Franklin Pimentel
Torres
Pues es evidente que en la realidad dominicana, personas éticamente
cuestionadas y poderosos grupos económicos, con la complicidad de algunos
partidos políticos, continúan haciendo teatro con el sufrimiento humano y la
exclusión injusta.
Juliana Deguis
Pierre, nacida en los Jovillos, Yamasá, Provincia Monte Plata, se ha convertido
en el rostro público de la lucha que libran grupos y sectores de dominicanos y
dominicanos de ascendencia haitiana que buscan que El Estado Dominicano, a
través de la Junta Central Electoral, les reconozca su nacionalidad dominicana
y les dé sus documentos de identidad o les renueve los que ya han poseído.
Juliana Deguis
cuenta con un certificado de declaración de nacimiento expedido por el Oficial
del Estado Civil de Yamasá, el 4 de octubre de 1993. Sin embargo, cuando
intentó sacar su cédula de identidad y electoral, ésta le fue negada por la
oficialía del Estado Civil. Acudió, entonces, al tribunal correspondiente para
solicitar su cédula; la respuesta fue la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la
Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez de julio de dos mil doce,
negando su solicitud. Cuando su caso fue llevado al Tribunal Constitucional, y
se puso un Recurso de Amparo a su nombre, la respuesta fue la
Sentencia 168-13 del 24 de septiembre del 2013, que utilizando su caso,
extendió la desnacionalización a todas y todos las y los dominicanos y
dominicanas, hijos e hijas de madres y padres haitianos indocumentados, nacidos
en territorio nacional desde el 1929.
Juliana es una
mujer empobrecida, madre soltera, que trabaja en una “casa de familia“, en
donde le pagan el salario mínimo; la mayor parte del cual se le va en pasajes,
quedándole muy poco dinero para su sustento, el de su cuatro hijos e hijas y el
de su madre y padre ancianos. Juliana necesitaba su cédula para poder
declarar y educar a sus cuatro hijos e hijas. Finalmente, esta
persistente mujer luchadora, después de mucho esfuerzo –por parte de ella y con
la ayuda de muchas manos y organizaciones solidarias- obtuvo,
recientemente su cédula de identidad.
Otros casos que han
tenido resonancia internacional ha sido el de las dominicanas Dilcia Yean y
Violeta Bosico, quienes fueron despojadas de sus documentos de identidad y cuyo
caso fue dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en una
sentencia del 8 de septiembre del 2005, ordenó al Estado Dominicano a
devolverle su documentación y a pagarle una justa indemnización. La Corte
señaló que las niñas –hoy jóvenes- nacieron en territorio dominicano (En 1985 y
en 1997 respectivamente) y, que, por tanto, según la ley vigente hasta el 2010,
les correspondía la nacionalidad, dado que sus madres y padres ni eran
diplomáticos ni estaban en el país de tránsito, sino que fueron traídos desde
Haití con un contrato entre el Estado Dominicano y el Estado Haitiano para
trabajar en el corte de la caña.
Juliana Deguis
Pierre, dominicana de ascendencia haitiana.
Los casos de
Juliana Deguis Pierre, de Dilcia Yean y de Violeta Bosico, se parecen a los de
muchas personas dominicanas de origen haitiano, que han tenido que luchar por
años para que el mismo Estado que, contrató, explotó y se benefició del trabajo
de sus padres y madres, reconoza a sus hijos e hijas el derecho fundamental
a ser reconocidos y reconocidas como ciudadanas y ciudadanos dominicanos, con
pleno ejercicio de su ciudadanía.
La sentencia 168-13
del Tribunal Constitucional intentó legalizar las acciones excluyentes que de
alguna manera había sido una práctica común en el ámbito dominicano, aun antes
del 2007, cuando la Junta Central Electoral emitió la ordenanza 02-2007, que en
la práctica sirvió para justificar el despojo de los documentos a dominicanos y
dominicanas de origen haitiano, pues de alguna manera comenzó a aplicar
previamente lo que luego legislaría la Constitución del 2010, que niega la
nacionalidad dominicana a los hijos e hijas de extranjeros indocumentados.
