La
seguridad ciudadana como derecho
http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8221966-la-seguridad-ciudadana-como-derecho/
Solo un abordaje de
este tipo permitirá construir un plan coherente de la participación de la
ciudadanía en temas de seguridad, sobre todo de los sectores urbanos, donde
vive cerca del 75% de la población dominicana.
El tema que más inquieta a los
dominicanos y dominicanas desde hace tiempo es el de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la manera de comprenderla y de abordarla reproduce el
autoritarismo que permea todas las relaciones sociales en nuestra
sociedad. Casi nadie analiza la seguridad ciudadana en relación con la vida
democrática, el trato justo y la institucionalidad.
Una idea de inseguridad ciudadana
asociada a la ausencia de medidas represivas no hace más que aumentar el
problema. Como en otras partes de América Latina, el enfoque militarista o
policiaco hace confundir seguridad ciudadana con la doctrina de la “seguridad
nacional”. Existe evidencia empírica de que un giro militarista de la seguridad
tiene como efecto la sofisticación del crimen organizado.
¿Cómo entender la seguridad bajo un
enfoque de derecho? En primer lugar, asumiendo que la seguridad ciudadana es
una responsabilidad estatal, no privada. Esto implica que la participación de
la ciudadanía debe de estar muy bien delimitada. En este esquema no caben las
soluciones privadas armadas, como lo son la proliferación de compañías de
seguridad o el porte personal de armas de fuego.
En segundo lugar, el enfoque de
derecho establece un vínculo esencial entre seguridad e institucionalidad. Así,
la reforma policial consistiría en su profesionalización, su desmilitarización
y su reorientación hacia labores preventivas. No se justifica que fuerzas
policiales completen su salario haciendo de guardianes privados armados.
Igualmente, se procuraría crear órganos especializados de investigación
científica que evalúen regularmente los nuevos focos de inseguridad, no solo
delincuencial. La inseguridad, como toda realidad social contemporánea, cambia
de rostro constantemente. Podría pensarse, por ejemplo, en una “Encuesta
Nacional de Seguridad Ciudadana” periódica coordinada por un organismo especial
del Ministerio del Interior.
La institucionalidad toca también al
rol que le corresponde jugar al Ministerio Público en materia de seguridad. A
él deberían de estar adscritos los órganos especiales de investigación de
delitos, como son los encargados del narcotráfico. Las instituciones
dominicanas de este tipo, como la DNCD o la DICAN, acusan también pronunciados
rasgos militaristas. Igualmente, forma parte de un plan de seguridad el acceso
a la justicia y la confiabilidad en la misma. La corrupción pública no puede
quedar impune, pues desacredita a los tribunales expandiendo una sensación de
desprotección en la ciudadanía.
Por último, como ha señalado el
sociólogo francés Loïc Wacquant, el “estado de la inseguridad” promovido por
las políticas sociales neoliberales tiene como contraparte una “criminalización
de la pobreza y de los migrantes”. Parecería en el mundo contemporáneo que los
pobres y los migrantes son la causa de la inseguridad, cuando en realidad
muchas de las situaciones de incertidumbre se deben a los procesos de
desigualdad producidos por la concentración de la renta a escala global.
La institucionalidad de la seguridad
consiste también en reforzar el papel de los ayuntamientos, siguiendo lo
establecido por la ley 176-07. El tratamiento adecuado de los espacios públicos
y el alumbrado de las calles se encuentran entre las medidas que más aumentan
la seguridad. Solo basta iluminar el Parque Independencia, dejarlo sin vallas y
asignarle cuatro policías municipales, para aumentar enormemente la seguridad
en el mismo centro de la ciudad; o hacer algo similar en el Parque de la
Trinitaria, a la entrada de la Capital. En general, la creación de zonas de
recreo públicas seguras aumenta sustancialmente la seguridad sobre el
territorio. Es lo que probado el Parque Iberoamericano.
La seguridad ciudadana debe abordarse
en términos más democráticos y bajo un enfoque de derechos. Solo un
abordaje de este tipo permitirá construir un plan coherente de la participación
de la ciudadanía en temas de seguridad, sobre todo de los sectores urbanos,
donde vive cerca del 75% de la población dominicana.
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