Resultados y desafíos del Plan de Regulación de
Extranjeros
http://acento.com.do/2015/opinion/8259897-resultados-y-desafios-del-plan-de-regulacion-de-extranjeros/
Por Franklin
Pimentel Torres. 20 de junio de 2015 -
El pasado miércoles concluyó el plazo de 18 meses dados por
el Decreto 327-13 del poder ejecutivo para la regularización de los inmigrantes
extranjeros. Según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (EMI-2012)
en el país hay aproximadamente 534,632 inmigrantes extranjeros; de éstos el 87%
son inmigrantes haitianos, unos 458,233, dedicados, a diferentes áreas de la
economía nacional.
El plan nacional de regulación de extranjeros tiene como base
normativa el Decreto 327-13 (29/11/2013), la ley de migración 285-04
(15/8/2004), y el Reglamento 631-11, correspondiente a dicha ley
(19/10/2011). Tiene, además, que tomar en cuenta la sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional, (23/09/2013) y la ley 169-14 (23/05/2014) que buscaba
mitigar las consecuencias de dicho dictamen que, en la práctica,
desnacionalizaba a unos/as 244,151 dominicanos y dominicanas hijos e
hijas de inmigrantes; de éstos y éstas 209,912 personas son hijos e hijas de inmigrantes
haitianos, según datos presentados por Temístocles Montás (mayo, 2013),
Ministro de Economía Planificación y Desarrollo.
El Ministro de Interior y Policía, M. Fadul, ha señalado en
esta semana que en el Plan de Regulación de Extranjeros se inscribieron cerca
del 280,000 personas. La mayor parte de éstas, sin embargo, solo han
dado el primer paso para insertarse en el proceso de regulación, que es
la inscripción.
Para el gobierno el plan de regulación ha sido un éxito. Las
voces más críticas hablan de fracaso del plan y consideran que el mismo ha
tenido pocos logros que exhibir. De hecho, la propaganda comercial
gubernamental parece estar orientada a confundir a la población intentando
igualar a los inscritos con los regulados. Pues los que han logrado regularse
ha sido una cantidad mínima, que no llega al 2% de las personas inscritas.
La cantidad de requisitos y documentos para la
regularización, establecidos en el Decreto 327-13 así como el costo económico
–legal e ilegal- que supone conseguir toda la documentación requerida ha hecho
muy difícil la posibilidad de regularizarse para la mayor parte de las y los
inmigrantes. A esto se añade la falta de cooperación real del gobierno
haitiano para proveer a sus nacionales de la documentación necesaria para poder
acceder al plan impuesto por el gobierno dominicano.
Una vez concluido el plazo para la regularización surgen
algunos interrogantes, entre los que podemos señalar: ¿El tema de la
regulación de inmigrantes requiere de un plan coyuntural o de una política
permanente del Estado Dominicano? ¿Hay real voluntad en las élites
económico-partidarias de República Dominicana en que realmente se
regularicen las y los trabajadores inmigrantes? ¿Está realmente la
clase empresarial y los organismos del gobierno –que ha sido el primer
empleador de mano de obra de inmigrantes indocumentados- dispuestos a
negociar con un obrero u obrera con estatus legal? ¿o con un sindicato de los
mismos? ¿Será que les conviene seguir manteniendo ese estatus para continuar
abusando de las y los obreros?
Sería ingenuo pensar que el llamado plan de regularización
de extranjeros se puede desligar de la irresponsabilidad de un Estado que
contrató mano de obra inmigrante, y que no respetó los acuerdos mínimos hechos
con el gobierno haitiano y que confinó a miles de personas en lugares de
miseria extrema como los bateyes, en donde mal-viven la mayor parte de los
trabajadores cañeros y sus descendientes.
Sería ingenuo pensar que quienes en la Junta Central
Electoral se negaron a entregar la documentación de identidad personal a las
niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, que provocó una condena de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (2005), lo hicieron por desconocimiento
de los derechos de estas niñas. Muy ingenuo sería creer y justificar las
razones expuestas por quienes desde el 2007, amparados en una comunicación
administrativa de la Junta Central Electoral, han pretendido justificar
una supuesta “limpieza étnica” del padrón electoral, provocando que a un
grupo significativo de dominicanos y dominicanas, sobre todo negros y negras,
de origen haitiano, no se les haya renovado los documentos personales que ya
poseían.
Sería ingenuo pensar que quienes violaron sistemáticamente
la ley que hasta la Constitución del 2010 reconocía como dominicanos a los
hijos e hijas de emigrantes nacidos en el territorio nacional, indistintamente
del estatus legal de sus madres, padres, o los jueces que emitieron la
sentencia 168-13, desnacionalizando a más de 244,000 dominicanos y dominicanas
convirtiéndolos en apátridas, tal como ha repetido varias veces el ACNUR, lo
hacen porque son “patriotas”, defensores de una supuesta soberanía, en la que
solo cuentan los privilegios y derechos de los grupos enriquecidos.
Sería ingenuo pensar que los jueces del Tribunal
Constitucional que se negaron a aceptar el fallo de la CIDH contra la
errática sentencia 168-13 del TC lo hacen solo por convicciones personales y no
responden a las directrices de grupos económicos y partidarios más retrógrados
que se han enriquecido con el sudor amargo de los cañeros y que se siguen
beneficiando del duro trabajo de los inmigrantes haitianos abusados.
Una vez que se ha cerrado el plazo para la inscripción en el
Plan de Regulación de Extranjeros surge la preocupación por las posibles
deportaciones masivas y sus consecuencias. Aunque las autoridades del
Ministerio de Interior y Policía y de la Dirección General de Migración han
dicho que no las va a haber y que de hacerlas se harán respetando el derecho de
la gente, hay razones para dudar que así se hará, pues sabemos que esa tarea
será puesta en las manos de un ejército –que ahora cuenta, además, con el
director de migración- para quienes las deportaciones por el día y la
re-introducción de inmigrantes, por la noche, después de pagar peaje,
representa un jugoso y lucrativo negocio, al que no parecen estar dispuestos a
renunciar.
Las organizaciones que defienden los derechos de los
inmigrantes y de los dominicanos y dominicanas de origen haitiano, como
Reconoci.do, MUDHA, Solidaridad Fronteriza y otros sectores organizados, así
como la prensa crítica, tenemos el desafío de estar vigilantes. Es verdad que
el plan de regularización ha sido una iniciativa importante; pero lo logrado
hasta ahora es “más espuma que chocolate” y no nos pueden distraer para
seguir denunciando la incoherencia de los organismos y de los funcionarios
gubernamentales relacionados con el tema migratorio cuando por un lado
dicen una cosa y luego hacen otra. En definitiva, no debemos hacernos sordos y
sordas al clamor de justicia de los cañeros en lucha por una pensión digna, la
mayor parte de ellos y ellas ancianos y ancianas, que reclaman justicia, ni a
las demandas de las y los jóvenes a los que se les ha quitado sus
documentos, ni a las y los desnacionalizados por la Sentencia 168-13.
La solidaridad con todo ser humano inmigrante que sufre
abuso, vejación o maltrato es, ahora más que nunca, un imperativo ético,
en esta isla nuestra. En esta tierra en la que todos y todas somos inmigrantes,
hijos o hijas y descendientes de inmigrantes desde hace más de 5000 años y que
tiene una cantidad considerable de habitantes emigrados a otros países, es
necesario poder seguir proclamando, con el cantautor argentino Rafael
Amor: “No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro
nombre la tierra de dónde vengo… No me llames extranjero, ni pienses de
dónde vengo; mejor saber dónde vamos; a dónde nos lleva el tiempo”.
