La prensa nacional
trajo el pasado viernes la noticia del suicidio del
arquitecto David Rodríguez García. El profesional de la construcción se había
suicidado precisamente en uno de los baños de la Oficina Supervisora de Obras
del Estado (OISOE). En una comunicación dejada expresó clarmanete el motivo de
su desesperación. Estaba endeudado hasta unos niveles que no soportaba más,
fruto de la extorsión y el fraude que estaba soportando con la aparente
complicidad de tres instituciones del Estado, en una obra de construcción de
una escuela.
En el caso del
arquitecto suicida está involucrado el dinero público del presupuesto educativo
del presente año 2015. Pues, como señalan algunas analistas de la ejecución
presupuestaria del MINERD, cerca del 80% del mismo se está empleando en la
construcción de escuelas. Y otros afirman, además, que cerca del 30 al 40% de
lo ejecutado se está quedando en las garras de la corrupción montada por la
corporación económico-partidaria gobernante, con la articulación de una mafia
que supuestamente cuenta con el apoyo de las autoridades del MINERD, de la
OISOE y del Ministerio de Obras Públicas.
Llevamos ya tres
años que en el presupuesto nacional se coloca el 4% del PIB para la educación.
Sin embargo, no se ha logrado ni la ejecución total, ni disminuir
significativamente los niveles de corrupción en el manejo de la construcción de
aulas y de escuelas, ni mucho menos que una buena parte del dinero invertido
provenga de un continuo endeudamiento del país. Por eso es
necesario que desde las comunidades y los municipios las organizaciones
comunitarias y los sectores organizados conscientes asuman la tarea de la
vigilancia, exigiendo transparencia y uso adecuado de los recursos económicos
asignados a la educación.
Los últimos
resultados de la Encuesta del Barómetro de Las Américas (2014) han arrojado
importantes datos sobre la participación de las y los habitantes de los países
consultados en la vigilancia sobre la gestión de los servicios públicos en los
gobierno local. La investigación preguntó, por ejemplo, sobre
la participación en reuniones relacionadas con el gobierno municipal y en
actividades comunitarias orientadas a la búsqueda del mejoramiento de los
servicios públicos, en los diferentes países del continente americano que
participaron en el estudio. Los resultados arrojaron que solo 1 de cada 10
ciudadanos y ciudadanas había participado en algunas de las reuniones
relacionadas con el gobierno municipal. Sin embargo, el mismo estudio reveló
que durante el mismo período aumentaron significativamente las demandas de los
pobladores ante los funcionarios del gobierno municipal. En el caso de RD
tenemos un alto nivel de presentación de peticiones al gobierno local (17.1%),
por encima del promedio regional (14.1%)
Otro tema abordado
por el Barómetro es el grado de satisfacción de la población con los servicios
locales en el territorio municipal, sobre todo en lo relacionado con las
carreteras, la educación y la salud. En los resultados sobre la satisfacción
con la calidad de los servicios locales, que se ofrecen desde el gobierno
municipal, República Dominicana está en el cuarto nivel más bajo (46.6%) cerca
de Guyana (46.3), Brasil (44.2) y Jamaica (40.5%). Aunque es bueno añadir,
además, que la percepción de la calidad de los servicios que se ofrecen desde
el municipio ha disminuido en nuestro país significativamente desde la Encuesta
del 2006 (57.7) hasta la del 2014 (46.6%).
Cuando se preguntó
a las y los encuestados sobre el nivel de satisfacción con la educación pública
en el territorio, las y los participantes de Dominicana están entre los más
satisfechos (62.8%) solo detrás de Ecuador (63.6%) y de Costa Rica (64.5%),
país este último que se ha caracterizado en los últimos años por la calidad de
su sistema educativo. Mientras que en el penúltimo lugar está nuestro vecino
Haití (45.5), solo precedido de Perú (45.1).
Los resultados de
las evaluaciones de los servicios están, en la última entrega del Barómetro de
Las Américas (2014),fuertemente correlacionados con la confianza en el gobierno
local. El promedio regional de confianza en el gobierno local alcanzó un nuevo
récord a la baja en 2014. Entre estos factores han influido mucho la corrupción
generalizada, así como el aumento de la inseguridad pública. De hecho haber
sido víctima de la corrupción está negativamente correlacionado con la
confianza en el gobierno local y nacional. La percepción de inseguridad también
está negativamente relacionada a la confianza en el gobierno local, y está a su
nivel más alto desde 2006.
El Barómetro de
las Américas preguntó no solo sobre el nivel de satisfacción con el gobierno
local, sino también sobre el grado de confianza en dicha instancia. En la
República Dominicana la confianza en el gobierno local ha venido disminuyendo
de manera constante desde el 2008. De hecho descendió de un 63.7% en el 2008, a
un 50% en el 2010, a un 45.5% en el 2012 y finalmente a un 42.1% en el 2014. Y
lo mismo sucede en los demás países consultados en donde, en promedio, se bajó
de un 49.9% de confianza en 2008 a un 46.8% en el 2014. Siendo Chile (57.3%),
Canadá (55.9%) y El Salvador (55.3) en donde hay mayores niveles de confianza
en el gobierno local.
Es justo destacar
que no toda la participación ciudadana a nivel local se realiza a través del gobierno local o ayuntamiento.
Para ayudar a mejorar sus comunidades, un sector significativo de ciudadanos y
ciudadanas trabajan a través de organizaciones comunitarias, en lugar de, o en adición a, los caminos
gubernamentales. En la República Dominicana, el nivel de participación en la
comunidad también se ha mantenido estable, por encima del promedio regional,
desde el 2008. Mientras que el promedio regional de participación en
actividades organizadas por organizaciones comunitarias es de 19.7%, en
República Dominicana es de un 26%, según los datos del 2014.
El ejercicio
ciudadano de la vigilancia social en el territorio por la calidad de los
servicios y el manejo adecuado de los fondos públicos es un desafío continuo.
Esto es más urgente sobre todo con relación a la inversión relacionada con el
servicio educativo: la construcción de aulas, la alimentación escolar, el
mobiliario y los materiales educativos, la formación del personal docente, etc.
De esta manera la significativa lucha para aumentar la inversión en educación,
con el cumplimiento del 4% del PIB, estipulado en la ley 66’97, tiene que
re-articularse para dar seguimiento a la transparencia y oportunidad en el
manejo de los fondos, para que casos como los del arquitecto suicidado, no se
sigan dando. Es urgente un mayor empoderamiento ciudadano que obligue al
gobierno central a descentralizar los recursos públicos y permita que éstos se
mantengan bajo la vigilancia ciudadana, desde el municipio y así se contribuya
con una mejor educación, como componente fundamental para mejorar la calidad de
vida de la población en general.
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