Un elemento
importante a destacar es que ante la pregunta sobre si es justificable la
corrupción solo un 16% la justificó, parecido al promedio de las personas que
declararon haber sido víctimas de corrupción.
En los últimos
quince días del mes en curso la prensa ha traído las noticias de algunos hechos
que podríamos relacionarlos directamente con el tema de la necesidad del
mejoramiento de las condiciones de vida de la población dominicana y en
particular de los más excluidos y empobrecidos. Entre esos hechos ha
estado el recuerdo del segundo aniversario de la fatídica sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional, con las funestas consecuencias para la vida de más de
200,000 personas dominicanas, nacidas en territorio nacional, de ascendencia
haitiana.
Otros hechos significativos han sido la subida de los productos de
primera necesidad, lo cual empobrece aun más a los más pobres y disminuye la
capacidad de compra de la clase media y el despojo semanal que hace el gobierno
cuando abusa impúnemente al imponer semanalmente un precio ilegal de los
combustibles.
Desde el ámbito del
partido de gobierno es necesario destacar las declaraciones de Temístocles
Montás, ministro de Economía, Planificación y desarrollo, quien declaró que ha
disminuido la pobreza y que ha aumentado significativamente el sector de clase
media. Según el ministro estas declaraciones están supuestamente sustentadas en
un informe del Banco Mundial titulado: “Movilidad Económica y el Crecimiento de
América Latina”. Esto ha provocado una reacción de la población y de la prensa
más crítica señalando que probablemente el funcionario encargado del
departamento en donde se deben planificar las políticas públicas está
confundiendo al resto del país con la gente de su entorno económico-partidario.
En esta semana ha
habido una nueva audiencia del proceso de juicio por corrupción contra Félix
Bautista y compartes. Existe una percepción bastante generalizada en la
población de que lo del proceso que se le está siguiendo a este senador y
ex-funcionario encargado de la OISOE es solo una novela para distraer a la
población y que no hay real voluntad política en los organismos del Estado que
tienen que ver con la justicia para sentar un precedente, con este caso. Las
personas que creemos que en este país es urgente comenzar a atacar la
corrupción y la impunidad, consideramos que en casos de corrupción como
éstos nos estamos jugando la supervivencia de una sociedad democrática factible
y la posibilidad de construir un proyecto-país con unos niveles mínimos de
equidad, justicia y solidaridad.
Los resultados de
la encuesta del Barómetro de Las Américas (2014) incluyó el tema de la
corrupción en los países de América del Norte, América Latina y el Caribe.
Señala el estudio que los gobiernos de América Latina y el Caribe están por
debajo de los de América del Norte y de Europa occidental en la lucha contra la
corrupción. Señala, además, que la corrupción tiene altos costos políticos,
pues contribuye considerablemente a reducir el involucramiento de las y los
habitantes en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos e interfiere
con el apoyo a las instituciones democráticas y a la construcción de un país
democrático en general.
A los entrevistados
se les preguntó sobre el nivel de victimización por corrupción que padece,
sobre todo en relación con el pago de sobornos a funcionarios, policías, jueces
y personal ligado a la administración de la justicia. La encuesta reveló que 1
de cada 5 habitantes había pagado soborno a un funcionario, sobre todo a
aquellos relacionados con los gobiernos municipales, los policías y personal
ligado con la administración de la justicia. En República Dominicana (20%) la
victimización por parte de la policía es más alta que en el promedio de los
otros países consultados (16%).
Según la
encuesta del Barómetro de Las Américas, los habitantes de República
Dominicana son líderes, entre los demás países que participaron en
estudio, en pago de soborno a la policía (16.2% cuando el promedio en los
demás países es de 9.8%), a los empleados públicos (7.5% con relación al 5.3%
del promedio general), a los funcionarios del gobierno municipal (21.1
con relación al 14.4%) y a los funcionarios del área judicial (22.4%, con
relación al 13.6%).
En cuanto al tema
de la percepción de la población sobre la corrupción en los gobiernos de los
diferentes países que participaron en la encuesta del Barómetro de las
Américas, el 39.4% señaló que la corrupción es muy generalizada; el 40.4% la
definió con algo generalizada y sólo un 16.5% y un 3.8%, respectivamente, la
definió como poco o nada generalizada. Según la encuesta los países en donde
hay una mayor percepción de la corrupción en los gobiernos son Venezuela (80%),
Colombia (79.6%) y Argentina (79%). Siendo República Dominicana uno de los
países en donde hay mayores niveles de percepción de la corrupción (76.3%). Los
países en donde es menor la percepción de la corrupción son: Canadá (61.8%),
Haití (62.1%), Uruguay (62.4%).
Un elemento
importante a destacar es que ante la pregunta sobre si es justificable la
corrupción solo un 16% la justificó, parecido al promedio de las personas
que declararon haber sido víctimas de corrupción. Ante la pregunta de si
los sobornos a policías, a jueces y a funcionarios públicos es justificable,
solo un 16.4% contestó positivamente. La justificación del mismo es mayor entre
aquellas personas que declararon que lo hicieron ante las condiciones que les
fueron impuestas para tramitar documentos, impedir las multas de policías o
ante la tardanza de funcionarios públicos para trámitar diferentes tipos de
documentos.
La construcción de
una sociedad democrática justa equitativa e inclusiva pasa necesariamente por
el control de la corrupción y la lucha constante contra la impunidad. Esto
requiere la articulación de personas, grupos, instituciones, con
conciencia crítica y con compromiso ciudadano. Pues el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, sobre todo de las y los más excluidos, pasa
necesariamente por la prevención, así como por la lucha continua para lograr
niveles de transparencia y rendición de cuentas de quienes manejan la cosa
pública. Ninguna de estas cosas, sin embargo, es posible si no se logra un
castigo ejemplar contra la corrupción impuneizá te pueda interesar
