sábado, 23 de agosto de 2014

Un balance ético-político de dos años de gobierno: fortalezas, debilidades, proyecciones

FrankliFranklin Pimentel Torres
POR FRANKLIN PIMENTEL TORRES
Entre otras debilidades de la actual administración podemos señalar la excesiva empleomanía del Estado y haber mantenido la política económica de altos niveles de gasto y de endeudamiento público, externo e interno; el cual ha aumentado cerca de una tercera parte en estos dos años.
El pasado sábado, 16 de Agosto, celebramos un nuevo aniversario del acontecimiento histórico de la llamada “Restauración”; coincidiendo con el segundo aniversario de la instalación del actual gobierno. La prensa nacional se ha hecho eco de diferentes análisis relacionados con las ejecuciones de la actual administración gubernamental (2012-2016). El acontecimiento histórico hace referencia a un evento paradigmático considerado por algunos historiadores como el hecho más trascendental de la historia nacional ocurrido en el siglo 19, por el que se re-afirmó la creación de un proyecto país independiente de la potencia colonial española y del Estado Haitiano.

Este análisis se hace desde una perspectiva ético-política; se trata de analizar las ejecuciones y los discursos de la actual administración gubernamental presidida por Danilo Medina, desde los principios, valores y acciones encaminadas al bienestar público, a lograr una sociedad en donde todos sus integrantes, pero sobre todo los de los sectores sociales más empobrecidos y excluidos, vivan con dignidad y construyan cada día un proyecto de Vida Buena.

Entre las fortalezas de la actual administración podemos señalar el haber avanzado en la construcción de un bloque de poder que le hace contrapeso al leonelismo partidario, que había logrado controlar todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial y que había hecho del despojo de la cosa pública y la corrupción impune una de sus características más distintiva. 

El otro aspecto significativo ha sido una mayor inversión social en educación mediante la ampliación de la jornada extendida, la construcción masiva de aulas y el intento por cumplir la ley del 4%. Otras acciones significativas se han desarrollado a través de los programas diseñados, coordinados y ejecutados desde Los Programas Especiales de la Presidencia (la DIGEPEP). Entre estos programas podemos señalar, como los más significativos, el Plan Nacional de Alfabetización y  el Programa de atención a la primera infancia.

Un hecho a destacar han sido las visitas semanales a los pueblos y comunidades en donde el presidente se ha reunido y dialogado con grupos de productores, productoras o micro-empresarios y les ha ofrecido financiamientos y créditos para la producción. Otro hecho significativo ha sido el de obligar a la minera Barrick Gold a pagar un mayor porcentaje de sus beneficios al país.

Entre las principales debilidades podemos señalar el no haber dado señales claras de atacar la corrupción impune así como la indiferencia e incoherencia de los funcionarios responsables de la transparencia, de la ética y de la integridad en la función pública, ante casos que en países en donde hay controles mínimos de la corrupción pública serían motivo de escándalo; el haberse negado ni siquiera a investigar los cargos de corrupción contra algunos de los altos dirigentes del PLD involucrados en casos de corrupción y malversación de fondos públicos, entre los que podríamos señalar como los más significativos los relacionados con Leonel Fernández y Félix Bautista, en los casos de Funglode y la Sun Land y los tropiezos para juzgar a Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, involucrado en el manejo poco transparente en la construcción de importantes obras comunitarias y de interés nacional.

Parece evidente que en estos dos años de gobierno ha habido un reforzamiento de la alianza entre las cúpulas de los tres partidos: PLD, PRD y PRSC, con la complicidad del sistema judicial y de las altas cortes, para “no tirar piedras hacia atrás”, lo que es equivalente al histórico “borrón y cuenta nueva”.

Entre otras debilidades de la actual administración podemos señalar la excesiva empleomanía del Estado y haber mantenido la política económica de altos niveles de gasto y de endeudamiento público, externo  e interno; el cual ha aumentado cerca de una tercera parte en estos dos años.

Una de la debilidad principal del actual gobierno ha sido no haber cambiado a los altos funcionarios que vienen de las anteriores administraciones, de tal manera que ha querido “corregir lo que está mal”, pero con gente que tiene muchos años en la misma posición, que lo hace mal y ante los cuales el actual gobierno parece impotente. En ese orden de idea hemos visto también las consecuencias negativas de la pugna interna entre la gente del leonelismo partidario y la gente del danilismo emergente.

