadano ha comenzado a articular lo que ha llamado una cadena humana contra la corrupción y la impunidad y está haciendo manifestaciones en Santo Domingo y en otros pueblos del país.  Ha elegido como lugar simbólico las inmediaciones de la OISOE y de la casa de gobierno. Ojalá que no sea un movimiento coyuntural, sino que permanezca en el tiempo y sirva para la concientización ciudadana, el empoderamiento ciudadano  y la formación de un frente ético-político alternativo de lucha que ayude a gestar un proyecto de sociedad justa y equitativa. Lo que exige, como condición fundamental, desenmascarar continuamente la trama de la corrupción y de la impunidad.