Varias personas de
la familia Castillo Sellman y del mal llamado Partido Nacional Progresista –al
que públicamente se ha sumado Miguel Vargas, caudillo del PRD- sirven como
voceras de estos grupos llamados neo-nacionalistas, que parecen
representar los intereses económico-partidarios de un grupo más amplio de
funcionarios gubernamentales y de empresarios, sobre todo del área de la
construcción y de la agricultura, que se benefician de un trabajo humano
realizado en condiciones muy deplorables. Para mantener ese estado de cosa, ese
grupo cuenta con la complicidad de algunos organismos del Estado, como la Junta
Central Electoral, la Dirección de Migración y el Tribunal Constitucional, tal
como parece confirmarlo la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Uno se podría
preguntar si la situación de las y los dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos
en territorio dominicano antes del 2010, podrá mejorar a partir de la
aplicación de la ley 169-14 y si se podrá resolver el problema de su “genocidio
civil”. Sobre esto hay muchas dudas, pues parece evidente que hay sectores
interesados que han decidido mantener en el anonimato tanto a las y los
hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano, como a las y los
inmigrantes indocumentados; y ese es sector con mucho poder que seguirá
dificultando la aplicación de la ley 169-14 y del respectivo Reglamento. Así lo
confirman las dificultades que siguen teniendo, en la práctica cotidiana, estas
personas para obtener sus documentos o para que les renueven los que ya
poseían.
Varias
organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos
coinciden en que la causa principal para mantener esta situación de exclusión
hay que buscarla en la decisión económico-política de algunos sectores del
poder económico y empresarial, enquistados en el Estado Dominicano, que no
están en disposición de renunciar a sus históricos privilegios, a una práctica
opresora de décadas, que les permite aprovecharse de la mano de obra barata y
enriquecerse con la explotación de un trabajo humano esclavizante. Esto viene
avalado por el hecho de que es ese Estado Dominicano es el que tiene mayores
niveles de responsabilidad en el mantenimiento del actual estado de cosa, pues
sigue siendo el mayor empleador de las y los dominicanos de origen haitiano y
de las y los inmigrantes haitianos indocumentados.
A los sectores conscientes,
a la prensa comprometida con los mejores intereses de la Patria, a las
organizaciones de defensa de los derechos humanos, no nos queda otro camino que
seguir luchando y apoyar el justo reclamo del grupo Reconoci.do y de las
personas e instituciones que luchan por la defensa de los derechos de las y los
dominicanos de origen haitiano. Es necesario seguir denunciando –en los
escenarios nacionales e internacionales- la complicidad del Estado Dominicano,
quien sigue intentando–a través de la Junta Central Electoral y de la Dirección
de Migración, y de algunos tribunales, entre otros organismos del Estado-
aplicar retroactivamente el artículo constitucional vigente no. 18 que niega la
ciudadanía a los “hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el
país”. Al mismo tiempo que se intenta desconocer la validez del artículo 14 de
la Constitución vigente hasta el 2010, que declaraba como dominicanos y
dominicanas a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción
de los hijos e hijas de diplomáticos o las personas que están en tránsito.
No debemos seguir
contemplando como espectadoras y espectadores pasivos este drama humano del
despojo, en la práctica, de la nacionalidad y de los derechos elementales de
hermanas y hermanos nuestros; lo cual equivale a un “genocidio civil. Pues es
evidente que en la realidad dominicana, personas éticamente cuestionadas y
poderosos grupos económicos, con la complicidad de algunos partidos políticos,
continúan haciendo teatro con el sufrimiento humano y la exclusión injusta. Por
esta razón, el autor de estas líneas considera que ésta sigue siendo una escena
desafiante, en el teatro de la tragicomedia dominicana.
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