Para avalar tal afirmación bastaría revisar las informaciones aparecidas en diferentes diarios nacionales sobre los dardos que constantemente se le han tirado, desde los sectores del leonelismo partidario, a un funcionario de la calidad profesional de Gustavo Montalvo, uno de los funcionarios mejor valorados de la actual administración.

En el área educativa uno de los principales errores ha sido querer implementar el proyecto de jornada extendida, priorizando la construcción de aulas y no realizándolo mediante un proceso integral y gradual en donde se priorizara la formación de las maestras y los maestros, la actualización del currículo, el equipamiento de los centros educativos y las alianzas con las organizaciones de las comunidades locales. 

Por otro lado, ha sido una insensatez de los diseñadores del gobierno creer que un plan nacional de alfabetización y de superación significativa de los niveles de analfabetismo se puede desarrollar en dos años, además de promover una constante propaganda que intenta equiparar las personas registradas con las incorporadas al plan y las incorporadas con las alfabetizadas y haber priorizado, como meta principal, el número de personas registradas y no el número de personas jóvenes y adultas mayores de 15 años que terminan su etapa inicial de educación –lo que propiamente se llama alfabetización – y el número de personas que continúan estudiando en la Educación Básica para personas jóvenes y Adultas o en la formación para el mundo del trabajo, ya que sabemos que las personas iletradas que comienzan su proceso educativo y no continúan corren el peligro de volver para atrás, dentro de poco tiempo.

Este ha sido un gobierno muy poco preocupado por el tema ambiental. Su postura ante la lucha de la preservación de Loma Miranda y su declaración como parque nacional ha sido muy ambigua, con una clara tendencia a permitir la explotación de ese recurso natural por Falcondo, una de las compañías mineras más depredadoras del ambiente; los tropiezos que ha encontrado en el congreso la ley que declararía a Loma Miranda parque nacional, así parece confirmarlo. Además, la infuncionalidad de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente – y en muchos casos su complicidad- ha quedado al descubierto en las luchas contra la depredación del ambiente, en Constanza y en otros lugares del país.

En un contexto mundial de crisis económico-política del neoliberalismo capitalista, que se refleja a nivel nacional por la disminución de las remesas que envían las y los dominicanos desde el exterior, por la competencia de los productos agrícolas importados, en el marco del mal llamado tratado de libre comercio con Estados Unidos, por la creciente dependencia del país de los recursos provenientes de la minería controlada por transnacionales depredadoras del ambiente, es necesario re-orientar la economía, asumir una real austeridad y disminuir el gasto que se hace sobre la base de un mayor endeudamiento interno y externo.

La actual administración tiene el desafío de re-orientar la economía y aumentar la inversión en las políticas sociales no ligadas al clientelismo partidario; hacer una ejecución acorde con lo presupuestado en el Ministerio de Educación. Tiene el desafío de re-orientar y equilibrar la ejecución presupuestaria del 4% e invertir no sólo en la educación de los niños, niñas y adolescentes, sino también en la educación de personas jóvenes y adultas mayores de 15 años que representan más de la mitad de la población del país. Es prioritario, además, aumentar la inversión en la salud pública y en la producción agrícola nacional, en el cuidado ambiental y en la lucha contra la corrupción impune.


Para la débil democracia dominicana sería conveniente que en los próximos dos años se avance en la creación y articulación de un proyecto político-partidario alternativo al que sostienen la actual corporación peledeísta y sus aliados: el PRD de Miguel Vargas y los funcionarios del PRSC;  Ojalá que quienes integren ese proyecto puedan lograr unificar criterios y voluntades para hacer una verdadera oposición política que ayude a re-orientar la actividad económica, la inversión social y la política partidaria; pues el modelo económico-político del peledeísmo, del perredeísmo y del reformismo, después de 44 años de manejo de la cosa pública, parece agotarse, pues con el actual modelo es difícil que se pueda corregir lo que está mal y hacer lo que pocas veces se ha hecho en la historia nacional –con la excepción de los efímeros gobiernos de Francisco Ulises Espaillat (1876) en el siglo 19, de Caamaño Denó (1965) y de Juan Bosch (1963) en el siglo 20- que es gobernar priorizando los intereses colectivos y la inclusión social de las mayorías populares del Pueblo Dominicano, que exigen y se merecen mejor calidad de Vida.

El “genocidio civil”. Otra escena desafiante de la tragicomedia dominicana

Franklin Pimentel Torres
Pues es evidente que en la realidad dominicana, personas éticamente cuestionadas y poderosos grupos económicos, con la complicidad de algunos partidos políticos, continúan haciendo teatro con el sufrimiento humano y la exclusión injusta.
Juliana Deguis Pierre, nacida en los Jovillos, Yamasá, Provincia Monte Plata, se ha convertido en el rostro público de la lucha que libran grupos y sectores de dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana que buscan que El Estado Dominicano, a través de la Junta Central Electoral, les reconozca su nacionalidad dominicana y les dé sus documentos de identidad o les renueve los que ya han poseído.
Juliana Deguis cuenta con un certificado de declaración de nacimiento expedido por el Oficial del Estado Civil de Yamasá, el 4 de octubre de 1993. Sin embargo, cuando intentó sacar su cédula de identidad y electoral, ésta le fue negada por la oficialía del Estado Civil. Acudió, entonces, al tribunal correspondiente para solicitar su cédula; la respuesta fue la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez de julio de dos mil doce, negando su solicitud. Cuando su caso fue llevado al Tribunal Constitucional, y se  puso un Recurso de Amparo a su nombre,  la respuesta fue la Sentencia 168-13 del 24 de septiembre del 2013, que utilizando su caso, extendió la desnacionalización a todas y todos las y  los dominicanos y dominicanas, hijos e hijas de madres y padres haitianos indocumentados, nacidos en territorio nacional desde el 1929.
Juliana es una mujer empobrecida, madre soltera, que trabaja en una “casa de familia“, en donde le pagan el salario mínimo; la mayor parte del cual se le va en pasajes, quedándole muy poco dinero para su sustento, el de su cuatro hijos e hijas y el de su madre y padre ancianos. Juliana necesitaba su cédula para poder declarar  y educar a sus cuatro hijos e hijas. Finalmente, esta persistente mujer luchadora, después de mucho esfuerzo –por parte de ella y con la ayuda de muchas manos y organizaciones solidarias-  obtuvo, recientemente su cédula de identidad.
Otros casos que han tenido resonancia internacional ha sido el de las dominicanas Dilcia Yean y Violeta Bosico, quienes fueron despojadas de sus documentos de identidad y cuyo caso fue dirimido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en una sentencia del 8 de septiembre del 2005, ordenó al Estado Dominicano a devolverle su documentación y a pagarle una justa indemnización. La Corte señaló que las niñas –hoy jóvenes- nacieron en territorio dominicano (En 1985 y en 1997 respectivamente) y, que, por tanto, según la ley vigente hasta el 2010, les correspondía la nacionalidad, dado que sus madres y padres ni eran diplomáticos ni estaban en el país de tránsito, sino que fueron traídos desde Haití con un contrato entre el Estado Dominicano y el Estado Haitiano para trabajar en el corte de la caña.
Juliana Deguis Pierre, dominicana de ascendencia haitiana.
Los casos de Juliana Deguis Pierre, de Dilcia Yean y de Violeta Bosico, se parecen a los de muchas personas dominicanas de origen haitiano, que han tenido que luchar por años para que el mismo Estado que, contrató, explotó y se benefició del trabajo de sus padres y madres, reconoza  a sus hijos e hijas el derecho fundamental a ser reconocidos y reconocidas como ciudadanas y ciudadanos dominicanos, con pleno ejercicio de su ciudadanía.
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional intentó legalizar las acciones excluyentes que de alguna manera había sido una práctica común en el ámbito dominicano, aun antes del 2007, cuando la Junta Central Electoral emitió la ordenanza 02-2007, que en la práctica sirvió para justificar el despojo de los documentos a dominicanos y dominicanas de origen haitiano, pues de alguna manera comenzó a aplicar previamente lo que luego legislaría la Constitución del 2010, que niega la nacionalidad dominicana a los hijos e hijas de extranjeros indocumentados.
Varias personas de la familia Castillo Sellman y del mal llamado Partido Nacional Progresista –al que públicamente se ha sumado Miguel Vargas, caudillo del PRD- sirven como voceras de estos grupos llamados neo-nacionalistas, que  parecen representar los intereses económico-partidarios de un grupo más amplio de funcionarios gubernamentales y de empresarios, sobre todo del área de la construcción y de la agricultura, que se benefician de un trabajo humano realizado en condiciones muy deplorables. Para mantener ese estado de cosa, ese grupo cuenta con la complicidad de algunos organismos del Estado, como la Junta Central Electoral, la Dirección de Migración y el Tribunal Constitucional, tal como parece confirmarlo la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
Uno se podría preguntar si la situación de las y los dominicanos de ascendencia haitiana, nacidos en territorio dominicano antes del 2010, podrá mejorar a partir de la aplicación de la ley 169-14 y si se podrá resolver el problema de su “genocidio civil”. Sobre esto hay muchas dudas, pues parece evidente que hay sectores interesados que  han decidido mantener en el anonimato tanto a las y los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano, como a las y los inmigrantes indocumentados; y ese es sector con mucho poder que seguirá dificultando la aplicación de la ley 169-14 y del respectivo Reglamento. Así lo confirman las dificultades que siguen teniendo, en la práctica cotidiana, estas personas para obtener sus documentos o para que les renueven los que ya poseían.
Varias organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos coinciden en que la causa principal para mantener esta situación de exclusión hay que buscarla en la decisión económico-política de algunos sectores del poder económico y empresarial, enquistados en el Estado Dominicano, que no están en disposición de renunciar a sus históricos privilegios, a una práctica opresora de décadas, que les permite aprovecharse de la mano de obra barata y enriquecerse con la explotación de un trabajo humano esclavizante. Esto viene avalado por el hecho de que es ese Estado Dominicano es el que tiene mayores niveles de responsabilidad en el mantenimiento del actual estado de cosa, pues sigue siendo el mayor empleador de las y los dominicanos de origen haitiano y de las y los inmigrantes haitianos indocumentados.
A los sectores conscientes, a la prensa comprometida con los mejores intereses de la Patria, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, no nos queda otro camino que seguir luchando y apoyar el justo reclamo del grupo Reconoci.do y de las personas e instituciones que luchan por la defensa de los derechos de las y los dominicanos de origen haitiano. Es necesario seguir denunciando –en los escenarios nacionales e internacionales- la complicidad del Estado Dominicano, quien sigue intentando–a través de la Junta Central Electoral y de la Dirección de Migración, y de algunos tribunales, entre otros organismos del Estado- aplicar retroactivamente el artículo constitucional vigente no. 18 que niega la ciudadanía a los “hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el país”. Al mismo tiempo que se intenta desconocer la validez del artículo 14 de la Constitución vigente hasta el 2010, que declaraba como dominicanos y dominicanas a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de diplomáticos o las personas que están en tránsito.

No debemos seguir contemplando como espectadoras y espectadores pasivos este drama humano del despojo, en la práctica, de la nacionalidad y de los derechos elementales de hermanas y hermanos nuestros; lo cual equivale a un “genocidio civil. Pues es evidente que en la realidad dominicana, personas éticamente cuestionadas y poderosos grupos económicos, con la complicidad de algunos partidos políticos, continúan haciendo teatro con el sufrimiento humano y la exclusión injusta. Por esta razón, el autor de estas líneas considera que ésta sigue siendo una escena desafiante, en el teatro de la tragicomedia dominicana.

sábado, 9 de agosto de 2014

La urgente solidaridad con el pueblo palestino

Por Franklin Pimentel Torres. 9 de agosto de 2014 - 12:09 am - 1 Comentario
http://acento.com.do/2014/opinion/8163387-la-urgente-solidaridad-con-el-pueblo-palestino/


En estos días la prensa local e internacional se está haciendo eco de la inmensa tragedia del pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza. Se trata de una cruel invasión del ejército israelí, acompañada de mucho dolor humano y de asesinatos masivos; la mayor parte de ellas son personas inocentes que sufren las consecuencias de un conflicto territorial milenario , acentuado a raíz de la imposición del Estado de Israel (1948) por las potencias del Norte –Inglaterra, y Estados Unidos, sobre todo- y fortalecido por los choques armados con los países árabes de alrededor, que desde un inicio no aceptaron la imposición del Estado judío, en el territorio habitado de forma mayoritaria por Palestinos.

En los últimos tiempos este conflicto tiene como principales protagonistas al poderoso ejército judío y al grupo palestino Hamas, que en estos momentos tiene una significativa presencia política y militar y ejerce el principal liderazgo en la Franja de Gaza.
El secuestro y posterior asesinato de tres judíos  y los misiles enviados por Hamas hacia el territorio Israelí han sido los motivos utilizados por la cúpula judía para realizar una campaña-invasión, llamada “Borde Protector” que ya ha superado las 1800 personas asesinadas. Se trata de una de las incursiones militares más desastrosa para el pueblo palestino en los últimos tiempos, que ha superado las incursiones realizadas a raíz del conflicto en la Franja de Gaza de los años 2008-2009 y de la mal llamada “Operación Pilar Defensivo” (2012).

Algunos calculan que el pueblo palestino tiene una población de unos 10 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven como refugiados y emigrantes en los países vecinos: Jordania, Líbano, Egipto, entre otros. Es un pueblo empobrecido, violentado y sometido al fuego cruzado entre el liderazgo judío: representando por los partidos Laborista y Likud y el liderazgo político Palestino que vive en medio de luchas internas entre los partidos Al Fatah y Hamas. En la historia reciente parecen tener más peso en las decisiones los dos partidos más conservadores y generadores de violencia de ambos lados: el Likud de Israel y Hamas, de Palestina. El actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (2009-2014),  es considerado como uno de los líderes más radicales del partido conservador, el Likud.

El pueblo palestino no cuenta con un Estado propio e independiente. En una primera etapa el liderazgo del proceso de construcción de un proyecto-país lo ha asumido la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el liderazgo del desaparecido Yasser Arafat y posteriormente de Mahmud Abás, actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina y del partido Al Fatah.  Existe una especie de congreso unicameral, en donde el partido de Hamas tiene una representación significativa. De hecho el poder político de la zona de La Franja de Gaza es controlado por la gente de Hamas.
Se hace necesario un nuevo liderazgo ético-político judío y palestino que retome el camino de la mesa del diálogo y de las negociaciones, aunque se trata de una opción difícil para hacerla realidad, porque por el medio están los intereses de las transnacionales de la industria armamentista –Israel está entre los 10 mayores productores de armas del mundo  y es la quinta potencia mundial en la producción de armas nucleares- que promueven los conflictos para vender las armas. Entre estas potencias los mejores aliados de Israel son Estados Unidos y la Unión Europea.

En este momento es importante denunciar la complicidad de Estados Unidos y de importantes países del Norte ante tanto dolor humano. De tal manera que hasta las escuelas-refugios de la ONU han sido atacadas. Es conocido el poder veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y que ha impedido condenar al Estado de Israel por el genocidio que ha realizado.
Varias organizaciones y personalidades del mundo entero han mostrado su rechazo a la invasión israelí del territorio de Gaza. El líder cubano Fidel Castro se ha referido al “holocausto palestino” y la Secretaria de Estado de Inglaterra de Asuntos Exteriores, Sayeeda Warsi, anunció  su renuncia a causa de la postura adoptada por el gobierno de Londres frente a la crisis de Gaza, al que pide más acción para lograr un “alto el fuego inmediato” para evitar “la matanza de civiles inocentes”, en la franja de Gaza. Por su lado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, solicitó a Israel que asuma sus responsabilidades por “las crecientes evidencias de crímenes de guerra” perpetrados por el Ejército israelí en Gaza.

El rechazo a la acción Israelí ha incluido a personas judías, como la británica israelí Sonya Levene, quien quemó su pasaporte judío frente a la sede del primer ministro en Downing Street, Londres, señalando que renunciaba a su ciudadanía israelí porque condena el asalto a la Franja de Gaza. Otro denunciante ha sido Eran Efrati, un exsoldado de 29 años que vive en Jerusalén y que está opuesto a la campaña de su país en Gaza, que él llama “masacre”. Efrati le comentó a BBC Mundo que “hay un asedio en Gaza de más de diez años y una ocupación de más de 65 años; estamos oprimiendo a seres humanos y por supuesto debemos esperar resistencia”.
Ante esta realidad es indispensable que el propio pueblo Palestino –tanto el que vive en la zona de Gaza con en los demás territorios- se articule en torno a un proyecto de nación, independiente de Israel, que les permita ir fortaleciendo la autonomía y que les permita controlar a los grupos que creen en la violencia armada como el único camino posible para acabar con la opresión judía (1948-2014).

La solidaridad internacional, de las instituciones, de las ONGs, de los organismos internacionales de la Naciones Unidas, de la Oficina Mundial de la Salud (OPS), del sector judío que desaprueba las acciones de su gobierno, sólo es posible sobre la base de que grupos internos y los palestinos que viven en la diáspora, se organicen y trabajen en proyectos de promoción y de mejoramiento de las condiciones de vida de una población empobrecida y continuamente masacrada por uno de los ejércitos más poderosos del planeta.

Promover el camino del diálogo y de la sensatez, desde las organizaciones del pueblo agredido, desde los sectores judíos conscientes que creen en el camino hacia la paz, desde los sectores progresistas del SUR, es el camino más indicado para que no tengamos que seguir contemplando, de manera continua, la agresión, la irracional e inhumana masacre y el holocausto del sufrido pueblo palestino.

Escenas desafiantes de la tragicomedia dominicana (2)

Franklin Pimentel Torres
2 de agosto de 2014 - 12:09 am - 
En una sociedad como la dominicana, marcada por un individualismo irracional, a muchas personas e instituciones se les hace difícil entender la importancia de la tarea de unir esfuerzos para preservar la buena salud de la casa común, que es el ambiente natural. Es por eso que en la entrega de esta semana tomaremos en cuenta dos escenas desafiantes relacionadas con la ecología: el voraz incendio que ha consumido por 15  largos días la fauna y la flora del parque nacional, Juan Bautista Pérez Rancier en Valle Nuevo, Constanza y la lucha por la declaración de Loma Miranda como Parque Nacional.
Escena 3: Frarman García es un ambientalista de Constanza. Está preocupado por la preservación y el cuidado de un ambiente natural muy afectado por la contaminación ambiental y por la deforestación del bosque de la zona. Junto a otras personas  de organizaciones e instituciones de Constanza organizaron una marcha el pasado 4 de julio, en contra la tala indiscriminada de árboles en diferentes comunidades del municipio de Constanza. Los manifestantes denunciaron  que cerca de un 33% de los bosques de la zona ha sido cortados con la complicidad de los ejecutivos del  Ministerio de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, que otorgan los permisos, a través de los llamados “planes de manejo”, los cuales, a su entender, se ejecutan de manera irregular y sin la supervisión debida.En la marcha se presentó la denuncia que esa tala indiscriminada se da con la aparente complicidad de los encargados de la defensa del ambiente natural. Por eso las y los participantes denunciaron la acción criminal y exigieron la presencia en la zona del ministro de Medio Ambiente.
A pocos días de esa demostración popular se desató un voraz incendio en el parque Juan Bautista Pérez Rancier, en la zona de Valle Nuevo, que ya ha consumido un número significativo del territorio del parque. Se habla de 5 a 20 mil tareas. El incendio está afectando las cuencas altas del importante río Nizao, sobre el que están las presas de Valdesia, Jigüey y Aguacate y que suple de agua a cerca de una cuarta parte de la población del País. Otros ríos afectados son el Yuna y varios afluentes del río Yaque del Sur. El siniestro ecológico hace recordar a las y los ambientalistas de la zona el voraz incendio de 1983 que consumió unas 53,000 tareas en Valle Nuevo. El incendio abrió el camino a un amplio mercado de madera. De las áreas recorridas por el fuego se extrajeron miles de pinos que terminaron en aserraderos de distintos puntos del país. 30 años después la naturaleza no se recupera del daño causado por ese incendio.
La actuación de las autoridades del Medio Ambiente en el manejo del incendio de Valle Nuevo ha sido torpe y retardada. En los primeros días enviaron un número pequeño de personas para apagar el fuego; la mayor parte de esas personas son guarda parques y militares mal pagados y peor equipados para sofocar el voraz incendio. Eso determinó que fuese necesario que algunas personas y organizaciones de Santo Domingo, Santiago y Constanza se organizaran para ir a trabajar como voluntarias y para enviar alimentos e instrumentos de trabajo para los brigadistas, pues ni siquiera eso fue facilitado en los primeros días por la institución gubernamental que se supone que tendría que hacerlo. El periódico Hoy (31-7-14) reportó que “La donación consistió en cuatro camiones y tres jeepetas cargadas de medicamentos, alimentos, botellas de agua y herramientas de trabajo que fueron recolectadas durante una jornada de dos días en los que se desarrolló la iniciativa ciudadana #SOSValle Nuevo”.
Frarman García y su grupo se preguntan: ¿Por qué las autoridades del Medio Ambiente no tomaron con más responsabilidad esta tragedia ambiental? ¿Por qué en este país hubo dinero para comprar aviones supertucanos para supuestamente ayudar a controlar el tráfico de drogas y no ha habido dinero para comprar un helicóptero bomba para apagar incendios? ¿Por qué en otras ocasiones ha sido necesario pedir helicópteros prestados a Puerto Rico, Venezuela o Estados Unidos? ¿Será que hay, por el medio, manos criminales que –en complicidad con gente económicamente poderosa y con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente- están esperando poder aprovechar la madera para su provecho personal, partidario o grupal?
Escena 4: María Luisa es una mujer de edad avanzada –tiene 75 años- que nació en la comunidad de La Manaclita, en el propio corazón de Loma Miranda, provincia de La Vega. Allí pasó su juventud y la mayor parte de su edad adulta, donde ella y su familia convivieron amigablemente con el entorno natural.  Ahora vive en la comunidad de El Algarrobo, cerca del refrescante balneario de Acapulco. María Luisa forma parte del comité de lucha pro declaración de Loma Miranda como Parque Nacional, en el que participan diferentes comunidades del entorno –El Pino, El Algarrobo, Rincón, Ranchito, Cruce de Controva, entre otras- que han asumido el desafío de la preservación de Loma Miranda con diferentes estrategias y acciones públicas.
María Luisa es una mujer que está muy consciente de lo que supone para las comunidades del valle del Cibao y para el país la conservación de Loma Miranda y la lucha por declararla parque nacional, como una estrategia para conservarla frente a las garras y a la voracidad de la transnacional minera Falcondo y de sus aliados locales.
Melissa, una de las jóvenes del grupo Defensores del Ambiente Sixto Ramírez, de visita en el campamento de Loma Miranda, preguntó a María Luisa su opinión sobre la dilación, en las cámaras de diputados y senadores/as, para aprobar el proyecto de ley que declararía a Loma Miranda Parque Nacional; la joven le preguntó a la mujer de ojos hermosos y mente lúcida por los reales motivos de la actuación de la mayor parte de las y los integrantes de esas cámaras, para dilatar la aprobación definitiva de un proyecto que primero fue aprobado en la Cámara de Diputados, que luego fue aprobado en la cámara de Senadores con modificaciones, lo que determinó que fuera de nuevo a la cámara de diputados; de allí volvió de nuevo al Senado en donde perimió. María Luisa siguió comentando que le llama atención este juego en donde las cámaras legislativas se están pasando el proyecto como si fuera una pelota. Le preocupa, además, que el presidente Medina no ha dicho ni esta boca es mía, con relación a este proyecto de ley.
La joven ecologista, de visita al campamento de Loma Miranda,  continuó preguntándole a María Luisa sobre las verdaderas razones que podrían tener la mayor parte de los diputados y diputadas, así como de los senadores y senadoras para dilatar la aprobación del proyecto. La sabia mujer señaló: “Evidentemente en esta lucha no sólo han sido algunos diputados/as y senadores/as los que supuestamente se han dejado sobornar por Falcondo, tal como señaló el padre Rogelio Cruz; parece evidente que la decisión para aprobar o no el proyecto de ley que declara Loma Miranda como Parque Nacional está más arriba, en el Comité Político del PLD y en sus grupos económicos aliados, entre los que están los ejecutivos de las transnacionales mineras y los remanentes más perversos del liderazgo partidario del PRD y el PRSC. Pareciera que la mayor parte de estas personas están comprometidas con preservar los intereses económicos de la minera Falcondo, antes que la vida natural, la flora, la fauna y por tanto la vida de las personas que habitamos en toda la zona del Cibao Central, que recibe los beneficios del aire purificado y del agua cristalina de los refrescantes manantiales que nacen en Loma Miranda”.

Por lo expuesto más arriba, es necesario reconocer que la lucha por preservar el ambiente natural es un gran desafío; en Valle Nuevo, en Loma Miranda, en la isla Quisqueya-Haití, en el Caribe, en América Latina y el mundo entero.  La misma tiene que seguir asumiendo el compromiso de conservar el ambiente que aún no ha sido contaminado, reforestar las zonas devastadas como en el caso de Valle Nuevo, y la conservación de las aguas no contaminadas, que están listas para ser tomadas. Y eso hay que seguirlo trabajando aunque siga habiendo personas, como algunos funcionarios de Medio Ambiente y quienes se enriquecen con la tala indiscriminada de árboles,  sin juicio y sin corazón, que siguen atentando contra la salud de la Patria, tal como señaló Juan Pablo Duarte, el principal ideólogo de la nacionalidad dominicana